“No va a haber trasvase, por el derecho humano a la Ciudad de consumir agua potable y eso se logra por un acuerdo con la Federación”, declaró el gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Bastaron esas 26 palabras para que agricultores de Tamaulipas perdieran la esperanza de obtener agua para el riego de sus cultivos, vislumbrando un futuro complicado a corto plazo luego de la negativa de las autoridades del vecino estado y confirmada por la Conagua para realizar el trasvase del líquido.
Una vez dada a conocer la postura del mandatario emecista y ratificada por la dependencia federal morenista, los tamaulipecos, en particular los productores de la zona centro y norte, esperaban una reacción por parte del gobernador de Morena, Américo Villarreal Anaya en defensa de los intereses de la ciudadanía.
Un posicionamiento ferreo, en donde se dejara en claro que siempre se anteponen los intereses de la sociedad a los partidistas, independientemente de la coincidencia de banderas, pero esto no ocurrió.
Tibia ha sido la postura de el Secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga, quien además de dar cifras históricas y plantear escenarios catastróficos, lanzó una ácida crítica al gobernador neoleonés sin decir su nombre: ““De pronto hay personajes, no voy a mencionar directamente a nadie, pero son personajes que parece que padecen incontinencia verbal”.
Dos preguntas, ¿Si contaban con todos esas estadísticas, riesgos y numerología, porque no previeron un escenario adverso?, ¿Confiaron en que Tamaulipas y el gobierno federal, son entidades afines a Morena y esto sería una ventaja?.
En política queda claro que no siempre lo que parece es. Las autoridades estatales de Tamaulipas han promovido las excelentes relaciones y cercanía con diversas dependencias federales, incluido el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
De lo anterior se espera se hagan valer esos lazos para que de manera enérgica se busque una respuesta inmediata en beneficio de los más de 4 mil productores tamaulipecos, quienes ya han solicitado una indemnización superior a los 800 millones de pesos.
Es imperante se atienda la problemática del agua, pero más allá de la politiquería, porque amenaza con afectar a las zonas urbanas, en donde Morena no las tiene todas consigo.
