Han pasado doce meses desde que Américo Villarreal Anaya asumió la gubernatura de Tamaulipas, la historia de su llegada se repitió una vez más, el hartazgo de los tamaulipecos contra los anteriores autoridades, en este caso panistas, pero sobretodo el rechazo a un proyecto transexenal del exmandatario, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Las expectativas a un año de la administración morenista se han ido diluyendo poco a poco. La curva de aprendizaje para la mayoría de los funcionarios de nivel secretaría parece no tener fin, lo más delicado es que no son primerizos en un cargo público, dejando en evidencia su inexperiencia o falta de capacidad en sus respectivas áreas.
Los mejores ejemplos de lo anterior han sido la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor y Héctor Joel Villegas González ,secretario general de gobierno, los dos responsables directos del conflicto magisterial, la primera por no atender las peticiones de los maestros y el segundo por no controlar a tiempo el paro que por 12 días dejó sin clases a más de 700 mil alumnos.
Desde hace años el tema de la violencia generada por los grupos delincuenciales ha estado sobre el escritorio de los gobernadores priistas, panistas y ahora morenistas, sin que ninguno lo haya podido resolver. El gobierno federal de cualquier partido ya mencionado tampoco.
Lo único cierto es que la actual estrategia de “abrazos no balazos” ha sido una ofensa para la ciudadanía, en el caso de Tamaulipas principalmente para los habitantes de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y el resto de los municipios fronterizos, en ese territorio quienes mandan no son las autoridades oficiales.
El primer año de gobierno ha sido marcado por la batalla entre la administración de extracción morenista que parece no acomodarse y el exgobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuyas intenciones son estirar la liga hasta obtener una candidatura que lo blinde con fuero federal.
El problema de atención a migrantes, un presupuesto anual reducido, a pesar de las versiones encontradas, la crisis del agua, la renovación del transporte público, son algunos problemas que requieren la atención prioritaria por parte del gobernador, Villarreal Anaya, más allá de sus intereses partidistas.
Tal vez el mandatario tamaulipeco requiera hacer otra evaluación a su gabinete, porque el 8.5 otorgado en julio pasado fue una calificación exagerada.
