(o: “Té de manzanilla para el gigante”)
Los de la escolta. Los del cuadro de honor. Los que ganan la “olimpiada del conocimiento”. Los que reciben reconocimiento al concluir su educación primaria o secundaria como mejores promedios y primeros lugares en aprovechamiento académico. Los que aparte se llevan las menciones honoríficas. Los que, por todo lo anterior, siempre reciben becas ya sea oficiales o procedentes de fundaciones para el fomento de la excelencia educativa. Los que se ganan el derecho a “ir a ver al presidente” en la residencia oficial de Los Pinos. Todos ellos. Y más: los alumnos que cada año terminan su ciclo escolar habiendo sido “promovidos” (como se decía antaño) al siguiente grado en cualquier nivel de enseñanza básica. Los millones de niños y adolescentes que en todo el territorio nacional asisten a escuelas públicas y son calificados diariamente por haber resuelto bien los ejercicios en clase, haber expuesto algún tema ante grupo, haber resuelto correctamente los problemas razonados y las operaciones matemáticas, haber contestado de forma acertada las preguntas referentes a gramática, historia, geografía y ciencias naturales, haber demostrado que están al corriente en la cultura general, haber hecho la tarea de inglés y practicar ese idioma dentro del salón, haber participado en las actividades extramuros, como educación física, asambleas y talleres, haber aprendido a tocar un instrumento básico y leer en pentagrama las notas musicales, haber entendido, pues, lo que es la educación artística.
Todos esos menores, estudiantes que a lo largo de los últimos, digamos, diez o quince años, han cubierto su instrucción elemental sin problema alguno, bajo la dirección, observancia, capacitación, asesoramiento y evaluación, y por ende aprobación y certificación de los docentes que trabajan para el sistema educativo oficial, pertenezcan estos ya sea al Sindicato o a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿deberán ver anulados sus certificados de preescolar, primaria y secundaria, por el hecho de que alguno, varios o todos los maestros que les tocó tener en determinado período o año lectivo de su asistencia a clases, haya sido o sea reprobado en el examen o exámenes (porque, hasta nuevo aviso, son 3 los que se aplica como el mismo número de oportunidades) que establece la tan discutida, controversial y hoy en día bastante rechazada, reforma educativa de México? Si se trata de ser congruentes y exigentes al cien por ciento, y de estar en concordancia con el sentido de “las grandes reformas estructurales” implementadas por los poderes de la unión desde que inició el actual gobierno federal, entonces habría que hacer también una rectificación en tal sentido, es decir: una invalidación total del trabajo que hayan realizado, frente a grupo, los profesores que no estén teniendo buenos resultados al sustentar dichas pruebas… bastante complicado e incluso absurdo, absolutamente impensable, ¿cierto? Y sin embargo es una tesis que tiene fundamento: ¿tendrá validez el título profesional de cualquier adulto con una carrera universitaria o educación superior, si se llega a descubrir que los catedráticos que le impartieron tales o cuales materias no eran sino falsos mentores? Habría que ver.
Entonces, ¿hay congruencia o no al querer dejar sin trabajo, sin su puesto o “plaza” dentro del sistema de enseñanza pública, a aquellos maestros que no pasen los exámenes contemplados por la reforma educativa? Lo más probable y evidente es que, con todo y sus carencias, fallas y falta de capacidad para estar al cien por ciento avalados en cuanto a conocimientos y habilidades, en cuanto a sus aptitudes al frente de grupo, los profesores que no han aprobado, y esos que probablemente no aprueben las evaluaciones por venir, tuvieron por lo menos la capacidad para sacar adelante la tarea propia de educar a esos grupos de niños que han tenido ellos a su cargo al interior de los planteles públicos. Y si así ha sido es porque, en lo general, se han apegado, de una forma medianamente buena o incluso aceptable, a los métodos, esquemas, lineamientos, guías y, sobre todo, programas que establecen tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP), como las secretarías estatales de esa misma área. Pero sobre todo: existe algo mucho más complejo, que pocos han observado, y que pone ante una disyuntiva al gobierno que impulsó la reforma educativa, el cual tampoco ha sido capaz de verlo, y es el hecho de que ha sido este mismo sistema gubernamental, y por supuesto los que le precedieron, el que ha expedido, vía la SEP, todos esos certificados de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y preparatoria, a los alumnos de escuelas públicas en las que labora toda esa plantilla magisterial cuyas facultades pone ahora en entredicho, al ponerla a prueba para ver si es apta o no para impartir clases. Lo cual, por sí solo, constituye una verdadera paradoja. Como la de los habitantes de aquel país fantástico que un día encontraron a un gigante dormido cuyo cerebro se aventuraron a explorar, sólo para descubrir que no hacía sino estar soñando, con exactitud, lo que ellos harían a continuación. Y entonces su mayor preocupación, la de los residentes de aquel lugar imaginario, fue no hacer nada que pudiera despertar a ese gigante. Algo que el actual gobierno empieza a hacer justo ahora, cuando su propio gigante se ha limpiado ya hasta las “chinguillas” de los ojos.
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