Altamira Tamps.- Juana María Meza Torres y José Inés Rodríguez Rojas, elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Altamira, que fueron señalados ayer por la Contraloría, como responsables de extorsionar y privar de su libertad al chofer de un tráiler, negaron haber cometido tales delitos.
Incluso aseguraron que, la supuesta víctima se presentó en la corporación para tratar de aclarar la situación y exponer que no sufrió ninguna arbitrariedad, hasta el momento, señalan, la Contraloría no ha notificado el cese de ambos, al Director de Tránsito y Vialidad.
“Ya el chofer vino y platicó con el regidor Fabio de la Comisión de Seguridad y Tránsito, hablaron con él, se expuso de viva voz de la persona, expuso todo lo que pasó, el incidente y a lo cual él me está poniendo en buen lugar que se hizo conforme al reglamento, una infracción, traigo el folio, el nombre, el chofer de la empresa negó eso de viva voz”
Ambos coinciden en que desean limpiar su nombre, ya que lleva años laborando en la corporación con un expediente íntegro, desconocen por qué los estén acusando de estos delitos tan graves, pero dijeron estar dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias.
“Yo en la mañana me presenté con el Contralor para hablar con él, después de unas horas me recibió y me dijo que no tenía nada que hacer que estaba dada de baja por el acto delictivo que ya había señalado yo le expliqué lo que había pasado, me dijo que me quitara el uniforme y yo lo que quiero es limpiar mi nombre, yo tantos años que estuve en educación vial, sirviendo a los niños y ahora con esto que en 10 años que tengo en la corporación no tengo ninguna nota en mi expediente”
Los agentes, señalaron que buscan lograr una entrevista con la Alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz, para exponerle la situación, aclarar que no son responsables de cometer estos delitos y solicitarle que emprenda una investigación, ya que además otros compañeros han sido despedidos porque al igual se les han hecho imputaciones falsas, tan es así que a ninguno de ellos se les denunció ante la Procuraduría general de Justicia.
