Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica presentaron ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Quintana Roo, una demanda de amparo contra el Tramo 5 del Tren Maya, ya que este no presenta una evaluación en Manifestación de Impacto Ambiental.
El recurso legal reclama el permiso ambiente al Tramo 5 que planea avanzar la obra sobre la selva virgen y un vulnerable sistema de cuevas, cavernas y cenotes, hábitat clave para especies amenazadas, para conectar Playa del Carmen con Tulum a través de 121 kilómetros.
Con la herramienta también se hace referencia a estar violando el Acuerdo de Escazú, dado que el gobierno de México inició las obras, negando el acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones ambientales, como es el cambio en el trazo de la ruta.
“Con el Acuerdo Presidencial, que da paso a las autorizaciones provisionales sin previa evaluación de impacto ambiental, se están violando los derechos a la información, a la participación pública en materia ambiental, el derecho a un desarrollo sustentable, el derecho a la legalidad, a la par que deja sin efecto los principios de prevención, precaución, y lo estipulado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)” advirtió la directora de campañas de Greenpeace México, Aleira Lara
