Opinión
La debida atención a las víctimas del delito
@dect1608
Desde hace 20 años o más, el gobierno mexicano lucha incansablemente contra los cárteles de la droga, traficantes de armas, de personas e incluso, sostiene una disputa de inteligencia por impedir el tráfico de billetes falsos y lavado de dinero. Por todos estos quebrantamientos legales, se asesinan o desaparecen miles de personas a lo largo y ancho del país, por lo que en México se viene trabajando en la creación de una sólida base de leyes que protejan a las víctimas del delito.
Precisamente para aminorar el dolor y coadyuvar en una recuperación más rápida de los perjudicados por criminales y las violaciones a sus derechos humanos; la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), emitió las bases para otorgar becas educativas a las hijos de las víctimas del delito.
Dicha estrategia con un ligero tinte de beneficiar la imagen del titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, es por mucho, bien recibida y cogida por la sociedad mexicana que adolece beneficiar la infancia y la adolescencia nacional para alejarlos del crimen organizado. Con el programa impulsado por la SEP y avalado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CAEV), el gobierno federal buscara promover el acceso, continuación y permanencia de personas, víctimas de delitos del orden federal, y que se encuentren inscritas en alguna institución pública del Sistema Educativo Nacional, así que los interesados deben acercarse a la CEAV, para que sean apoyados y orientados para obtener este beneficio educativo.
Pero con la pena en Tamaulipas, además de los casi 80 mil personas víctimas del delito que se cree, según cifras de organizaciones no gubernamentales, pues deberán esperar para poder acceder a este programa escolar que recién acomoda la SEP, ya que en esta entidad del noreste de México, no existe siquiera la Comisión de Protección y Atención a Víctimas del Delito; que le digo, los 80 años de priismo, no dejaron ni las bases por lo que a partir del mes de marzo, Giovanni Barrios Moreno, Presidente de la Asociación Civil Justicia Tamaulipas, anunció que comenzara con el censo de personas víctimas y será en la ciudad de Tampico, donde dará inicio este trabajo que ningún ente gubernamental ha querido emprender.
Hace casi diez años a Barrios Moreno, los criminales lo despojaron de su hijo, jamás volvió a saber de él y así comenzó su lucha por la defensa de los derechos humanos y la procuración de los mártires del delito; su esfuerzo lo llevó a inaugurar este día en Tampico, la tercera de cinco casas de Atención a Víctimas, que abrirá en Tamaulipas; ya operan las de ciudad Victoria y Reynosa; pronto pondrá al servicio de los tamaulipecos las de Matamoros y Nuevo Laredo, en donde bridara asesoría jurídica y apoyo psicológico completamente gratuito.
Barrios Moreno y sus allegados, lamentan que en Tamaulipas, no exista una cifra oficial sobre personas afectadas por los delincuentes y peor aún, que no se ha integrado una ley que ampare a las víctimas y sus familiares, cuando en el 2010 el estado fronterizo de Tamaulipas, se dio a conocer el mundo entero por las fosas de San Fernando.
