El mensaje del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, no fue una cortesía diplomática. Tampoco una simple felicitación. Fue un posicionamiento político, estratégico y contundente dictado desde Washington. El funcionario celebró las detenciones recientes en Sinaloa y Jalisco porque golpean la estructura financiera y operativa de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

Y lo dice, además, reconociendo que esto ocurre por algo que durante años fue reclamo permanente al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero, por su entreguismo criminal, no atendió, ni se prestó a una  coordinación real entre México y Estados Unidos.

Johnson fue directo en su publicación en X:
“Estas detenciones del Gobierno de México golpean directamente la estructura y el financiamiento de uno de los principales cárteles. Debilitan su capacidad de dañar a nuestras comunidades y demuestran que logran más cuando trabajan juntos como socios soberanos contra las organizaciones criminales. La justicia prevalecerá”.

La frase “socios soberanos” no es menor. México mantiene, pese a matices políticos, una interlocución abierta con el gobierno norteamericano en materia de seguridad. Lo ocurrido en Mazatlán y Zapopan no solo es operativo; es también un gesto binacional que envía un mensaje hacia dentro y hacia fuera del país.

En Sinaloa cayó Carlos Gabriel Reynoso García, “Pollo”, líder de la célula “Los Jordán”, vinculada a “Los Chapitos”, con tres órdenes de aprehensión vigentes, armas, droga y equipo táctico asegurado. En Jalisco, un golpe a la cartera criminal: Mario Alfredo Lindoro Navidad, cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y Mario Lindoro Elenes, suegro y también encargado de recursos ilícitos. Es decir, no solo atacaron brazo armado, tocaron estructura patrimonial y familiar, ese núcleo simbólico que por décadas le dio blindaje social y financiero al Cártel del Pacífico.

El pasado reciente de México mostró otra postal, se trataba de comunidades agradeciendo despensas a grupos criminales, influencers retratando convoyes de lujo entregando juguetes y cenas navideñas, mientras el Estado parecía llegar tarde – hoy poco ha cambiado, pero, algo están haciendo- sin embargo, la narrativa cambia, aunque sea en la penetración operativa, el uso de inteligencia y “golpes directos” a quienes han capitalizado el dolor y la ilegalidad.

Esto tiene que ser visto solo como un avance, no es una victoria final.  Son capítulos de una guerra compleja, donde no basta detener, sino judicializar, sentenciar y desarticular redes completas.

Lo que sí queda claro es que, por primera vez en mucho tiempo, Estados Unidos reconoce públicamente eficacia mexicana… y eso indica algo: resultados que no pueden ocultarse ni minimizarse, aunque le duela al tigre de Macuspana.

En la intimidad… En otro terreno, más espiritual pero igualmente político, corre una conversación silenciosa en el Vaticano: la visita del Papa León XIV a México. No es un rumor ligero, es un tema que se analiza seriamente en Roma. México sigue siendo el segundo país con más católicos del mundo, apenas debajo de Brasil, y para la Santa Sede representa no solo un encuentro pastoral, sino un gesto de cercanía con una nación herida, polarizada y profundamente creyente.

Fuentes allegadas al Vaticano reconocen que Semana Santa 2026 está sobre la mesa, así como una ventana entre marzo y junio de ese mismo año. León XIV quiere venir. Quiere mirar de frente a la Basílica de Guadalupe y hablarle a un país que, pese a todo, no pierde fe.

Su visita no solo sería religiosa, sería emocionalmente política, claro, un bálsamo espiritual en medio de la violencia y el desencanto, con una política pública “a favor de los pobres”, pero, con una derecha más católica y conservadora que la morena.

Por cierto, complejo escenario para el papa, aunque, si llega, no vendrá a observar; vendrá a abrazar un país que… créame lo  necesita.

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México llegó al punto donde el agua dejó de ser únicamente una política pública y se convirtió en el espejo de la coherencia —o incongruencia— del poder. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los productores del norte de Tamaulipas “no sufrirán afectaciones” por el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos y garantizó, además, que el próximo año se reactivará el proyecto para trasladar agua tratada desde Nuevo León hacia territorio tamaulipeco para fines agrícolas.

Suena impecable, suena responsable, suena diplomático. Pero también suena a algo más: suena a que, tras meses de insistir que México “no estaba incumpliendo nada” y que todo estaba bajo control, finalmente el Gobierno tuvo que ceder, ajustar, negociar y, sí… entregar.
O dicho en ese lenguaje que a muchos jóvenes les encanta: “dime que terminaste de rodillas por culpa del agua sin decirme que estás de rodillas”.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum habló de acuerdos “con todos”, de afectación mínima, de equilibrio para Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. Habló incluso de resarcir agua de otras cuencas, como si la naturaleza fuera una cuenta bancaria que puede moverse sin consecuencias con un simple memorándum presidencial. La mandataria también recordó el proyecto para construir una línea de conducción que permitirá abastecer al campo tamaulipeco con agua tratada de Nuevo León: una vieja idea que ahora, convenientemente, revive justo cuando la presión internacional ya no permite el discurso triunfalista.

Esto no es solo infraestructura, ni logística, ni planeación hídrica. Aquí se está definiendo la política exterior mexicana. El Gobierno federal pasó meses repitiendo que no había adeudo, que México cumplía, que la soberanía se mantenía intacta. Pero esta semana comenzó el trasvase desde presas de Nuevo León y el mensaje es muy simple; se negoció porque ya no había margen para seguir diciendo otra cosa, ni seguir con sus mentías palaciegas.

Lo que hoy vende la Presidencia como victoria diplomática bien puede interpretarse como un ajuste forzado. La narrativa cambió de “no debemos” a “ya pagamos y hasta encontramos cómo hacerlo sin dañar a nadie”. El problema es que la confianza internacional no funciona con discursos que mutan al ritmo de la presión norteamericana. El norte del país sabe bien que cuando se habla de agua, la verdad casi nunca fluye tan limpia como prometen, y mucho menos en estos tiempo de 4T.

En la intimidad… Y si este giro en la política del agua abre una pregunta incómoda, esa es inevitable, ¿este episodio acelera o adelanta la reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador? Porque pocas cosas le gustan tanto al expresidente como rescatar políticamente lo que el gobierno actual intenta sostener con diplomacia. Y si la narrativa del agua empezó a tambalearse, no sería extraño verlo regresar —aunque sea simbólicamente— para intentar “corregir” la historia antes de que el caudal político se le salga de control a la nueva administración.

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En Tampico, las autoridades locales  anuncian el reforzamiento de la seguridad por la temporada navideña. La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya insiste en que la tranquilidad de las familias es prioridad, y subraya coordinación, planeación y cercanía con la ciudadanía. Se habla de presencia policiaca, de vigilancia en zonas comerciales, turísticas y bancarias; se presume trabajo entre Guardia Nacional, SEDENA, Guardia Estatal, Protección Civil y Bomberos. Todo suena bien, y se escucha institucionalmente correcto… pero en materia de seguridad, los anuncios no bastan.

Porque si en Tampico (claro, se incluye al municipio de Altamira y Ciudad Madero), queremos hablar de confianza social real, no de operativos estacionales o discursos que se encienden únicamente cuando el calendario exige resultados. La seguridad no es campaña decembrina, ni comodín de temporada -aunque Erasmo y Armando, así lo crean- es una obligación permanente del Estado y un derecho de las familias del sur de Tamaulipas. No basta con decir que hay coordinación, hay que demostrarla en hechos visibles y continuos, porque los robos y asaltos bancarios y locales comerciales provocan cuestionamientos a los presuntos patrullajes constantes, a la respuesta inmediata, a las estrategias medibles, y esa prevención real y políticas que sobrevivan a la euforia navideña como dictan los discursos oficiales.

Es cierto, la temporada implica mayores riesgos; más gente, más dinero circulando, más movilidad, más oportunidades para el delito. Pero justo ahí está el verdadero reto: garantizar que lo que hoy se presume como un operativo robusto no se diluya en enero, no se apague cuando regresen las rutinas, ni se convierta en recuerdo bonito del “dispositivo navideño”. La seguridad debe sostener la ciudad todos los días, no sólo cuando llegan paisanos o turistas.

Pero ante todo eso, a Mónica no le tiembla afirma tener una estrategia sólida, entonces esa solidez debe percibirse en la calle, en los semáforos, en los estacionamientos, en los centros comerciales, en las colonias populares y en las zonas residenciales. Ella sabe que es parte del trabajo diario que debe sentirse a las tres de la tarde y a las tres de la mañana. Comprende que debe notarse no sólo en cifras oficiales, sino en la tranquilidad cotidiana de la gente. Porque la seguridad verdadera no se mide con boletines, no, se mide con la paz con la que las familias salen, caminan, compran, conviven… y regresan a casa sin miedo.

En la intimidad… Mientras se habla de seguridad hacia afuera, también hay esfuerzos que buscan reconstruir desde adentro. El Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) lleva formación técnica y humana a las Personas Privadas de la Libertad en los CEDES de Tamaulipas. Gracias a un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública, hoy en los centros de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria y Altamira se imparten cursos de barbería, idiomas, habilidades digitales, primeros auxilios, electricidad, belleza y más, apostándole a lo que pocas veces se mira con seriedad: la reinserción social.

Con inversión compartida entre Federación y Estado, con infraestructura fortalecida, nuevas aulas y una ruta sostenida de capacitación, los números cuentan una historia distinta: más cursos, más beneficiarios, más personas preparándose para reescribir su vida cuando recuperen la libertad. No es caridad; es política pública inteligente. Porque un sistema penitenciario que educa y capacita es una apuesta directa a reducir la reincidencia y, por ende, a mejorar la seguridad que todos exigimos allá afuera.

Si de verdad queremos un Tamaulipas más seguro, hay que mirar la calle… pero también la celda. Hay que exigir resultados inmediatos, sí; pero también reconocer cuando se siembra a largo plazo. En la seguridad, como en la vida, nada se construye de la noche a la mañana: se trabaja, se sostiene y se honra… todos los días.

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

La creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha vuelto a colocar a
América Latina frente a una discusión que nunca termina de resolverse: ¿hasta
dónde llega la soberanía de los países? y ¿cuándo la comunidad internacional
decide intervenir, directa o indirectamente, en nombre de la democracia o la
seguridad?. La decisión del gobierno estadounidense de endurecer el bloqueo a
embarcaciones petroleras venezolanas no es solo una medida económica; es una
acción con profundas consecuencias políticas y humanitarias.
En este escenario, las declaraciones de la presidenta de México, Claudia
Sheinbaum, adquieren un peso especial. Su llamado a la Organización de las
Naciones Unidas para evitar un derramamiento de sangre y su insistencia en una
solución pacífica no son simples gestos diplomáticos. Provienen de una figura con
poder político real, de un país con tradición histórica de no intervención y con
autoridad moral en la región. Cuando México habla, no lo hace desde la
marginalidad, sino desde una posición que puede influir en el rumbo del debate
latinoamericano, principalmente en medio de un panorama con cambios recientes
entre los mandatarios de otros países.
La importancia de estas posturas radica en que ayudan a marcar límites. En un
contexto donde las decisiones de Estados Unidos suelen imponerse por su peso
económico y militar, una voz que apela al multilateralismo y a la diplomacia sirve
como contrapeso. Sin embargo, también expone una tensión interna: defender la
no intervención sin proponer mecanismos más activos puede convertir ese
principio en una postura pasiva frente a crisis prolongadas como la venezolana.
El reconocimiento internacional a María Corina Machado con el Premio Nobel de
la Paz suma una nueva capa al conflicto. El galardón visibiliza la lucha por los
derechos humanos y la democracia en Venezuela, pero también plantea
preguntas incómodas. En el pasado, los discursos de “liberación” y “defensa de la
democracia” han sido utilizados para justificar acciones militares o sanciones que
terminan afectando a la población civil más que a los gobiernos en el poder. El
Nobel, en ese sentido, puede ser un símbolo de esperanza, pero también un
elemento que algunos actores internacionales usan para reforzar agendas propias.
Aquí es donde la experiencia reciente obliga a mirar con cautela. Julian Assange,
fundador de WikiLeaks, documentó y denunció crímenes de guerra cometidos por
Estados Unidos en conflictos como Irak y Afganistán. Sus revelaciones mostraron
cómo, bajo el discurso de seguridad y libertad, se cometieron abusos graves que
costaron miles de vidas civiles. Recordar estas acusaciones no es un ejercicio del
pasado, sino una advertencia: la intervención extranjera rara vez es neutral o
desinteresada.

Por lo anterior Assange hace una acusación directa ala fundación Nóbel, pues
desde su perspectiva el reconocimiento a María Corina Machado puede reforzar
que se cometan “ crímenes de guerra” en lugar de fortalecer la paz, lo cual se
opone a la misión original del Nóbel, pues la premiada ha incitado de alguna forma
al gobierno de Trump para la intervención no pacífica en Venezuela.
Por eso, la postura de México no puede limitarse a declaraciones bien
intencionadas. Su liderazgo regional debería traducirse en propuestas concretas:
impulsar procesos de mediación reales, fortalecer canales humanitarios y
promover espacios donde la solución no dependa de sanciones unilaterales ni de
amenazas veladas. La diplomacia, cuando es activa y consistente, también es una
forma de ejercer poder.
La crisis venezolana no admite respuestas simples. Estados Unidos presiona
desde la fuerza; la oposición busca respaldo internacional; el gobierno de Maduro
se aferra al control interno. En medio, millones de personas civiles e inocentes,
viven las consecuencias. En ese contexto, las palabras de líderes como Claudia
Sheinbaum importan porque ayudan a definir qué tipo de región quiere ser
América Latina: una que repite discursos sin efecto o una capaz de construir
soluciones propias.
La pregunta que queda abierta no es solo qué pasará con Venezuela, sino si los
países de la región, México incluido, están dispuestos a asumir un papel más firme
y coherente para que la paz deje de ser solo una declaración y se convierta en
una política real.