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(o:  “Té de manzanilla para el gigante”)

Los de la escolta.  Los del cuadro de honor.  Los que ganan la “olimpiada del conocimiento”.  Los que reciben reconocimiento al concluir su educación primaria o secundaria como mejores promedios y primeros lugares en aprovechamiento académico.  Los que aparte se llevan las menciones honoríficas.  Los que, por todo lo anterior, siempre reciben becas ya sea oficiales o procedentes de fundaciones para el fomento de la excelencia educativa.  Los que se ganan el derecho a “ir a ver al presidente” en la residencia oficial de Los Pinos.  Todos ellos.   Y más: los alumnos que cada año terminan su ciclo escolar habiendo sido “promovidos” (como se decía antaño) al siguiente grado en cualquier nivel de enseñanza básica.  Los millones de niños y adolescentes que en todo el territorio nacional asisten a escuelas públicas y son calificados diariamente por haber resuelto bien los ejercicios en clase, haber expuesto algún tema ante grupo, haber resuelto correctamente los problemas razonados y las operaciones matemáticas, haber contestado de forma acertada las preguntas referentes a gramática, historia, geografía y ciencias naturales, haber demostrado que están al corriente en la cultura general, haber hecho la tarea de inglés y practicar ese idioma dentro del salón, haber participado en las actividades extramuros, como educación física, asambleas y talleres, haber aprendido a tocar un instrumento básico y leer en pentagrama las notas musicales, haber entendido, pues, lo que es la educación artística.

Todos esos menores, estudiantes que a lo largo de los últimos, digamos,  diez o quince años, han cubierto su instrucción elemental sin problema alguno, bajo la dirección, observancia, capacitación, asesoramiento y evaluación, y por ende aprobación y certificación de los docentes que trabajan para el sistema educativo oficial, pertenezcan estos ya sea al Sindicato o a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿deberán ver anulados sus certificados de preescolar, primaria y secundaria, por el hecho de que alguno, varios o todos los maestros que les tocó tener en determinado período o año lectivo de su asistencia a clases, haya sido o sea reprobado en el examen o exámenes (porque, hasta nuevo aviso, son 3 los que se aplica como el mismo número de oportunidades) que establece la tan discutida, controversial y hoy en día bastante rechazada, reforma educativa de México?  Si se trata de ser congruentes y exigentes al cien por ciento, y de estar en concordancia con el sentido de “las grandes reformas estructurales” implementadas por los poderes de la unión desde que inició el actual gobierno federal, entonces habría que hacer también una rectificación en tal sentido, es decir: una invalidación total del trabajo que hayan realizado, frente a grupo, los profesores que no estén teniendo buenos resultados al sustentar dichas pruebas… bastante complicado  e  incluso absurdo, absolutamente impensable, ¿cierto?  Y sin embargo es una tesis que tiene fundamento: ¿tendrá validez el título profesional de cualquier adulto con una carrera universitaria o educación superior, si se llega a descubrir que los catedráticos que le impartieron tales o cuales materias no eran sino falsos mentores?  Habría que ver.

Entonces, ¿hay congruencia o no al querer dejar sin trabajo, sin su puesto o “plaza” dentro del sistema de enseñanza pública, a aquellos maestros que no pasen los exámenes contemplados por la reforma educativa?  Lo más probable y evidente es que, con todo y sus carencias, fallas y falta de capacidad para estar al cien por ciento avalados en cuanto a conocimientos y habilidades, en cuanto a sus aptitudes al frente de grupo, los profesores que no han aprobado, y esos que probablemente no aprueben las evaluaciones por venir, tuvieron por lo menos la capacidad para sacar adelante la tarea propia de educar a esos grupos de niños que han tenido ellos a su cargo al interior de los planteles públicos.  Y si así ha sido es porque, en lo general, se han apegado, de una forma medianamente buena o incluso aceptable, a los métodos, esquemas, lineamientos, guías y, sobre todo, programas que establecen tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP), como las secretarías estatales de esa misma área.  Pero sobre todo: existe algo mucho más complejo, que pocos han observado, y que pone ante una disyuntiva al gobierno que impulsó la reforma educativa, el cual tampoco ha sido capaz de verlo, y es el hecho de que ha sido este mismo sistema gubernamental, y por supuesto los que le precedieron, el que ha expedido, vía la SEP, todos esos certificados de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y preparatoria, a los alumnos de escuelas públicas en las que labora toda esa plantilla magisterial cuyas facultades pone ahora en entredicho, al ponerla a prueba para ver si es apta o no para impartir clases.  Lo cual, por sí solo, constituye una verdadera paradoja.  Como la de los habitantes de aquel país fantástico que un día encontraron a un gigante dormido cuyo cerebro se aventuraron a explorar, sólo para descubrir que no hacía sino estar soñando, con exactitud, lo que ellos harían a continuación.  Y entonces su mayor preocupación, la de los residentes de aquel lugar imaginario, fue no hacer nada que pudiera despertar a ese gigante.  Algo que el actual gobierno empieza a hacer justo ahora, cuando su propio gigante se ha limpiado ya hasta las “chinguillas” de los ojos.

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Opinión

Que se sienta la…

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En Tampico, las autoridades locales  anuncian el reforzamiento de la seguridad por la temporada navideña. La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya insiste en que la tranquilidad de las familias es prioridad, y subraya coordinación, planeación y cercanía con la ciudadanía. Se habla de presencia policiaca, de vigilancia en zonas comerciales, turísticas y bancarias; se presume trabajo entre Guardia Nacional, SEDENA, Guardia Estatal, Protección Civil y Bomberos. Todo suena bien, y se escucha institucionalmente correcto… pero en materia de seguridad, los anuncios no bastan.

Porque si en Tampico (claro, se incluye al municipio de Altamira y Ciudad Madero), queremos hablar de confianza social real, no de operativos estacionales o discursos que se encienden únicamente cuando el calendario exige resultados. La seguridad no es campaña decembrina, ni comodín de temporada -aunque Erasmo y Armando, así lo crean- es una obligación permanente del Estado y un derecho de las familias del sur de Tamaulipas. No basta con decir que hay coordinación, hay que demostrarla en hechos visibles y continuos, porque los robos y asaltos bancarios y locales comerciales provocan cuestionamientos a los presuntos patrullajes constantes, a la respuesta inmediata, a las estrategias medibles, y esa prevención real y políticas que sobrevivan a la euforia navideña como dictan los discursos oficiales.

Es cierto, la temporada implica mayores riesgos; más gente, más dinero circulando, más movilidad, más oportunidades para el delito. Pero justo ahí está el verdadero reto: garantizar que lo que hoy se presume como un operativo robusto no se diluya en enero, no se apague cuando regresen las rutinas, ni se convierta en recuerdo bonito del “dispositivo navideño”. La seguridad debe sostener la ciudad todos los días, no sólo cuando llegan paisanos o turistas.

Pero ante todo eso, a Mónica no le tiembla afirma tener una estrategia sólida, entonces esa solidez debe percibirse en la calle, en los semáforos, en los estacionamientos, en los centros comerciales, en las colonias populares y en las zonas residenciales. Ella sabe que es parte del trabajo diario que debe sentirse a las tres de la tarde y a las tres de la mañana. Comprende que debe notarse no sólo en cifras oficiales, sino en la tranquilidad cotidiana de la gente. Porque la seguridad verdadera no se mide con boletines, no, se mide con la paz con la que las familias salen, caminan, compran, conviven… y regresan a casa sin miedo.

En la intimidad… Mientras se habla de seguridad hacia afuera, también hay esfuerzos que buscan reconstruir desde adentro. El Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) lleva formación técnica y humana a las Personas Privadas de la Libertad en los CEDES de Tamaulipas. Gracias a un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública, hoy en los centros de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria y Altamira se imparten cursos de barbería, idiomas, habilidades digitales, primeros auxilios, electricidad, belleza y más, apostándole a lo que pocas veces se mira con seriedad: la reinserción social.

Con inversión compartida entre Federación y Estado, con infraestructura fortalecida, nuevas aulas y una ruta sostenida de capacitación, los números cuentan una historia distinta: más cursos, más beneficiarios, más personas preparándose para reescribir su vida cuando recuperen la libertad. No es caridad; es política pública inteligente. Porque un sistema penitenciario que educa y capacita es una apuesta directa a reducir la reincidencia y, por ende, a mejorar la seguridad que todos exigimos allá afuera.

Si de verdad queremos un Tamaulipas más seguro, hay que mirar la calle… pero también la celda. Hay que exigir resultados inmediatos, sí; pero también reconocer cuando se siembra a largo plazo. En la seguridad, como en la vida, nada se construye de la noche a la mañana: se trabaja, se sostiene y se honra… todos los días.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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Opinión

Entre sanciones, premios y silencios

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

La creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha vuelto a colocar a
América Latina frente a una discusión que nunca termina de resolverse: ¿hasta
dónde llega la soberanía de los países? y ¿cuándo la comunidad internacional
decide intervenir, directa o indirectamente, en nombre de la democracia o la
seguridad?. La decisión del gobierno estadounidense de endurecer el bloqueo a
embarcaciones petroleras venezolanas no es solo una medida económica; es una
acción con profundas consecuencias políticas y humanitarias.
En este escenario, las declaraciones de la presidenta de México, Claudia
Sheinbaum, adquieren un peso especial. Su llamado a la Organización de las
Naciones Unidas para evitar un derramamiento de sangre y su insistencia en una
solución pacífica no son simples gestos diplomáticos. Provienen de una figura con
poder político real, de un país con tradición histórica de no intervención y con
autoridad moral en la región. Cuando México habla, no lo hace desde la
marginalidad, sino desde una posición que puede influir en el rumbo del debate
latinoamericano, principalmente en medio de un panorama con cambios recientes
entre los mandatarios de otros países.
La importancia de estas posturas radica en que ayudan a marcar límites. En un
contexto donde las decisiones de Estados Unidos suelen imponerse por su peso
económico y militar, una voz que apela al multilateralismo y a la diplomacia sirve
como contrapeso. Sin embargo, también expone una tensión interna: defender la
no intervención sin proponer mecanismos más activos puede convertir ese
principio en una postura pasiva frente a crisis prolongadas como la venezolana.
El reconocimiento internacional a María Corina Machado con el Premio Nobel de
la Paz suma una nueva capa al conflicto. El galardón visibiliza la lucha por los
derechos humanos y la democracia en Venezuela, pero también plantea
preguntas incómodas. En el pasado, los discursos de “liberación” y “defensa de la
democracia” han sido utilizados para justificar acciones militares o sanciones que
terminan afectando a la población civil más que a los gobiernos en el poder. El
Nobel, en ese sentido, puede ser un símbolo de esperanza, pero también un
elemento que algunos actores internacionales usan para reforzar agendas propias.
Aquí es donde la experiencia reciente obliga a mirar con cautela. Julian Assange,
fundador de WikiLeaks, documentó y denunció crímenes de guerra cometidos por
Estados Unidos en conflictos como Irak y Afganistán. Sus revelaciones mostraron
cómo, bajo el discurso de seguridad y libertad, se cometieron abusos graves que
costaron miles de vidas civiles. Recordar estas acusaciones no es un ejercicio del
pasado, sino una advertencia: la intervención extranjera rara vez es neutral o
desinteresada.

Por lo anterior Assange hace una acusación directa ala fundación Nóbel, pues
desde su perspectiva el reconocimiento a María Corina Machado puede reforzar
que se cometan “ crímenes de guerra” en lugar de fortalecer la paz, lo cual se
opone a la misión original del Nóbel, pues la premiada ha incitado de alguna forma
al gobierno de Trump para la intervención no pacífica en Venezuela.
Por eso, la postura de México no puede limitarse a declaraciones bien
intencionadas. Su liderazgo regional debería traducirse en propuestas concretas:
impulsar procesos de mediación reales, fortalecer canales humanitarios y
promover espacios donde la solución no dependa de sanciones unilaterales ni de
amenazas veladas. La diplomacia, cuando es activa y consistente, también es una
forma de ejercer poder.
La crisis venezolana no admite respuestas simples. Estados Unidos presiona
desde la fuerza; la oposición busca respaldo internacional; el gobierno de Maduro
se aferra al control interno. En medio, millones de personas civiles e inocentes,
viven las consecuencias. En ese contexto, las palabras de líderes como Claudia
Sheinbaum importan porque ayudan a definir qué tipo de región quiere ser
América Latina: una que repite discursos sin efecto o una capaz de construir
soluciones propias.
La pregunta que queda abierta no es solo qué pasará con Venezuela, sino si los
países de la región, México incluido, están dispuestos a asumir un papel más firme
y coherente para que la paz deje de ser solo una declaración y se convierta en
una política real.

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Opinión

Obra pública que se pisa… y poder que se construye

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La obra pública no se presume, se camina. Y en Tampico, al cierre de 2025, el Gobierno municipal parece haber entendido esa lógica con puntualidad quirúrgica. Un paquete extraordinario de obras que ronda los 196 millones de pesos, traducido en al menos 70 procesos licitatorios en ejecución, no es un dato menor.

El secretario de Obras Públicas, José Rogelio Ontiveros Arredondo, ha sido claro en la transparencia de la información al precisar que los trabajos avanzan conforme al calendario y varias vialidades estarán listas antes del 31 de diciembre. Otras, correctamente, cumplen primero con la introducción del sistema hidrosanitario, ese paso incómodo pero indispensable que durante años fue omitido y que convirtió muchas calles en parches temporales condenados al colapso.

La calle Irak, en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, es más que una obra podríamos considerarla un símbolo. Una zona históricamente castigada por encharcamientos y abandono hoy aparece en la lista de prioridades del cierre de año.

El mensaje político es evidente y lo entienden los tampiqueños, el presupuesto se está convirtiendo en calle, drenaje y concreto, no en discursos. Y lo que sigue no es menor. Ontiveros Arredondo anticipa que 2026 será un año de mayor inyección de recursos para la infraestructura urbana, respaldado por un Presupuesto de Egresos aprobado por el Cabildo que prioriza pavimentaciones, redes hidrosanitarias y modernización vial.

Aquí está el punto fino de todo el asunto. No se trata solo de gastar más, sino de invertir con método, de sostener el ritmo y consolidar lo avanzado. La instrucción de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya ha sido clara: trabajo continuo, coordinación interinstitucional y arranque de año sin pausas. Ese es el tipo de disciplina administrativa que suele marcar la diferencia entre un trienio correcto y uno que deja huella.

Con este paquete de obras, el Gobierno municipal cierra 2025 con resultados tangibles, a partir de este periodo decembrino la política cambia de tono; deja de ser promesa y empieza a ser advertencia de cara a lo que sigue.

En la intimidad… Mientras las retroexcavadoras avanzan en las colonias, en otro plano —menos visible pero igual de decisivo— Mónica Villarreal Anaya mueve piezas en la mesa federal. Esta semana, la Presidenta Municipal sostuvo una reunión de trabajo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para gestionar recursos federales extraordinarios que fortalezcan la infraestructura social y turística de Tampico.

Acompañada por la secretaria de Finanzas del Ayuntamiento, Silvia Santamaría Góngora, la alcaldesa dialogó con Fernando Renoir Baca Rivera, Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. El encuentro se centró en la presentación de proyectos y estrategias orientadas a atender sectores prioritarios y reducir desigualdades sociales que aún persisten en el municipio.

La alcaldesa fue directa: “Estamos trabajando de manera permanente para atraer recursos que fortalezcan la infraestructura social y turística en Tampico, ampliando las capacidades municipales para la cohesión social y la prosperidad compartida”. Detrás de la frase hay un mensaje político claro: quien no gestiona, se estanca.

Villarreal Anaya subrayó la importancia de llevar proyectos sólidos, viables y con rendición de cuentas, condición indispensable para acceder a esquemas de financiamiento federal extraordinario. No es improvisación; es planeación con visión de continuidad.

Y aquí conviene decirlo sin rodeos;  si Mónica Villarreal le saca provecho al Presupuesto 2026 que ella y su equipo han armado, si mantiene el ritmo de obra, la disciplina financiera y la gestión federal que hoy exhibe, terminará de afianzarse en la silla del poder municipal como ya lo ha hecho en varios frentes.

Que se cuiden todos y todas. La alcaldesa tiene trayectoria hecha, incluso desde mucho antes de algunos “adelantaditos” que hoy levantan la mano sin haber puesto un solo metro de pavimento. Y si en los próximos meses comienzan a verla mencionada en la lista de la sucesión a la grande, que nadie se sorprenda. En política, cuando la obra camina y el presupuesto responde, el poder —tarde o temprano— también avanza.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

Dámaso Anaya debe salir de la UAT

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Con estos de la 4T la educación pública suele ser el primer blanco del recorte, la simulación o la inercia burocrática, pero, la Universidad Autónoma de Tamaulipas acaba de colocar un punto y aparte que merece leerse con atención. Como señal política, académica e institucional.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, informó un hecho inédito el 100 por ciento de los programas educativos de la Universidad están acreditados en calidad. No es una cifra hueca ni un reconocimiento decorativo. Es, en términos estrictos, la certificación de que toda la oferta académica cumple estándares nacionales y externos de evaluación, pertinencia y actualización ¡histórico!

Conviene recordar el punto de partida. Cuando Anaya asumió la rectoría, la UAT venía de un momento de empuje por recuperar su grandeza, pero, la Universidad tenía 89.9 por ciento de programas acreditados, lo que permitía que 94.4 por ciento de la matrícula cursara estudios reconocidos por su calidad. No era un mal escenario, pero sí uno incompleto. La diferencia entre avanzar y conformarse está, muchas veces, en la decisión política de cerrar brechas.

La apuesta fue clara desde el inicio, acreditación total.  No como consigna, sino como meta medible. En apenas dos años, la administración rectoral impulsó una estrategia integral de evaluación académica, mejora continua y fortalecimiento institucional que involucró a directores, docentes y personal administrativo. Nada se logra en solitario dentro de una universidad de este tamaño.

El propio rector lo ha dicho sin rodeos este avance es uno de los logros más significativos de su gestión. Y lo es porque garantiza algo elemental que suele olvidarse en el discurso educativo todos los estudiantes, sin excepción, cursan hoy programas evaluados, pertinentes y alineados a las exigencias del sector productivo y social.

Hay otro elemento que no debe soslayarse. Este resultado también refleja respaldo institucional y político del Gobierno del Estado. Cuando la educación se asume como eje de transformación y no como trámite administrativo, los resultados suelen aparecer. Aquí no hay milagros,  hay coordinación, seguimiento de indicadores y decisiones sostenidas.

La acreditación al 100 por ciento no es el punto final, pero sí un piso más alto desde el cual exigir más. Más investigación, mayor vinculación, mejores condiciones laborales y un impacto social que trascienda las aulas. En ese sentido, la UAT manda un mensaje claro; el de quiere ser —y competir como— la institución de educación superior más sólida del estado, por eso, Dámaso ya o muy pronto debe tener una encomienda mayor.

En la intimidad… Mientras la educación consolida estándares, Hidalgo, Tamaulipas, se prepara para jugar en otra liga: la del turismo religioso con visión de desarrollo. La inauguración de la Virgen de la Misericordia, una escultura monumental de más de 32 metros en El Chorrito, no es solo un acto de fe; es una estrategia territorial.

Esta obra atraerá a miles de peregrinos, pero también generará empleo, activará economías locales y detonará un desarrollo sostenible. No es un discurso voluntarista. La dependencia elaboró un análisis con base en series históricas y proyecciones reales.

“No es solo una proyección, es la prueba de que, cuando trabajamos unidos y con profesionalismo, convertimos nuestra riqueza cultural y natural en prosperidad real y duradera para todos”, explicó el funcionario. Los números acompañan el optimismo más de 65 mil visitantes estimados al cierre del año.

Las Rutas Cultural y de Naturaleza, acompañadas por este nuevo santuario, apuntan a experiencias auténticas que conectan fe, territorio y comunidad. Hernández Rodríguez lo resumió así: “El futuro del turismo en nuestro estado está despegando como nunca, gracias al impulso del gobernador Américo Villarreal Anaya, con más seguridad, infraestructura, conectividad y servicios”.

La Virgen de la Misericordia se perfila, así, como el nuevo corazón espiritual y turístico del noreste mexicano. Y en el fondo, el mensaje es el mismo que en la Universidad: cuando hay planeación, respaldo y visión, los proyectos dejan de ser promesas y empiezan a ser destino.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

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