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Un promedio de 31 personas que fallecieron en los enfrentamientos del 2013 y 2014 en la zona sur de Tamaulipas, continúan sin ser sepultados por la falta de una fosa común, actualmente se encuentran en el servicio médico forense.

La Procuraduría General de Justicia, le solicitó al ayuntamiento de Altamira 31 fosas en el cementerio que se ubica en el ejido Benito Juárez, a fin de que sean sepultados.

«Ese asunto se tocaba en las reuniones de seguridad y nosotros proponíamos que cada municipio se hiciera cargo, esos cuerpos no identificados vienen de aquellos enfrentamientos que fueron comunes y frecuentes a finales del 2013 y 2014», explicó el secretario del ayuntamiento, Pedro Zaleta Alonso.

Durante la sesión de cabildo, desarrollada este sábado la Procuraduría General de Justicia le pidió al municipio 31 fosas, cabe señalar que es la tercera solicitud que le hace, incluso a mediados del año pasado 11 cuerpos fueron enterrados en el panteón de Benito Juárez, también correspondían a enfrentamientos.

«Afortunadamente ya tenemos tiempo que no se viven ese tipo de enfrentamientos, pero en el 2014 fueron muy frecuentes y hubo varios caídos en los tres municipios y no se han logrado identificar, ni mucho menos que sus familiares pidan la entrega de los cuerpos».

El funcionario detalló que la propuesta original del grupo de coordinación de seguridad pública, era que cada municipio dotara de fosas a la procuraduría para estos cuerpos, sin embargo Tampico y Madero argumentaron problemas en cuanto a lotes en sus cementerios.

«El municipio de Altamira cuenta con reserva y ha estado participando en esa área, la PGJ hace la solicitud y el cabildo apoya en ese sentido para que ya se les de un destino y un descanso a esos cuerpos. Los anteriores se han hecho en Benito Juárez, la solicitud son cuatro y ahorita en la sesión están pidiendo 27 lotes, 31 en total, hoy se leyó el apartado y en la siguiente sesión se tendrá el acuerdo», terminó Pedro Zaleta.

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La jueza se abstendrá de seguir conociendo el procedimiento hasta que exista una resolución firme sobre la recusación planteada, en términos del artículo 25, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

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García Repper Favila explicó que las indagatorias requieren un proceso prolongado de investigación, debido a la revisión de grandes cantidades de documentación y a la solicitud de información ante diferentes dependencias.

Ante el cierre del tercer año de gestión de los actuales ayuntamientos, la Fiscalía Anticorrupción trabaja de manera coordinada con la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción y la Secretaría de Anticorrupción para capacitar a los gobiernos municipales, para que entreguen sus cuentas de forma correcta.

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