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En el Artículo 21 de la constitución política se los Estados Unidos Mexicanos, se dispone la obligatoriedad para el ministerio público en la investigación de los delitos y aparejada la función de conducir y mandar a las policías en el desempeño de funciones de investigación. Es decir, en ellos se centra la impunidad o efectividad en la impartición de justicia.

Una vez precisado lo anterior y estando en el mimo tenor, nos permite analizar la realidad que en el tema de «segura» inseguridad le toca padecer a la zona costa de Tamaulipas.

Hemos sido tristes testigos de que la política de seguridad implementada en el sexenio de Egidio Torre Cantú y en la naciente administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, resulta recurrente la frase de «nos faltan policías» y así de fácil se justifica el porqué la población de Tamaulipas se siente insegura y más aún en su mayoría han sido víctimas de la comisión de un delito.  De igual manera entre dato y dato, el problema de los delitos del fuero común, repuntan porque el trabajo del Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) ha reducido los delitos de alto impacto. Lo anterior nos remite al artículo citado constitucional y al cual gracias a los expertos en derechos, se apunta  que dispone en su párrafo 9° «La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva….» dejando claro que no distingue de delitos de fueros, sino más bien, ordena garantizar a los entes públicos la seguridad de la población, una población  a quien  día a día ve más lejano el cumplimiento de esa promesa de regresar a Tamaulipas la seguridad que merecen.

Es común leer y escuchar que los delitos son  realizados por actores políticos, institucionales,  y sociales, al abordar el tema de los problemas de Prevención, recurrentemente se brindan recomendaciones para poder obtener el número «ideal» de policías según el número de habitantes,  peeeeroo, se omite analizar el otro aspecto de la encomienda constitucional, la investigación y persecución de los delitos, tema específico de competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en donde nunca se ha expresado que falten ministerios públicos. Así es cómo llegamos al punto de analizar la siguiente información que se genera en la PGJE delegación zona Costa a cargo de Juan Antonio Jara Benavides, en la que se determina un desempeño bajo de los Agentes del Ministerio Público», según refirió Oscar Alberto Lara Sosa, hasta ayer martes Director General de Operaciones del Procedimiento Penal Acusatorio Laboral  y Oral de la PGJE.

Fue a través del oficio marcado PGJ/MPS/168/2016 emitido a Jara Benavides y fechado al 19 de septiembre, donde se le notificó al Delegado de la zona Costa que de las 2070 carpetas -antes averiguaciones previas- que ha iniciado la Unidad de Atención Inmediata (UAI), se ha remitido 643 a las Unidades de Investigación, «lo que indica un bajo porcentaje en la aplicación de salidas alternas», le señalaron a Jara Benavides en la página 2 de 4 que comprende el informe.

La información estadística que evalúa a Juan Antonio Jara Benavides y sus agentes investigadores, comprende del periodo Febrero- Agosto de 2016, es información obtenida a partir del seguimiento de supervisión que se realiza de manera constante y periódica a cargo de Oscar Alberto Lara Sosa.

Por otra parte, de las 2 mil 944 carpetas de investigación registradas  en las unidades generales de investigación (UGI) y evaluadas por Lara Sosa a través del Sistema Integral Informático Procesal de Procedimientos Penales en Tamaulipas (SIIPPPTAM) en la Delegación que comprende los municipios de Altamira, Madero, Tampico, González y Aldama,  se determina que  dicha unidad no está cumpliendo con el objetivo para el cuál fue creada, que es de dar una solución inmediata a los casos (denuncias y/o querellas)» .

De acuerdo con los indicadores sobre carpetas iniciadas, en Efectividad de Criterios de Oportunidad, se tiene cero por ciento de productividad, mientras que los números son más crudos en los indicadores sobre carpetas judicializadas es decir asuntos turnados ante la autoridad jurisdiccional que arroja un numero de 17. La evaluación termina con resultados de  cero por ciento en Efectividad de Procedimientos Abreviados; cero en Efectividad de Sentencias Condenatorias; cero en Efectividad de Juicios y cero en Efectividad de Sentencias Condenatorias en proceso de juicio

Las cifras anteriores nos permiten concluir que la falta de un trabajo que debiera realizarse tal como se dispone en el ya señalado artículo federal , bajo  los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, condicionan la realidad que estamos padeciendo en este sur del estado.

Entonces la tarea del procurador, Irving Barrios Mojica quien apenas este martes oficializó los primeros 15 nuevos nombramientos de quienes estarán al frente de las diversas áreas de la Institución como parte del proyecto de una nueva, ética y ética Procuraduría tamaulipeca con personal destinado a servir con el fin de devolver la paz y la seguridad a la sociedad.

Los nuevos servidores públicos en la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas son y se agregan textual como lo notificó la vocería de la procuraduría del estado.

LIC. VICTOR MIGUEL GUERRA ENRIQUEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA VISITADURÍA

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, ha desempeñado en diversos cargos dentro de la Procuraduría General de la República tales como Director General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Director General de Procedimientos Penales y Amparo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y fue Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia.

LIC. ABEL RAMÍREZ GONZÁLEZ

DIRECTOR DE ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con diplomado en Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se ha desempeñado como Abogado litigante en materia Civil, Penal, Mercantil, Laboral y Familiar.

MTRO. CRAIG LÓPEZ OLGUÍN

DIRECTOR JURÍDICO

Maestro en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, se ha desempeñado como Subdirector de Prestaciones y Relaciones Laborales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Director General de Asuntos Judiciales de la Procuraduría General del Estado de Guerrero, así como Titular de la Unidad de Enlace con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero.

LIC. JESÚS VILLALOBOS RODRÍGUEZ.

COORDINADOR DE ASESORES

Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, se ha desempeñado como Secretario Técnico del Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Morelos, Asesor Técnico del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán y Asesor Técnico del Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero.

LIC. JORGE ADRIÁN GÓMEZ CARREÑO

DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha desempeñado como Subdirector de Investigación y Extensión Académica en la Dirección General de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República, Asesor Jurídico en la Comisión Federal de Competencia Económica, así como Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (PGR).

LIC. CARLOS ALBERTO PÉREZ TÉLLEZ

DIRECTOR DE CONTROL DE PROCESOS

Licenciado en Derecho por la Universidad México-Americana del Norte, se ha desempeñado como Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación de la Procuraduría General de la República en los Estados de Veracruz y Nuevo León, y como Abogado Litigante.

LIC. YADIRA ROJAS LUCIO

DIRECTOR DE LA UNIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

Licenciada en derecho por el Liceo Universidad Pedro de Gante, se ha desempeñado como Encargada de la Coordinación Valle de México, Zona Oriente del Sistema Penal Acusatorio y Asuntos en Materia Penal.

MTRA. GUADALUPE PAOLA ROMO

DIRECTOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL

Cuenta con estudios de  Maestría en el Sistema Penal Acusatorio por la Universidad Autónoma del Noreste Campus Saltillo, se ha desempeñado como Defensor Público adscrito al sistema penal acusatorio en el Instituto Estatal de la Defensoría Pública del Estado de Coahuila.

MTRA. ELIZABETH ALMANZA ÁVALOS

FISCAL ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A PERSONAS NO LOCALIZADAS O PRIVADAS DE SU LIBERTAD.

Maestra en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, se ha desempeñado como Fiscal Regional en el Municipio de La Piedad adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, Fiscal Regional en el Municipio de Texcoco de Mora adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y como Subdirectora de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

LIC. JUAN TORRES MATA

DIRECTOR DE ENLACE CON INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Licenciado en Relaciones Comerciales por la Escuela Superior de Comercio y Administración IPN, se ha desempeñado como Secretario Particular de la Fiscal Especializada en Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Subdirector Operativo de la Dirección de Prevención Social de la Delincuencia y de la Violencia en la Presidencia Municipal de Toluca y Director de Apoyo y Seguimiento Administrativo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

DRA. MINERVA CÁCERES VÁZQUEZ

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

Doctora en Derecho por la Universidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se ha desempeñado Agente del Ministerio Público Auxiliar del C. Procurador adscrita a la Primera Subprocuraduría de la Procuraduría General de Tamaulipas, además de ser Docente de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

LIC.  GUSTAVO ADRIÁN GARZA DOMÍNGUEZ

COORDINADOR DE UNIDADES DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Licenciado en Derecho por la Universidad Valle de Bravo, se ha desempeñado como Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas, en Ciudad Reynosa, Tamaulipas y como Agente del Ministerio Público Auxiliar de la Delegación Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

MTRA.  ADRIANA HERNÁNDEZ LÓPEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Cuenta con estudios de Maestría por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se ha desempeñado como  Coordinadora de Planeación y Seguimiento de la Procuraduría General del Estado de Tamaulipas, Jefa de Departamento de Desarrollo Administrativo de la Dirección de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

LIC. DANIELA ROMO CHARLE

DIRECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Noreste Campus Saltillo, se ha desempeñado como Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General del Estado de Coahuila. Facilitadora Penal y Mediadora Penal en la Procuraduría General del Estado de Coahuila.

M.S.I. JOSÉ MARIO MOTA VÁZQUEZ.

DIRECTOR DE INFORMÁTICA

Maestro en Sistemas de Información por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se ha desempeñado como Director de Informática en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jefe de Departamento de Planeación Tecnológica en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y como Catedrático en la Universidad La Salle Victoria y Universidad Politécnica de Cd. Victoria.

Tamaulipas es puntero en secuestros y extorsiones, una entidad donde se complica iniciar un proyecto económico porque luego- luego te caen para cobrar la cuota e incluso hay delitos impunes o desaparecidos que ni siquiera son buscados.

Por cierto… Irving, dejo acéfala la Dirección de Averiguaciones Previas, que se presumía iba a ser para el licenciado Miguel Leopoldo Ramírez Treviño, pero su reputación, no terminó de convencer al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por lo que aplazo o definitivamente, canceló su nombramiento.

pgr

davidcastellanost@hotmail.com

Opinión

La fragilidad detrás del “progreso”

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Por: Zaira Rosas

zairosas.22@gmail.com

Estados Unidos ha construido buena parte de su poderío sobre la innovación tecnológica. Desde la conquista del espacio hasta el desarrollo de la inteligencia artificial, el país se ha consolidado como referente de progreso, modernidad y capacidad de transformación. Sus empresas desarrollan tecnologías que redefinen industrias, mientras sus sistemas de infraestructura sostienen una de las

economías más influyentes del planeta.

Sin embargo, dos acontecimientos recientes nos recuerdan que ni el poder económico ni los avances tecnológicos garantizan la invulnerabilidad.

El pasado 13 de noviembre, una falla en los sistemas de comunicación del control aéreo estadounidense obligó a suspender durante casi cinco horas los despegues en todo el país. Miles de vuelos fueron cancelados o retrasados, afectando a pasajeros que, de un momento a otro, descubrieron que su posibilidad de trasladarse dependía del funcionamiento de una infraestructura tecnológica que rara vez cuestionamos.

Resulta paradójico que una nación capaz de desarrollar algunas de las tecnologías más sofisticadas del mundo continúe dependiendo de sistemas de control aéreo que arrastran décadas de rezago. De acuerdo con las autoridades, una actualización de equipos de telecomunicaciones habría provocado una sobrecarga en la red.

La causa exacta continúa bajo investigación, pero las consecuencias fueron inmediatas: aeropuertos paralizados, itinerarios interrumpidos y miles de personas sujetas a decisiones ajenas a su voluntad.

Casi simultáneamente, otro acontecimiento sacudió al sector tecnológico. Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de NVIDIA, renunció después de más de tres décadas al frente de una compañía fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial. Su salida ocurrió en medio de revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales, incluida una con Alice Huang, una empresaria sospechosa de mantener vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

Aunque no se ha demostrado públicamente que existiera espionaje ni filtración de información, el episodio abrió cuestionamientos sobre seguridad, conflictos de interés y responsabilidad corporativa.

Huang había construido una trayectoria extraordinaria. Bajo su liderazgo, NVIDIA pasó de fabricar procesadores gráficos a convertirse en una empresa estratégica para el futuro tecnológico mundial. Sin embargo, el prestigio acumulado durante décadas no impidió que decisiones personales pusieran en entredicho su liderazgo y la confianza depositada en él.

¿Qué tienen en común un sistema aéreo paralizado y la caída de uno de los empresarios más influyentes del mundo? Ambos exhiben distintas formas de vulnerabilidad detrás de estructuras que parecían extraordinariamente sólidas. En el primer caso, la fragilidad se encuentra en la infraestructura; en el segundo, en la condición humana de quien ejerce el poder.

Uno demuestra que los sistemas más complejos pueden depender de componentes aparentemente insignificantes; el otro, que las organizaciones más poderosas también están expuestas a las decisiones de quienes las dirigen.

Hemos asociado el progreso tecnológico con una promesa de control, eficiencia y seguridad. Cuanto más avanzamos, más confiamos en nuestra capacidad para anticipar riesgos y resolver problemas. Pero quizá esa confianza nos ha llevado a confundir sofisticación con infalibilidad.

Estos acontecimientos también deberían invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia dependencia. Delegamos cada vez más decisiones, actividades y responsabilidades a sistemas que no comprendemos completamente, mientras depositamos enormes expectativas en las personas que lideran su desarrollo.

La tecnología seguirá transformando nuestra manera de vivir, trabajar y relacionarnos. Debemos reconocer la importancia que tiene en nuestro entorno, pero también comprender sus límites y exigir responsabilidad a quienes están al frente de esta industria, pues más allá de los algoritmos no podemos olvidar nuestras propias capacidades y lo que implica ser seres humanos.

Ambos casos demuestran que, sin importar el desarrollo generado, la sofisticación, la inteligencia de los sistemas, al final dentro de la tecnología y quien está detrás también hay una gran vulnerabilidad.

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Opinión

El reto de la realidad cotidiana

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En el ejercicio periodístico, los números suelen ser tan fríos como reveladores, pero su verdadera dimensión se mide cuando aterrizan en el bolsillo y la tranquilidad de la gente. Durante la más reciente emisión dominical de Diálogos con Américo, el gobernador Américo Villarreal Anaya puso sobre la mesa una batería de datos económicos y financieros con los que busca ponerle nombre al tapado, perdón, sostener una premisa clara: en Tamaulipas se crece con orden.

Muy a discreción, pero no se trata de percepciones aisladas, sino de cifras que el propio Ejecutivo estatal respalda en reportes externos como, por ejemplo, lo dictado por el INEGI, que ubica a la entidad en el tercer lugar nacional en desarrollo industrial, apenas por debajo de gigantes manufactureros como el Estado de México y Nuevo León. A este indicador, se suma una disciplina financiera que (comenzó Adriana Lozano Rodríguez, y encumbró Carlos Irán Ramírez González), que, según evaluadoras internacionales e instituciones bancarias, ha permitido elevar en un 34 por ciento acumulado los ingresos propios sin recurrir a la creación o aumento de impuestos, logrando además condiciones crediticias favorables con una sobretasa de apenas 0.34 puntos porcentuales.

En el papel, el panorama resulta alentador y habla de un manejo hacendario que genera certidumbre ante los mercados. Sin embargo, el verdadero desafío para cualquier administración no se trata exclusivamente obtener buenas calificaciones crediticias o figurar en los primeros sitios de las tablas nacionales, sino en lograr que esa bonanza macroeconómica de que se habla se traduzca en bienestar tangible para el ciudadano de a pie, es decir, que se vea en el bolsillo para comprar la caguama sin remordimiento para que puedan seguir enfrentando los retos diarios de la inflación, la seguridad y la necesidad de servicios públicos eficientes.

El respaldo del gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum resulta pieza clave en este rompecabezas. La inserción de Tamaulipas en el llamado Plan México abre la puerta a inversiones de gran calado que prometen consolidar la vocación logística y energética del estado. Proyectos como los 40 mil millones de pesos destinados a la segunda etapa del Puerto del Norte, el desarrollo en aguas profundas del campo petrolero Trión con 24 pozos proyectados, la ampliación aduanera en Nuevo Laredo y la nueva carretera de cuatro carriles hacia la frontera y el puerto, dibujan un escenario de alta competitividad frente a Estados Unidos.

En el terreno de la infraestructura cotidiana, obras como la carretera Mante-Ocampo-Tula, ya en operación, o el avance del 70 por ciento en la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria y la modernización de los distritos de riego 025 y 026, responden a demandas históricas de conectividad y abasto de agua. Son proyectos necesarios, aunque la sociedad tamaulipeca mantendrá la lupa puesta en los tiempos de entrega, la calidad de ejecución y la transparencia en cada peso ejercido.

El mandatario hizo énfasis en la vertiente social de su administración, destacando el trabajo del Sistema DIF Tamaulipas, encabezado por la doctora María de Villarreal, a través de programas como Lazos de Bienestar. La reconstrucción del tejido social es, sin duda, la tarea más compleja y menos visible en el corto plazo, pero también la más urgente en un estado que busca dejar atrás años de desgaste institucional y social.

Al final del día, los indicadores positivos son una buena carta de presentación y un punto de partida sólido. No obstante, en política y en economía, los aplausos duran poco si el crecimiento no alcanza para todos. La expectativa queda abierta: que el orden financiero y las grandes inversiones se reflejen, sin excepciones, en cada rincón de Tamaulipas.

En la intimidad… Donde también se reporta actividad constante en territorio es en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Recientemente, a través de Familia UAT, la máxima casa de estudios sumó esfuerzos con el Sistema DIF Tamaulipas durante la brigada “Transformando Familias”, llevada a cabo en la Unidad Deportiva del Poblado Anáhuac, en el municipio de Valle Hermoso.

Bajo la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado y el impulso de la licenciada Isolda Rendón de Anaya al frente de Familia UAT, estudiantes de servicio social, docentes y voluntarios de las unidades académicas de Valle Hermoso, Reynosa Aztlán y la Facultad de Medicina Matamoros llevaron atención médica preventiva y orientación gratuita a los habitantes de la zona. Entre tomas de presión arterial, mediciones de peso y talla, y asesoría contra enfermedades crónico-degenerativas, la comunidad universitaria dejó claro que la vinculación social sigue siendo una herramienta efectiva para acercar la academia a las necesidades reales de las familias tamaulipecas.

davidcastellanot@hotmail.com
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Opinión

15 años sin justicia en Tamaulipas

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En la teoría constitucional, la procuración e impartición de justicia deben operar bajo principios de autonomía, imparcialidad y estricto apego a derecho, al margen de los ciclos electorales. Sin embargo, en la práctica institucional de Tamaulipas, la línea entre la Fiscalía General de Justicia y el aparato gubernamental en turno ha mostrado una cercanía que cuestiona la verdadera independencia del sistema judicial.

Un caso emblemático de esta parálisis institucional cumple exactamente 15 años (180 meses) sin una resolución definitiva. El 12 de noviembre de 2011, en el cruce de las calles 16 y Olivia Ramírez en la capital tamaulipeca, un vehículo oficial propiedad del Gobierno del Estado, conducido por Marcelino Loredo Huerta -quien de acuerdo con los registros del caso se presume manejaba en estado de ebriedad- y por cierto, actualmente empleado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), impactó el automóvil en el que viajaban tres menores de edad: Alejandra Nava Cárdenas, Camila Cantú González y José Miguel Vizcarra Cantú. Los tres perdieron la vida.

A década y media de distancia, el expediente refleja una constante omisión a través de distintas etapas políticas e institucionales en la entidad:
Tres administraciones estatales: El caso ha atravesado los sexenios encabezados por distintos partidos políticos, desde el gobierno priista de Egidio Torre Cantú, pasando por la alternancia panista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hasta la actual administración morenista de Américo Villarreal Anaya. Ninguno de los cambios de siglas en el Ejecutivo estatal se tradujo en voluntad política para destrabar el proceso.

Ocho titulares en el Poder Judicial: Durante estos 180 meses, la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia ha cambiado de manos en ocho ocasiones, desde Alejandro Etienne Llano hasta la actual titular, Tania Gisela López Contreras, sin que el relevo en las magistraturas garantizara celeridad procesal.
De acuerdo con los antecedentes disponibles, el presunto responsable señalado en las investigaciones no ha sido detenido ni sometido a un juicio que derive en una sentencia firme, permaneciendo en libertad tras tres lustros.

La persistencia de este expediente sin cierre evidencia que la alternancia partidista no ha sido sinónimo de autonomía para las instituciones encargadas de procurar justicia.

Cuando un vehículo oficial y un servidor público están involucrados en un hecho de esta magnitud, la falta de resultados alimenta la percepción de que la cercanía entre las fiscalías y el poder político termina por proteger a la estructura gubernamental por encima de los derechos de las víctimas.

Quince años representan una carga insostenible para las familias de Alejandra, Camila y José Miguel. La exigencia de justicia no puede estar sujeta a los tiempos políticos ni a la conveniencia de las administraciones en turno. Mientras el sistema judicial no logre desvincular su actuación de las dinámicas del poder ejecutivo, la deuda con las víctimas seguirá abierta, dejando sin respuesta la pregunta fundamental tras 180 meses de espera: ¿hasta cuándo?

En la intimidad… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participó en la LXIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), celebrada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la sesión, última ordinaria del año, se presentó el balance de la gestión 2023-2027 del Secretario General Ejecutivo, Dr. Luis González Placencia, quien destacó la consolidación de la ANUIES como actor político y moral de México, bajo un modelo de gobernanza solidaria, con defensa de la autonomía universitaria y representatividad histórica en todo el país.

En el marco de este encuentro, el rector de la UAT estrechó lazos con autoridades académicas y refrendó el compromiso de la institución frente a los retos de la educación superior en México.

Durante la Asamblea se aprobó el ingreso de 15 nuevas instituciones, con lo que la Asociación expande su membresía a 293 instituciones de educación superior. Asimismo, se informó sobre el proceso de elección de la persona titular de la Secretaría General Ejecutiva para el periodo 2027-2031.

En los trabajos participaron la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien presentó la propuesta de política pública para transformar la educación superior y el desarrollo científico, y el subsecretario de Educación Superior, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, quien expuso los avances presupuestales y reformas estructurales impulsadas por la administración federal.

Con su participación, el rector Dámaso Anaya Alvarado refrendó el compromiso de la UAT de contribuir activamente a la agenda nacional de la educación superior y de sumar sus capacidades académicas, científicas y de vinculación al fortalecimiento del sistema universitario mexicano.

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El costo de votar en silencio

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Contrario a lo que muchos piensan, el silencio también tiene precio; más allá de aquel dicho “el que calla otorga”, quedarse callado puede costar millones, incluso hasta la vida, si no se hablan las cosas. Y en un Cabildo, donde cada voto compromete recursos que pertenecen a los ciudadanos, puede salir bastante caro.

El 11 de noviembre, durante la sesión 78 del Ayuntamiento de Tampico, el regidor panista Edmundo José “Mon” Marón Manzur, quien parece no entender este mundito, encontró una oportunidad inmejorable para ejercer la oposición. Tenía enfrente la quinta etapa del Programa de Obra Pública 2026, una bolsa cercana a los 9 millones 700 mil pesos y tres frentes de intervención urbana. Su respuesta fue levantar la mano en contra. Sin argumento, sin objeción técnica, sin una sola palabra que permitiera conocer el motivo de su negativa.

Una postura iNMperdonable. La imagen pública que el propio Mon ha construido va en decadencia. Se le recuerdan intervenciones solventes, formas cuidadas, caballerosidad y una elegancia que no suelen pasar inadvertidas. Por eso su actuación merece una crítica mayor: no por haber votado contra el Gobierno municipal, sino por haber reducido su responsabilidad deliberativa a un movimiento de brazo.

Por supuesto que la oposición no está obligada a concederle nada a Mónica Villarreal Anaya. Tampoco a Rogelio Ontiveros Arredondo, responsable de presentar el programa. Si hay sospechas de corrupción, que las investigue; si encuentra deficiencias, que las exhiba; si los proyectos no resisten una revisión técnica, que los desmonte con documentos. Para eso están los regidores. Para incomodar, no para adornar sus sesiones, y de todo lo anterior nada se le sospecha a José Rogelio; quizás por eso Mon solo alzó su brazo por mero capricho.

La propuesta contemplaba recursos del FORTAMUN por más de 3 millones de pesos, ingresos derivados del impuesto a los hidrocarburos por arriba del millón y recursos de libre disposición superiores a los 5 millones. En conjunto, casi 9.7 millones para rehabilitar banquetas en la calle 20 de Noviembre, entre Salvador Díaz Mirón y Capitán Emilio Carranza; pavimentar vialidades de colonias con rezago, principalmente en la zona norte, y atender espacios públicos y servicios urbanos.

No es una revolución urbanística. Tampoco una obra que por sí sola vaya a cambiarle el rostro a Tampico. Es dinero público destinado a necesidades concretas.

Mon Marón tiene derecho a votar como considere. Lo que no puede, ni debe, por respeto a Tampico, es que su voto quede exento de explicación.

El calendario político de 2026-2027 ya comenzó a alterar los ánimos, a reacomodar intereses y a poner bajo sospecha cada movimiento de quienes aspiran a conservar o conquistar posiciones. La administración municipal enfrenta una turbulencia que no se resolverá con buenos modales ni con fotografías de unidad. Pero tampoco con una oposición que confunda la estrategia electoral con la representación ciudadana.

El problema de Mon no es haberle negado un voto a Mónica Villarreal. Es haber desperdiciado la oportunidad de demostrar por qué debía negárselo. Cuando un político tiene altura de miras, el voto opositor puede ser tan valioso como el “a favor”, claro, siempre que esté acompañado de razones. De otro modo, sólo queda el registro de una mano levantada y la sospecha de que la política e intereses personales terminaron desplazando el interés público.

La advertencia no es exclusiva para el panista ni para el Cabildo de Tampico. En Tamaulipas y en cualquier Ayuntamiento del país, los regidores deben entender que no fueron electos para convertirse en comparsa del alcalde, pero tampoco para representar una oposición de utilería. Su obligación es deliberar, fiscalizar, proponer y responder por sus decisiones.

En la intimidad.. Los jugadores del Club Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Manuel Garza Contreras y David Alejandro Paz Galván, han sido incluidos en la lista definitiva de la Selección Liga Premier que realizará una gira por Sudamérica del 14 de noviembre al 13 de diciembre.

Así lo dieron a conocer la propia Liga Premier y la Federación Mexicana de Futbol, al confirmar la convocatoria de los futbolistas originarios de Ciudad Victoria en el marco del proyecto denominado Estrellas Premier, quienes deberán presentarse el próximo sábado en la Ciudad de México para iniciar su concentración y posteriormente emprender el viaje al cono sur.

El selectivo de la Liga Premier sostendrá una serie de encuentros ante diversos representativos, programados en distintas ciudades de Uruguay y Argentina, como parte de una gira que se extenderá por casi un mes.

De acuerdo con lo informado por la Liga, el objetivo de esta gira es proyectar a nivel internacional el talento con el que cuenta esta categoría del futbol mexicano.

Para el Club Correcaminos, esta convocatoria representa una oportunidad para proyectar la calidad de los futbolistas tamaulipecos formados en el equipo de la UAT, aspecto que ha sido establecido como una prioridad por el rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, M.V.Z. Dámaso Anaya Alvarado, quien ha brindado su total respaldo a los futbolistas que integran la institución azulnaranja en todas sus categorías.

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