@dect1608
Los políticos se arropan y cierran filas de cara a la elección, mientras que en las carreteras de México los desamparados se organizan para alzar la voz. BANOBRAS pretende privatizar los tramos carreteros correspondientes al paquete “noreste y sureste” en medio de la efervescencia política nacional, perjudicando a miles de familias.
Desde las 14 horas del viernes, los trabajadores sindicalizados de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) de todo el país, se organizaron contra BANOBRAS por el proyecto privatizador de varios tramos carreteros en los estados de Chiapas, Campeche, Nuevo León y Tamaulipas.
La inconformidad de los operadores se agudizó desde el momento en que Alfredo Vara Alonso, Director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Sociedad Nacional de Crédito (BANOBRAS), lanzó la licitación pública nacional LA-006G1C003-E59-2017, con la intención de dejar en poder de la iniciativa privada al menos diez tramos carreteros interestatales del noreste y sureste de México, dejando a la deriva a miles de trabajadores.
En lo que corresponde a los tramos carreteros próximos a ser entregados a los adinerados mexicanos entre Tamaulipas y Nuevo León, son la autopistas Monterrey- Nuevo Laredo; Cadereyta- Reynosa; Reynosa- Matamoros y los puentes internacionales con Estados Unidos, Reynosa Puente Ignacio Zaragoza y Libramiento Sur II, de esta misma ciudad fronteriza tamaulipeca, envuelta en llamas por la guerra del narcotráfico; 60 carriles y 13 casetas de cobro van a manos de la iniciativa privada. Mientras que las carreteras del sureste del país, públicamente licitadas según BANOBRAS en su intención de que tengan una mejor infraestructura son las siguientes: Tinaja-Acayucan, Acayucan- Cosoloacaque, Cárdenas-Entronque Agua Dulce, Las Choapas-Ocozocoautla y Campeche- Champotón; siendo ocho las casetas y más de 60 carriles con un futuro nuevo dueño.
De acuerdo con lo dicho por trabajadores de las casetas de cobro, ellos son como “los hijos no deseados de CAPUFE”, ya que están a su servicio pero no tienen las prestaciones laborales que indica la ley, tampoco la garantía de mantener su trabajo cuando se concrete el proyecto licitador de BANOBRAS, por lo que esta semana estarán tomando medidas más drásticas si el gobierno federal no intercede por su bienestar laboral.
Corrupción y privatización parece ser el sinónimo de este gobierno saliente, abriendo cada vez más la oportunidad de un nuevo régimen en México.
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