La «preocupante» situación que impera en México relacionada a la libertad de expresión es un caldo de cultivo que producen grupos criminales, políticos corruptos, directivos de medios de comunicación, reporteros y sociedad en general.
La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendaron al gobierno mexicano implementar mecanismos de protección y capacitación a periodistas para fortalecer su profesión y reducir la impunidad.
Los relatores especiales sobre Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunieron con más de 250 periodistas y representantes de la sociedad civil de 21 entidades de la República Mexicana para evaluar las condiciones de la libre expresión en México.
La visita conjunta de los relatores de la ONU y de la CIDH se dio con el objetivo prioritario de evaluar la libertad de expresión en el país, y la seguridad de los periodistas. Su travesía de cuestión por el México de Enrique Peña Nieto, se da en la víspera del gran arranque de las campañas presidenciales rumbo a la sucesión del peñismo que hasta hoy pretende la continuidad con José Antonio Meade Kuribreña.
Tras el encuentro con directivos, periodistas, sociedad civil y autoridades federales los relatores enfatizaron «que el año 2018 traerá a México un conjunto de elecciones nacionales, a niveles federal y estatal. Las elecciones, y la tensión política que traerán, aumentará la necesidad de seguridad para los periodistas, sin la cual el país podría sufrir una pérdida significativa de información y debate público», sentenciaron los de la ONU y la CIDH en un documento publicado que puedes encontrar en el siguiente enlace https://t.co/fqM5zGKgfj
Pero los relatores y sus respectivos equipos de trabajo se reunieron con autoridades estatales de los gobiernos de Guerrero, la Ciudad de México, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz; la Oficina del Procurador del Estado de Guerrero, Ciudad de México, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, las Comisiones de Derechos Humanos de Guerrero, Ciudad de México y Veracruz; y la Comisión de Atención y Protección de Periodistas de Veracruz, en ninguno de los casos pudieron otorgar información sobre los avances en las investigaciones de crímenes contra trabajadores de la comunicación, incluso el 99.6 por ciento de los asesinatos no han sido esclarecidos y en lo que va del 2017 un total de 130 periodistas han buscado la protección del Mecanismo de Protección, de los cuales se han incorporado el 98 por ciento de los casos.
De acuerdo con el reporte de los relatores, los periodistas expresaron una profunda desconfianza para con las autoridades estatales a cargo de las investigaciones y en muchos de los casos se cree que pudieran estar coludidas con grupos criminales.
Particularmente en los Estados de Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa y Guerrero las autoridades no pudieron informar a los de la ONU y CIDH sobre ninguna convicción en relación con los asesinatos de periodistas que dio lugar en su jurisdicción.
Textualmente describieron en el informe que «El fracaso para investigar y traer la justicia a los responsables ha disuadido a los periodistas para reportar nuevas amenazas y ataques. En nuestras juntas, varios periodistas locales expresaron su miedo y frustración con las autoridades judiciales locales y recalcaron que presentar demandas ante éstas “no sirve de nada” y únicamente aumentaría su riesgo.»
Más claro no pueda estar. La franja de la confianza entre quien ejerce el periodismo y las autoridades gubernamentales de México es cada día más extensa.
