El abogado de “El Chapo”, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, quiere que el Gobierno izquierdista del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, le dé el millonario decomiso de 4 mil toneladas de madera incautada al buque de bandera peruana “Yacu Kallpa”, utilizado por una banda de traficantes trasatlánticos que explotaban de manera ilegal el Amazonas, llevando desde Perú a México y Estados Unidos sus cargamentos.
José Luis González Meza, representante legal ante las autoridades mexicanas del narcotraficante más influyente del mundo, pretende que se construyan muebles finos, violines y jaranas para bienestar económico de las comunidades huastecas. El abogado también ambiciona que el Gobierno de la Cuarta Transformación le otorgue una donataria autorizada para poder entregar las primeras 15 toneladas de ayuda humanitaria a los más pobres no sólo de la región de la Tuna, donde nació el capo, sino de todo el noreste y Golfo de México.
La Operación Amazonas, fue activada desde la administración del expresidente Barack Hussein Obama, es una estrategia militar norteamericana considerada como la ultima invasión imperialista a Latinoamérica por los gobiernos bolivarianos; sin embargo, logró introducir en las profundidades de la selva amazónica tropas de Brasil, Perú y Colombia. En 2015 las autoridades gubernamentales mencionadas coadyuvaron con las dependencias de investigación federal contra el trafico de drogas del Gobierno de México, entonces presidido por el estadista Enrique Peña Nieto, logrando en noviembre de 2015 el aseguramiento de 4 mil toneladas de madera.
En ese tiempo lo que parecía un viaje más de rutina de la embarcación que viajó al menos 14 veces de Iquitos, la zona más marginada de la región peruana al Puerto de Tampico, en el centro del Golfo de México, se convirtió en un fuerte golpe de la Operación Amazonas que dio como resultado paralizar la embarcación.
Para González Meza, un abogado nacido en Tampico, Tamaulipas, México; una región predominante por los cárteles de la droga, la madera puede ser utilizada para la construcción de muebles finos y ser vendidos por la comunidad huasteca, una región del país en donde la pobreza pulula de muchos años de marginación y desinterés por los presidentes mexicanos y sus gobernantes; pero eso no es todo, el representante legal igual apuesta a que el Gobierno de la República entregue a su Asociación “Tenochtitlán”, las facilidades fiscales para emitir recibos deducibles de impuestos a empresarios y poderosos agricultores y hacer llegar toneladas de ayuda humanitaria a los pobres de México en plena pandemia del Covid-19, contingencia de salud que ya orilló a los narcotraficantes a llevar despensas a las comunidades dominadas por la indigencia.
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