Ciudad Victoria Tamps.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, (Codhet), José Martín García Martínez, negó haber sido requerido por el Congreso de Tamaulipas para informar de la situación que guarda este tema en la entidad.
“No, recomendaciones (para ir al Congreso) no, han sido invitaciones después del informe, pero es parte de lo que ya se está ventilando ahorita”.
Y agregó; “prefiero reservarme a agregar un comentario más al respecto. Ese es un tema que a mí me gustaría reservar, públicamente estaré al pendiente de lo que se resuelva, de ser necesario (acudirá al Congreso)”.
El Ombudsman tamaulipeco, luego de su negativa a detallar las razones de el por qué no ha acudido ante el órgano legislativo, refirió que la lista de asuntos con mayor recepción de quejas por presuntas violaciones de derechos humanos es de los cuerpos de policía.
“Son contra la Policía Estatal Acreditable con 149 asuntos al cierre de mayo, y en promedio 50 por ciento están en proceso de integración, agencias del Ministerio Público con 51, IMSS, primarias, Policía Federal y secundarias”.
Explicó que en el caso de las corporaciones estatales o federales, las quejas se dan por detenciones arbitrarias, allanamiento de morada, uso excesivo de la fuerza que conlleva a malos tratos o lesiones.
“El incremento en este tipo de quejas, son asuntos complejos; también tiene que ver con la participación del ciudadano que presenta la queja, cuando lo hace vamos al lugar donde se hizo la detención, hay acompañamiento de la comisión y perito forense para dar fe en relación con lesiones”, detalló.
García Martínez consideró que los avances en el trabajo de las corporaciones policiacas también dependen de este tipo de quejas; “hay muchas avances en las corporaciones, pero ese buen trabajo pueden dar pie a la nulidad, si se acreditan violaciones en el debido proceso”.
En ese sentido, indicó que estadísticamente en los años que tienen las comisiones de derechos humanos, “de un diez a 15 por ciento de los asuntos integrados por presuntas violaciones a derechos humanos, terminan con una recomendación”.
