Son la otra mitad: si se considera que entre una elección intermedia, federal o local, y una para renovar gobiernos lo mismo de la república que estatal y municipales, el promedio de abstencionismo en Tamaulipas fluctúa entre un 50 y un 60 por ciento, podemos decir que las personas que deciden no presentarse a votar el día de los comicios (aún teniendo credencial de elector, estando inscritas en el padrón respectivo y apareciendo en la lista nominal) representan una cantidad relativamente proporcional al número de quienes sí atienden el llamado a las urnas. Sumemos ahora a los menores de edad y a ciudadanos que por cualquier asunto inesperado, no previsto, se quedan sin emitir el sufragio, lo mismo que a los impedidos para hacerlo por asuntos del tipo penal, y entonces nos colocamos frente a un escenario en el que la designación de la representación ciudadana en los puestos de elección popular la define una parte de los tamaulipecos que no llega a ser ni un medio del total de los habitantes del estado.
Ahora bien: hay en las actas de cómputo, con que cuenta cada presidente de casilla instalada, una sección para anotar el número de votos nulos una vez concluida la jornada de votaciones, así como otro apartado para “candidatos no registrados”, de modo que esto, de cierta manera, lleva a formalizar y dar carácter legal a otra suerte de abstencionismo, y es el de aquellos que deciden no sufragar por ninguno de los candidatos presentes en la boleta, es decir, abstenerse de elegir a cualquiera, pero manifestándolo formalmente, aunque en secreto claro, con su uso personal de la papeleta. Una vez más, el grupo de gente que decide quiénes gobernarán su ciudad, entidad o país, o cuáles personajes van a representarlos en el poder legislativo local o federal, se reduce a una cantidad mucho menor de la que reside en Tamaulipas. Y eso de “mucho menor” lo prueban y avalan las estadísticas de los más recientes comicios constitucionales de cualquier tipo en este territorio: por lo regular, los candidatos que han ganado una elección se llevan, cuando más votos a favor obtienen, entre un 40 y 50 por ciento de la votación. Ello habla de servidores públicos electos, en una justa y legal contienda democrática, por entre un 15 y 25 por ciento del electorado, o sea: uno de cada 5 ciudadanos con plástico del “INE” vigente dentro de su bolso o cartera.
Pero volviendo al caso de los que no sufragan, de los que muestran, en el menor de los casos, una apatía total por todo aquello que huela a períodos de elecciones, o, en el peor, una gran animadversión lo mismo por los partidos políticos que por sus aspirantes, su grupo de simpatizantes, las campañas y propaganda proselitista de cada uno, las noticias referentes a ellos o incluso al proceso democrático en general, y hasta rechazan escuchar o ver todo aquel asunto relacionado, simplemente, con el ejercicio democrático, como los llamados del órgano u órganos electorales a algo tan simple como renovar la credencial para votar, y cuando lo hacen, cuando ponen al día su tarjeta de elector, es sólo porque la otra ya les ha sido rechazada por instituciones bancarias, dependencias en general, o cualquier lugar en el que tengan que hacer efectivo el cobro o entrega de algo. Mucho menos asisten a echar un vistazo a la lista nominal para cerciorarse de que su nombre aparezca ahí, pero esto último, en todo caso, lo hacemos casi la mayoría: ¿quién, que no sea miembro del equipo de campaña o de “la estructura” de algún abanderado, va y revisa los dichosos listados un día cualquiera, en un ratito libre? Es posible que ni los empleados del instituto electoral de que se trate, y tampoco los que van a recibir o recibieron ya un dinero o pago en especie por darle su voto a don fulano o a doña mengana, se tomen el tiempo de preguntar dónde está colgada esa relación de electores, para saber si “aparecen” ellos también.
De ese tamaño es el escepticismo que existe, particularmente en Tamaulipas, tratándose de procesos electorales. Los tales ejercicios, por legales, depurados, transparentes, vigilados y regulados que estén, sencillamente son desacreditados por un porcentaje mayoritario de la población desde antes de que se lleven a cabo. Mucho antes y de facto. Y quienes jamás votan, o en un momento de su vida decidieron dejar de hacerlo, porque han llegado a aborrecer, a sentir repugnancia por todo lo que huela a política y a repeler a los que la ejercen, siendo estos servidores públicos o no, están, también en su mayoría, prestos a opinar, a participar, ahí sí muy activamente, en toda discusión, crítica, condena y linchamiento vía redes sociales, o en plática de reunión familiar, de círculo social, a todos los que, de una forma u otra, están inmersos en la política, en el servicio público. “Yo ni siquiera lo elegí”, “jamás voto ni votaría por alguien así”, “es que en México ‘la democracia no existe’”, “si siempre gana el mismo…”, “al final ponen al que ellos quieren”, son las sentencias, las verdades absolutas y fatalistas de quienes jamás van a votar, pero eso sí: nunca van a abdicar a su legítimo derecho de alzar la voz. Porque también lo tienen al voto, pero no lo ejercen. Eso sí que no.
