En la educación pública mexicana hay una pregunta incómoda que pocas universidades se atreven a formularse con honestidad: ¿estamos formando profesionales para el mundo real o para la nostalgia del modelo tradicional?

La Universidad Autónoma de Tamaulipas decidió entrar a ese debate. Y lo hizo con una apuesta concreta: veinte mil microcredenciales con reconocimiento internacional.

El rector Dámaso Anaya Alvarado presentó el Ecosistema Microcredenciales UAT 2026 como una herramienta para alinear la educación superior con el mercado global. No es una frase menor. En un entorno donde la empleabilidad ya no depende solo del título, sino de competencias verificables, las certificaciones específicas se han convertido en moneda académica de alto valor.

El programa no es simbólico. Catorce mil microcredenciales están dirigidas a estudiantes de nivel superior, dos mil a educación media superior y dos mil setecientas a docentes. La meta institucional es ambiciosa: que el 100 % del profesorado tenga acceso a certificaciones internacionales.

La secretaria académica Rosa Issel Acosta González explicó que la estrategia deriva de una alianza con Pearson VUE, lo que coloca a la universidad en un esquema de validación con estándares globales.

El mensaje de fondo es claro: el aula tradicional ya no es suficiente.

Las microcredenciales permiten acreditar habilidades digitales, disciplinares y blandas; fortalecer el perfil para estímulos académicos; consolidar cuerpos académicos y ampliar la participación en proyectos nacionales e internacionales. En otras palabras, rompen la inercia del currículum estático.

Pero el reto no es tecnológico. Es cultural.

La transformación educativa no se decreta en una sesión en línea. Implica que el docente deje de asumir que la antigüedad es sinónimo de actualización. Que la universidad entienda que competir globalmente exige estándares medibles. Y que el estudiante comprenda que su empleabilidad dependerá cada vez más de evidencias concretas, no de discursos.

Si la estrategia se ejecuta con rigor, la UAT podría colocarse en una posición distinta dentro del mapa nacional. Si se diluye en burocracia, quedará como una estadística más.

La educación superior mexicana necesita menos ceremonias y más verificaciones.

Tamaulipas parece dispuesto a intentarlo.

En la intimidad… Mientras la universidad habla de estándares globales, el Gobierno del Estado habla de una meta aún más compleja: erradicar la pobreza extrema.

El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció que la entidad redujo la población en pobreza extrema de 2.9% a 1.5%, lo que equivale a cerca de 50 mil personas en esa condición. “No podemos permitirnos seguir teniendo 50 mil gentes que estén en pobreza extrema”, dijo con énfasis.

Acompañado por la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, el mandatario sostuvo que Tamaulipas pasó del lugar 13 al 10 en el comparativo nacional en esta materia. La narrativa oficial es clara: la tendencia se revirtió.

Los números que acompañan el discurso son contundentes: 300 mil familias recibirán apoyo alimentario; los comedores comunitarios crecerán de 60 a 66; la inversión en el programa Alimentando tu Bienestar asciende a 1,586 millones de pesos; el Instituto de las Mujeres incrementa su presupuesto; cultura reporta más de 735 mil beneficiarios; deporte anuncia 236 millones para infraestructura.

El argumento político es potente: recuperar el papel estratégico del Estado frente a la lógica neoliberal. La referencia a la presidenta Claudia Sheinbaum no es casual. Se busca alineación narrativa y programática.

La pregunta, como siempre, será de sostenibilidad.

Reducir pobreza no es solo ampliar padrones; es generar movilidad social real. Y ahí es donde educación y bienestar se cruzan.

Microcredenciales para competir en el mundo. Programas sociales para cerrar brechas históricas.

Dos rutas distintas que, si convergen, pueden modificar el destino de una generación.

Si no, serán apenas anuncios bien redactados.

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El puente al desnudo

Hay estultos que no conocen su país y, lo peor, que no tienen ganas de servir para bien a la nación y tienen cargos de primero y segundo nivel. Por eso, es que muchos de estos ignorantes no se imaginan la importancia del Puente Tampico, una infraestructura que sostiene regiones; sin embargo, hay omisiones que han puesto en riesgo esta megaconstrucción y a sus usuarios.

Y es que les debe quedar claro que el  Puente Tampico no es un paso local. Es una pieza estratégica del corredor que conecta el centro y sureste del país con la frontera de Estados Unidos. Es comercio, industria, exportaciones, logística energética. Es economía en movimiento #ptm

Y hoy está agrietado.

No hablamos de desgaste menor. Hablamos de baches profundos y socavones visibles en una vía federal de cuota operada por Caminos y Puentes Federales. Una infraestructura que recauda, pero cuyo mantenimiento preventivo no está a la altura de su importancia estratégica.

Es inhumano cómo han obligado a que en esta vía de alto flujo pesado obliguen a los operadores a frenar de golpe sus enormes unidades, y es que en un  tramo elevado el riesgo va más allá de un percance vial, se convierte en una probabilidad de… mejor ni mencionarlo. CAPUFE, debería tener más respeto; esto no se debe administrar con parches.

Y el sur de Tamaulipas no puede normalizar el deterioro.

El puente fue inaugurado en 1988. Desde entonces, la carga vehicular se multiplicó. El puerto creció. La actividad industrial se expandió. La presión estructural aumentó. Lo único que no puede crecer al mismo ritmo es la indiferencia institucional.

El Puente Tampico no puede esperar a que un accidente obligue a reaccionar. La prevención no es gasto. Es responsabilidad.

Y si la federación no dimensiona el valor logístico de esta conexión entre Tamaulipas y Veracruz, alguien tendrá que recordárselo con datos, presión pública y exigencia constante.

Aquí no se trata de oposición ni de oficialismo. Se trata de vidas, economía y dignidad regional, pero, al ritmo que vamos, el puente se convertirá en una metáfora del abandono.

En la intimidad… En Ciudad Victoria se empieza a notar algo que pocos dicen en voz alta.

El diputado local por Altamira, Marcelo Abudis Ramírez, comienza a construir un perfil distinto al promedio legislativo. Impulsó el reconocimiento de las cabalgatas como patrimonio cultural y propuso institucionalizar el tercer domingo de noviembre como su día oficial. Identidad, sí. Pero también estructura territorial.

En el Congreso circula otro dato que pesa más que el discurso: niveles de asistencia constantes y presencia sostenida en territorio.

Y recientemente presentó un Punto de Acuerdo para obligar a que todas las unidades del transporte público mantengan vigente su seguro vehicular. No es un gesto político; es una medida preventiva concreta.

En la zona metropolitana de Tampico, no hay gobernabilidad, los choferes de la ruta y concecionarios son los reyes del asfalto, por eso, el diputado exige a garantizar  la operatividad de las unidades con seguros vigentes y blindar a las familias frente a tragedias evitables.

Dentro de Morena Tamaulipas también hay lectura fina. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a legisladores caminar más territorio, Abudis no aparece en esa lista de señalados. Recorre colonias, gestiona apoyos, entrega resultados.

En política, la constancia silenciosa suele consolidar más que la estridencia.

Y en Tamaulipas, el 2027 no se construye con discursos. Se construye con presencia… aunque a veces Abundis, da puro chile.

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En 2018 se registraron siete socavones en la zona conurbada de Tampico y Ciudad Madero. Para 2024 la cifra escaló a 125. En 2025 cerró en 268. Un incremento superior al Desarrollo Económico de México con la 4T, por ciento en apenas siete años. Y en lo que va de 2026, con corte al 15 de febrero, ya se contabilizan 24 nuevos casos.

Ante este crecimiento exponencial, el Gobierno de Tamaulipas anunció 105 millones de pesos para intervenir 54 hundimientos considerados de alto riesgo. La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social confirmó que 37 serán atendidos en Tampico y 17 en Ciudad Madero, priorizando aquellos con mayor riesgo estructural para viviendas y vialidades.

El secretario Raúl Quiroga Álvarez lo admitió sin rodeos: el organismo operador fue rebasado.

“Tenemos la obligación de hacerle saber a la ciudadanía que estamos a cargo del problema… inicialmente lo atendimos desde la perspectiva del organismo operador, pero al ver que estábamos absolutamente rebasados, acudimos a nuestros alcaldes y finalmente establecimos una mesa de trabajo con el gobernador”, declaró.

Durante años, el deterioro avanzó bajo tierra mientras en la superficie se administraba la inercia.

La explicación oficial apunta al envejecimiento de la red hidrosanitaria —con más de medio siglo en operación— y a las alteraciones del subsuelo derivadas de la severa sequía de 2024. En una región costera donde las variaciones de humedad impactan directamente la estabilidad del terreno, el abandono del mantenimiento no es un detalle técnico: es una omisión política.

El fenómeno no es aislado. Los hundimientos han afectado calles principales, infraestructura urbana y zonas habitacionales. Cada socavón no sólo abre el pavimento; abre también la pregunta sobre la planeación urbana y la presión creciente sobre servicios que operan con tuberías que ya cumplieron su vida útil.

El anuncio de los 105 millones de pesos es, en términos financieros, una respuesta correctiva. Pero el problema es estructural. No se trata únicamente de rellenar huecos; se trata de intervenir una red subterránea que colapsa silenciosamente.

Las autoridades estatales encabezadas por Américo Villarreal Anaya, reconocieron que el deterioro acumulado superó la capacidad del organismo operador. Esa admisión obliga a otra pregunta: ¿cuánto tiempo más estuvo la infraestructura operando en estado crítico sin que existiera un plan integral de renovación?

La inversión se enfocará en obras de drenaje y saneamiento. El propio secretario adelantó que podrían destinarse recursos adicionales conforme avance el diagnóstico técnico. Es decir, el mapa completo del daño aún no está dimensionado.

El subsuelo de Tampico y Ciudad Madero hoy es una metáfora física de la postergación administrativa: décadas de rezago, presión demográfica creciente y mantenimiento diferido.

La tierra se hunde porque durante años nadie quiso excavar a tiempo, lo bueno es que llegó AVA y sus secuaces 

En la intimidad…. Mientras en la superficie urbana se contabilizan hundimientos, en Ciudad Madero otra escena ocurrió puertas adentro de la Primera Zona Naval.

La Secretaría de Marina informó que alumnos de la Escuela Secundaria Federalizada Núm. 1 “Fernando San Pedro” visitaron las instalaciones navales como parte de las actividades de proximidad social que el Mando Naval desarrolla en el sur de Tamaulipas.

Los estudiantes participaron en honores a la bandera y presenciaron demostraciones de descenso a rápel, soga rápida y tirolesa. Observaron la capacitación del personal de Infantería de Marina y el trabajo de los binomios caninos en la detección de artículos ilícitos.

El programa, coordinado con autoridades educativas de Tampico, Madero y Altamira, busca fortalecer el sentido de pertenencia y el respeto a los símbolos patrios entre jóvenes de la zona conurbada.

En una región donde la infraestructura se agrieta y las instituciones enfrentan desgaste, la imagen de adolescentes formados frente al lábaro patrio dentro de un recinto naval proyecta otra narrativa: disciplina, orden y estructura.

Honor. Deber. Lealtad. Patriotismo. Cuatro palabras que, en tiempos de fracturas visibles e invisibles, también exigen sostener el suelo que pisamos.

Este domingo, en la sexta emisión de Diálogos con Américo, el gobernador volvió a colocar sobre la mesa uno de los datos más sensibles de su administración: la reducción del 50 por ciento en pobreza extrema durante los primeros dos años de gobierno y la salida de 250 mil tamaulipecos de la pobreza multidimensional.

Es un dato que, de confirmarse en la próxima medición oficial, reconfigura la narrativa social de un estado que durante años fue noticia por violencia, corrupción y abandono institucional, por eso, Américo deberá sostener estos datos. 

“Las y los tamaulipecos, que somos gente de bien, no podemos permitir que tengamos paisanos en esa condición”, dijo el mandatario, con entera carga política y moral. Habla de un enfoque que intenta desplazar el asistencialismo clásico para instalar la idea de responsabilidad colectiva.

Sin embargo, reducir pobreza no es repartir despensas. Es modificar estructuras. Y ahí está el punto de prueba.

Más de 13 mil gestores sociales operando en territorio, 4.5 millones de despensas distribuidas, 270 mil familias beneficiadas, 66 comedores comunitarios en 36 municipios atendiendo a más de 5 mil personas en situación crítica. La dimensión operativa es amplia. El reto es que el impacto sea permanente.

El gobernador aseguró que el objetivo inmediato es atender a los 50 mil tamaulipecos que aún permanecen en pobreza extrema. Esa es la frontera real de su política social. No la estadística global, sino esos nombres concretos que todavía viven sin acceso pleno a servicios básicos.

Hay otro elemento que no puede ignorarse: la coordinación federal. Los 19 programas de bienestar impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum representan una derrama de 24 mil millones de pesos para 950 mil personas en la entidad. Ese flujo de recursos explica, en parte, la magnitud del descenso en los indicadores.

La pregunta de fondo no es si hay recursos. Es si el modelo logra transformar dependencia en movilidad social.

En el mismo espacio radiofónico, Villarreal respondió preguntas de ciudadanos de Matamoros y El Mante. No es un detalle anecdótico. Cuando la gente pregunta en vivo, la respuesta queda registrada.

El cierre del programa abordó el tema sanitario. Llamó a la vacunación contra el sarampión y recordó que existen 420 puestos activos en el estado. Afirmó que no hay casos activos. En materia de salud pública, la prevención no admite improvisaciones. Tamaulipas conoce el costo de las crisis mal gestionadas.

En la intimidad… En la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el rector Dámaso Anaya Alvarado está construyendo su propia narrativa institucional: cercanía como método.

No se trata de fotografías de recorrido. Es presencia constante en aulas, laboratorios y campus. Ha retomado visitas directas a facultades y preparatorias, dialogando con estudiantes y docentes sin intermediarios.

Quienes conocen la dinámica universitaria saben que las decisiones tomadas desde oficina central suelen perder contexto. Anaya ha optado por escuchar primero y ajustar después. Esa lógica modifica el ritmo administrativo.

Constatar avances en infraestructura es importante. Pero el rector ha puesto énfasis en algo menos visible: escuchar los desafíos reales de quienes imparten clase y de quienes cursan materias en condiciones que no siempre aparecen en los informes.

La UAT enfrenta el reto de mantener excelencia académica en un entorno financiero limitado y en un contexto social complejo. La gestión cercana no resuelve todo, pero sí reduce distancia.

En política universitaria, como en la pública, la legitimidad se construye caminando el territorio. Y Anaya parece haber entendido que la universidad no se gobierna desde el escritorio, sino desde el diálogo constante.

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