Dentro de los principales problemas enfrentados a nivel municipal por las autoridades de gobierno, se encuentra la inseguridad derivada de los delitos del fuero común, siendo una problemática, en la mayoría de los casos, difusa en su cuantificación.
Lo anterior se desprende del temor de la ciudadanía, por denunciar los hechos en los que se haya visto afectada su integridad o su patrimonio principalmente.
Otro factor es la desconfianza de la sociedad en las autoridades encargadas de brindarle seguridad y a la vez darle seguimiento a su proceso, una vez que se hace la respectiva denuncia, en este caso la burocracia.
Por lo anterior y en otros casos, en donde a las autoridades les da por desempeñar funciones de «estilistas», ocasiona que se lleve una estadística oficial inexacta de los incidentes.
En el Puerto de Tampico, colonias como la «Luis Donaldo Colosio», «Ampliación Colosio», «Borreguera» y «Revolución Verde», forman parte de los sectores considerados «inseguros» por el Regidor, Cuitláhuac Ortega Maldonado.
«Hay colonias en donde han reportado robos simplemente porque hacen falta lámparas», señala el edil.
La problemática es la misma en otros municipios del estado y país, la diferencia es el cambio de nombre de los barrios, sin dejar a un lado el problema derivado de las situaciones de riesgo ocasionadas por el Crimen Organizado.
Retomando el rubro de los delitos del fuero común, se necesita el compromiso ciudadano como primer paso, presentar la denuncia correspondiente y darle seguimiento al proceso.
Por parte de las autoridades locales, comenzar a trabajar en una estrategia integral para atender, responder y solucionar de manera expedita, los procesos legales abiertos, porque también es cierto que existe un gran porcentaje de expedientes rezagados.
Es necesario capacitar a los elementos, y, que estos últimos, entiendan la importancia de su función dentro de la sociedad, actuar ante todo de manera honesta y profesional.
No menos importante es la responsabilidad social de las autoridades de los ayuntamientos, para garantizar las condiciones de una convivencia sana y segura.
