Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas participó en una Mesa de trabajo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para dialogar sobre las acciones que realiza el Estado en pro de las víctimas, activistas y periodistas.
En la reunión se establecieron acuerdos para que los trabajos de cooperación entre ambas instancias y el Gobierno de Tamaulipas continúen a fin de fortalecer la atención que se brinda a las víctimas a través de las diversas áreas del Gobierno Estatal.
Durante el desarrollo de la reunión, el quinto visitador General de la CNDH, Edgard Corzo Sosa, se comprometió a que este organismo realizará el acompañamiento de las víctimas en procesos y diligencias, además de que gestionará recursos para dichas acciones ante la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV).
En la reunión también participaron el Director General Adjunto de la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Oscar Ochoa, así como el Director de Evaluación de Riesgos del Mecanismo, Christian de la Rosa.
Otro de los compromisos que se establecieron en la mesa de trabajo es la impartición de cursos y talleres a funcionarios del Gobierno Estatal para dar difusión de los derechos de las víctimas, a fin de que la sociedad este mejor informada de sus derechos y las oportunidades de ayuda que tiene.
Por parte del Gobierno de Tamaulipas estuvieron presente el Jefe de la Oficina del Gobernador, Víctor Sáenz, el Secretario General de Gobierno, César Augusto Verastegui Ostos, el Procurador de Justicia del Estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, la Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Gloria Elena Garza Jiménez, el Coordinador de Comunicación Social, Francisco García Juárez y la Directora del Instituto de Atención a Víctimas del Delito, Lorena Garrido Salazar.
Entre los compromisos que asumió el Gobierno del Estado, están el de evaluar los protocolos de protección a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y víctimas, así como el de elevar el número de asesores victímales para aumentar la capacidad de respuesta del Estado.
