Nuevo Laredo Tamps.- Diputados y diputadas involucradas en asuntos fronterizos, con voz y voto sobre el tema de «autos chocolate», dan su versión sobre el mencionado tema a fin de construir un andamiaje legal que dé certeza a personas que usan vehículos americanos, se instaló la Mesa de Discusión “Regularización de autos de procedencia extranjera”, organizada por la Comisión de Asuntos Frontera Norte.

Su presidente, diputado Leonardo Amador Rodríguez del PRD y originario de Poza Rica Veracruz, afirmó que éste es uno de los temas más graves y sensibles que ocurren en la frontera norte del país, pues la internación de vehículos extranjeros no regularizados genera una gran problemática para cuya solución es necesario escuchar propuestas.

Aseguró que “propondrán una solución global y definitiva para que el problema que hoy aqueja, no se repita”, y dijo que velará por los derechos de sectores económicos y la población.

En su participación, la diputada secretaria de la Comisión, Adriana Terrazas Porras (PRI), manifestó que esta mesa no sólo debe dialogar, sino dar soluciones, atender la problemática de los automóviles extranjeros, resolver las cuestiones de legalidad para su importación y dar facilidades a quienes se ven en la necesidad de comprar carros usados.

Consideró que el problema no es la importación de vehículos, sino la regulación. Se debe responder a la situación de carros que no han pagado impuestos y “saber cómo hacemos para que no vuelva a suceder en unos años, porque ha sido cíclico. Tenemos que acabarlo, pues se ha tolerado y permitido por la corrupción que genera y los beneficios a terceras personas”, expuso.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (Morena) se pronunció por regularizar de manera justa, equitativa, y que la industria y la ciudadanía resulten beneficiadas, sin lastimar sus bolsillos. Se comprometió a buscar una solución por el bien de la economía de la región fronteriza norte. “La política no está para cerrarnos, el gobierno tiene que aprender a escuchar al pueblo, buscar el equilibrio y no inclinar la balanza hacia ningún lado”, subrayó.

Del PRI, el diputado Fernando Uriarte Zazueta, secretario, afirmó que la internación de vehículos no va en demérito de la industria automotriz. Propuso hacer un planteamiento sólido y firme ante la Secretaría de Hacienda para encontrar una solución que atienda a la economía nacional, la local, las cuestiones de seguridad y lograr armonía.

De la misma bancada, el diputado Francisco Saracho Navarro indicó que el alto precio para el pedimento de importación ha sido la principal problemática. Resaltó que la adquisición de autos “chocolate” es un pendiente que se debe atender con la Secretaría de Hacienda. Además, planteó que deben darse facilidades para la importación de carros.

La secretaria de la Comisión, por el PAN, diputada Leticia Amparano Gamez, aseguró que la región fronteriza “también es parte del país y genera recursos”, por lo que se debe dar respuesta a sus problemas.

Del grupo parlamentario del PRI, la diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix, mencionó que la problemática de los autos de procedencia extranjera es añeja y se han hecho esfuerzos para solucionarla, entre ellos la inscripción de vehículos, que dejó recursos para infraestructura en cada municipio; además, favoreció a muchas familias que regularizaron su patrimonio. Señaló que se deben establecer mecanismos accesibles que permitan a las personas cumplir sus obligaciones fiscales y darles certeza jurídica sobre sus vehículos.

El diputado José Máximo García López (PAN) sostuvo que esta problemática incumbe a todos y todas, y se debe encontrar una herramienta eficiente para importar coches en el marco de la ley, dar certidumbre, eliminar decretos y establecer mecanismos con visión de mediano y largo plazo, para no limitar al comercio y la industria.

Al participar, el Administrador Central de Investigación Aduanera del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Enrique Hugo Lavín Vélez, al referirse a la situación actual de la regularización de autos de procedencia extranjera, señaló que el compromiso es mejorar los esquemas existentes.

Apuntó que la Administración General de Aduanas debe vigilar la legalidad de los procesos de importación.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Tijuana, Gilberto Leyva Camacho, indicó que en Baja California Norte existen 800 mil autos irregulares y solicitó que sean normalizados a precios justos.

Pidió disminuir el llamado “precio estimado” para solicitar la legalización del automóvil y entrar a un esquema de negociación en el que la gente pueda cumplir sus obligaciones. “Si no le damos solución no llegaremos a ninguna parte”, advirtió.

A su vez, Jorge Cervantes Arenas, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), afirmó que restricciones arancelarais y no arancelarias propiciaron la importación ilegal de vehículos, con lo que el padrón de importadores de las cámaras de comercio de la frontera norte se extinguió en 90 por ciento, reduciendo la actividad económica y toda la cadena productiva.

Solicitó regular la importación de autos conforme a tratados internacionales, que señalan que una factura basta para demostrar el valor del carro. Se pronunció en contra de reglamentar los autos internados en el país, porque “si se aprueba, la gente seguiría internando vehículos, no importándolos, y acabarán el giro comercial de empresarios formales que sí pagan impuestos.

De la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Fausto Cuevas Meza dijo que esta actividad genera más de 730 mil empleos directos; en 2015, tuvo una balanza comercial positiva con más de 52 mil millones de dólares por exportaciones. Expresó estar de acuerdo con la importación, pero “hay que vigilar que se cumpla la ley”. Se opuso a regularizar vehículos ilegales, porque sería altamente lesivo.

De la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), Guillermo Rosales Zárate externó que se requiere un eje rector que privilegie la protección de la vida humana, la salud pública y el medio ambiente.

Por ello, se pronunció por que el comercio de vehículos usados se realice con unidades que cumplan con las condiciones físico-mecánicas de verificación de emisiones contaminantes y el pago de aranceles e impuestos.

En su oportunidad, Hugo Ernesto Jofre, de la Asociación de Importadores y Comercializadores de Tamaulipas, sostuvo que no se debe satanizar ni la importación ni la internación de vehículos usados. “Hay arreglo y manera de hacerlo”, y propuso buscar una solución consensuada.

De la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, José Guadalupe Bautista, llamó la atención sobre el problema de la seguridad en la frontera norte, por lo que propuso identificar los carros que circulan mediante un padrón. Urgió a hallar una solución que no merme la economía nacional, ni la industria automotriz, y los comerciantes de vehículos usados puedan seguir operando en la frontera.

El coordinador nacional de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPPAFA), César Raúl Villalba Navarrete, señaló que se requiere una revisión puntual de los sectores para aportar y atender las situaciones que afectan a todos. Planteó elaborar padrones vehiculares, lo que beneficiaría a las familias empadronadas y coadyuvaría con las autoridades federales en seguridad pública.

Señaló que entre 1993 y 2015, más de 10 mil mexicanos murieron en su intento por pasar a Estados Unidos en busca de trabajo. “Aquí no es bien pagado, por lo que la gente se va e ingresa los vehículos para trabajar”. Pidió que se respete el Tratado de Libre Comercio, que no se pongan trabas y se revisen otras importaciones y regularizaciones”.

A su vez, Francisco Escobar, de la Unión Campesina Democrática, dijo que se busca la importación definitiva, pagando los impuestos correspondientes, para contribuir a las finanzas y brindar certeza jurídica a propietarios y terceros. Subrayó que la solución no es regular la importación de vehículos.

“No buscamos exclusión o incumplimiento ilegal, sino que la problemática se enmarque en la ley y haya instrumentos para resolver este conflicto social”, enfatizó.

Planteó formar un grupo de trabajo integrado por todas las organizaciones, en el que participe también el Poder Legislativo.

Por Verónica Cruz Frías