La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha condenado a cuatro años y un día de cárcel al representante de futbolistas Santos Márquez González por un delito de estafa agravada en el traspaso del portero Iker Casillas al Porto.
Según la sentencia, en 2014, el agente engañó a su exsocio Jorge Ignacio S., al que hizo creer que el futbolista quería firmar con algún equipo de Estados Unidos. También le hizo pensar que la comisión por ese fichaje iría destinada a las cuentas de la empresa Mallorca Viva SL, en la que ambos habían sido socios y con la que seguía colaborando.
La empresa, por ello, aportó nueve mil 100 euros a Márquez para su total disponibilidad en la negociación del traspaso de Casillas, cuya comisión, una vez cerrado, el representante “había resuelto no destinar” a la empresa.
De hecho, en junio de 2015, inició contactos como “agente libre” con el representante del deportista para negociar su traspaso al Porto.
Un traspaso que se firmó en julio, tras la apertura por Márquez de una nueva firma, VS Player SL, en la que era socio mayoritario, y en la que depositó la comisión con “ánimo de lucro y en beneficio propio” sin informar de ello a sus anteriores socios, quienes siguieron asumiendo mientras tanto el pago del alquiler y una suscripción televisiva de Márquez.
Según la sentencia, la nueva empresa habría cobrado 256 mil 500 euros como compensación por los servicios de intermediación y asesoramiento realizados por Santos Márquez. En realidad, solo recibió el primer pago porque los otros tres fueron consignados por el juez como medida cautelar.
VS Players alcanzó un acuerdo previo al juicio con Mallorca Viva para abonar una cantidad superior a los 244 mil euros en concepto de indemnización.
Ahora, la Audiencia de Palma condena al acusado a cuatro años y un día por un delito de estafa agravada en concurso con otro de apropiación indebida y dos mil 166 euros de multa. También lo inhabilita para ejercer como agente, comisionista o intermediario en operaciones de deportistas durante el cumplimiento de la condena.
La sentencia, recurrible en apelación, impone al acusado una indemnización en concepto de responsabilidad civil al denunciante de 115 mil 666 euros y asumir las dos terceras partes de las costas del procedimiento.
Con información de EFE
