Opinión

Cuestión de aplicar la ley en Tamaulipas

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Han pasado más de dos meses de la tragedia ocurrida en la iglesia de la Santa Cruz de Ciudad Madero, sin que hasta el momento se haya fincado alguna responsabilidad sobre los hechos, el argumento de las autoridades es que las investigaciones siguen su curso.

¿Cuánto tiempo habrán de esperar los familiares de las personas fallecidas y la misma sociedad para conocer qué fue lo que ocasionó el derrumbe de la losa?

Mientras se espera una respuesta el secretario de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, en una reunión con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industrial y la Construcción delegación Victoria (CMIC), los “invitó a trabajar en una propuesta de iniciativa de ley referente a revisiones estructurales, obligatorias para edificios públicos y privados”.

El planteamiento de entrada resulta interesante en cuanto a revisar estructural, sanitaria, hidráulica, eléctrica; en edificios y construcciones.

El funcionario de primer nivel en la estructura asegura, “»Va ser muy importante plasmarlo en la ley como obligatorio, es algo que no existe y estamos hablando de cosas estructurales y solo los especialistas podrían hacerlo».

Acaso se necesita una ley que obligue a los empresarios de la construcción a cumplir con normas de calidad y seguridad al momento de proyectar, desarrollar y edificar los inmuebles públicos y privados, incluso hay normas internacionales que deben ser cumplidas.

También existe la honestidad y el compromiso para usar materiales de calidad en cada una de las obras.

En cuanto a las dependencias de los tres niveles de gobierno, ¿no se suponen cuentan con las herramientas legales para verificar minuciosamente desde la génesis de un proyecto hasta la autorización final de una obra, de un marco legal para constatar que se cumple con la ley?.

Obras Públicas municipales y estatales, Protección Civil en el mismo orden, son dos de las autoridades que deberían, insisto, deberían, vigilar se cumpla con las normas para la construcción, que en algunos casos se presume no ha sido.

O en su defecto revisar las condiciones de los inmuebles de manera periódica en el caso de Protección Civil.

Si en lugar de dos años, tiempo propuesto para la revisión estructural, cada uno de los involucrados, constructores y autoridades hacen la parte que les corresponde al momento de visualizar un concepto de construcción, se evitaría más burocracia o se prestaría al uso de materiales de dudosa calidad o a la entrega de permisos de manera expedita, despertando la sospecha de actos de corrupción.

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