@dect1608
El problema de criminalidad que vive México, es una muestra evidente que alguien no está haciendo su tarea, ya no hablemos si bien o mal, enérgicamente no la cumple. Los señalamientos se dirigen en primera instancia a los policías, los alcaldes y gobernadores, motivo por el cual las fuerzas federales, tuvieron que salir de sus cuarteles hace 10 años para denigrar su función. La tarea siguió sin cumplirse por parte de los policías, ediles y gobernantes pero en la zona de confort se mantuvieron los Diputadores Federales y Senadores, quienes no han podido determinar el marco jurídico sobre el cual se deben regir los soldados y marinos a quienes a veces se les aplaude y otras más, se les recrimina su “abuso de la fuerza”.
El pasado ocho de diciembre el General Salvador Cienfuegos Zepeda, al sostener una reunión con representantes de los medios de comunicación, levantó la voz y exclamó.
“Estamos pendiendo que se regularice la actuación de las fuerzas armadas; qué quieren los mexicanos que hagan las fuerzas armadas, quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales; nosotros no pedimos, ya ustedes lo saben no lo tengo que decir, pero no pedimos estar aquí, no nos sentimos a gusto, los que estamos con ustedes aquí no estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra idea, nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando, estamos haciendo funciones que no nos corresponden porque no hay quien las deba de hacer o no tienen esa capacidad”.
Las declaraciones del alto mando militar, supuso una fractura entre el ejército y el ejecutivo federal, el “no pedimos estar aquí”, “no estudiamos para perseguir delincuentes”, fue percibido como un desafío al presidente Enrique Peña Nieto, pero la explosión retórica verde olivo, es una exigencia hacia al nuevo Sistema Penal Acusatorio, que pasó del (eres culpable hasta que se demuestre lo contrario a eres inocente hasta que se compruebe lo contrario) descifrado como una copia barata de la justicia gringa, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se preocupa más por cuidar a los delincuentes, que por respetar las labores de vigilancia que ahora procuran los desgastados soldados y marinos mexicanos.
Por cierto en Tamaulipas, apenas hay unos 3 mil policías estatales, teniendo un déficit de 4 mil elementos. Esto deja en claro que los gobernadores tamaulipecos siguieron sin hacer su tarea durante estos 10 años de guerra; los alcaldes tampoco se han comprometido para solucionar esta carencia de seguridad al demostrar una insensibilidad y carente cercanía con sus representados para involucrarlos en el reforzamiento de la seguridad, participación y denuncia anónima porque el delito del fuero común y federal persiste y resiste en los 43 municipios de la entidad.
En fin, el deterioro del sistema de justicia y política nacional, obliga a los legisladores a atender la ley de seguridad nacional, de manera acelerada y acalorada después del manotazo del General Cienfuegos, pero si las cosas no se hacen con cuidado, podríamos estar hablando sobre facultades demás a las fuerzas armadas que permitan el inicio de una dictadura militar en México.
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