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Los Senadores integrantes de las comisiones de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República ya aprobaron en lo general el dictamen de Ley de Seguridad Interior en un debate que duró más de cinco horas por lo que el documento será expuesto en el Pleno de la cámara alta, sin embargo se prevén algunos ajustes por lo que no se descarta sea reenviada a los Diputados Federales quienes se atrincheraran para hacerle los cambios necesarios y entonces mientras Pepe Mit con su inicio de campaña distrae a la banda esta «Ley Gorila» será aprobada.
Algunos traviesillos desde el Senado filtraron un supuesto documento que presume las propuestas de modificación al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.
PRIMERA. Se determina que las disposiciones de esta ley son materia de Seguridad Nacional en términos de la Constitución.
Y así venía rescatada:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia.
Las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional.
Así quedaría:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción  VI del artículo 89 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior. Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia.
(Lo siguiente quedaría suprimido: Las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional. )
En otra supuesta observación cambiaría de:
Expresar que la aplicación de la ley será de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales.
Artículo 7. Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.
En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas.
Artículo 8. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Por lo que al final se estima está será su redacción final:
Artículo 7. Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.
Suprimiendo lo siguiente: «En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas.»
Artículo 8. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen en *términos pacíficamente* de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior
*Se elimina.
TERCERA. Esclarecer que la información será de acuerdo con la aplicación de la legislación aplicable.
Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.
Este quedaría de la siguiente manera:
Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
CUARTA. Determinar que la aplicación supletoria de las leyes de Seguridad Nacional y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, serán en términos de sus competencias.
Artículo 10. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Con sus respectivos cambios así sería aprobada por Diputados y Senadores:
Artículo 10. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional y en su caso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de sus competencias.
La materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
QUINTA. Delimitar el ejercicio de las acciones del Ejecutivo a sus facultades, para evitar la discrecionalidad de actos por encima de la declaratoria de protección a la seguridad interior.
Artículo 16. En aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.
Lo anterior, sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior en el menor tiempo posible.
Sus cambios:
Artículo 16. En aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente de la República de acuerdo a sus facultades podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.
Lo anterior, sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior en el menor tiempo posible.
SEXTA. Establecer claramente que los grupos interinstitucionales que coordinen las fuerzas armadas estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley así como a las disposiciones que rigen al Ejército y la Marina Armada de México, con ello se evitaría la inconstitucionalidad de funciones que correspondan directamente a la autoridad civil, y en todo caso las fuerzas armadas actúan como coadyuvante de la autoridad civil y bajo su coordinación.
Artículo 21. La institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades u organismos participantes, a efecto de coordinar la realización de las Acciones de Seguridad Interior, así como para el seguimiento a las acciones de participación a cargo de las autoridades de las entidades federativas respectivas.
En el juste:
Artículo 21. La institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades u organismos participantes, a efecto de coordinar la realización de las Acciones de Seguridad Interior, así como para el seguimiento a las acciones de participación a cargo de las autoridades de las Entidades Federativas respectivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, y de las disposiciones reglamentarias de las fuerzas armadas.
SÉPTIMA. En concordancia con la constitución, delimitar que la dirección de los grupos interinstitucionales estarán a cargo de la autoridad civil, salvo en los casos en que las acciones de seguridad interior requieran la intervención de las fuerzas armadas.
Artículo 22. Las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la Declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada.
Finalmente está sería la redacción aprobada:
Artículo 22. Las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la Declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación de la autoridad designada. Cuando la amenaza no requiera la intervención de las fuerzas armadas, el Presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del Secretario de Gobernación.
OCTAVA. En concordancia con el artículo anterior, es importante que al artículo 26 se agregue una remisión para que dichas funciones se lleven a cabo de acuerdo al ámbito de sus competencias.
Artículo 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías Generales de Comunicación e Instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos.
Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran.
Y para finalizar:
Artículo 26. Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus competencias de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías Generales de Comunicación e Instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos.
Las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran.
De que habrá nueva Ley de Seguridad Interior no hay duda.

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Opinión

La semiótica de la alcaldesa

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el

Romantizar a un personaje asociado con el homicidio y el suicidio resulta, definitivamente, una decisión desafortunada, y eso parece estar sucediendo en la entidad desde Nuevo Laredo hasta Palacio de Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas.

Lo sucedido el fin de semana no creo que haya sido involuntario; bueno, quisiera creer que “olvidaron” la semiótica y, por consiguiente, lo importante que puede ser el comunicar con imágenes y gestos. El equipo de asesores  de Carmen Lilia se equivocó.

Definitivamente, puede ser un error político de un día, pero, en un momento de mayor relevancia, sí, más cercano a las definiciones de candidaturas y cuando los grupos internos se confronten, le podrán restregar duro lo que hasta hoy quedó atrapado en una fotografía que, si bien no le tumba “la candidatura”, se la puede desgastar.

Eso ocurrió este fin de semana en Nuevo Laredo.

Mientras supervisaba actividades oficiales, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal apareció portando una playera con la leyenda de «La maestra de la escuela», personaje popularizado por el viejo corrido de Laurita Garza.

Laurita Garza no representa una historia de superación, ni de justicia social, ni de emancipación femenina. Su historia es la de una mujer que asesina al hombre que amaba y posteriormente decide quitarse la vida. Un crimen pasional convertido durante décadas en canción popular. 

¿Qué, no hay problema? ¡Caray! Apenas comienza.

No porque la música regional deba desaparecer. No porque los corridos deban prohibirse. Mucho menos porque una servidora pública pierda su derecho a vestir como desee fuera de su vida institucional.

El problema aparece cuando el símbolo deja de pertenecer a la esfera privada y se convierte en comunicación pública.

Toda alcaldesa habla incluso cuando guarda silencio.

Toda fotografía comunica incluso cuando nadie escribe un discurso.

Y esa imagen de Laurita Pin- Up con pistola en mano y un cigarillo encendido comunica exactamente lo contrario de lo que hoy necesita Tamaulipas.

Vivimos en uno de los estados que más ha luchado por desprenderse de la narrativa nacional que durante años lo identificó con la violencia, las desapariciones, el miedo y la presencia del crimen organizado. Allá en Nuevo Laredo, asesinaron a Benjamín Galván Gómez en 2014 y esa apología se la pueden restregar más adelante. A Tamaulipas le ha costado inversiones, turismo y generaciones enteras reconstruir una percepción distinta.

Por eso, romantizar —aunque sea involuntariamente— a un personaje asociado con un homicidio resulta, cuando menos, una decisión desafortunada.

Aquí aparece una segunda reflexión, quizá igual de delicada.

La imagen apenas provocó conversación en la mesa del café.

No hubo grandes debates.

No se convirtió en tendencia nacional.

No ocupó las primeras planas.

Eso puede parecer una buena noticia para su equipo de comunicación.

Yo creo exactamente lo contrario.

Porque quien aspira a gobernar Tamaulipas necesita estar permanentemente bajo el reflector político. Si un error de esa dimensión apenas genera discusión, quizá el problema no sea la fotografía.

Quizá el problema sea que la conversación pública de Tamaulipas todavía no gira alrededor de Carmen Lilia.

En la intimidad… Mientras algunos equipos de comunicación desperdician capital político en polémicas perfectamente evitables, el Gobierno de Tamaulipas parece haber entendido dónde se jugará realmente el desarrollo de las próximas décadas: en el agua.

Hay anuncios que no generan aplausos inmediatos porque no caben en un video de treinta segundos. Sin embargo, terminan cambiando la historia de una región.

El proyecto de El Moralillo, el PLIGÓN, la expansión del tratamiento de aguas residuales en PITAR y la reutilización industrial del agua pertenecen justamente a esa categoría.

Si esos proyectos llegan a concretarse, nadie preguntará dentro de treinta años cuántas conferencias de prensa ofreció un gobernador. Preguntarán quién garantizó que Tampico, Ciudad Madero y Altamira siguieran teniendo agua cuando el resto del país comenzaba a disputársela.

Ahí es donde debería concentrarse buena parte del capital político de esta administración.

Tamaulipas lleva décadas extrayendo riqueza de su territorio: petróleo, gas, puertos, comercio exterior, agricultura y energía. Es tiempo de que esa riqueza deje infraestructura permanente.

La costa tamaulipeca sigue esperando un sistema hidrosanitario digno de un destino internacional. Miramar necesita infraestructura que acompañe su crecimiento. Aldama continúa esperando accesos modernos hacia sus cenotes. El Bernal aún reclama caminos seguros que lo conviertan en un verdadero polo turístico.

Los reconocimientos siempre serán bienvenidos.

Pero los gobiernos no entran a la historia por las placas inaugurales.

Permanecen por las obras que siguen funcionando cuando ya nadie recuerda quién cortó el listón.

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608

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Opinión

Huachicol fiscal, la evolución del crimen

Publicado

el

Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en una red de huachicol fiscal ha colocado nuevamente la palabra «huachicol» en la conversación pública.

Sin embargo, el verdadero valor de este caso no radica únicamente en la relevancia política del personaje involucrado, sino en la oportunidad para entender cómo ha evolucionado una de las economías ilícitas más rentables del país.

Durante años, el término huachicol evocó una imagen muy específica: tomas clandestinas, ductos perforados y combustible robado directamente a Pemex. Ese fenómeno sigue existiendo y continúa generando pérdidas importantes para la empresa productiva del Estado.

No obstante, el crimen organizado ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Hoy, una parte del negocio ya no depende de perforar un ducto, sino de manipular documentos, aprovechar vacíos regulatorios y utilizar estructuras empresariales para evadir impuestos.

A esa modalidad se le conoce como huachicol fiscal. En términos generales, consiste en introducir combustibles al país declarándolos bajo una clasificación distinta, como aceites, lubricantes u otros derivados, para evitar el pago de impuestos, particularmente del IEPS. El combustible termina comercializándose como gasolina o diésel, pero con una ventaja de precio obtenida mediante evasión fiscal y contrabando.

La diferencia no es menor. Mientras el huachicol tradicional requiere controlar territorio y operar con violencia visible, el huachicol fiscal exige conocimientos de comercio exterior, logística, aduanas, facturación y redes empresariales. Es un delito menos espectacular, pero potencialmente más sofisticado.

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Especialistas del sector energético estiman que el combustible introducido ilegalmente puede representar entre el 30% y el 40% del mercado nacional de gasolinas y diésel, con pérdidas para el erario superiores a 150 mil millones de pesos anuales. Por su parte, el secretario de Hacienda ha señalado que el huachicol fiscal representa una amenaza que podría costar alrededor de 70 mil millones de pesos al año en recaudación, mientras que distintas autoridades reconocen que aún existe debate sobre el
monto total del daño económico.

En ese contexto debe entenderse el caso Ruffo. La investigación de la Fiscalía no gira alrededor del robo físico de combustible, sino de una presunta red de contrabando y evasión fiscal vinculada con importaciones irregulares de hidrocarburos. Entre los aseguramientos asociados a la investigación se encuentran más de 15 millones de litros de combustible y decenas de autotanques, uno de los mayores decomisos registrados en este tipo de operaciones. Como corresponde en un Estado de derecho, la responsabilidad penal de los involucrados deberá ser determinada por los tribunales y no por la opinión pública.

Más allá de este expediente, el mensaje es claro: el crimen organizado también evoluciona.

Aprende de regulación fiscal, de comercio internacional y de estructuras corporativas. En lugar de esconderse únicamente en zonas rurales o instalaciones clandestinas, puede operar entre facturas, pedimentos aduanales y cadenas logísticas aparentemente legales.

Ese cambio obliga también a transformar la respuesta del Estado. Combatir el huachicol ya no consiste únicamente en vigilar ductos o desplegar fuerzas de seguridad. Exige fortalecer las aduanas, mejorar la inteligencia financiera, compartir información entre autoridades fiscales y aduaneras, y desarrollar capacidades para seguir el rastro del dinero con el mismo rigor con el que antes se buscaban tomas clandestinas.

Quizá esa sea la principal enseñanza del caso. Los delitos de alto impacto rara vez son tan simples como parecen en los titulares. Detrás de un nombre conocido suele existir una estructura mucho más amplia que involucra incentivos económicos, fallas institucionales y redes de operación cada vez más sofisticadas.

Entender ese contexto no significa prejuzgar a nadie; significa comprender que, para enfrentar los desafíos actuales, debemos mirar más allá del personaje del momento y concentrarnos en la evolución del fenómeno que hace posible estos delitos.

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Opinión

Un aplauso por cada kilómetro ampliado o construido

Publicado

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La industria sin chimeneas tiene esa gran virtud que pocos sectores económicos poseen: Tiene la “V” de vuelta que todos quisieran para recuperar con rapidez lo que se invierte correctamente.

El turismo regresa con cada peso destinado a infraestructura, promoción o conectividad, y suele hacerlo multiplicado en empleo, consumo y desarrollo regional. Por eso, muchas gracias a la CONCANACO SERVYTUR por reconocer el trabajo realizado en Tamaulipas; por supuesto que sería absurdo minimizarlo.

Que el Estado haya generado casi mil millones de pesos durante una sola campaña comercial habla de un mercado turístico vivo, competitivo y con capacidad de crecer, y que empresarios nacionales reconozcan el liderazgo institucional, también está chido.

Pero me recuerda aquellos regaños que me ganaba de mi mamá cuando llegaba muy contento a presumirle que había sacado un 10 en Civismo y que no me habían suspendido ni ganado un citatorio por mala conducta en todo el bimestre. Y hoy en la adultez —por cierto, igual de inmadura que en mi infancia— medito y reconozco cómo no se iba a enojar doña Maricel si estudiar era lo único a lo que me dedicaba. Ir a la escuela, para obtener una calificación aprobatoria, es lo menos que podría darle a mi señora madre.

Así precisamente al Gobierno de Tamaulipas, no porque las cifras sean alentadoras significa que ya aprobaron el semestre, no, por el contrario, para eso están y por eso hoy existe la obligación de elevar la conversación.

Perfecto, allí está el reconocimiento, pero, al paso de los meses, va a terminar convertido en un recuerdo más en fotografías o PDF, sin embargo, la infraestructura permanece durante generaciones.

¿Qué legado turístico dejará esta administración cuando concluya su mandato?

Tampico presume una de las playas urbanas más visitadas del golfo de México. Miramar rompe récords prácticamente cada temporada vacacional. Sin embargo, conforme aumenta el flujo de visitantes, también crecen las exigencias que la infraestructura todavía no alcanza a resolver, y la hediondez impregna las fosas nasales.

La zona costera necesita un sistema hidrosanitario moderno que acompañe ese crecimiento. No basta con mantener limpia la playa. No, el turismo sostenible no se construye con campañas publicitarias.

Se construye debajo de la tierra, en tuberías, plantas de tratamiento, colectores pluviales, vialidades y servicios públicos capaces de soportar una economía turística permanente.

Pero el sur no es exclusivo; lo mismo ocurre en el resto del estado.

Todos hablan de Aldama como el nuevo paraíso de los cenotes. Las imágenes recorren redes sociales y las recomendaciones se multiplican. Pero llegar sigue representando una travesía que poco corresponde al potencial del destino.

El Cerro del Bernal continúa siendo una de las postales naturales más impresionantes del noreste mexicano, aunque los accesos carreteros todavía no reflejan la importancia turística que podría alcanzar.

La Biosfera El Cielo posee reconocimiento internacional por su biodiversidad. Sin embargo, el reto continúa siendo el mismo desde hace décadas: facilitar el acceso sin comprometer la conservación ambiental.

Tula conserva el prestigio de Pueblo Mágico; Mier trabaja para consolidarse; Gómez Farías, Hidalgo y González aspiran legítimamente a incorporarse a esa lista, pero…. ¡va!

Ahí es donde Tamaulipas necesita pensar menos en el siguiente periodo gubernamental y más en los siguientes cincuenta años.

Porque Cancún no nació de una campaña de promoción.

Nació de un proyecto integral donde primero llegaron carreteras, aeropuertos, agua potable, drenaje sanitario, electricidad y planeación urbana.

Después llegaron los turistas.

Tamaulipas posee playas, naturaleza, gastronomía, historia, reservas ecológicas, pesca deportiva, turismo religioso y aventura.

Lo tiene prácticamente todo.

Lo que falta es convertir ese potencial en infraestructura permanente.

Los 929 millones de pesos generados durante La Gran Escapada demuestran que existe mercado.

Ahora corresponde construir las condiciones para que esa derrama deje de depender exclusivamente de temporadas vacacionales y se convierta en una actividad económica constante durante los doce meses del año.

Los gobiernos suelen celebrar ocupaciones hoteleras.

Los estadistas construyen destinos.

Esa es la diferencia… aquí todavía está al alcance de Tamaulipas.

En la intimidad… Los resultados de la estrategia de seguridad también merecen una lectura sin consignas. Entre enero de 2025 y junio de 2026 fueron asegurados más de 1.5 toneladas de metanfetamina, 1.05 toneladas de fentanilo, además de cocaína, cristal, marihuana, 1,090 armas de fuego, más de 166 mil cartuchos, 71 vehículos blindados artesanales y se concretó la detención de 1,805 personas.

Tampoco son decomisos dirigidos únicamente al consumo local. El volumen de metanfetamina y fentanilo revela una estrategia enfocada sobre las rutas del narcotráfico que alimentan el mercado estadounidense, justamente el principal punto de presión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Detrás de esos números existe un cambio evidente en la coordinación entre el Gobierno de México y Tamaulipas. La instrucción federal de fortalecer el combate a las drogas sintéticas encontró ejecución operativa en el estado y hoy los resultados comienzan a reflejarse en decomisos que afectan directamente la estructura financiera de las organizaciones criminales.

En seguridad, como en turismo, los resultados no se defienden con discursos.

Se sostienen todos los días.

davidcastellanost@hotmail.com
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Opinión

Por lo menos se ven las ganas

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Cuántas veces hemos visto políticos enanitos que imaginan “el poder”; va acorde al tamaño del escritorio nuevo perrón que mandan comprar, pero también los superfuncionarios que, mientras más anillos de seguridad les rodean, más chidos se sienten, y claro, están aquellos de perfil bajo con resultados óptimos.

Esta semana, el gobierno de Américo Villarreal puso sobre el asfalto una inversión de más de 125 millones de pesos convertida en ruedas, motores y maquinaria; ah, pero además de todo, la presente administración estatal presume una deuda menor a la heredada.

Es bueno que Américo Villarreal Anaya y compañía vean el patrimonio público como un organismo vivo y no como una colección de bienes inventariados; por eso, no hay duda de que toda esta inversión en bienes materiales será puesta en marcha para mejorar cada rincón de Tamaulipas y la seguridad de los 43 municipios del estado, porque de lo contrario los vehículos hoy entregados un día aparecerán con una calcomanía que dirá: “Son puro cuento y boletines”. Recuerden, los fierros, al final, terminan delatando a sus dueños.

Si trabajan, cuentan una historia de servicio.

Si permanecen inmóviles, terminan siendo esculturas muy costosas de la burocracia.

En la intimidad… Como parte de las acciones orientadas a enriquecer la formación profesional de las y los estudiantes, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, acompañó a un grupo de jóvenes universitarios en una jornada académica realizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante su estancia en el máximo tribunal del país, la comitiva universitaria y el rector fueron recibidos por el ministro Irving Espinosa Betanzo, quien brindó la bienvenida a las y los jóvenes y ofreció una perspectiva directa sobre las deliberaciones que definen el rumbo constitucional de México.

Esta visita tuvo como objetivo fortalecer el perfil jurídico del estudiantado de la carrera de Derecho, al vincular el conocimiento teórico con la práctica, permitiendo a las y los alumnos observar el funcionamiento de la estructura judicial y analizar criterios constitucionales que sientan precedentes en el marco legal vigente.

Además de ser una jornada de experiencias formativas, la actividad es parte de las estrategias impulsadas por la administración del rector Dámaso Anaya, orientadas a elevar la calidad educativa, promover el respeto al Estado de Derecho y facilitar a las y los futuros profesionistas espacios de diálogo fuera del aula en las instituciones más importantes del país.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

Cuántas veces hemos visto políticos enanitos que imaginan “el poder”; va acorde al tamaño del escritorio nuevo perrón que mandan comprar, pero también los superfuncionarios que, mientras más anillos de seguridad les rodean, más chidos se sienten, y claro, están aquellos de perfil bajo con resultados óptimos.

Esta semana, el gobierno de Américo Villarreal puso sobre el asfalto una inversión de más de 125 millones de pesos convertida en ruedas, motores y maquinaria; ah, pero además de todo, la presente administración estatal presume una deuda menor a la heredada.

Es bueno que Américo Villarreal Anaya y compañía vean el patrimonio público como un organismo vivo y no como una colección de bienes inventariados; por eso, no hay duda de que toda esta inversión en bienes materiales será puesta en marcha para mejorar cada rincón de Tamaulipas y la seguridad de los 43 municipios del estado, porque de lo contrario los vehículos hoy entregados un día aparecerán con una calcomanía que dirá: “Son puro cuento y boletines”. Recuerden, los fierros, al final, terminan delatando a sus dueños.

Si trabajan, cuentan una historia de servicio.

Si permanecen inmóviles, terminan siendo esculturas muy costosas de la burocracia.

En la intimidad… Como parte de las acciones orientadas a enriquecer la formación profesional de las y los estudiantes, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, acompañó a un grupo de jóvenes universitarios en una jornada académica realizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante su estancia en el máximo tribunal del país, la comitiva universitaria y el rector fueron recibidos por el ministro Irving Espinosa Betanzo, quien brindó la bienvenida a las y los jóvenes y ofreció una perspectiva directa sobre las deliberaciones que definen el rumbo constitucional de México.

Esta visita tuvo como objetivo fortalecer el perfil jurídico del estudiantado de la carrera de Derecho, al vincular el conocimiento teórico con la práctica, permitiendo a las y los alumnos observar el funcionamiento de la estructura judicial y analizar criterios constitucionales que sientan precedentes en el marco legal vigente.

Además de ser una jornada de experiencias formativas, la actividad es parte de las estrategias impulsadas por la administración del rector Dámaso Anaya, orientadas a elevar la calidad educativa, promover el respeto al Estado de Derecho y facilitar a las y los futuros profesionistas espacios de diálogo fuera del aula en las instituciones más importantes del país.

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