«¿75 mil de cuota? ¡Pues paguen!» -Policía Estatal a IP.
Los casos son actuales y se les cuenta por decenas: un grupo de sujetos llega a un negocio u obra en construcción, pregunta por el responsable del proyecto, se presenta como la representación oficial de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la forma de tales y cuales sindicatos a su vez representados por los tipejos ahí apersonados a la más vieja usanza de aquellos capos de la época quinista en Tampico, y entonces se la sueltan sin más. Le dicen que deberá pagarles a ellos una «cuota» obligada de 15 mil pesos por gremio, además del sueldo a los «oficiales» que los estarán visitando cada semana para eso mismo y a la vez «checar que todo esté bien». Les aseguran categóricamente que es eso o «un levantón», pero además exponen una especie de «causa justificada», acaso como explicación no pedida de tan delictivo proceder: «hay que apoyar a la clase trabajadora», argumentan.
Lo han hecho lo mismo poniendo la mira en grandes construcciones que son propiedad de inversionistas transnacionales, que en empresas ya consolidadas en la región que no pretenden otra cosa sino remodelar sus instalaciones: esta semana pararon, de un solo golpe, trabajos de ese tipo en dos establecimientos, uno en la zona norte y otro en el sector centro de la ciudad y puerto. Y ante la denuncia directa a la policía estatal por semejante extorsión, la única respuesta que han obtenido por parte de los mandos policiales, los encargados de las respectivas obras, ha sido: «¡Pues mejor paguen!».
Así se logró descubrir este viernes último de julio, cuando la ARCIM, Asociación Regional de Comerciantes e Industriales de México, hizo público el caso vía redes sociales, concretamente a través del grupo de whatsapp creado exprofeso, y al que introdujo a cada representante de empresas informativas con presencia en la conurbación sur de Tamaulipas. Esto, que les ha ocurrido a varios socios de dicho organismo empresarial, no es nada nuevo, pero llama la atención que ocurra y se dé a conocer especialmente en temporada vacacional, cuando abundan los delitos igual que los turistas en Tampico, a unos dos meses de que concluyan los actuales gobiernos estatal y municipales, y sobre todo a sólo dos días de que otros órganos patronales, CIEST y COPARMEX, lanzaron exigencias públicas para que tanto la policía estatal como la federal hagan una labor de vigilancia efectiva, eficaz, auténtica.
Una de las empresas las que obligaron a parar sus obras de remodelación, las que efectuaban con el apoyo de obreros especialistas de su entera confianza y a quienes apuestan por la calidad comprobada de sus resultados, tiene su matriz en otro estado del país, pero lleva décadas operando en Tampico y su entorno, al grado de que ha cambiado de nombre e imagen, pero jamás se ha ido de esta ciudad… hasta ahora.
Ellos, los inversionistas foráneos víctimas de tal delito impune, optaron por no ejecutar más la obra, cancelarla, pues, con el desempleo y freno a la economía que ello ocasiona. Esto, a final de cuentas, no es problema suyo. Y a los delincuentes disfrazados de líderes gremiales el asunto en particular les importa un cacahuate: ellos ni siquiera piden «acomodar a su gente», lo que quieren es dinero fácil y por la vía criminal. Punto
