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En septiembre de 1991, cuando este columnista inició su carrera en los medios informativos por el abrazo y hospitalidad de mi ahora gran amigo Héctor Vázquez Gutiérrez, director general de la revista Sucesos de Tamaulipas (que se edita en la frontera), y entonces gerente de producción del periódico que a la sazón se llamaba El Diario de Tampico, tuve la fortuna de conocer a Sofía Sandoval Ovando, ya por aquellas fechas secretaria general de la Sección 36 del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana (Sitatyr).  Recuerdo que inició ahí una amistad cercana con ella, sempiterna operadora de la estación radiofónica que inicialmente se llamó «Superestelar», y con otra muy entrañable y estimada compañera que tenía el mismo puesto, pero en una difusora que perteneció también a esa empresa, y que un par de décadas después fue adquirida por el grupo Imagen.  Esa otra gran amiga, lamentablemente, ya falleció, y siendo aún joven.  Pero la anteriormente citada dirigente sindical no sólo continúa estando al frente de la dirigencia seccional del SITATYR, cuya membresía se ha visto disminuida considerablemente conforme pasa el tiempo debido al recorte masivo de personal sindicalizado en cada empresa del sur de Tamaulipas donde tiene presencia.  Sofía, en contraste, sigue ahí, y ahora más fuerte que nunca: en los últimos diez años comenzó a tener una incursión más directa en la política local, una cercanía que adquirió el carácter de relación-compromiso desde el segundo período como alcalde de Fernando Azcárraga López.   En aquellos años, a  más de una junta sindical de las que convocaba anualmente, invitó para estar ahí al ex presidente municipal de Tampico, específicamente en época de campaña electoral.  Cuando aún se tomaba Sandoval Ovando la molestia de organizar reuniones de fin de año (con las cuotas retenidas a los trabajadores afiliados, por supuesto) para el personal de  Telecable Tampico, donde trabajé durante 17 años y medio de forma ininterrumpida, comenzó a llevar, como acompañante, a la actual regidora y en algún tiempo secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI en esta ciudad y puerto, Dorely Meza Reyes.

«Vienen cosas buenas, muchachos», solía decirnos Sofía como explicación no pedida a los miembros del sindicato, que también empezó a hacer sus juntas en la sede local de la eternamente priísta Confederación de Trabajadores de México (CTM).   No pasó mucho tiempo para que, una mañana de diciembre en 2014, pudiera darse cuenta cada empleado sindicalizado, de los que quedaron tras la merma gradual de la plantilla laboral de Telecable (a la extinción de «Cablecanal», que había iniciado en 1993 como Canal 11  de Tampico, había apenas una cuarta parte de la membresía que llegó a tener el SITATYR en ese centro de trabajo), de que esas cosas buenas anunciadas por ellas eran, si acaso, para la causas muy propia y personal de la lideresa, porque de un solo golpe una docena y media de empleados se quedó sin su fuente laboral.  Al que esto escribe, simple, llana e ilícitamente le habían impedido el paso a la empresa apenas 7 semanas antes, sin que mediara ya no digamos causa justificada, sino explicación alguna ni finiquito o liquidación económica ninguna.  Hubo así violación flagrante a la Ley Federal del Trabajo y a las garantías individuales del empleado, según lo marca la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Pero el propósito era claro: evadir, primero, el pago justo, conforme a derecho y a las prestaciones marcadas en el contrato colectivo entre el patrón y la organización que representaba al trabajador, en este caso el SITATYR.  Y en segundo lugar, viéndolo de manera fría, desde la perspectiva de esa empresa y en el afán de cuidar sus intereses económicos, para Telecable fue aquella la manera más sencilla de ganar tiempo, ya que lo peor que podía pasar era que el empleado cuyos derechos estaban siendo violentados acudiera a interponer una demanda ante Conciliación y Arbitraje, pero el proceso consiguiente tomaría un largo período resolverlo, y en todo ese lapso había dos posibilidades: que el agraviado se fastidiara y desistiera (lo cual no ocurrió), o que «algo» le sucediera a él, ya fuera que enfermara y dejara de habitar más este mundo por ese motivo, o por accidente… en fin.  La probabilidad siempre está latente.  Pero, a Dios gracias, nada de eso ha pasado tampoco.

Al Sitatyr acudieron a afiliarme a mi domicilio, tras ver que a los pocos meses de ingresar a la empresa el propio director general comenzaba a promoverme para otros puestos (un par de ascensos antes del primer año y los correspondientes aumentos salariales), la secretaria general de la Sección 36, Sofía Sandoval Ovando, y el entonces delegado del sindicato en Canal 11 de TV Cable (así se llamó en un inicio), Juan Pérez Ochoa, a quien una década después la misma lideresa le promovió, por su parte, la rápida salida de ese centro de trabajo, después de que él había sido durante años su brazo derecho, y de que por poco y se queda, en una contienda democrática limpia en la que por primera vez estuvo a punto de perder, con el puesto que ella siempre ha ocupado.  El talento y capacidad de Pérez Ochoa lo llevaron en unos cuantos meses, pese a un sucio bloqueo que además se ganó por tal atrevimiento, a ganarse la confianza del equipo de campaña del finado Rodolfo Torre Cantú, y fue a tal grado la habilidad y responsabilidad que demostró, que aún Egidio, quien se desentendió de cuantos colaboradores de su hermano pudo, lo mantuvo como parte de su grupo de comunicación social, donde concluye el sexenio como camarógrafo más cercano.  Para ingresar al sindicato me pidió Sofía, eso sí, una «módica cantidad» en calidad de «préstamo».  Pero ninguno de los asensos o promociones que obtuve en Telecable fueron gracias a gestiones de ella, sino más bien por el desquite de mis emolumentos de la mejor manera, y tampoco ella metió las manos para intervenir a mi favor cuando, en el período más decadente del Canal 11 (Cablecanal), me intentaban fastidiar y entramparme laboralmente algunos gerentes que estuvieron siempre de paso por esa compañía.  Vamos, en un par de ocasiones fue la misma empresa la que terminó «reculando» y dándome mi lugar por iniciativa propia y así convenir a sus intereses, y sin que Sofía, totalmente desentendida del caso de su representado, moviera un solo dedo.  No fui el único al que no defendió: está el caso de 5 exempleados de Cablecanal, dos de ellos reporteros activos actualmente, a los que obligó a firmar un finiquito injusto, que luego apelaron por ello a la dirigencia nacional del SITATYR, y quienes hace cosa de un año obtuvieron ya un fallo favorable con su pago correspondiente.

La tarde del 23 de octubre de 2014, un día antes de que me prohibieran el paso a Telecable en la hora que yo solía iniciar mi jornada laboral, su gerente en aquel entonces y la encargada de Recursos Humanos me mandaron llamar a la oficina del primero.  En el interior estaban también la mencionada Sofía Sandoval Ovando, quien era legalmente mi representante laboral ante la empresa, y el delegado del SITATYR en mi área, Juan Gabriel Herrera Del Ángel.  Cuando el del cargo gerencial me dijo aquello de «por no convenir ya a nuestros intereses te estamos haciendo esa propuesta para que le eches un vistazo», y me mostró un legajo de hojas grapadas donde se me ofrecía sólo una décima parte de lo que me correspondía conforme a derecho y al contrato colectivo que se supone me amparaba, por 17 años y medio de servicios prestados, me negué obviamente a firmarlo, porque además ni siquiera se me dio un solo motivo, una justificación escrita ni oralmente, por la cual me estuvieran echando de mi trabajo.  Antes de retirarme de ahí, les pregunté a una malencarada dirigente sindical y su acompañante si acaso no estaban ahí para defenderme, a lo que, literalmente cruzada de brazos, Sandoval Ovando simplemente alzó los hombros sin abrir la boca.  Me regresé a concluir mi jornada, pero en los dos días que siguieron ya no me dejaron entrar ahí.  «Nos dieron la orden de no dejarte pasar», dijo el personal de vigilancia de Telecable los dos días siguientes cuando me presenté como de costumbre, y así quedó registrado en el material audiovisual grabado con celular que acaba de ser exhibido como testimonial en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.  En ambas ocasiones llamé por teléfono al número de Sofía, esperando no sólo una explicación de su parte, sino que además cumpliera su deber de defenderme  y hacer valer mis derechos, pero sólo la primera vez entró la llamada, y sin escuchar una sola respuesta de su parte, me colgó.  Este año volví a verla: estuvimos cerca el uno del otro mientras yo cubría, como reportero, el acto público que encabezó tras su registro en calidad de candidata ante el IETAM, la ahora presidente municipal electa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra.  Y es que Sofía fue incluida en su planilla y hoy es ya regidora «electa».

Sandoval Ovando está mencionada en la demanda laboral como testigo del despido injustificado de que fui objeto (tan injustificado, que la coartada alegada por los representantes legales de Telecable, desde que inició el proceso, va en el sentido de que a mí jamás me despidieron, y que incluso reconocen mi antigüedad laboral y todos los derechos y prestaciones reclamados por mí en el expediente abierto).  El abogado que me representa pidió la comparecencia de ella y los otros testigos mencionados para interrogarlos en sendas audiencias confesionales.  Dos de ellos, empleados de la empresa al momento de mi despido injustificado, ni siquiera se presentaron en la fecha que les correspondía comparecer.  Pero además, tampoco asistieron a dar su versión las personas que nombró, como supuestos testigos a su favor, el representante legal de la empresa, una falta que deja, en cuanto a esa diligencia del proceso, en calidad de «confesa» a Telecable.  A la actual regidora electa del ayuntamiento de Tampico, Sofía Sandoval Ovando, le toca comparecer como «testigo confesional» ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en septiembre próximo, unos días antes de que asuma el cargo que ostentará, como representante ciudadana (como representante además del «sector obrero», velando por las garantías de los trabajadores), en el cabildo porteño.  La pregunta es: ¿acudirá al llamado, a atender el citatorio que le hace dicha instancia?  Y si lo hace, ¿mentirá?  ¿se arriesgará a mentir, con todas las implicaciones legales que ello conlleva?  ¿o simplemente preferirá no correr tal riesgo la munícipe electa que formará parte de la mayoría priísta en el próximo cuerpo edilicio?

 

Desde la redacción.

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