Política y corrupción son dos líneas entrelazadas permanentemente a lo largo de los años en el ejercicio de la administración pública en los tres niveles de gobierno.
El dinero es el tercer hilo que teje y fortalece la línea de complicidades entre políticos y funcionarios, en algunos casos los empresarios juegan un papel determinante.
Cada sexenio se realiza un ajuste de cuentas entre los que se fueron y los que llegan, transcurrido un año de gobernar a los tamaulipecos las actuales autoridades estatales siguen sin dar un golpe de autoridad.
Asesores van y vienen y las huestes morenistas no han hecho mella al círculo cercano del ex mandatario blanquiazul, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Todo ha quedado en carpetas y más carpetas de investigación. Mario Gómez Monroy, ex titular de Educación en la entidad, vinculado a proceso por presuntos delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público y hasta ahí.
La misma regla aplica para el poder legislativo en donde la líder del Congreso, Úrsula Salazar Mojica y su equipo de asesores legales, no alcanzan a dar una campanada que los lleve a tomar el control y así poder desempeñar la función de resorte que tanto necesita el gobernador, Américo Villarreal Anaya, a días de iniciar su segundo año de ejercicio.
En contraparte la sobrina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido denunciada penalmente por diversos delitos, destacando la presunción de atentar contra la soberanía del Estado.
Anteriormente en la lucha del poder por el poder, los diputados de Morena separaron temporalmente del cargo de la Fiscalía Anticorrupción, a Raúl Ramírez Castañeda.
De igual forma tumbaron la venta de unos predios en playa Miramar, cuyo proceso está plagado de irregularidades cometidas en el pasado ejercicio panista.
Salta una sencilla pregunta ¿La lucha legal entre los cabecistas y morenista a quién le importa?.
El conflicto va más allá de un pleito pueblerino, implica millones de pesos, actos de corrupción y poder político.
Los que ya no están deben tener presente que los delitos conllevan prisión y los que están deben tomar en cuenta ese ejemplo ya que en cinco años los papeles pueden cambiar.
La respuesta a la pregunta planteada es, a los tamaulipecos de las zonas más apartadas y de las colonias marginadas sin duda no les importan los conflictos partidistas.
Les interesa que se atiendan los problemas del agua, transporte, salud, educación, seguridad, esas son las prioridades para la ciudadanía.
