En septiembre de 1991, cuando este columnista inició su carrera en los medios informativos por el abrazo y hospitalidad de mi ahora gran amigo Héctor Vázquez Gutiérrez, director general de la revista Sucesos de Tamaulipas (que se edita en la frontera), y entonces gerente de producción del periódico que a la sazón se llamaba El Diario de Tampico, tuve la fortuna de conocer a Sofía Sandoval Ovando, ya por aquellas fechas secretaria general de la Sección 36 del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana (Sitatyr). Recuerdo que inició ahí una amistad cercana con ella, sempiterna operadora de la estación radiofónica que inicialmente se llamó «Superestelar», y con otra muy entrañable y estimada compañera que tenía el mismo puesto, pero en una difusora que perteneció también a esa empresa, y que un par de décadas después fue adquirida por el grupo Imagen. Esa otra gran amiga, lamentablemente, ya falleció, y siendo aún joven. Pero la anteriormente citada dirigente sindical no sólo continúa estando al frente de la dirigencia seccional del SITATYR, cuya membresía se ha visto disminuida considerablemente conforme pasa el tiempo debido al recorte masivo de personal sindicalizado en cada empresa del sur de Tamaulipas donde tiene presencia. Sofía, en contraste, sigue ahí, y ahora más fuerte que nunca: en los últimos diez años comenzó a tener una incursión más directa en la política local, una cercanía que adquirió el carácter de relación-compromiso desde el segundo período como alcalde de Fernando Azcárraga López. En aquellos años, a más de una junta sindical de las que convocaba anualmente, invitó para estar ahí al ex presidente municipal de Tampico, específicamente en época de campaña electoral. Cuando aún se tomaba Sandoval Ovando la molestia de organizar reuniones de fin de año (con las cuotas retenidas a los trabajadores afiliados, por supuesto) para el personal de Telecable Tampico, donde trabajé durante 17 años y medio de forma ininterrumpida, comenzó a llevar, como acompañante, a la actual regidora y en algún tiempo secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI en esta ciudad y puerto, Dorely Meza Reyes.

«Vienen cosas buenas, muchachos», solía decirnos Sofía como explicación no pedida a los miembros del sindicato, que también empezó a hacer sus juntas en la sede local de la eternamente priísta Confederación de Trabajadores de México (CTM). No pasó mucho tiempo para que, una mañana de diciembre en 2014, pudiera darse cuenta cada empleado sindicalizado, de los que quedaron tras la merma gradual de la plantilla laboral de Telecable (a la extinción de «Cablecanal», que había iniciado en 1993 como Canal 11 de Tampico, había apenas una cuarta parte de la membresía que llegó a tener el SITATYR en ese centro de trabajo), de que esas cosas buenas anunciadas por ellas eran, si acaso, para la causas muy propia y personal de la lideresa, porque de un solo golpe una docena y media de empleados se quedó sin su fuente laboral. Al que esto escribe, simple, llana e ilícitamente le habían impedido el paso a la empresa apenas 7 semanas antes, sin que mediara ya no digamos causa justificada, sino explicación alguna ni finiquito o liquidación económica ninguna. Hubo así violación flagrante a la Ley Federal del Trabajo y a las garantías individuales del empleado, según lo marca la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero el propósito era claro: evadir, primero, el pago justo, conforme a derecho y a las prestaciones marcadas en el contrato colectivo entre el patrón y la organización que representaba al trabajador, en este caso el SITATYR. Y en segundo lugar, viéndolo de manera fría, desde la perspectiva de esa empresa y en el afán de cuidar sus intereses económicos, para Telecable fue aquella la manera más sencilla de ganar tiempo, ya que lo peor que podía pasar era que el empleado cuyos derechos estaban siendo violentados acudiera a interponer una demanda ante Conciliación y Arbitraje, pero el proceso consiguiente tomaría un largo período resolverlo, y en todo ese lapso había dos posibilidades: que el agraviado se fastidiara y desistiera (lo cual no ocurrió), o que «algo» le sucediera a él, ya fuera que enfermara y dejara de habitar más este mundo por ese motivo, o por accidente… en fin. La probabilidad siempre está latente. Pero, a Dios gracias, nada de eso ha pasado tampoco.

Al Sitatyr acudieron a afiliarme a mi domicilio, tras ver que a los pocos meses de ingresar a la empresa el propio director general comenzaba a promoverme para otros puestos (un par de ascensos antes del primer año y los correspondientes aumentos salariales), la secretaria general de la Sección 36, Sofía Sandoval Ovando, y el entonces delegado del sindicato en Canal 11 de TV Cable (así se llamó en un inicio), Juan Pérez Ochoa, a quien una década después la misma lideresa le promovió, por su parte, la rápida salida de ese centro de trabajo, después de que él había sido durante años su brazo derecho, y de que por poco y se queda, en una contienda democrática limpia en la que por primera vez estuvo a punto de perder, con el puesto que ella siempre ha ocupado. El talento y capacidad de Pérez Ochoa lo llevaron en unos cuantos meses, pese a un sucio bloqueo que además se ganó por tal atrevimiento, a ganarse la confianza del equipo de campaña del finado Rodolfo Torre Cantú, y fue a tal grado la habilidad y responsabilidad que demostró, que aún Egidio, quien se desentendió de cuantos colaboradores de su hermano pudo, lo mantuvo como parte de su grupo de comunicación social, donde concluye el sexenio como camarógrafo más cercano. Para ingresar al sindicato me pidió Sofía, eso sí, una «módica cantidad» en calidad de «préstamo». Pero ninguno de los asensos o promociones que obtuve en Telecable fueron gracias a gestiones de ella, sino más bien por el desquite de mis emolumentos de la mejor manera, y tampoco ella metió las manos para intervenir a mi favor cuando, en el período más decadente del Canal 11 (Cablecanal), me intentaban fastidiar y entramparme laboralmente algunos gerentes que estuvieron siempre de paso por esa compañía. Vamos, en un par de ocasiones fue la misma empresa la que terminó «reculando» y dándome mi lugar por iniciativa propia y así convenir a sus intereses, y sin que Sofía, totalmente desentendida del caso de su representado, moviera un solo dedo. No fui el único al que no defendió: está el caso de 5 exempleados de Cablecanal, dos de ellos reporteros activos actualmente, a los que obligó a firmar un finiquito injusto, que luego apelaron por ello a la dirigencia nacional del SITATYR, y quienes hace cosa de un año obtuvieron ya un fallo favorable con su pago correspondiente.

La tarde del 23 de octubre de 2014, un día antes de que me prohibieran el paso a Telecable en la hora que yo solía iniciar mi jornada laboral, su gerente en aquel entonces y la encargada de Recursos Humanos me mandaron llamar a la oficina del primero. En el interior estaban también la mencionada Sofía Sandoval Ovando, quien era legalmente mi representante laboral ante la empresa, y el delegado del SITATYR en mi área, Juan Gabriel Herrera Del Ángel. Cuando el del cargo gerencial me dijo aquello de «por no convenir ya a nuestros intereses te estamos haciendo esa propuesta para que le eches un vistazo», y me mostró un legajo de hojas grapadas donde se me ofrecía sólo una décima parte de lo que me correspondía conforme a derecho y al contrato colectivo que se supone me amparaba, por 17 años y medio de servicios prestados, me negué obviamente a firmarlo, porque además ni siquiera se me dio un solo motivo, una justificación escrita ni oralmente, por la cual me estuvieran echando de mi trabajo. Antes de retirarme de ahí, les pregunté a una malencarada dirigente sindical y su acompañante si acaso no estaban ahí para defenderme, a lo que, literalmente cruzada de brazos, Sandoval Ovando simplemente alzó los hombros sin abrir la boca. Me regresé a concluir mi jornada, pero en los dos días que siguieron ya no me dejaron entrar ahí. «Nos dieron la orden de no dejarte pasar», dijo el personal de vigilancia de Telecable los dos días siguientes cuando me presenté como de costumbre, y así quedó registrado en el material audiovisual grabado con celular que acaba de ser exhibido como testimonial en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En ambas ocasiones llamé por teléfono al número de Sofía, esperando no sólo una explicación de su parte, sino que además cumpliera su deber de defenderme y hacer valer mis derechos, pero sólo la primera vez entró la llamada, y sin escuchar una sola respuesta de su parte, me colgó. Este año volví a verla: estuvimos cerca el uno del otro mientras yo cubría, como reportero, el acto público que encabezó tras su registro en calidad de candidata ante el IETAM, la ahora presidente municipal electa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra. Y es que Sofía fue incluida en su planilla y hoy es ya regidora «electa».

Sandoval Ovando está mencionada en la demanda laboral como testigo del despido injustificado de que fui objeto (tan injustificado, que la coartada alegada por los representantes legales de Telecable, desde que inició el proceso, va en el sentido de que a mí jamás me despidieron, y que incluso reconocen mi antigüedad laboral y todos los derechos y prestaciones reclamados por mí en el expediente abierto). El abogado que me representa pidió la comparecencia de ella y los otros testigos mencionados para interrogarlos en sendas audiencias confesionales. Dos de ellos, empleados de la empresa al momento de mi despido injustificado, ni siquiera se presentaron en la fecha que les correspondía comparecer. Pero además, tampoco asistieron a dar su versión las personas que nombró, como supuestos testigos a su favor, el representante legal de la empresa, una falta que deja, en cuanto a esa diligencia del proceso, en calidad de «confesa» a Telecable. A la actual regidora electa del ayuntamiento de Tampico, Sofía Sandoval Ovando, le toca comparecer como «testigo confesional» ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en septiembre próximo, unos días antes de que asuma el cargo que ostentará, como representante ciudadana (como representante además del «sector obrero», velando por las garantías de los trabajadores), en el cabildo porteño. La pregunta es: ¿acudirá al llamado, a atender el citatorio que le hace dicha instancia? Y si lo hace, ¿mentirá? ¿se arriesgará a mentir, con todas las implicaciones legales que ello conlleva? ¿o simplemente preferirá no correr tal riesgo la munícipe electa que formará parte de la mayoría priísta en el próximo cuerpo edilicio?

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Opinión

Huachicol fiscal, la evolución del crimen

Publicado

hace 8 horas

20 julio, 2026

Por

Redacción

Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en una red de huachicol fiscal ha colocado nuevamente la palabra «huachicol» en la conversación pública.

Sin embargo, el verdadero valor de este caso no radica únicamente en la relevancia política del personaje involucrado, sino en la oportunidad para entender cómo ha evolucionado una de las economías ilícitas más rentables del país.

Durante años, el término huachicol evocó una imagen muy específica: tomas clandestinas, ductos perforados y combustible robado directamente a Pemex. Ese fenómeno sigue existiendo y continúa generando pérdidas importantes para la empresa productiva del Estado.

No obstante, el crimen organizado ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Hoy, una parte del negocio ya no depende de perforar un ducto, sino de manipular documentos, aprovechar vacíos regulatorios y utilizar estructuras empresariales para evadir impuestos.

A esa modalidad se le conoce como huachicol fiscal. En términos generales, consiste en introducir combustibles al país declarándolos bajo una clasificación distinta, como aceites, lubricantes u otros derivados, para evitar el pago de impuestos, particularmente del IEPS. El combustible termina comercializándose como gasolina o diésel, pero con una ventaja de precio obtenida mediante evasión fiscal y contrabando.

La diferencia no es menor. Mientras el huachicol tradicional requiere controlar territorio y operar con violencia visible, el huachicol fiscal exige conocimientos de comercio exterior, logística, aduanas, facturación y redes empresariales. Es un delito menos espectacular, pero potencialmente más sofisticado.

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Especialistas del sector energético estiman que el combustible introducido ilegalmente puede representar entre el 30% y el 40% del mercado nacional de gasolinas y diésel, con pérdidas para el erario superiores a 150 mil millones de pesos anuales. Por su parte, el secretario de Hacienda ha señalado que el huachicol fiscal representa una amenaza que podría costar alrededor de 70 mil millones de pesos al año en recaudación, mientras que distintas autoridades reconocen que aún existe debate sobre el
monto total del daño económico.

En ese contexto debe entenderse el caso Ruffo. La investigación de la Fiscalía no gira alrededor del robo físico de combustible, sino de una presunta red de contrabando y evasión fiscal vinculada con importaciones irregulares de hidrocarburos. Entre los aseguramientos asociados a la investigación se encuentran más de 15 millones de litros de combustible y decenas de autotanques, uno de los mayores decomisos registrados en este tipo de operaciones. Como corresponde en un Estado de derecho, la responsabilidad penal de los involucrados deberá ser determinada por los tribunales y no por la opinión pública.

Más allá de este expediente, el mensaje es claro: el crimen organizado también evoluciona.

Aprende de regulación fiscal, de comercio internacional y de estructuras corporativas. En lugar de esconderse únicamente en zonas rurales o instalaciones clandestinas, puede operar entre facturas, pedimentos aduanales y cadenas logísticas aparentemente legales.

Ese cambio obliga también a transformar la respuesta del Estado. Combatir el huachicol ya no consiste únicamente en vigilar ductos o desplegar fuerzas de seguridad. Exige fortalecer las aduanas, mejorar la inteligencia financiera, compartir información entre autoridades fiscales y aduaneras, y desarrollar capacidades para seguir el rastro del dinero con el mismo rigor con el que antes se buscaban tomas clandestinas.

Quizá esa sea la principal enseñanza del caso. Los delitos de alto impacto rara vez son tan simples como parecen en los titulares. Detrás de un nombre conocido suele existir una estructura mucho más amplia que involucra incentivos económicos, fallas institucionales y redes de operación cada vez más sofisticadas.

Entender ese contexto no significa prejuzgar a nadie; significa comprender que, para enfrentar los desafíos actuales, debemos mirar más allá del personaje del momento y concentrarnos en la evolución del fenómeno que hace posible estos delitos.

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Opinión

Un aplauso por cada kilómetro ampliado o construido

Publicado

hace 5 días

15 julio, 2026

Por

David Castellanos Terán

La industria sin chimeneas tiene esa gran virtud que pocos sectores económicos poseen: Tiene la “V” de vuelta que todos quisieran para recuperar con rapidez lo que se invierte correctamente.

El turismo regresa con cada peso destinado a infraestructura, promoción o conectividad, y suele hacerlo multiplicado en empleo, consumo y desarrollo regional. Por eso, muchas gracias a la CONCANACO SERVYTUR por reconocer el trabajo realizado en Tamaulipas; por supuesto que sería absurdo minimizarlo.

Que el Estado haya generado casi mil millones de pesos durante una sola campaña comercial habla de un mercado turístico vivo, competitivo y con capacidad de crecer, y que empresarios nacionales reconozcan el liderazgo institucional, también está chido.

Pero me recuerda aquellos regaños que me ganaba de mi mamá cuando llegaba muy contento a presumirle que había sacado un 10 en Civismo y que no me habían suspendido ni ganado un citatorio por mala conducta en todo el bimestre. Y hoy en la adultez —por cierto, igual de inmadura que en mi infancia— medito y reconozco cómo no se iba a enojar doña Maricel si estudiar era lo único a lo que me dedicaba. Ir a la escuela, para obtener una calificación aprobatoria, es lo menos que podría darle a mi señora madre.

Así precisamente al Gobierno de Tamaulipas, no porque las cifras sean alentadoras significa que ya aprobaron el semestre, no, por el contrario, para eso están y por eso hoy existe la obligación de elevar la conversación.

Perfecto, allí está el reconocimiento, pero, al paso de los meses, va a terminar convertido en un recuerdo más en fotografías o PDF, sin embargo, la infraestructura permanece durante generaciones.

¿Qué legado turístico dejará esta administración cuando concluya su mandato?

Tampico presume una de las playas urbanas más visitadas del golfo de México. Miramar rompe récords prácticamente cada temporada vacacional. Sin embargo, conforme aumenta el flujo de visitantes, también crecen las exigencias que la infraestructura todavía no alcanza a resolver, y la hediondez impregna las fosas nasales.

La zona costera necesita un sistema hidrosanitario moderno que acompañe ese crecimiento. No basta con mantener limpia la playa. No, el turismo sostenible no se construye con campañas publicitarias.

Se construye debajo de la tierra, en tuberías, plantas de tratamiento, colectores pluviales, vialidades y servicios públicos capaces de soportar una economía turística permanente.

Pero el sur no es exclusivo; lo mismo ocurre en el resto del estado.

Todos hablan de Aldama como el nuevo paraíso de los cenotes. Las imágenes recorren redes sociales y las recomendaciones se multiplican. Pero llegar sigue representando una travesía que poco corresponde al potencial del destino.

El Cerro del Bernal continúa siendo una de las postales naturales más impresionantes del noreste mexicano, aunque los accesos carreteros todavía no reflejan la importancia turística que podría alcanzar.

La Biosfera El Cielo posee reconocimiento internacional por su biodiversidad. Sin embargo, el reto continúa siendo el mismo desde hace décadas: facilitar el acceso sin comprometer la conservación ambiental.

Tula conserva el prestigio de Pueblo Mágico; Mier trabaja para consolidarse; Gómez Farías, Hidalgo y González aspiran legítimamente a incorporarse a esa lista, pero…. ¡va!

Ahí es donde Tamaulipas necesita pensar menos en el siguiente periodo gubernamental y más en los siguientes cincuenta años.

Porque Cancún no nació de una campaña de promoción.

Nació de un proyecto integral donde primero llegaron carreteras, aeropuertos, agua potable, drenaje sanitario, electricidad y planeación urbana.

Después llegaron los turistas.

Tamaulipas posee playas, naturaleza, gastronomía, historia, reservas ecológicas, pesca deportiva, turismo religioso y aventura.

Lo tiene prácticamente todo.

Lo que falta es convertir ese potencial en infraestructura permanente.

Los 929 millones de pesos generados durante La Gran Escapada demuestran que existe mercado.

Ahora corresponde construir las condiciones para que esa derrama deje de depender exclusivamente de temporadas vacacionales y se convierta en una actividad económica constante durante los doce meses del año.

Los gobiernos suelen celebrar ocupaciones hoteleras.

Los estadistas construyen destinos.

Esa es la diferencia… aquí todavía está al alcance de Tamaulipas.

En la intimidad… Los resultados de la estrategia de seguridad también merecen una lectura sin consignas. Entre enero de 2025 y junio de 2026 fueron asegurados más de 1.5 toneladas de metanfetamina, 1.05 toneladas de fentanilo, además de cocaína, cristal, marihuana, 1,090 armas de fuego, más de 166 mil cartuchos, 71 vehículos blindados artesanales y se concretó la detención de 1,805 personas.

Tampoco son decomisos dirigidos únicamente al consumo local. El volumen de metanfetamina y fentanilo revela una estrategia enfocada sobre las rutas del narcotráfico que alimentan el mercado estadounidense, justamente el principal punto de presión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Detrás de esos números existe un cambio evidente en la coordinación entre el Gobierno de México y Tamaulipas. La instrucción federal de fortalecer el combate a las drogas sintéticas encontró ejecución operativa en el estado y hoy los resultados comienzan a reflejarse en decomisos que afectan directamente la estructura financiera de las organizaciones criminales.

En seguridad, como en turismo, los resultados no se defienden con discursos.

Se sostienen todos los días.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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Opinión

Por lo menos se ven las ganas

Publicado

hace 6 días

14 julio, 2026

Por

David Castellanos Terán

Cuántas veces hemos visto políticos enanitos que imaginan “el poder”; va acorde al tamaño del escritorio nuevo perrón que mandan comprar, pero también los superfuncionarios que, mientras más anillos de seguridad les rodean, más chidos se sienten, y claro, están aquellos de perfil bajo con resultados óptimos.

Esta semana, el gobierno de Américo Villarreal puso sobre el asfalto una inversión de más de 125 millones de pesos convertida en ruedas, motores y maquinaria; ah, pero además de todo, la presente administración estatal presume una deuda menor a la heredada.

Es bueno que Américo Villarreal Anaya y compañía vean el patrimonio público como un organismo vivo y no como una colección de bienes inventariados; por eso, no hay duda de que toda esta inversión en bienes materiales será puesta en marcha para mejorar cada rincón de Tamaulipas y la seguridad de los 43 municipios del estado, porque de lo contrario los vehículos hoy entregados un día aparecerán con una calcomanía que dirá: “Son puro cuento y boletines”. Recuerden, los fierros, al final, terminan delatando a sus dueños.

Si trabajan, cuentan una historia de servicio.

Si permanecen inmóviles, terminan siendo esculturas muy costosas de la burocracia.

En la intimidad… Como parte de las acciones orientadas a enriquecer la formación profesional de las y los estudiantes, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, acompañó a un grupo de jóvenes universitarios en una jornada académica realizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante su estancia en el máximo tribunal del país, la comitiva universitaria y el rector fueron recibidos por el ministro Irving Espinosa Betanzo, quien brindó la bienvenida a las y los jóvenes y ofreció una perspectiva directa sobre las deliberaciones que definen el rumbo constitucional de México.

Esta visita tuvo como objetivo fortalecer el perfil jurídico del estudiantado de la carrera de Derecho, al vincular el conocimiento teórico con la práctica, permitiendo a las y los alumnos observar el funcionamiento de la estructura judicial y analizar criterios constitucionales que sientan precedentes en el marco legal vigente.

Además de ser una jornada de experiencias formativas, la actividad es parte de las estrategias impulsadas por la administración del rector Dámaso Anaya, orientadas a elevar la calidad educativa, promover el respeto al Estado de Derecho y facilitar a las y los futuros profesionistas espacios de diálogo fuera del aula en las instituciones más importantes del país.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

Si trabajan, cuentan una historia de servicio.

Si permanecen inmóviles, terminan siendo esculturas muy costosas de la burocracia.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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Opinión

Ni moda, ni tendencia, los derechos no son negociables

Publicado

hace 1 semana

13 julio, 2026

Por

Redacción

Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

En los últimos años, voces conservadoras como la de Charlie Kirk han vuelto a poner sobre la mesa una idea latente en grupos conservadores: que el avance de las mujeres habría ido demasiado lejos y que sería deseable regresar a un orden más “natural”, más doméstico y más obediente. Cuando alguien sugiere que las mujeres deberían renunciar a derechos conquistados; educación, trabajo remunerado, autonomía económica, participación política, no está defendiendo una simple preferencia moral. Está proponiendo una jerarquía social. Y eso
importa, porque los derechos no son un accesorio ideológico ni una moda generacional: son la base mínima de la libertad.

El fenómeno de las tradwives es la versión más estética de ese retroceso. En TikTok e Instagram abundan videos de mujeres que presentan la vida doméstica como una promesa de plenitud: cocinar, cuidar, obedecer, sostener el hogar mientras el hombre provee. No hay nada ilegítimo en que una mujer elija quedarse en casa; el problema aparece cuando esa elección se vende como destino ideal para todas. Los datos ayudan a poner el debate en perspectiva: según la Organización Internacional del Trabajo), las mujeres realizan alrededor del 76% del trabajo de cuidados no remunerado en el mundo, y el Banco Mundial estima que su participación en la fuerza laboral global ronda el 47%, frente a más del 70% en los hombres.

Es decir, la “vuelta al hogar” no ocurre en un vacío romántico, sino en un contexto donde el trabajo doméstico ya recae de forma desproporcionada sobre ellas.

Por eso tantas mujeres se oponen a esta narrativa. No porque desprecien la maternidad o la vida familiar, sino porque entienden que el feminismo no obligó a nadie a salir de casa: amplió el menú de opciones. Antes de las conquistas legales del siglo XX, millones de mujeres no podían votar, estudiar libremente, administrar sus bienes o aspirar a una independencia económica real. Hoy, la brecha salarial global sigue siendo de alrededor del 20%, lo que demuestra que la igualdad formal todavía no se traduce en igualdad material. Defender derechos no significa imponer carreras profesionales; significa garantizar que ninguna mujer dependa por completo de la voluntad de otro para vivir.

La idealización tradwife también oculta costos muy concretos. La dependencia económica limita la capacidad de salir de una relación abusiva, de ahorrar para la vejez o de enfrentar una crisis familiar sin quedar desprotegida. La OMS calcula que una de cada tres mujeres sufrirá violencia física o sexual a lo largo de su vida; en ese contexto, tener ingresos propios se vuelve una necesidad. Los videos de cocinas impecables y matrimonios perfectos rara vez muestran esa realidad.

Tampoco muestran el trabajo invisible que sostiene esa estética: horas de cuidado, limpieza, organización y renuncia personal que casi nunca se monetizan ni se reconocen.

El peligro se agrava porque internet convierte estas ideas en contenido aspiracional. Un estudio publicado en Science en 2018 mostró que las noticias falsas se difunden más rápido y más lejos que las verdaderas en redes sociales; no es difícil entender por qué los mensajes emocionales, nostálgicos o provocadores encuentran tanto terreno fértil. Los algoritmos premian el engagement, no la complejidad. Así, una visión profundamente desigual puede
presentarse como estilo de vida chic, como si la subordinación fuera una elección sofisticada y no una pérdida de poder. Cuando figuras públicas con gran alcance normalizan ese discurso, no solo opinan: moldean el sentido común.

Defender los derechos de las mujeres no implica despreciar el hogar, la maternidad o el matrimonio. Implica recordar que ninguna de esas decisiones debe convertirse en obligación, ni en un mandato o rol único. Una sociedad libre es aquella en la que cada quien decide su futuro sin invalidar las elecciones de otra, en medio de este panorama resulta peligroso pensar que los derechos son algo renunciable, pues han luchado generaciones para obtenerlos. Por eso hemos de desconfiar de cualquier movimiento que pida este retroceso, pues más allá de una tradición se volvería un atropello a quienes durante décadas han logrado la igualdad y El Progreso.

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