La discusión que ahora impulsa la Secretaría de Educación Pública junto con las autoridades educativas de los 32 estados del país con relación a regular el uso del celular en las escuelas. No se trata de una ocurrencia morenista —perdón, quise decir moralista— ni de una nostalgia por el pizarrón y la libreta. Se trata, según advierte el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, de una decisión basada en evidencia científica que empieza a mostrar algo incómodo: los dispositivos móviles están provocando más malestar que bienestar en la salud emocional de niñas, niños y adolescentes.

Durante años repetimos la misma frase: la tecnología llegó para quedarse. Y es verdad. Pero lo que no dijimos —o preferimos ignorar— es que también llegó para quedarse dentro de la cabeza de los indefensos niños.

El dato es brutal. Un estudiante mexicano menor de 16 años pasa en promedio nueve horas al día navegando en internet. Nueve horas. Más tiempo del que dedica a dormir en algunos casos, más tiempo del que pasa con su familia, más tiempo del que dedica a la escuela.

No es solo el tiempo. Es lo que ocurre dentro de esas horas.

La red no tiene recreo, no tiene prefectos, no tiene timbre de salida. Tampoco tiene filtros parentales efectivos cuando la realidad es que muchos padres trabajan todo el día y los docentes apenas pueden contener el aula física, mucho menos el universo digital.

Así, mientras creemos que nuestros hijos están “aprendiendo”, en realidad están siendo educados por algoritmos.

Y los algoritmos no enseñan valores. Enseñan dependencia.

Por eso el debate que hoy se abre en México ya se resolvió en gran parte del mundo. Al menos 70 países han prohibido el uso de teléfonos celulares en las escuelas, algunos desde primaria hasta el último grado de preparatoria. No porque odien la tecnología, sino porque entendieron algo fundamental: la infancia necesita silencio cognitivo para aprender.

El cerebro humano no fue diseñado para saltar de un video de TikTok a una clase de matemáticas en menos de cinco segundos.

En Australia incluso se discute algo que hace apenas unos años habría parecido imposible: impedir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Ni Instagram, ni TikTok, ni Facebook. No como censura, sino como una barrera de salud pública.

Porque el problema no es la tecnología. El problema es la ausencia de límites.

La escuela debería ser uno de esos límites.

No para negar el mundo digital, sino para enseñarle a una generación que la realidad no se mide en likes ni en reproducciones. Que el conocimiento profundo no llega en un video de 30 segundos. Y que el silencio —ese bien escaso en la era del scroll infinito— sigue siendo una de las mejores herramientas para pensar.

La discusión que México está iniciando es necesaria. Pero también es incómoda, porque obliga a reconocer que los adultos hemos sido cómplices del problema.

Compramos celulares cada vez más caros para niños cada vez más pequeños. Celebramos que “le saben mucho a la tecnología”. Y después nos sorprendemos cuando no pueden concentrarse diez minutos en un libro.

Regular el uso del celular en las escuelas no resolverá todo. Pero puede ser el primer paso para recuperar algo que estamos perdiendo sin darnos cuenta: la capacidad de atención de toda una generación.

Y eso, en el largo plazo, es un asunto de salud pública, de educación… y de futuro.

En la intimidad… Mientras el debate nacional gira en torno a la salud mental de los jóvenes y al impacto de la tecnología en su desarrollo, en el sur de Tamaulipas ocurre algo que merece atención por razones muy distintas: la Universidad Autónoma de Tamaulipas está intentando devolverle a la formación médica algo que también se estaba perdiendo: el contacto real con las personas.

El rector Dámaso Anaya Alvarado impulsa desde la Facultad de Medicina de Tampico un modelo que combina dos necesidades urgentes: formar mejor a los futuros médicos y ofrecer atención especializada accesible a la población.

No es poca cosa.

Durante décadas la formación médica en muchas universidades del país quedó atrapada entre la teoría y la burocracia hospitalaria. Mucho conocimiento en el aula, pero pocas oportunidades de contacto clínico real en etapas tempranas.

El modelo que se está implementando en el Centro Universitario Sur busca corregir esa brecha. Estudiantes de medicina participan en procesos de atención bajo la supervisión de especialistas certificados, lo que permite que el aprendizaje no se limite a los libros, sino que se construya frente al paciente.

Cardiología, neurología, ginecología, dermatología y nutrición son algunas de las especialidades que ya operan dentro de este esquema. Y el proyecto contempla ampliarse a pediatría, traumatología y cirugía conforme avance el programa.

Pero quizá el dato más importante no está en el catálogo médico, sino en el costo.

Las consultas oscilan entre 100 y 300 pesos, una cifra que en tiempos donde una consulta privada puede superar fácilmente los mil pesos, representa un alivio tangible para muchas familias.

En algunos casos, como el control prenatal, la consulta incluso se ofrece de manera gratuita, un gesto que no solo tiene impacto social, sino también académico: permite a los futuros médicos entender que la medicina no es únicamente una profesión, sino una responsabilidad pública.

Quien esté interesado puede solicitar información o agendar una cita en el teléfono 833 241 2000, extensión 3314.

En tiempos donde abundan las malas noticias, conviene decirlo con claridad: cuando una universidad logra que el conocimiento se convierta en servicio, gana la sociedad entera.

Y esa, aunque a veces pase desapercibida, también es una forma de transformación.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

En tiempos donde la violencia ocupa los titulares y marca el ritmo de la
conversación pública, resulta urgente detenernos a pensar qué tipo de mundo
estamos construyendo. México atraviesa una crisis persistente de seguridad,
desapariciones y fracturas sociales. Al mismo tiempo, el escenario internacional
vuelve a tensarse con los recientes ataques de Estados Unidos contra Irán, una
escalada que amenaza con profundizar la lógica de la guerra como respuesta
automática al conflicto. En ambos casos, la violencia se presenta como inevitable.
Pero no lo es.
La filósofa Judith Butler ha insistido en que la violencia no solo se expresa en el
acto físico, sino también en los marcos que determinan qué vidas son lloradas y
cuáles no. Cuando normalizamos la guerra o justificamos la militarización bajo el
argumento de la seguridad, aceptamos implícitamente que hay vidas
prescindibles. Esa lógica atraviesa fronteras: desde los barrios mexicanos
marcados por la presencia del crimen organizado y la militarización, hasta las
ciudades de Medio Oriente convertidas en tablero geopolítico.
En México, la estrategia centrada en el uso de la fuerza no ha logrado devolver la
paz. Décadas de confrontación armada han dejado miles de víctimas,
comunidades desplazadas y una sensación de miedo cotidiano. En el ámbito
internacional, la repetición de bombardeos y represalias —como los
protagonizados por Estados Unidos e Irán— refuerza un mensaje peligroso: que la
violencia es el único lenguaje que los Estados comprenden.
Sin embargo, hay otros caminos. Butler y otros pensadores contemporáneos han
propuesto la construcción de “espacios de paz”: ámbitos donde la vulnerabilidad
compartida se convierta en punto de partida para el diálogo y la reconstrucción del
tejido social. Estos espacios no son ingenuos ni abstractos; son prácticas
concretas que buscan desactivar la lógica del enemigo.
Un ejemplo significativo es el proceso de paz en Colombia tras el acuerdo entre el
Estado y las FARC en 2016. Aunque imperfecto y aún en disputa, permitió reducir
la intensidad del conflicto armado y abrir mecanismos de justicia transicional
donde las víctimas ocuparon el centro. Otro caso es el de Irlanda del Norte, donde
el Acuerdo del Viernes Santo en 1998 demostró que décadas de violencia sectaria
podían transformarse mediante negociación política, reconocimiento mutuo y
participación ciudadana.
Estos procesos no borraron el dolor ni eliminaron por completo las tensiones, pero
evidenciaron algo fundamental: la paz no surge de la aniquilación del adversario,
sino del reconocimiento de su humanidad. En México, experiencias locales de

justicia restaurativa, colectivos de búsqueda y redes comunitarias de cuidado
muestran que la sociedad civil puede abrir grietas en el muro de la violencia. Son
esfuerzos pequeños frente a la magnitud del problema, pero encarnan una ética
distinta: la de la interdependencia.
Hablar de espacios de paz implica también cuestionar el lenguaje que utilizamos.
Cuando aceptamos términos como “daños colaterales” o “guerra necesaria”,
desdibujamos el sufrimiento real de personas concretas. Butler propone que
ampliemos el marco de lo que consideramos digno de duelo. Si cada vida cuenta,
entonces cada muerte es una herida colectiva que nos obliga a buscar
alternativas.
No se trata de negar los riesgos ni de idealizar el diálogo. Se trata de reconocer
que la violencia sostenida solo produce más violencia. En México hemos permitido
que durante décadas se desvié la atención con ataques constantes al crimen y
solo se ha generado más crimen, cuando quizás deberíamos priorizar la
educación, la prevención y sobre todo el fortalecimiento de espacios comunitarios,
pues desde el encuentro con otros podemos crear empatía que disminuya los
puntos de riesgo, principalmente en niñez y juventudes.
La historia demuestra que la paz es frágil, pero posible. En medio de la
incertidumbre, cuando parece que la guerra y el miedo dominan el horizonte,
debemos recordar que la esperanza también es una forma de resistencia. Porque,
incluso en los tiempos más oscuros, no nos pueden quitar la esperanza.

¡Uuuuurrrgeeee!

En un país donde el centralismo sigue siendo el rey indiscutible, las regiones periféricas como la nuestra en el Golfo de México luchan por no ser solo un apéndice olvidado de la Ciudad de México. Tamaulipas, con su vibrante zona metropolitana de Tampico-Madero-Altamira, y el norte de Veracruz, con polos como Poza Rica, Tuxpan y Pánuco, pero, aún más pegadito a la costa con Tampico Alto y Pueblo Viejo, comparten más que un límite geográfico: una historia común de resiliencia, un potencial económico desbordante y desafíos que solo se resuelven con unidad.

Hacer región no se trata de un capricho romántico, sino de una necesidad estratégica para impulsar el desarrollo que el gobierno federal nos ha negado sistemáticamente. Pensemos en los números, que en política nunca mienten si se leen con honestidad. La zona metropolitana de Tampico es un hub logístico con el puerto más importante del noreste, moviendo millones de toneladas de carga al año, desde petróleo hasta contenedores. Al sur, el norte de Veracruz complementa con su riqueza, un corredor turístico que podría rivalizar con cualquier destino caribeño si se invirtiera en infraestructura compartida.

Juntos, formaríamos un bloque económico que generaría empleos, atraería inversiones extranjeras y fortalecería la cadena de suministro energética de México. Imagínense un puente interestatal moderno, o mejor aún, un sistema de transporte multimodal que conecte Tampico con Tuxpan en menos de una hora. Eso no solo reduciría costos logísticos en un 20-30%, según estudios del Banco Mundial sobre integración regional, sino que potenciaría el turismo: playas de Miramar enlazadas con las de los jarochos, festivales culturales que crucen el río Pánuco sin burocracia.

Pero vayamos más allá de la economía. «Hacer región» significa combatir la inseguridad que azota ambas entidades, con carteles que no respetan fronteras estatales. Una colaboración en materia de seguridad, con inteligencia compartida entre las fiscalías de Tamaulipas y Veracruz, podría desmantelar rutas de trasiego que usan el norte veracruzano como trampolín hacia el sur tamaulipeco.

Y no olvidemos lo social: miles de familias viven en pequeñas embarcaciones con motor fuera de borda con migración laboral diaria. Una región integrada facilitaría acceso a servicios de salud, educación y vivienda, rompiendo el aislamiento que impone el federalismo obsoleto.

En tiempos de cambio climático, con huracanes que no distinguen mapas, una alianza para resiliencia ambiental, sería un escudo vital.

Los detractores dirán que esto es utópico, que los egos políticos estatales lo impiden. Pero miren el ejemplo del Bajío o la frontera norte: regiones que han prosperado precisamente por unirse, atrayendo inversiones de gigantes.

¿Por qué Tamaulipas y Veracruz no? El gobernador Américo Villarreal ha hablado de descentralización, pero hace falta acción concreta, que le hagan eco sus secretarios y demás integrantes el gabinete, un pacto biestatal con el gobierno veracruzano para fondos federales compartidos. Si no, seguiremos siendo vasallos del centro, con presupuestos raquíticos mientras otras regiones se levan los reflectores.

“Hacer región» entre Tampico y el norte de Veracruz no es opcional; es la llave para un futuro próspero, autónomo y equitativo. Es hora de que los líderes locales dejen los discursos y pasen a los hechos. De lo contrario, seguiremos lamentando oportunidades perdidas en un México que solo crece para unos pocos.

En la intimidad… En estos días de reflexión personal, recuerdo aquellas tardes cruzando el Pánuco en el “Chaán”, conversando con la abuelita y su sueño de que un día esta región ya existente se convierta en un atractivo polo de desarrollo economoico como lo es la capital del país. A ella, la vida ya no le dejo ver el progreso, ni siquiera alcanzó la modernización de la avenida Monterrey, hoy rebautizada como Armada de México, pero, tal vez ahora si tengamos gobernantes que nos unan más que cualquier tratado.

davidcastellanost@hotmail.com
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En la educación pública mexicana hay una pregunta incómoda que pocas universidades se atreven a formularse con honestidad: ¿estamos formando profesionales para el mundo real o para la nostalgia del modelo tradicional?

La Universidad Autónoma de Tamaulipas decidió entrar a ese debate. Y lo hizo con una apuesta concreta: veinte mil microcredenciales con reconocimiento internacional.

El rector Dámaso Anaya Alvarado presentó el Ecosistema Microcredenciales UAT 2026 como una herramienta para alinear la educación superior con el mercado global. No es una frase menor. En un entorno donde la empleabilidad ya no depende solo del título, sino de competencias verificables, las certificaciones específicas se han convertido en moneda académica de alto valor.

El programa no es simbólico. Catorce mil microcredenciales están dirigidas a estudiantes de nivel superior, dos mil a educación media superior y dos mil setecientas a docentes. La meta institucional es ambiciosa: que el 100 % del profesorado tenga acceso a certificaciones internacionales.

La secretaria académica Rosa Issel Acosta González explicó que la estrategia deriva de una alianza con Pearson VUE, lo que coloca a la universidad en un esquema de validación con estándares globales.

El mensaje de fondo es claro: el aula tradicional ya no es suficiente.

Las microcredenciales permiten acreditar habilidades digitales, disciplinares y blandas; fortalecer el perfil para estímulos académicos; consolidar cuerpos académicos y ampliar la participación en proyectos nacionales e internacionales. En otras palabras, rompen la inercia del currículum estático.

Pero el reto no es tecnológico. Es cultural.

La transformación educativa no se decreta en una sesión en línea. Implica que el docente deje de asumir que la antigüedad es sinónimo de actualización. Que la universidad entienda que competir globalmente exige estándares medibles. Y que el estudiante comprenda que su empleabilidad dependerá cada vez más de evidencias concretas, no de discursos.

Si la estrategia se ejecuta con rigor, la UAT podría colocarse en una posición distinta dentro del mapa nacional. Si se diluye en burocracia, quedará como una estadística más.

La educación superior mexicana necesita menos ceremonias y más verificaciones.

Tamaulipas parece dispuesto a intentarlo.

En la intimidad… Mientras la universidad habla de estándares globales, el Gobierno del Estado habla de una meta aún más compleja: erradicar la pobreza extrema.

El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció que la entidad redujo la población en pobreza extrema de 2.9% a 1.5%, lo que equivale a cerca de 50 mil personas en esa condición. “No podemos permitirnos seguir teniendo 50 mil gentes que estén en pobreza extrema”, dijo con énfasis.

Acompañado por la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, el mandatario sostuvo que Tamaulipas pasó del lugar 13 al 10 en el comparativo nacional en esta materia. La narrativa oficial es clara: la tendencia se revirtió.

Los números que acompañan el discurso son contundentes: 300 mil familias recibirán apoyo alimentario; los comedores comunitarios crecerán de 60 a 66; la inversión en el programa Alimentando tu Bienestar asciende a 1,586 millones de pesos; el Instituto de las Mujeres incrementa su presupuesto; cultura reporta más de 735 mil beneficiarios; deporte anuncia 236 millones para infraestructura.

El argumento político es potente: recuperar el papel estratégico del Estado frente a la lógica neoliberal. La referencia a la presidenta Claudia Sheinbaum no es casual. Se busca alineación narrativa y programática.

La pregunta, como siempre, será de sostenibilidad.

Reducir pobreza no es solo ampliar padrones; es generar movilidad social real. Y ahí es donde educación y bienestar se cruzan.

Microcredenciales para competir en el mundo. Programas sociales para cerrar brechas históricas.

Dos rutas distintas que, si convergen, pueden modificar el destino de una generación.

Si no, serán apenas anuncios bien redactados.

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