El Reglamento General de Participación de Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional, es lo que debería andar viendo Ana Gabriela Guevara, en lugar de pasearse por los pasillos de una de las tiendas departamentales de mayor lujo de México. A la sonorense le está quedando grande el abanderamiento como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (CONADE). La saeta viene chata.
Ante la ambigüedad del citado reglamento, a los deportistas en México y sus familias, les es muy fácil perder el arraigo deportivo por la entidad que los vio nacer, de igual forma se convierten fácilmente en víctimas de los depredadores, explotadores y vividores de los jóvenes talentos deportivos nacionales; pues la participación de los deportistas, así como de las personas que intervienen antes, durante y después de las olimpiadas o competiciones nacionales no está clara, ni las obligaciones, mucho menos sus derechos.
El vacío en la información repercute desde el área técnica de la CONADE, así como su Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD); Comité Olímpico Mexicano (COM); Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), y demás Comisión o Subdirección relacionada al deporte, adscrita a la Secretaría de la Educación Pública (SEP).
Mire usted, para efecto de que los deportistas en México puedan participar en una olimpiada nacional, representando a alguna de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, deberán estar afiliados al Instituto del Deporte (INDE) del Estado, ya sea Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Jalisco o sabrá Dios, el atleta, y su familia.
Sin embargo, anualmente, se instala el Comité para Cambios de Entidad, en atención a los deportistas que pretendan representar a otro estado después de su competición anual, ya sea por cuestiones de mejores ofertas educativas, profesionales y de crecimiento, así como del desarrollo personal y deportivo; a veces, también entran en la decisión las cuestiones monetarias, pero quedan en el abismo de un protocolo burocrático y destructor.
Tal es el caso del judoca tamaulipeco de 15 años de edad, Rafful, multicampeón nacional e internacional que representando a Tamaulipas, ha sido considerado uno de los jóvenes más prometedores de esta disciplina en México y el mundo; en la actualidad, Rafful quiere desafiliarse del INDE- Tamaulipas, dirigido por Carlos Fernández Altamirano, un ex futbolista profesional nacido en Tampico; la familia del judoca, en su intención de cumplir con su trámite de Cambio de Entidad, solicitó a Fernández Altamirano, la Baja Extraordinaria, aquella que única y exclusivamente puede expedir el titular del Órgano Estatal de Cultura Física y Deporte, y causa efecto inmediato a partir de la emisión de la respuesta a la solicitud.
Es decir, a la de ya, Rafful, podrá afiliarse a otro organismo deportivo de la entidad a donde quiera trasladarse para competir representando a otro estado, por lo que usted guste o mande, así quiere el deportista, que es el valor principal.
La situación se agrava cuando en el INDE Tamaulipas, han vendido mal la situación a su titular queriéndolo meter en problemas, lo han mal informado al grado que el Instituto ya fue denunciado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Tampico, porque en el Instituto Nacional del Deporte Tamaulipas, le expidieron la baja con efecto al primero de noviembre de 2020, perjudicando directamente al deportista.
Los explotadores, depredadores y funcionarios del deporte que anhelan truncar a este judoca son: Eder Anguiano, responsable del área de Alto Rendimiento de Judo en el INDE, y Berenice Álvarez, de la Secretaría Técnica del Instituto del Deporte tamaulipeco.
A todo esto, Ana Gabriela Guevara, por favor déjese de cosas y póngase a trabajar, revise los reglamentos que como ya se dijo, tienen enormes vacíos que conflictúan a los deportistas, sus familiares y autoridades estatales del deporte.
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