Por: Zaira Rosas
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Uno de los requisitos fundamentales para un país democrático es el equilibrio entre sociedad y gobierno. Para ello el poder requiere un contrapeso con instituciones que puedan regular a funcionarios públicos, mismas que deben ser independientes para poder hacer cuestionamientos cuando sea necesario, en esto último una instancia fundamental es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Esta institución debe ser conocida y reconocida por la ciudadanía pues aunque requiere de cambios, es la que ha visibilizado infinidad de irregularidades en el gobierno gracias a las solicitudes de transparencia. La existencia de organismos como este puede resultar incómoda cuando las personas que están en la función pública prefieren no dar detalle de acciones y decisiones, sin embargo, si actualmente hemos enfrentado múltiples casos de enriquecimiento y corrupción, es evidente que sin instituciones que transparenten el actuar de nuestros gobernantes, casos de esta índole se incrementarían.
Transparentar todo lo que realizan funcionarios y el gobierno en su totalidad es una temática relativamente nueva, que ha generado incluso un cambio en la sociedad donde hemos aprendido poco a poco la necesidad de cuestionar y evaluar el trabajo de quienes nos gobiernan, pero también la creación de este tipo de instituciones nos ha enseñado sobre nuestros derechos, qué podemos conocer y qué datos son sensibles, no sólo respecto a lo que solicitamos, sino también en nuestra cotidianidad con la protección de datos personales.
Sé cuán grande ha sido la labor de quienes luchan por instituciones como el INAI porque me tocó el cambio de nombre y estructura que tuvo esta entidad en el 2015, sus orígenes como Institución también se remontan a apenas dos décadas atrás en el 2002, periodo en el que gracias a solicitudes de transparencia se han visibilizado casos como el de la casa blanca o la estafa maestra, entre otros.
Además de solicitudes que evidencian la corrupción, mediante la rendición de cuentas se puede evaluar la funcionalidad de programas de gobierno, impacto e incluso el uso de recursos públicos.
Las funciones que realizan estas instituciones no pueden ser ejecutadas por los mismos entes evaluados. Porque justo caeríamos en un ejercicio poco objetivo, que como ya se ha visto en múltiples ocasiones transparenta lo que conviene y omite lo que le puede afectar. Actualmente el INAI necesita cambios estructurales, igual que el INE y otros organismos públicos, pero la sociedad también necesita de la existencia de espacios que hagan contrapeso al poder. No podemos considerarlo algo menor o minimizar su labor bajo la excusa de que ese dinero
podría emplearse en otras cosas.
Mucho menos es coherente hablar del dinero mal invertido cuando los recursos públicos se utilizan para conciertos que puedan servir como plataformas políticas y no en verdaderos proyectos de bienestar. ¿Dónde debe ir realmente el dinero? Es algo que puede responderse sólo mediante la evaluación constante del uso que se le ha dado y da actualmente, esa evaluación únicamente es objetiva cuando se realiza desde la neutralidad que hasta este momento intentan proporcionar los organismos autónomos.
Gracias al INAI hoy podemos saber cuánto ganan nuestros funcionarios, conocer sus declaraciones para corroborar si su patrimonio crece de forma coherente con los ingresos, hacer cuestionamientos que nos permitan identificar fallas en el sistema, exigir que se visibilice información pertinente para el trabajo de las instancias y sobre todo determinar qué cambios son necesarios de acuerdo a los datos que se van transparentando. Las evaluaciones son un paso indispensable para saber cuál será nuestro rumbo. Si realmente queremos hablar de transformación, esta debe ser transparente para demostrar el cambio.
