Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) afirmó que el Estado no muestra voluntad de controlar el desgobierno que pervive en los tres penales los cuales han dejado una estela de muerte.
Los motines, enfrentamientos y asesinatos en los tres penales del Estado son el sello del sexenio actual: prueba de ello es que hasta el momento suma 79 fallecidos.
El último incidente del 2017 fue la revuelta de octubre del Penal de Cadereyta que, oficialmente, dejó 17 muertos mientras que el 2018 inició con el ahorcamiento de un expolicía de Escobedo quien estaba en Topo Chico acusado de secuestrar y matar a un empresario y a su secretaria.
“No podemos permitir que haya ni una muerte más, de ninguna interna, de ningún interno, y estamos viendo, nuevamente, que el gobierno no asume la responsabilidad que le corresponde de tener tutela de los centros penitenciarios. No hay un control, están dejando que sigan cometiéndose ilícitos, que sigan cometiéndose asesinatos”, afirmó la integrante de CADHAC, Liz Sánchez Reyna.
CADHAC afirma que no ve una estrategia de mejora, sino que, al contrario, el Estado le quitó 21.5 millones de pesos al presupuesto del Topo Chico.
Fuente: El Horizonte
