Al fin la educación pública ha vuelto a ocupar el centro de la conversación nacional. En la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior para la Transformación de México. Un encuentro que, más allá de la foto protocolaria, busca cimentar una nueva ruta para el sistema educativo del país.

Entre los asistentes destacó la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, quien, en sintonía con el proyecto educativo nacional, refrendó el compromiso institucional con la formación de profesionistas críticos, conscientes y solidarios… críticos. La reunión congregó a los principales líderes académicos del país y a figuras clave del gabinete federal, como la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz.

La propuesta de Sheinbaum Pardo no es menor: construir una política educativa basada en la equidad, el acceso universal y la justicia social. La creación de la plataforma Saberes MX representa un paso hacia la democratización del conocimiento, abriendo la posibilidad de un aprendizaje continuo y accesible para todos.

El reto, sin embargo, está en transformar esa visión en resultados tangibles dentro de las aulas y los campus universitarios. La educación pública mexicana ha sobrevivido a décadas de abandono, burocracia y desigualdad, pero, los años más graves  han sido irónicamente los primeros seis años de la 4T, por eso, hoy se requiere más que discursos y buenas intenciones; se necesita voluntad política y una administración eficiente que garantice recursos, infraestructura y acompañamiento pedagógico; rubros que no se han dejado ver del todo.

En Tamaulipas, la UAT carga con el peso de ser la institución más representativa del estado. Su papel dentro de esta nueva etapa educativa será clave para traducir los lineamientos federales en estrategias regionales que beneficien realmente a los estudiantes. El respaldo del rector Dámaso Anaya al proyecto nacional es un mensaje claro de alineamiento institucional, pero también una oportunidad para fortalecer la autonomía universitaria con sentido social.

El camino de la transformación educativa pasa necesariamente por las universidades públicas. En ellas descansa la esperanza de un país más justo y preparado para enfrentar los desafíos de la modernidad.

En la intimidad… Mientras el rector Dámaso Anaya representaba a la UAT en la capital del país, en Ciudad Victoria, el gobernador Américo Villarreal presidía la sesión del Consejo Consultivo de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, donde reiteró su compromiso con el desarrollo del Puerto del Norte en Matamoros.

Acompañado por la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, y el director general de la API Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández, el mandatario destacó el valor estratégico de este proyecto que busca convertir a Tamaulipas en la principal frontera marítima de México.

Durante la reunión, consejeros y empresarios coincidieron en que el puerto vive su momento más prometedor. Eduardo Garza Robles subrayó que Tamaulipas está en condiciones de convertirse en el gran eje logístico del país, gracias a la conjunción de su infraestructura terrestre y marítima.

Teodoro Zamudio Moreno recordó que, después de más de dos décadas de abandono, el puerto volvió a recibir embarcaciones en agosto, logro que atribuyó al liderazgo de Villarreal Anaya. Luz Alicia Iturbe De Garay celebró que por fin se haya reactivado una infraestructura que llevaba más de 20 años sin operar.

El gobernador cerró la sesión con una frase que resume su visión: “Tamaulipas tiene todo y es momento de que también progrese”. En la intimidad del Salón Independencia, el mensaje resonó con fuerza entre los presentes: el desarrollo marítimo del estado ya no es un anhelo, sino una tarea en marcha.

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México se acostumbró a la muerte. La celebra, la baila, la pinta y la convierte en altar. Pero la normalizó tanto, que ya no la distingue. Lo mismo se honra a los muertos del panteón que a los caídos por la violencia; lo mismo se aplaude la tradición que se justifica el crimen.

Mexicanos hemos aprendido a convivir con el escurrimiento de sangre como si fuera parte del paisaje nacional, como si fuera parte de nuestra ilustración urbana, pero, cuidado, que detrás de ese folclor que exportamos al mundo, hay una sociedad que también se volvió sorda y muda ante los nacimientos sin control, ante los hijos que llegan al mundo sin planeación, sin cuidado, sin Estado. Niños “criados” entre el abandono, la precariedad y la indiferencia institucional que un día nacen, se reproducen y crecen para convertirse en el reflejo más cruel de lo que somos —-asesinos-—.

Lo dijo con una claridad brutal Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo Rodríguez, el alcalde de Uruapan asesinado este primero de noviembre: “Ayer no solo murió él, murieron dos… otra madre hoy está llorando en su casa, quizá si a tiempo hubiera educado a su hijo, le hubiera dado amor, cariño, lo hubiera guiado, ese hijo no hubiera atentado contra la vida de mi Carlos.”

Ahí está el espejo. No lo sostiene un académico ni un político. Lo sostiene una mujer que perdió a su esposo en manos de un país que fabrica asesinos desde la cuna.

Pero la tragedia de Uruapan no es una historia aislada, allá van décadas de asesinatos, es más, pareciera que desde antes de que conociéramos la absurda guerra de Calderón, sin embargo, esos tiempos ya pasaron y no hay pretextos para el presente régimen centralista. Lo de Manzo es la décima marca en una lista que debería avergonzar al gobierno federal y, en particular, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que carga ya con diez presidentes municipales asesinados en poco más de un año de mandato:

Alejandro Arcos Catalán (Chilpancingo, Guerrero) – 6 oct 2024

Román Ruiz Bohórquez (Candelaria Loxicha, Oaxaca) – 15 oct 2024

Jesús Franco Lárraga (Tancanhuitz, San Luis Potosí) – 15 dic 2024

Mario Hernández García (Santiago Amoltepec, Oaxaca) – 15 may 2025

Isaías Rojas Ramírez (Metlatónoc, Guerrero) – 2 jun 2025

Yolanda Sánchez Figueroa (Cotija, Michoacán) – 3 jun 2025

Salvador Bastida García (Tacámbaro, Michoacán) – 5 jun 2025

Acasio Flores Guerrero (Malinaltepec, Guerrero) – 21 jun 2025

Miguel Bahena Solórzano (Pisaflores, Hidalgo) – 20 oct 2025

Carlos Manzo Rodríguez (Uruapan, Michoacán) – 1 nov 2025

Diez alcaldes muertos bajo la misma estrategia, bajo la misma narrativa de seguridad encabezada por Omar García Harfuch, el mismo discurso reciclado que presume coordinación mientras el país se desangra, cero impunidad, “iremos hasta las ultimas consecuencias” #ptm

Durante años, la izquierda mexicana se alimentó del conteo de muertos. Lo usó como bandera moral, como argumento de campaña, como símbolo del cambio que prometían. Hoy, en el poder, los números se les devolvieron como espejo y como juicio. Gobernar es más difícil que denunciar, y sus resultados son la prueba más amarga de su fracaso sentenciado.

El Estado mexicano no solo es incapaz de impedir los asesinatos de sus presidentes municipales; también es responsable de producir las condiciones sociales que los hacen inevitables. La delincuencia no se improvisa: se gesta en los márgenes, en la pobreza, en la impunidad, en la ausencia de justicia, y en la complicidad política que sigue midiendo los homicidios como si fueran cifras presupuestales.

En la intimidad… Me habría gustado escribir de la fiesta, de los altares y del olor a copal. Me habría gustado describir el colorido del Día de Muertos, la alegría que se cuela entre las tumbas. Pero no se puede. No cuando el país convierte a sus muertos en estadística, ni cuando un alcalde cae a tiros en plena celebración pública.

Lo que le ocurrió a Carlos Manzo no es una anécdota de violencia: es una sentencia. Y su esposa, con la entereza que solo da el dolor, nos recordó que la tragedia no empieza con la bala, sino con el abandono. Que los criminales también fueron niños, hijos de alguien, olvidados de todos.

Su llamado no fue político. Fue humano.

“Más vale ir a la cárcel a ver a nuestros hijos que ir a llorarlos al panteón.”

Ese es el epitafio que debería escribirse en cada oficina del poder. No por Carlos, sino por lo que ya perdimos como país.

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Por Zaira Rosas
Las caravanas de tractores y los bloqueos de carreteras realizados recientemente en distintos estados de México son más que un simple corte a la movilidad: son un grito de alerta. Agricultores de entidades como Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Sinaloa y otros han elevado la presión sobre el Gobierno federal al exigir un sistema de precios y apoyos que por años han considerado insuficiente.

Su principal reivindicación es que el precio de garantía del maíz, y de otros productos básicos, se eleve de los aproximadamente 6 050 pesos por tonelada ofrecidos por la autoridad, hacia una meta de 7 200 pesos por tonelada, con el argumento de que los costos de producción, insumos, combustibles y fertilizantes han subido y que el mercado internacional ya presiona a la baja.

Pero no se quedan ahí: también piden la prohibición o restricción más estricta de importaciones de maíz blanco que compiten a precios bajos, mayores apoyos crediticios y seguros agropecuarios, y un diálogo directo con la presidencia para dar salida a la crisis del campo.

El sector agrícola ha sido durante décadas un pilar del desarrollo económico, social y alimentario de México: produce alimentos, genera empleo en zonas rurales, da vida a pueblos y comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Sin embargo, la dinámica de la política pública, el comercio internacional y la inversión privada no le han dado al campo la prioridad que merece.

Estos bloqueos lo evidencian: un actor estratégico que se siente ignorado, y que, de no ser escuchado, opta por llevar su reclamo a las carreteras.

Es importante también mirar hacia dónde sí se ha dado otra atención al campo.

Por ejemplo, en la Unión Europea existe la Política Agrícola Común (PAC), cuyo objetivo explícito es “ayudar a los agricultores a obtener un nivel de vida digno, garantizar la seguridad alimentaria y mantener vivas las zonas rurales”.

Aun cuando la PAC tiene sus críticas, el simple hecho de que el bloque europeo destine decenas de miles de millones de euros anuales al campo, habla de una prioridad mayor que la que en México se percibe. También hay países que aplican precios mínimos de apoyo, subsidios o mecanismos que fortalecen la renta agrícola.

No obstante, en México estos bloqueos no pueden verse sólo como actos legítimos de protesta: también son terreno fértil para el oportunismo político.

La exposición mediática de los tractores en la autopista, el manifiesto compartido en redes sociales, la foto con legisladores de la oposición apoyando “al campo hoy” contrastan con lo que se hizo o dejó de hacer en gestiones anteriores.

Es razonable preguntarse: ¿por qué ahora ese apoyo cálido de partidos y políticos cuando en otros tiempos el campo fue invisibilizado? No es que los agricultores  deban dudar de los aliados, pero conviene que la sociedad observe cuándo el respaldo se formula desde la convicción y cuándo desde la conveniencia electoral.

Que el apoyo que ahora se brinda al campo se hubiera brindado antes, sin necesidad de bloqueos ni coyunturas urgentes, podría ser un testimonio más de coherencia que de oportunidad política.

Actualmente, el diálogo entre representantes del sector agrícola y el Gobierno federal continúa, con mesas de trabajo instaladas en torno a los precios de garantía, las importaciones y los programas de apoyo.

Aun así, los productores sostienen que las propuestas oficiales resultan insuficientes para garantizar la viabilidad económica de sus cultivos. El reto, para ambas partes, es construir un acuerdo que reconozca la realidad de los costos y del mercado global, pero que también asegure la soberanía alimentaria y la estabilidad social del país.

Un entendimiento duradero requerirá más que promesas: demandará compromiso, planeación y voluntad política de largo plazo.

Lo que hoy ocurre en las carreteras debe recordarnos que el bienestar colectivo depende de que el país mire al campo no sólo como una fuente de conflicto o protesta, sino como la base indispensable para un desarrollo más justo, sostenible y verdaderamente nacional.

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI arrojó un dato que la administración de Tamaulipas celebra con entusiasmo, claro, marca un crecimiento económico anual del 3.3 por ciento en el segundo trimestre de 2025, el mayor repunte trimestral en casi tres años ¡ee-aa!

Y el resultado no es para menos, iba a ser imperdonable no atribuir este impulso al sector primario (6.8%) y al industrial (5.8%), sin destacar la política del gobernador Américo Villarreal que atrae inversión y consolida a Tamaulipas como un polo de desarrollo en el norte del país. Se mencionan 151 proyectos de inversión con una promesa de 20 mil millones de dólares. Estos números, al colocar a la entidad en el tercer lugar de crecimiento industrial, son, sin duda, un activo importante para la narrativa gubernamental.

No obstante, debemos movernos del mero registro estadístico a la evaluación política. Un crecimiento del 3.3% es valioso, pero su significado real se diluye si no permea en la calidad de vida de la raza. La gran lección económica a nivel nacional, y Tamaulipas no es la excepción, radica en que las cifras macro no garantizan la equidad. Un alto crecimiento industrial y una gran inversión pueden coexistir perfectamente con salarios estancados y ese marcado aumento en la informalidad y en la precarización de los servicios públicos.

La confianza en la inversión es esencial, pero el reto político actual no es solo atraer grandes capitales, sino diseñar mecanismos de distribución que eviten que ese crecimiento se quede encapsulado en los bolsillos de unos cuantos sectores y empresas. Los 20 mil millones de dólares de inversión deben traducirse no solo en empleos, sino en un mejor sistema de salud, una infraestructura urbana resiliente y, sobre todo, una reducción palpable de la inseguridad que sigue siendo el lastre social.

Las estadísticas del ITAEE son un buen inicio, pero la medición más importante para cualquier gobierno sigue siendo el termómetro ciudadano. El discurso de consolidación en el norte de México es ambicioso, pero para que sea creíble a nivel nacional, la administración del gobernador debe ser más enfatico en demostrar que este dinamismo económico transformadorse está convirtiendo en justicia social. Es ahí donde el gobierno estatal se juega su verdadera credibilidad.

En la intimidad… El diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, aprovechó la Sesión Itinerante en Tampico para fortalecer lazos fuera del ámbito legislativo.

La agenda en la ciudad, donde los diputados sesionan entre miércoles y jueves, comenzó con un encuentro institucional con la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya en el Palacio Municipal. El diálogo sirvió para agradecer las atenciones de la presidenta municipal y subrayar el valor político de llevar el trabajo del Congreso a las distintas regiones de la entidad.

El itinerario del diputado Prieto Herrera, sin embargo, puso un énfasis particular en el contacto con la prensa. Sostuvo amenas conversaciones con Nora Castro de La Poderosa 96.9; con Lucero Arán, de El Elefante Blanco y dedicó tiempo al equipo de Profesionales Periodistas de Tamaulipas, así como a Mariela T. Macay de El Sol de Tampico. El propósito fue agradecer el espacio y difundir de forma directa la labor legislativa que se realiza día con día.

Antes de sumergirse de lleno en la agenda de la Sesión Itinerante, Humberto Prieto sostuvo una gran charla con la Red de Mujeres Periodistas de la zona sur, que lidera Cynthia Gallardo, acompañada por su dirigente estatal, Dora Alicia de la Cruz. La reunión abordó los desafíos y retos específicos que enfrenta el gremio, reafirmando el compromiso de la Junta de Coordinación Política de Tamaulipas para seguir trabajando de cerca con el sector periodístico.

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