Cd. Victoria, Tamps.- La Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia dio cumplimiento a una orden de aprehensión librada contra FERNANDO “N”, un ex agente del Ministerio Público (AMP) adscrito a la Agencia Investigadora de San Fernando por Delito en Desempeño de Funciones Judiciales o Administrativas.
Lo anterior, toda vez que Fernando “N” en enero de 2014, durante las 48 horas en las que tuvo a su cargo una averiguación previa con detenido, omitió investigar con la debida diligencia, la existencia del delito de robo a lugar cerrado y la probable responsabilidad de un sujeto detenido en flagrancia por elementos de la Policía Estatal, ya que dichos elementos le sorprendieron en poder de equipo de cómputo que sustrajo de las instalaciones de una negociación en donde también se causaron daños a un cristal.
Cabe señalar que en el plazo de 48 horas, Fernando “N” únicamente giró dos oficios a la Coordinación de Servicios Periciales solicitando designación e intervención de peritos y recabó la declaración ministerial del inculpado.
Esta omisión de investigar, constituye un incumplimiento al deber jurídico previsto constitucional y legalmente de recabar pruebas para acreditar el cuerpo del delito y probable responsabilidad del inculpado; materializando así un beneficio a favor del presunto ladrón pues lo dejó en libertad con reservas de ley al término de 48 horas con el argumento de que no se encontraban reunidos “los elementos del cuerpo del delito”, cuando lo cierto es que efectivamente no existían los elementos pero a consecuencia de que omitió investigar con la debida diligencia como se esperaba legalmente de acuerdo a las funciones conferidas como agente del Ministerio Público Investigador.
El Juzgado Mixto de Primera Instancia del Onceavo Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, en San Fernando resolverá su situación jurídica a más tardar el martes 5 de septiembre de 2017.
La PGJT refrenda el compromiso de brindar a la comunidad servicios de procuración de justicia eficientes en los cuales no hay espacio para aquellos servidores públicos que incumpliendo con su deber, generen condiciones de impunidad, pues se sujetarán a los procedimientos administrativos o penales que procedan.
