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En septiembre de 1991, cuando este columnista inició su carrera en los medios informativos por el abrazo y hospitalidad de mi ahora gran amigo Héctor Vázquez Gutiérrez, director general de la revista Sucesos de Tamaulipas (que se edita en la frontera), y entonces gerente de producción del periódico que a la sazón se llamaba El Diario de Tampico, tuve la fortuna de conocer a Sofía Sandoval Ovando, ya por aquellas fechas secretaria general de la Sección 36 del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana (Sitatyr).  Recuerdo que inició ahí una amistad cercana con ella, sempiterna operadora de la estación radiofónica que inicialmente se llamó «Superestelar», y con otra muy entrañable y estimada compañera que tenía el mismo puesto, pero en una difusora que perteneció también a esa empresa, y que un par de décadas después fue adquirida por el grupo Imagen.  Esa otra gran amiga, lamentablemente, ya falleció, y siendo aún joven.  Pero la anteriormente citada dirigente sindical no sólo continúa estando al frente de la dirigencia seccional del SITATYR, cuya membresía se ha visto disminuida considerablemente conforme pasa el tiempo debido al recorte masivo de personal sindicalizado en cada empresa del sur de Tamaulipas donde tiene presencia.  Sofía, en contraste, sigue ahí, y ahora más fuerte que nunca: en los últimos diez años comenzó a tener una incursión más directa en la política local, una cercanía que adquirió el carácter de relación-compromiso desde el segundo período como alcalde de Fernando Azcárraga López.   En aquellos años, a  más de una junta sindical de las que convocaba anualmente, invitó para estar ahí al ex presidente municipal de Tampico, específicamente en época de campaña electoral.  Cuando aún se tomaba Sandoval Ovando la molestia de organizar reuniones de fin de año (con las cuotas retenidas a los trabajadores afiliados, por supuesto) para el personal de  Telecable Tampico, donde trabajé durante 17 años y medio de forma ininterrumpida, comenzó a llevar, como acompañante, a la actual regidora y en algún tiempo secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI en esta ciudad y puerto, Dorely Meza Reyes.

«Vienen cosas buenas, muchachos», solía decirnos Sofía como explicación no pedida a los miembros del sindicato, que también empezó a hacer sus juntas en la sede local de la eternamente priísta Confederación de Trabajadores de México (CTM).   No pasó mucho tiempo para que, una mañana de diciembre en 2014, pudiera darse cuenta cada empleado sindicalizado, de los que quedaron tras la merma gradual de la plantilla laboral de Telecable (a la extinción de «Cablecanal», que había iniciado en 1993 como Canal 11  de Tampico, había apenas una cuarta parte de la membresía que llegó a tener el SITATYR en ese centro de trabajo), de que esas cosas buenas anunciadas por ellas eran, si acaso, para la causas muy propia y personal de la lideresa, porque de un solo golpe una docena y media de empleados se quedó sin su fuente laboral.  Al que esto escribe, simple, llana e ilícitamente le habían impedido el paso a la empresa apenas 7 semanas antes, sin que mediara ya no digamos causa justificada, sino explicación alguna ni finiquito o liquidación económica ninguna.  Hubo así violación flagrante a la Ley Federal del Trabajo y a las garantías individuales del empleado, según lo marca la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Pero el propósito era claro: evadir, primero, el pago justo, conforme a derecho y a las prestaciones marcadas en el contrato colectivo entre el patrón y la organización que representaba al trabajador, en este caso el SITATYR.  Y en segundo lugar, viéndolo de manera fría, desde la perspectiva de esa empresa y en el afán de cuidar sus intereses económicos, para Telecable fue aquella la manera más sencilla de ganar tiempo, ya que lo peor que podía pasar era que el empleado cuyos derechos estaban siendo violentados acudiera a interponer una demanda ante Conciliación y Arbitraje, pero el proceso consiguiente tomaría un largo período resolverlo, y en todo ese lapso había dos posibilidades: que el agraviado se fastidiara y desistiera (lo cual no ocurrió), o que «algo» le sucediera a él, ya fuera que enfermara y dejara de habitar más este mundo por ese motivo, o por accidente… en fin.  La probabilidad siempre está latente.  Pero, a Dios gracias, nada de eso ha pasado tampoco.

Al Sitatyr acudieron a afiliarme a mi domicilio, tras ver que a los pocos meses de ingresar a la empresa el propio director general comenzaba a promoverme para otros puestos (un par de ascensos antes del primer año y los correspondientes aumentos salariales), la secretaria general de la Sección 36, Sofía Sandoval Ovando, y el entonces delegado del sindicato en Canal 11 de TV Cable (así se llamó en un inicio), Juan Pérez Ochoa, a quien una década después la misma lideresa le promovió, por su parte, la rápida salida de ese centro de trabajo, después de que él había sido durante años su brazo derecho, y de que por poco y se queda, en una contienda democrática limpia en la que por primera vez estuvo a punto de perder, con el puesto que ella siempre ha ocupado.  El talento y capacidad de Pérez Ochoa lo llevaron en unos cuantos meses, pese a un sucio bloqueo que además se ganó por tal atrevimiento, a ganarse la confianza del equipo de campaña del finado Rodolfo Torre Cantú, y fue a tal grado la habilidad y responsabilidad que demostró, que aún Egidio, quien se desentendió de cuantos colaboradores de su hermano pudo, lo mantuvo como parte de su grupo de comunicación social, donde concluye el sexenio como camarógrafo más cercano.  Para ingresar al sindicato me pidió Sofía, eso sí, una «módica cantidad» en calidad de «préstamo».  Pero ninguno de los asensos o promociones que obtuve en Telecable fueron gracias a gestiones de ella, sino más bien por el desquite de mis emolumentos de la mejor manera, y tampoco ella metió las manos para intervenir a mi favor cuando, en el período más decadente del Canal 11 (Cablecanal), me intentaban fastidiar y entramparme laboralmente algunos gerentes que estuvieron siempre de paso por esa compañía.  Vamos, en un par de ocasiones fue la misma empresa la que terminó «reculando» y dándome mi lugar por iniciativa propia y así convenir a sus intereses, y sin que Sofía, totalmente desentendida del caso de su representado, moviera un solo dedo.  No fui el único al que no defendió: está el caso de 5 exempleados de Cablecanal, dos de ellos reporteros activos actualmente, a los que obligó a firmar un finiquito injusto, que luego apelaron por ello a la dirigencia nacional del SITATYR, y quienes hace cosa de un año obtuvieron ya un fallo favorable con su pago correspondiente.

La tarde del 23 de octubre de 2014, un día antes de que me prohibieran el paso a Telecable en la hora que yo solía iniciar mi jornada laboral, su gerente en aquel entonces y la encargada de Recursos Humanos me mandaron llamar a la oficina del primero.  En el interior estaban también la mencionada Sofía Sandoval Ovando, quien era legalmente mi representante laboral ante la empresa, y el delegado del SITATYR en mi área, Juan Gabriel Herrera Del Ángel.  Cuando el del cargo gerencial me dijo aquello de «por no convenir ya a nuestros intereses te estamos haciendo esa propuesta para que le eches un vistazo», y me mostró un legajo de hojas grapadas donde se me ofrecía sólo una décima parte de lo que me correspondía conforme a derecho y al contrato colectivo que se supone me amparaba, por 17 años y medio de servicios prestados, me negué obviamente a firmarlo, porque además ni siquiera se me dio un solo motivo, una justificación escrita ni oralmente, por la cual me estuvieran echando de mi trabajo.  Antes de retirarme de ahí, les pregunté a una malencarada dirigente sindical y su acompañante si acaso no estaban ahí para defenderme, a lo que, literalmente cruzada de brazos, Sandoval Ovando simplemente alzó los hombros sin abrir la boca.  Me regresé a concluir mi jornada, pero en los dos días que siguieron ya no me dejaron entrar ahí.  «Nos dieron la orden de no dejarte pasar», dijo el personal de vigilancia de Telecable los dos días siguientes cuando me presenté como de costumbre, y así quedó registrado en el material audiovisual grabado con celular que acaba de ser exhibido como testimonial en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.  En ambas ocasiones llamé por teléfono al número de Sofía, esperando no sólo una explicación de su parte, sino que además cumpliera su deber de defenderme  y hacer valer mis derechos, pero sólo la primera vez entró la llamada, y sin escuchar una sola respuesta de su parte, me colgó.  Este año volví a verla: estuvimos cerca el uno del otro mientras yo cubría, como reportero, el acto público que encabezó tras su registro en calidad de candidata ante el IETAM, la ahora presidente municipal electa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra.  Y es que Sofía fue incluida en su planilla y hoy es ya regidora «electa».

Sandoval Ovando está mencionada en la demanda laboral como testigo del despido injustificado de que fui objeto (tan injustificado, que la coartada alegada por los representantes legales de Telecable, desde que inició el proceso, va en el sentido de que a mí jamás me despidieron, y que incluso reconocen mi antigüedad laboral y todos los derechos y prestaciones reclamados por mí en el expediente abierto).  El abogado que me representa pidió la comparecencia de ella y los otros testigos mencionados para interrogarlos en sendas audiencias confesionales.  Dos de ellos, empleados de la empresa al momento de mi despido injustificado, ni siquiera se presentaron en la fecha que les correspondía comparecer.  Pero además, tampoco asistieron a dar su versión las personas que nombró, como supuestos testigos a su favor, el representante legal de la empresa, una falta que deja, en cuanto a esa diligencia del proceso, en calidad de «confesa» a Telecable.  A la actual regidora electa del ayuntamiento de Tampico, Sofía Sandoval Ovando, le toca comparecer como «testigo confesional» ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en septiembre próximo, unos días antes de que asuma el cargo que ostentará, como representante ciudadana (como representante además del «sector obrero», velando por las garantías de los trabajadores), en el cabildo porteño.  La pregunta es: ¿acudirá al llamado, a atender el citatorio que le hace dicha instancia?  Y si lo hace, ¿mentirá?  ¿se arriesgará a mentir, con todas las implicaciones legales que ello conlleva?  ¿o simplemente preferirá no correr tal riesgo la munícipe electa que formará parte de la mayoría priísta en el próximo cuerpo edilicio?

 

Opinión

Tamaulipecos en el Olimpo de la Consultoría Política

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Cuando una campaña logra conectar con el electorado, el reconocimiento suele centrarse en el candidato. Sin embargo, detrás de cada proyecto ganador hay mentes que piensan, diseñan y ejecutan con precisión quirúrgica. En el caso de los Napolitans Victory Awards 2025, los reflectores internacionales apuntaron hacia dos consultores tamaulipecos que rompieron el molde y colocaron el nombre de México en lo más alto: Álvaro Balderas y Erik Nájera.

Ambos fundadores de Solid Media se llevaron tres de las cuatro categorías en disputa en el certamen más prestigioso del mundo en materia de comunicación política, organizado por The Washington Academy of Political Arts & Sciences (WAPAS). Su talento fue reconocido en Excelencia en un Esfuerzo Digital/Tecnológico, Tecnología del Año Aplicada a la Política y Campaña del Año: Movilización de Bases/Campaña de Tierra/Activismo. Tres galardones que no solo confirman su liderazgo, sino también su capacidad para competir al nivel de las grandes firmas globales.

Balderas y Nájera pertenecen a una nueva generación de estrategas que entienden que las victorias electorales no se alcanzan con intuiciones ni discursos, sino con información, análisis y tecnología aplicada. Desde Tamaulipas han desarrollado sistemas propios capaces de medir comportamientos electorales en tiempo real, optimizar la comunicación política y potenciar la movilización ciudadana.

La dupla viajó a Washington, D.C., para representar a México con una propuesta profesional que combina creatividad con rigor técnico. Lo suyo no fue casualidad ni golpe de suerte: detrás hay años de trabajo, innovación constante y un entendimiento profundo del entorno político nacional. Los Napolitans —el equivalente al Oscar de la consultoría política— no se otorgan a promesas, sino a resultados.

El éxito de Solid Media es la evidencia de que la política contemporánea puede profesionalizarse y evolucionar sin perder el sentido ético ni ciudadano. Balderas y Nájera demuestran que, desde el norte del país, también se construyen modelos competitivos y metodologías que marcan tendencia en América Latina.

“Desde Tamaulipas demostramos que sí se puede innovar y competir con lo mejor del mundo”, dijo recientemente Álvaro Balderas, CEO de Solid Media. La frase resume una visión moderna y pragmática: hacer política con inteligencia, comunicar con precisión y construir confianza a partir de la verdad.

El reconocimiento internacional es, en sí mismo, un punto de inflexión para la industria mexicana de la consultoría política. Con estos premios, Balderas y Nájera no solo consolidan su reputación, sino que abren una puerta para que más talento nacional irrumpa en el mapa global de la estrategia electoral.

En la intimidad… La pistola con la que presuntamente asesinaron a Carlos Manzo fue identificada preliminarmente como una Beretta modelo 92, calibre 9 mm. La Fiscalía de Michoacán deberá esclarecer si perteneció a alguna corporación militar o de las fuerzas federales.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, el arma ya fue asegurada, pero el hallazgo plantea una línea de investigación relevante: determinar si esa pistola pertenece o perteneció a una institución oficial. De ser así, se abriría un nuevo capítulo sobre el posible tráfico interno de armamento o la complicidad de estructuras oficiales con grupos criminales.

Los peritos en balística deberán garantizar la cadena de custodia, restaurar el número de serie —que habría sido borrado— y cotejar los datos con los registros de armas de las fuerzas policiales y militares. Ese proceso permitirá vincular los hallazgos con el expediente del homicidio del alcalde de Uruapan

El hecho de que el arma pudiera tener un origen institucional pone en duda los mecanismos de control y resguardo de armamento del Estado, más de seis años después del inicio de la llamada Cuarta Transformación.

El seguimiento del caso debe realizarse con absoluta transparencia. La ciudadanía de Uruapan y de todo el país necesita certeza sobre si ese crimen se cometió con recursos del Estado o si el arma fue desviada de una corporación oficial. El país no soporta más silencios ni simulaciones en torno a la violencia política.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

El precio de una paz equívoca y desigual

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Las imágenes de las favelas de Río de Janeiro tomadas desde el aire son tan potentes como dolorosas: techos de lámina, calles estrechas, humo, y el eco de los disparos que dejaron más de sesenta personas muertas en una sola jornada.
Una nueva masacre, una más en el largo historial de “operativos” que prometen devolver la seguridad, pero terminan repitiendo el mismo guion: cuerpos caídos en los márgenes, comunidades heridas y una justicia que nunca llega.
La reciente incursión en los complejos del Alemão y da Penha involucró a más de dos mil quinientos agentes. El objetivo oficial era desmantelar redes del narcotráfico, pero los resultados recuerdan más a una guerra interna que a una acción de seguridad pública. En Brasil, estas operaciones han sido justificadas por años como “necesarias”, aunque en la práctica se convierten en castigos colectivos sobre los más pobres. Y esa tendencia no es ajena a la región.
En gran parte de América Latina, la promesa de “recuperar la seguridad” se ha convertido en una excusa para normalizar la violencia institucional. Desde las favelas de Río hasta los barrios populares de San Salvador, el patrón se repite: políticas que priorizan el control y el miedo, mientras relegan la inversión social, la educación y las oportunidades. Lo que se presenta como una estrategia de orden, muchas veces encubre la renuncia del Estado a garantizar derechos de manera integral.
Cuando la policía entra disparando a zonas donde el Estado nunca llegó con escuelas o centros de salud, el mensaje es claro: para algunos, la presencia del Estado solo se manifiesta a través del uso de la fuerza. El problema no es la búsqueda de seguridad, sino el tipo de seguridad que estamos construyendo. Una seguridad entendida como eliminación del otro, no como construcción de comunidad.
Esta construcción ya se vio antes en las comunas de Colombia y hoy décadas después los estragos aún son palpables, recordando que la violencia nunca será el camino y la construcción de paz es una urgencia necesaria pero de nada sirve si esta se obtiene mediante la violencia y el uso constante de armas.
Las consecuencias en derechos humanos son profundas. Las familias viven bajo un miedo permanente; los jóvenes crecen estigmatizados por el solo hecho de nacer donde nacieron; y las mujeres, que cargan con la reconstrucción cotidiana tras cada operativo, quedan invisibles en las estadísticas.
Cada muerte sin investigación, cada detención arbitraria, cada allanamiento sin orden judicial erosiona no sólo la ley, sino la confianza colectiva.
El Salvador es el otro espejo. Su régimen de excepción ha sido presentado como un “modelo de éxito” por la reducción de homicidios, pero detrás de las cifras hay más de ochenta mil detenciones, miles de denuncias por tortura, muertes bajo custodia y un retroceso preocupante en libertades básicas. No hay democracia que pueda sostenerse si la paz se construye sobre el miedo.
México debería mirar con atención estos ejemplos antes de repetirlos. La tentación de militarizar la seguridad o de asumir que el fin justifica los medios siempre aparece en contextos de desesperación. Pero una política que sacrifica derechos en nombre de la paz, termina tarde o temprano, sacrificando también la paz misma.
El país necesita estrategias integrales que vayan más allá de la fuerza: inversión en comunidades, fortalecimiento policial civil, programas de reinserción que contemplen también la justicia restaurativa, transparencia judicial y, sobre todo, una visión de seguridad centrada en las personas, no en los territorios
conquistados.
La verdadera seguridad se mide no por el número de arrestos o de operativos exitosos, sino por la cantidad de vidas que logra preservar.
Mirar a las favelas brasileñas no debería servir para señalar con distancia, sino para anticipar lo que puede ocurrir cuando la desigualdad se combina con la impunidad y la política renuncia al diálogo. Que esa masacre nos recuerde que cada operativo que olvida los derechos humanos no es una victoria contra el crimen, sino una derrota del Estado.

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Erosión en Tamaulipas 

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A tres años del gobierno de Américo Villarreal Anaya, los tamaulipecos esperaban que el compromiso de “servir con honor, lealtad e irrestricta conducta” se reflejara en los 43 municipios. Pero la realidad es otra. La podredumbre burocrática se extiende como humedad en paredes viejas, sin distinción de siglas ni colores, desde los despachos estatales hasta las oficinas municipales. En Tamaulipas, al servicio público todavía hay quien lo ve como sinónimo de conveniencia personal y desdén ciudadano.  

En Ciudad Madero, el ejemplo es claro y bochornoso. Erasmo González Robledo, quien podría presumir -sin duda- el currículum más sólido entre los alcaldes en funciones, carga ya con una reputación tambaleante. Su gobierno es un escenario donde la autoridad se evapora, la investidura se pisotea y la disciplina institucional parece un recuerdo remoto.  

El caso de la directora de Deportes, Jade Yáñez Rodríguez, expone sin matices el verdadero rostro de la administración maderense; para ella, es más importante acudir al foro: “Diálogos sobre la Reforma Electoral», que seguir atendiendo las necesidades de la sociedad deportiva maderense, ya que este jueves simplemente abandonó su encomienda como funcionaria municipal   

La joven Jade, volvió a dejar claro que la dirección que encabeza le sirve como título, no como responsabilidad. Mientras los espacios deportivos agonizan en abandono y la juventud maderense espera resultados, así, Yáñez busca reflectores en foros de alcance federal, moviéndose bajo una agenda que nada tiene que ver con el gobierno local.  

El mensaje es evidente: en el Ayuntamiento de Madero, las ausencias no se sancionan, se aplauden. Lo grave no es solo su protagonismo fuera del marco institucional, sino la impunidad con que actúa, como si el proyecto municipal fuese accesorio, prescindible. Cada aparición pública suya, ajena a la investidura que debiera representar, es una bofetada a la autoridad del “alcalde”, pero que digo al alcalde, a los maderneses.

Erasmo González Robledo vuelve a quedar en calidad de figura decorativa. Sus colaboradores no solo se ausentan, sino que lo hacen públicamente, exhibiendo con quién están y a quién obedecen. Lo de Jade Yáñez no es un error, es una elección. Su compromiso no está en el gobierno municipal, sino en los intereses de un andamiaje político vinculado al poderoso sindicato petrolero.  

Así se entienden los proyectos truncos, las obras que no aterrizan y la desconfianza creciente de los ciudadanos. Un alcalde que soñó con trascender, que fue capaz de reunir en la campaña a Dios con el diablo para llegar a la presidencia, hoy observa cómo su gobierno se diluye entre neófitos y oportunistas.  

En la intimidad… Mientras en Madero la investidura se degrada, hay servidores públicos que aún entienden el valor de la institucionalidad. Tania Gisela Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, ofreció una lección de altura política y de madurez democrática.  

Durante su participación en el foro convocado en el Gimnasio Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Tampico, mostró respeto por la pluralidad y el equilibrio entre poderes. En un gesto que muchos pasaron por alto, distinguió a la bancada opositora en el Congreso del Estado, representada por el diputado tampiqueño Pepe Schekaiban, y dio su lugar al sector empresarial, reconociendo su importancia en el desarrollo sostenido de Tamaulipas, pese a que en los últimos años ese sector ha sido representado por figuras ciegas, mudas y sordas.  

Tania tuvo una convocatoria plural e inédita. Reunió a líderes sindicales, estudiantiles y académicos, entre ellos a la doctora Elda Ruth De Los Reyes Villarreal, una de las figuras universitarias más queridas del sur de Tamaulipas.  

En sus propias palabras: “Fue un espacio plural para compartir ideas y construir juntos una democracia más participativa y cercana a la gente. Coincidimos en que el diálogo siempre es el camino para avanzar”.  

Una frase sencilla, pero cargada de contenido. Una lección para quienes creen que gobernar se trata de figurar, y no de servir. Porque mientras unos se fugan detrás de los reflectores, otros, desde la sobriedad institucional, siguen recordando que la política —cuando se hace bien— aún puede dignificar.

davidcastellanost@hotmail.com

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El corazón a la izquierda, y allí mismo la UAT

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Al fin la educación pública ha vuelto a ocupar el centro de la conversación nacional. En la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior para la Transformación de México. Un encuentro que, más allá de la foto protocolaria, busca cimentar una nueva ruta para el sistema educativo del país.

Entre los asistentes destacó la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, quien, en sintonía con el proyecto educativo nacional, refrendó el compromiso institucional con la formación de profesionistas críticos, conscientes y solidarios… críticos. La reunión congregó a los principales líderes académicos del país y a figuras clave del gabinete federal, como la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz.

La propuesta de Sheinbaum Pardo no es menor: construir una política educativa basada en la equidad, el acceso universal y la justicia social. La creación de la plataforma Saberes MX representa un paso hacia la democratización del conocimiento, abriendo la posibilidad de un aprendizaje continuo y accesible para todos.

El reto, sin embargo, está en transformar esa visión en resultados tangibles dentro de las aulas y los campus universitarios. La educación pública mexicana ha sobrevivido a décadas de abandono, burocracia y desigualdad, pero, los años más graves  han sido irónicamente los primeros seis años de la 4T, por eso, hoy se requiere más que discursos y buenas intenciones; se necesita voluntad política y una administración eficiente que garantice recursos, infraestructura y acompañamiento pedagógico; rubros que no se han dejado ver del todo.

En Tamaulipas, la UAT carga con el peso de ser la institución más representativa del estado. Su papel dentro de esta nueva etapa educativa será clave para traducir los lineamientos federales en estrategias regionales que beneficien realmente a los estudiantes. El respaldo del rector Dámaso Anaya al proyecto nacional es un mensaje claro de alineamiento institucional, pero también una oportunidad para fortalecer la autonomía universitaria con sentido social.

El camino de la transformación educativa pasa necesariamente por las universidades públicas. En ellas descansa la esperanza de un país más justo y preparado para enfrentar los desafíos de la modernidad.

En la intimidad… Mientras el rector Dámaso Anaya representaba a la UAT en la capital del país, en Ciudad Victoria, el gobernador Américo Villarreal presidía la sesión del Consejo Consultivo de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, donde reiteró su compromiso con el desarrollo del Puerto del Norte en Matamoros.

Acompañado por la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, y el director general de la API Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández, el mandatario destacó el valor estratégico de este proyecto que busca convertir a Tamaulipas en la principal frontera marítima de México.

Durante la reunión, consejeros y empresarios coincidieron en que el puerto vive su momento más prometedor. Eduardo Garza Robles subrayó que Tamaulipas está en condiciones de convertirse en el gran eje logístico del país, gracias a la conjunción de su infraestructura terrestre y marítima.

Teodoro Zamudio Moreno recordó que, después de más de dos décadas de abandono, el puerto volvió a recibir embarcaciones en agosto, logro que atribuyó al liderazgo de Villarreal Anaya. Luz Alicia Iturbe De Garay celebró que por fin se haya reactivado una infraestructura que llevaba más de 20 años sin operar.

El gobernador cerró la sesión con una frase que resume su visión: “Tamaulipas tiene todo y es momento de que también progrese”. En la intimidad del Salón Independencia, el mensaje resonó con fuerza entre los presentes: el desarrollo marítimo del estado ya no es un anhelo, sino una tarea en marcha.

davidcastellanost@hotmail.com
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