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Olga Sosa legisla para que no prescriba el delito de corrupción de los servidores públicos

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La corrupción es una barrera que impide el desarrollo equitativo de la sociedad, la impunidad es un muro que limita la impartición de justicia, el delito de corrupción actualmente prescribe sin que se castigue a los servidos públicos culpables de malos manejos de la hacienda pública, señaló Olga Sosa.

La diputada federal tampiqueñas ingresó una iniciativa para adicionar un artículo Bis al Código Penal Federal, para establecer la imprescriptibilidad de los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos, la reforma busca que los servidores públicos que han cometido delitos de corrupción, no evadan su responsabilidad y se imparta justicia.
 
El Barómetro Global de la Corrupción 2019 muestra que una de cada tres personas (34%), tuvo que pagar un soborno en México para acceder a un trámite o servicio público. Los mexicanos reportan haber pagado un soborno a los policías en un 52%, para acceder a la justicia en un 35%, y para recibir servicios públicos en un 30%.
 
La corrupción es un tema esencial de la cuarta transformación y una materia sobre la cual se reformó en años pasados la constitución para incorporar el delito de corrupción en los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Una de las desventajas para impartir justicia es que el delito prescribe en un lapso corto de tiempo, el 95% de los delitos en nuestro país quedan impunes.

Al respecto la tampiqueña comentó, “Tema delicado en el caso mexicano es la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción revelados por periodistas de investigación, el riesgo de impunidad tras conocerse estos casos es alto pues el tiempo de prescripción de los delitos es corto, existen numerosos casos en los que aun cuando se alcanzó a reunir la evidencia de la comisión de un delito, ya no puede hacerse nada porque el tiempo para perseguirlo expiró, por ello para combatir la impunidad en materia de corrupción se propone establecer la imprescriptibilidad de los actos.”
 
En ese sentido, Olga Sosa también enfatizó que cualquier ley de prescripción aplicable a los delitos en materia de corrupción cometidos por un servidor público deberá tener un plazo adecuado para la investigación y el enjuiciamiento, existen diversos países que han adoptado este tipo de medidas con el fin de cumplir el compromiso referente a ampliar los plazos de la prescripción para los delitos de la corrupción.
 
Para finalizar la diputada Olga Sosa añadió, “Muchos servidores públicos se ven involucrados en actos de corrupción y gozan de la prescripción que la ley otorga, para evitarlo, es necesario fortalecer nuestro marco jurídico a fin de no dejar espacio a la impunidad de quienes aprovechan los plazos previstos por la ley para evadir la acción de la justicia, debemos evitar más delitos en perjuicio de la sociedad mexicana.”

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Capturan al autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

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Ciudad de México.– El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención del autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 15 de noviembre.

Fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como el líder intelectual que daba órdenes desde un grupo de mensajería.

También participaron Ramiro “N” –con antecedentes por portación de arma– y Fernando “N”, ambos encontrados sin vida días después en una carretera de Michoacán.

Gracias a la coordinación entre Sedena, Semar, SSPC, CNI, FGE Michoacán y SSPE, se revisaron cámaras de seguridad, se realizaron entrevistas, vigilancia física y análisis telefónico que permitieron reconstruir el ataque.

En los celulares se hallaron chats donde “El Licenciado” ordenaba seguir al alcalde, compartir rutas y horarios, y borrar evidencias tras ejecutar el plan.

Autoridades confirmaron que la célula responsable pertenece al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las indagatorias continúan para ubicar al resto de los implicados en este crimen que conmocionó a Michoacán.

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Incendio arrasa con más de 170 edificios en Japón

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Voraz incendio arrasó con al menos 170 edificios en una zona residencial en Japón, dejando al menos una persona sin vida y daños materiales incalculables.

El extenso incendio se registró la noche de este martes en Oita, en la isla meridional de Kyushu, al suroeste de Japón, en donde bomberos aun luchan por sofocar las llamas.

Fue a las 17:45 horas que se recibió el primer reporte de un residente del distrito de Saganoseki, quien alertó sobre el incendio de una vivienda. Lamentablemente el fuego se propagó rápidamente a otros edificios y casas, afectando a más de 170 construcciones.

Autoridades señalan la muerte de una persona, pero aun se trabaja en el lugar para sofocar las llamas y revisar entre los escombros.

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Palacio Nacional blindado con vallas de 3 metros ante marcha Gen Z y protestas CNTE en CDMX

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Ciudad de México.– Palacio Nacional amaneció blindado con vallas metálicas de casi 3 metros en su perímetro, incluyendo accesos por Corregidora y Moneda, ante la Marcha de la Generación Z del 15 de noviembre y las movilizaciones de la CNTE los días 13 y 14 de noviembre.

Trabajadores soldaron las estructuras durante la madrugada, extendiendo el cerco hasta la plancha del Zócalo frente a la Catedral Metropolitana.

La CNTE iniciará protestas desde las 8:00 a.m. con mítines en plazas públicas del país.

En redes, la Generación Z convoca a exigir alto a la violencia en México, sumando tensión al centro histórico.

Autoridades refuerzan seguridad en CDMX para evitar enfrentamientos.

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Senadora Olga Sosa exige comisión para investigar venta de Hules Mexicanos y derechos laborales de extrabajadores en Altamira

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Ciudad de México.- La senadora de Morena por Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz, impulsó un punto de acuerdo en el Senado para crear una comisión de Trabajo que examine la venta de la paraestatal Hules Mexicanos, S.A., ocurrida hace 36 años en Altamira, y garantice los derechos laborales pendientes de extrabajadores y familias.

La empresa petroquímica, dedicada a hule sintético y negro de humo, fue transferida por la Secretaría de Hacienda a un grupo privado con Banamex como agente.

El acuerdo prometía participación accionaria a trabajadores, pero tras más de tres décadas, no hay certeza sobre estos beneficios.

«Es un acto de justicia social de la 4T con un grupo vulnerable: adultos mayores, viudas de escasos recursos, personas con enfermedades crónicas y discapacidades”, enfatizó Sosa Ruiz.

La propuesta solicita esclarecer antecedentes, condiciones y resultados de la privatización, así como el destino de las acciones.

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