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«Respecto a la acusación que el departamento de Justicia de Los Estados Unidos de America ha realizado este día en mi contra por el supuesto delito de conspirar y enviar dinero sin licencia y presuntamente de procedencia ilícita a ese país, quiero aclarar que estos días estaré analizando con mis asesores legales la mejor manera de poder aclarar estos supuestos a la brevedad y que todos sepamos la verdad”

Lo anterior es un fragmento del comunicado que emitió en junio de 2015 el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores, quien nuevamente se encuentra en el centro del huracán, tras los señalamientos en su contra emitidos ahora por Irving Barrios, Procurador General de Justicia en el Estado (PGJE).

La diferencia es que ahora las acusaciones no van únicamente a Eugenio y Tomás Yarrington, también alcanzan a Egidio Torre Cantú, el último gobernador priista que tuvo la entidad, hasta que su incapacidad para gobernar y el hartazgo del pueblo, le otorgó al panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la oportunidad de mandar en «el infierno» conocido legalmente como Tamaulipas.

El acusado Hernández Flores, hoy goza de plena libertad al grado que pasea por todo México, incluso participa en eventos públicos sin que ninguna autoridad judicial nacional o extranjera le incomode. Eugenio Javier, también ha sido acusado de financiar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy comandante de Tamaulipas y a quien el ex candidato independiente, Francisco Chavira Martínez, acusó en un debate como un fiel servidor de Eugenio Hernández.

El asunto es que Irving Barrios, volvió a abrir al cajita de Pandora y dejó mal parados a los legisladores tamaulipecos quienes no tienen la más mínima idea de lo que dice el procurador en relación a los 30 millones de pesos que se pagaron por la seguridad personal a los ex gobernadores Tomás y Eugenio.

Pero el asunto se poner peor para los diputados tamaulipecos, porque lo dicho por el titular de la PGJE, no es de entera relevancia para ellos ya que este miércoles hubo reunión de legisladores y no abordaron el tema, «Ni en la junta de coordinación política, ni al interior de las comisiones», esto lo dejó muy claro el Coordinador del Congreso local, Carlos García González, quien además agregó «tuvimos Comisiones de Gobernación, tuvimos una Sesión, vimos iniciativa y dictámenes pero no es un tema que estábamos viendo en ese momento; no quiere decir que no nos interese», subrayó el legislador panista nacido en Matamoros de donde era Rigo Tovar.

Y precisamente para atajar esas posturas blandengues de los diputados, el ex candidato independiente a la gubernatura de Tamaulipas, Francisco Javier Chavira Martínez, pidió al Congreso del Estado dejar complicidades con los ex gobernadores a quienes se refirió como cómplices del crimen organizado.

¡Caramba! Mientras uno acusa, estos se desentienden y aquellos se esconden las cosas siguen igual en Tamaulipas; entonces el otro que tiene a su hermana en el gabinete presiona al tiempo que el gobernador desaparece, pero bueno el escándalo otra vez y los tamaulipecos bajo las mismas $&@!as.

davidcastellanost@hotmail.com

Opinión

La mujer del pelotero

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La historia de terror que atraviesan los 47 trabajadores federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tamaulipas es más que un simple conflicto laboral. Es una retórica fallida que evidencia el fondo de una contradicción institucional.

La dependencia encargada de vigilar que se respeten los derechos laborales… no puede garantizar los de su propio personal.

Aunque han guardado silencio por varios meses, lo de hoy es insostenible. Semanas sin pago, y no es la primera vez. Ha ocurrido antes. Han sufrido hasta tres meses sin salario, dicen. Sin retroactividad. Sin explicación clara.

Y ahora, una transición. Opaca y represora, comentaron los trabajadores federales, pues dicen que solo a través de una videollamada. Les bajaron instrucción. Un cambio de esquema, y punto. Van a pasar del orden federal al estatal. Sin reglas claras. Sin certezas. Sin garantías laborales.

El secretario Marath Baruch Bolaños López no ha dado la cara. Y ese silencio pesa más que cualquier pecado que haya cometido con anterioridad el mismo PRI en toda su historia.

No se trata de un simple ajuste administrativo. Es la estabilidad de personas que llevan décadas en el servicio público. Hay casos de más de 30 años de antigüedad. Trayectorias completas que hoy se reducen a una condición: firma o te quedas sin ingreso.

Renunciar a la antigüedad. A la compensación. A derechos adquiridos.

Aceptar un salario menor.

Firmar contratos temporales.

Trabajar, en los hechos, en condiciones de informalidad… dentro de una institución que sanciona precisamente eso.

La ironía… Los trabajadores de la STPS exigen a empresas que otorguen prestaciones, que respeten la ley, que garanticen estabilidad… mientras ellos no tienen nada de eso.

Ni siquiera porque el artículo 123 constitucional lo deja en claro: La irrenunciabilidad de derechos no es negociable. Y la progresividad laboral no va con los retrocesos.

La jurisprudencia es clara: en procesos de reestructuración, los derechos deben respetarse íntegramente.

Aquí pretenden que ocurra lo contrario.

Se reduce salario. Se eliminan prestaciones. Se borra antigüedad.

Se precariza.

Y se hace con presión.

Con la urgencia del trabajador que necesita cobrar para sostener a su familia.

Porque si el Estado puede desdibujar derechos laborales bajo el argumento de una “transición”, entonces cualquier empresa podría intentar lo mismo.

En la intimidad…. Mientras en un frente se discuten derechos laborales que se diluyen, en otro se construyen políticas públicas que, al menos en papel, buscan sostener a la población.

En Tampico, la administración de Mónica Villarreal Anaya ha apostado por un modelo concreto en materia de salud: atender la diabetes con seguimiento real, no con campañas de ocasión.

El Centro de Control de Diabetes (CECODIAT), en Morelos y Borreguera, ya tiene números que respaldan el discurso: más de 800 consultas diabetológicas, 992 de nutrición y un 56 por ciento de control metabólico en pacientes registrados.

En México la diabetes sigue siendo una de las principales causas de muerte, hablar de control —no de atención aislada— es hablar de política pública bien enfocada.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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Opinión

Un legado social para nuevas juventudes

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Era 2013 cuando conocí en persona a Rossana Reguillo. Acababa de leer un libro suyo donde analizaba a los policías en México; su narrativa bastó para volverme su admiradora y querer entender el mundo como ella lo hacía.

Ese texto reunía entrevistas con policías en Guadalajara, pero revelaba algo más profundo: la inseguridad en México no es un fenómeno lineal, sino un entramado de voces, contextos y silencios.

Para comprenderla, decía implícitamente, hay que escuchar a todas sus personas, conocer su vida y las motivaciones detrás de cada acto.

La vida intelectual de Reguillo estuvo marcada por una curiosidad inagotable y un compromiso ético con la realidad. Fue catedrática en el ITESO y formó parte del Consejo Consultivo de Comunicación de la IBERO Puebla. Sin embargo, su influencia desbordó las aulas. Siempre se mantuvo cercana a las juventudes, no desde la condescendencia, sino desde el reconocimiento de su potencia crítica y creativa.

Escuchaba, cuestionaba y acompañaba, la primera vez que pude escucharle parecía ser alguien que nos conociera de toda la vida y pese a su gran sabiduría se mostró atenta a nuestras inquietudes y nunca soberbia.

Su mayor acierto —y quizá su legado más poderoso— fue la capacidad de mirar de frente el horror sin simplificarlo. En sus análisis sobre violencia, desapariciones, narcotráfico y desigualdad, evitó las narrativas cómodas.

En lugar de eso, construyó relatos complejos donde cabían el dolor, la resistencia y las contradicciones de México. Supo leer los signos de su tiempo, tanto en las calles como en los espacios digitales.

Por eso impulsó proyectos como el Signa Lab, donde exploró cómo se construyen las conversaciones públicas en internet y cómo circula la información en contextos de crisis.

Reguillo entendía que narrar es también disputar el sentido. Sus textos no solo describían la realidad: la interrogaban. ¿Quién tiene derecho a contar la historia? ¿Qué voces quedan fuera? ¿Cómo se construye el miedo? En sus escritos sobre México, la violencia nunca fue un espectáculo, sino una pregunta abierta que exigía responsabilidad colectiva.

Nos enseñó que detrás de cada cifra hay vidas, y detrás de cada discurso, intereses.

Honrar su legado hoy implica más que recordarla: exige actuar. Para las juventudes, su ejemplo ofrece varias rutas. Primero, informarse con rigor y no conformarse con explicaciones superficiales. Segundo, escuchar activamente, especialmente a quienes han sido históricamente silenciados. Tercero, apropiarse de los espacios digitales con conciencia crítica, entendiendo que también ahí se construye la realidad social. Y, sobre todo, atreverse a cuestionar incluso las propias certezas.

En un contexto saturado de información, mantener la criticidad es un acto político. Reguillo nos enseñó a analizar siempre todas las partes, a desconfiar de las versiones únicas y a buscar las conexiones profundas entre los fenómenos. Su legado invita a mirar más allá de lo evidente y a asumir la responsabilidad de pensar el mundo en colectivo.

La revolución de ideas puede tener lugar en múltiples espacios, incluso en las plataformas digitales donde los discursos pueden desafiar el autoritarismo, cerrar los ojos ante la complejidad de nuevas formas de comunicación, sería traicionar su memoria.

En cambio, honrarla implica sostener la incomodidad de las preguntas difíciles, defender el pensamiento crítico y poner por delante el bien común.

Porque, como ella mostró a lo largo de su vida, entender es el primer paso para transformar la realidad que nos trastoca aunque no siempre parezca que algo lejano también nos afecta.

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Opinión

¿Hasta cuándo reaccionarán nuestras autoridades?

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Hace poco más de una semana se registró una mortandad masiva de peces en el estero El Camalote, y esto rápidamente se convirtió en una contingencia ambiental.

De inmediato, autoridades locales como el Ayuntamiento de Altamira y Comapa Sur tuvieron que intervenir ante el retraso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A seis días del incidente, el gobierno de Tamaulipas informó que la situación está controlada y que no existe riesgo de contaminación del agua potable.

Según las autoridades, el problema se originó por alteraciones hidrodinámicas que provocaron un desequilibrio en la salinidad, afectando a las especies que no lograron adaptarse.

Sin embargo, este episodio volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad crónica de la zona sur de Tamaulipas.

El estero El Camalote, donde se ubican las esclusas que regulan el agua dulce que abastece a cientos de miles de personas en Tampico, Madero y Altamira, se encuentra en constante riesgo.

Y las autoridades parecen reaccionar hasta que tienen el problema encima.

¿Ha visto usted a algún diputado federal de Tamaulipas plantear esta problemática en el Congreso de la Unión?

¿Alguno ha promovido reuniones con altos funcionarios de Conagua o gestionado recursos federales para el mantenimiento urgente de las esclusas y los 22 kilómetros de diques?

¿Los alcaldes de la zona sur se han reunido para emitir un pronunciamiento conjunto y exigir atención prioritaria al gobierno federal?

Por eso este fue uno de los temas en la Mesa de Análisis de los lunes por la noche en MVS Noticias.

Sepa usted que, hasta ahora, no existe un proyecto ejecutivo integral para el mantenimiento y rehabilitación de las esclusas del Camalote, ni se han realizado batimetrías recientes ni un dragado que aumente la capacidad de almacenamiento.

El Gobierno de Tamaulipas impulsa el proyecto del dique El Moralillo, que cuenta con el respaldo del gobernador Américo Villarreal y avanza en su etapa técnica, pero aún está lejos de concretarse.

No es suficiente.

Es necesario que los diputados federales cumplan con su verdadera función: legislar, fiscalizar y gestionar recursos para resolver problemas reales de la gente, en lugar de limitarse a llenar sus perfiles de redes sociales con fotos posando entre curules, pescando o comiendo tacos mientras “descubren” Tamaulipas.

También urge que el sector empresarial asuma una postura más firme y use su influencia para presionar a los representantes populares. Y a nosotros, como sociedad, nos corresponde no olvidar el riesgo real de quedarnos sin agua.

Nunca lo habíamos imaginado … y ocurrió.

Que no nos vuelva a pasar.

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Opinión

Preguntas sin respuestas

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El dato es contundente y, en cualquier escritorio de comunicación social, suficiente para construir un titular: Tamaulipas no registra casos de sarampión en lo que va del año y presume una cobertura de vacunación del 98.5 por ciento. Lo dijo el gobernador Américo Villarreal Anaya frente a personal de salud al que, además, se le entregaron medallas por décadas de servicio.

¡Magnánimo! ¡Colosal! ¡Imperial! ¡Jerárquico! Un gobierno que presume resultados y un sector que recibe reconocimiento público. Pero…

¿Dónde están los reportes técnicos que respalden ese 98.5 por ciento? ¿Cuál es la base poblacional utilizada? ¿Se trata de cobertura real o de dosis distribuidas? ¿Qué municipios concentran los rezagos y cuáles sostienen el promedio estatal? ¿Cómo se está midiendo la eficacia en campo en comunidades donde históricamente el acceso a servicios de salud es irregular?

Qué importa todo lo demás, estamos ante  un logro sanitario sólido, histórico como el mismo ingreso de la 4T a nuestra entidad.

Y bueno, era de esperarse; la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, habló de confianza construida con la ciudadanía, sin embargo, su simple llegada no válida el logro, pero, a ella le toca sostener el optimismo oficial sin reservas.

Porque mientras se reparten medallas —legítimas, necesarias— también persisten los reportes de hospitales con carencias, pregúntenle al Dr Juárez Durán -a quien enviamos un fuerte abrazo y deseamos que pronto ya se encuentre al 2 mil por ciento- ese hombre es el director del “Dr. Carlos Canseco”, de Tampico, un gigantesco cascarón hospitalario, y aquí como en el resto de los nosocomio a del sector público con tiempos de espera prolongados y personal que opera al límite. El contraste es inevitable: reconocimiento simbólico por un lado, desgaste operativo por el otro.

Marggid Rodríguez Avendaño, bueno, caray, el asunto del IMSS Bienestar sigue en fase de ajuste. Y ahí es donde el esfuerzo, humanismo y entrega del gobernador Américo Villarreal Anaya, encuentra personajes endebles que provocan fragilidades estructurales en la infraestructura gubernamental, no basta con afirmar que el sistema se fortalece; hay que demostrarlo en cada consulta, en cada abasto, en cada turno cubierto.

El dato del sarampión puede ser un logro. Pero sin información abierta, también puede ser apenas un enunciado.

En la intimidad… Mientras en el templete se habla de un sistema sólido, en la base laboral se discute otra cosa: cuánto tiempo puede un trabajador enfermo sostenerse antes de quedar desprotegido.

El diputado Armando Zertuche Zuani y el SUTSPET empujan una reforma que, en los hechos, desnuda una contradicción. Si el sistema de salud funciona, ¿por qué sus propios trabajadores tienen solo 60 días de licencia para enfrentar enfermedades graves?

El delegado sindical Alejandro Reyes lo plantea sin matices: no alcanza. Y cualquiera que haya pasado por un tratamiento oncológico o una recuperación neurológica lo sabe.

La iniciativa ya está en la antesala de la Comisión de Salud, presidida por Víctor Manuel García Fuentes. Ahí se va a definir si el discurso de bienestar también aplica hacia adentro del aparato estatal o si se queda, como tantas veces, en la superficie.

Porque al final, la política pública se mide en eso: en lo que resuelve cuando el reflector se apaga.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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