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En el Artículo 21 de la constitución política se los Estados Unidos Mexicanos, se dispone la obligatoriedad para el ministerio público en la investigación de los delitos y aparejada la función de conducir y mandar a las policías en el desempeño de funciones de investigación. Es decir, en ellos se centra la impunidad o efectividad en la impartición de justicia.

Una vez precisado lo anterior y estando en el mimo tenor, nos permite analizar la realidad que en el tema de «segura» inseguridad le toca padecer a la zona costa de Tamaulipas.

Hemos sido tristes testigos de que la política de seguridad implementada en el sexenio de Egidio Torre Cantú y en la naciente administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, resulta recurrente la frase de «nos faltan policías» y así de fácil se justifica el porqué la población de Tamaulipas se siente insegura y más aún en su mayoría han sido víctimas de la comisión de un delito.  De igual manera entre dato y dato, el problema de los delitos del fuero común, repuntan porque el trabajo del Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) ha reducido los delitos de alto impacto. Lo anterior nos remite al artículo citado constitucional y al cual gracias a los expertos en derechos, se apunta  que dispone en su párrafo 9° «La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva….» dejando claro que no distingue de delitos de fueros, sino más bien, ordena garantizar a los entes públicos la seguridad de la población, una población  a quien  día a día ve más lejano el cumplimiento de esa promesa de regresar a Tamaulipas la seguridad que merecen.

Es común leer y escuchar que los delitos son  realizados por actores políticos, institucionales,  y sociales, al abordar el tema de los problemas de Prevención, recurrentemente se brindan recomendaciones para poder obtener el número «ideal» de policías según el número de habitantes,  peeeeroo, se omite analizar el otro aspecto de la encomienda constitucional, la investigación y persecución de los delitos, tema específico de competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en donde nunca se ha expresado que falten ministerios públicos. Así es cómo llegamos al punto de analizar la siguiente información que se genera en la PGJE delegación zona Costa a cargo de Juan Antonio Jara Benavides, en la que se determina un desempeño bajo de los Agentes del Ministerio Público», según refirió Oscar Alberto Lara Sosa, hasta ayer martes Director General de Operaciones del Procedimiento Penal Acusatorio Laboral  y Oral de la PGJE.

Fue a través del oficio marcado PGJ/MPS/168/2016 emitido a Jara Benavides y fechado al 19 de septiembre, donde se le notificó al Delegado de la zona Costa que de las 2070 carpetas -antes averiguaciones previas- que ha iniciado la Unidad de Atención Inmediata (UAI), se ha remitido 643 a las Unidades de Investigación, «lo que indica un bajo porcentaje en la aplicación de salidas alternas», le señalaron a Jara Benavides en la página 2 de 4 que comprende el informe.

La información estadística que evalúa a Juan Antonio Jara Benavides y sus agentes investigadores, comprende del periodo Febrero- Agosto de 2016, es información obtenida a partir del seguimiento de supervisión que se realiza de manera constante y periódica a cargo de Oscar Alberto Lara Sosa.

Por otra parte, de las 2 mil 944 carpetas de investigación registradas  en las unidades generales de investigación (UGI) y evaluadas por Lara Sosa a través del Sistema Integral Informático Procesal de Procedimientos Penales en Tamaulipas (SIIPPPTAM) en la Delegación que comprende los municipios de Altamira, Madero, Tampico, González y Aldama,  se determina que  dicha unidad no está cumpliendo con el objetivo para el cuál fue creada, que es de dar una solución inmediata a los casos (denuncias y/o querellas)» .

De acuerdo con los indicadores sobre carpetas iniciadas, en Efectividad de Criterios de Oportunidad, se tiene cero por ciento de productividad, mientras que los números son más crudos en los indicadores sobre carpetas judicializadas es decir asuntos turnados ante la autoridad jurisdiccional que arroja un numero de 17. La evaluación termina con resultados de  cero por ciento en Efectividad de Procedimientos Abreviados; cero en Efectividad de Sentencias Condenatorias; cero en Efectividad de Juicios y cero en Efectividad de Sentencias Condenatorias en proceso de juicio

Las cifras anteriores nos permiten concluir que la falta de un trabajo que debiera realizarse tal como se dispone en el ya señalado artículo federal , bajo  los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, condicionan la realidad que estamos padeciendo en este sur del estado.

Entonces la tarea del procurador, Irving Barrios Mojica quien apenas este martes oficializó los primeros 15 nuevos nombramientos de quienes estarán al frente de las diversas áreas de la Institución como parte del proyecto de una nueva, ética y ética Procuraduría tamaulipeca con personal destinado a servir con el fin de devolver la paz y la seguridad a la sociedad.

Los nuevos servidores públicos en la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas son y se agregan textual como lo notificó la vocería de la procuraduría del estado.

LIC. VICTOR MIGUEL GUERRA ENRIQUEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA VISITADURÍA

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, ha desempeñado en diversos cargos dentro de la Procuraduría General de la República tales como Director General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Director General de Procedimientos Penales y Amparo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y fue Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia.

LIC. ABEL RAMÍREZ GONZÁLEZ

DIRECTOR DE ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con diplomado en Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se ha desempeñado como Abogado litigante en materia Civil, Penal, Mercantil, Laboral y Familiar.

MTRO. CRAIG LÓPEZ OLGUÍN

DIRECTOR JURÍDICO

Maestro en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, se ha desempeñado como Subdirector de Prestaciones y Relaciones Laborales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Director General de Asuntos Judiciales de la Procuraduría General del Estado de Guerrero, así como Titular de la Unidad de Enlace con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero.

LIC. JESÚS VILLALOBOS RODRÍGUEZ.

COORDINADOR DE ASESORES

Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, se ha desempeñado como Secretario Técnico del Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Morelos, Asesor Técnico del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán y Asesor Técnico del Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero.

LIC. JORGE ADRIÁN GÓMEZ CARREÑO

DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha desempeñado como Subdirector de Investigación y Extensión Académica en la Dirección General de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República, Asesor Jurídico en la Comisión Federal de Competencia Económica, así como Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (PGR).

LIC. CARLOS ALBERTO PÉREZ TÉLLEZ

DIRECTOR DE CONTROL DE PROCESOS

Licenciado en Derecho por la Universidad México-Americana del Norte, se ha desempeñado como Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación de la Procuraduría General de la República en los Estados de Veracruz y Nuevo León, y como Abogado Litigante.

LIC. YADIRA ROJAS LUCIO

DIRECTOR DE LA UNIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

Licenciada en derecho por el Liceo Universidad Pedro de Gante, se ha desempeñado como Encargada de la Coordinación Valle de México, Zona Oriente del Sistema Penal Acusatorio y Asuntos en Materia Penal.

MTRA. GUADALUPE PAOLA ROMO

DIRECTOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL

Cuenta con estudios de  Maestría en el Sistema Penal Acusatorio por la Universidad Autónoma del Noreste Campus Saltillo, se ha desempeñado como Defensor Público adscrito al sistema penal acusatorio en el Instituto Estatal de la Defensoría Pública del Estado de Coahuila.

MTRA. ELIZABETH ALMANZA ÁVALOS

FISCAL ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A PERSONAS NO LOCALIZADAS O PRIVADAS DE SU LIBERTAD.

Maestra en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, se ha desempeñado como Fiscal Regional en el Municipio de La Piedad adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, Fiscal Regional en el Municipio de Texcoco de Mora adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y como Subdirectora de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

LIC. JUAN TORRES MATA

DIRECTOR DE ENLACE CON INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Licenciado en Relaciones Comerciales por la Escuela Superior de Comercio y Administración IPN, se ha desempeñado como Secretario Particular de la Fiscal Especializada en Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Subdirector Operativo de la Dirección de Prevención Social de la Delincuencia y de la Violencia en la Presidencia Municipal de Toluca y Director de Apoyo y Seguimiento Administrativo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

DRA. MINERVA CÁCERES VÁZQUEZ

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

Doctora en Derecho por la Universidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se ha desempeñado Agente del Ministerio Público Auxiliar del C. Procurador adscrita a la Primera Subprocuraduría de la Procuraduría General de Tamaulipas, además de ser Docente de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

LIC.  GUSTAVO ADRIÁN GARZA DOMÍNGUEZ

COORDINADOR DE UNIDADES DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Licenciado en Derecho por la Universidad Valle de Bravo, se ha desempeñado como Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas, en Ciudad Reynosa, Tamaulipas y como Agente del Ministerio Público Auxiliar de la Delegación Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

MTRA.  ADRIANA HERNÁNDEZ LÓPEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Cuenta con estudios de Maestría por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se ha desempeñado como  Coordinadora de Planeación y Seguimiento de la Procuraduría General del Estado de Tamaulipas, Jefa de Departamento de Desarrollo Administrativo de la Dirección de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

LIC. DANIELA ROMO CHARLE

DIRECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Noreste Campus Saltillo, se ha desempeñado como Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General del Estado de Coahuila. Facilitadora Penal y Mediadora Penal en la Procuraduría General del Estado de Coahuila.

M.S.I. JOSÉ MARIO MOTA VÁZQUEZ.

DIRECTOR DE INFORMÁTICA

Maestro en Sistemas de Información por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se ha desempeñado como Director de Informática en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jefe de Departamento de Planeación Tecnológica en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y como Catedrático en la Universidad La Salle Victoria y Universidad Politécnica de Cd. Victoria.

Tamaulipas es puntero en secuestros y extorsiones, una entidad donde se complica iniciar un proyecto económico porque luego- luego te caen para cobrar la cuota e incluso hay delitos impunes o desaparecidos que ni siquiera son buscados.

Por cierto… Irving, dejo acéfala la Dirección de Averiguaciones Previas, que se presumía iba a ser para el licenciado Miguel Leopoldo Ramírez Treviño, pero su reputación, no terminó de convencer al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por lo que aplazo o definitivamente, canceló su nombramiento.

pgr

davidcastellanost@hotmail.com

Opinión

Conocimiento, transparencia y salud pública

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Tamaulipas necesita menos discursos bonitos y más acciones bien fundamentadas, como las que esta semana marcaron un precedente de gran valor público. La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Auditoría Superior del Estado (ASE) firmaron un convenio de colaboración que no debe pasar desapercibido, no solo por su valor institucional, sino por lo que representa para la sociedad tamaulipeca.

Encabezada por el rector Dámaso Anaya Alvarado y el auditor Francisco Antonio Noriega Orozco, esta alianza se convierte en una herramienta de transformación real, no solo para formar profesionales capaces, sino también para empujar desde la academia una auténtica cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. En un estado donde la opacidad ha sido, históricamente, el camino más corto para el poder, este tipo de acuerdos representan una ruptura con la costumbre.

La UAT no solo busca formar técnicos o profesionistas, sino individuos con pensamiento crítico y compromiso ético. Esa es la diferencia entre instruir y educar. Y si la Auditoría Superior del Estado tiene claro que varios de sus cuadros más valiosos egresaron de la máxima casa de estudios tamaulipeca, entonces es momento de devolverle a la universidad el lugar que merece como motor del cambio estructural.
Este convenio tiene, además, una dimensión profundamente social.

En un estado golpeado por décadas de mala administración, de corrupción y de simulación burocrática, resulta alentador ver que dos instituciones tan importantes deciden unir esfuerzos para mejorar la calidad del servicio público. Porque aquí se trata no solo de eficientar, sino de humanizar la función pública.

Y si de buenas señales hablamos, vale la pena subrayar lo dicho por Dámaso Anaya: este no es solo un acto jurídico, sino un ejercicio de confianza mutua. Ojalá esa confianza se traduzca en resultados tangibles, porque Tamaulipas necesita más instituciones fuertes y menos figuras decorativas.

En la intimidad… La política se viste de coherencia cuando el discurso ambientalista no solo se pregona, sino se legisla. En este contexto, el diputado local Pepe Schekaiban dio un paso significativo al presentar una iniciativa de ley para eliminar el uso de desechables no biodegradables dentro del Congreso del Estado.

El legislador panista fue claro: si los cambios no empiezan en casa, difícilmente podrán exigirse afuera. Y tiene razón. Su propuesta, ya aprobada por el pleno, no solo plantea eliminar plásticos y unicel del recinto legislativo, sino que pretende generar una cultura de sustentabilidad que permee en todas las instituciones públicas.

Más allá de la retórica, el diputado Schekaiban entiende que las leyes deben ser el reflejo de una voluntad real de transformación. Su propuesta apunta a un cambio cultural, lento pero necesario, que nos obligue a pensar en el futuro desde las decisiones del presente. Porque hablar de sustentabilidad no es moda, es responsabilidad.

Y mientras la educación y la legislación avanzan con pasos firmes, la Secretaría de Salud del estado no se queda atrás. Esta semana instaló dispensarios médicos inteligentes en distintos puntos de Tamaulipas, incluyendo el Congreso del Estado, para realizar tamizajes cardiovasculares.

El secretario Vicente Joel Hernández Navarro explicó que esta estrategia permite alimentar una plataforma digital con datos clínicos en tiempo real, lo que permite identificar pacientes con riesgos cardíacos y brindarles atención inmediata a través de la aplicación Emergencias en Salud. En esta primera etapa se atendieron más de mil personas, y eso no es poca cosa.

Se trata de una política pública bien dirigida, con un enfoque preventivo y apoyada en la tecnología. Aquí no hay promesas huecas, sino acciones que literalmente pueden salvar vidas. Si esta dinámica se mantiene y se fortalece, podría convertirse en un modelo replicable a nivel nacional.

Estas tres historias —la educación, la legislación ambiental y la salud pública— nos recuerdan que sí se pueden hacer las cosas bien en Tamaulipas. Lo que falta es voluntad. Pero cuando esa voluntad se alinea entre instituciones comprometidas, los resultados se sienten, se miden y se celebran.

davidcastellanost@hotmail.com
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Opinión

Lo inédito también puede ser un retroceso

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Por Zaira Rosas
Durante décadas México ha tratado de consolidar un proceso democrático, que a
lo largo de los años ha sido duramente cuestionado, sin embargo, también
estudiado por otros países pues tenemos uno de los sistemas más adecuados
para votaciones a nivel global, todo ello gracias al trabajo que durante años ha
desempeñado el Instituto Nacional Electoral, este 1 de junio no ha sido la
excepción bajo un proceso histórico.

Pocos son los países que ponen bajo el voto popular la elección de jueces y
magistrados, pero ninguno como México que depositó en manos del pueblo la
elección de todos los poderes. ¿es verdaderamente una democracia? Claramente
no, si bien este es un proceso histórico, no significa que sea innovador ni
acertado, basta con escuchar a quienes pasaron horas en filas o buscando sus
casillas para entender que nadie entiende de qué se trata.

La elección constó de múltiples boletas donde las personas de manera general
requerían de acordeones o guías para poder entender sobre qué estaban
emitiendo una opinión, difícilmente alguien podría mencionar el nombre de al
menos 3 propuestas y ni hablar de la ignorancia colectiva que tenemos respecto a
las materias y ejes de atención de cada una de las propuestas.

¿Qué avance puede representar una elección aleatoria en la que compiten por
igual personas con carrera judicial y otras sin preparación? El proceso en sí es
una falla desde su propuesta, pero se vendió como una alternativa ante la
corrupción, sin embargo, es más propensa a propuestas desequilibradas y
candidaturas controladas.

Aunque se trata de un proceso electoral nunca antes visto, significa un retroceso
democrático, primeramente, se deja de lado el equilibrio de los distintos poderes,
que era uno de los mayores avances de México y en segundo no se está
contemplando la inequidad bajo la que surgieron y se promocionaron las distintas
candidaturas por lo que los resultados serán igualmente desiguales según los
recursos de sus postulantes.

La votación no tendrá la participación esperada, al menos en las casillas pocas
son las personas que entienden el proceso en el que están participando, otros
tantos van por anular su voto pues no vislumbran un proceso de confianza con
quienes podrían influir en la elección.

¿Qué pasa después del voto? El conteo tomará varios días pues no se realiza en
las casillas, será hasta el 15 de junio que conozcamos el total de resultados y
entonces comienza el tiempo para las impugnaciones.

La población nuevamente se encuentra dividida pues para algunos se trata de una
elección que no debería tener lugar y para otros una oportunidad de validar a
quienes imparten justicia en el país, sin importar la postura que tengamos es
innegable que se trata de algo único y que esta elección puede determinar el
futuro de la democracia de nuestro país.

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Opinión

La Historia que se escribe con votos

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Este domingo 1 de junio no fue un día cualquiera. En Tamaulipas se escribió una página inédita para la democracia mexicana: por primera vez, las y los ciudadanos eligieron de forma directa a quienes integrarán el nuevo Poder Judicial, tanto en el plano estatal como federal. Un acto que, más allá de su peso jurídico y político, simboliza la madurez que va adoptando nuestra cultura democrática.

El gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado por su esposa, la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF estatal, llegó pasado el mediodía a la casilla 1593 básica, instalada en la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí, con la serenidad de quien cree en la fuerza del pueblo, reiteró que en Tamaulipas todo marchaba bien. Votar era no solo un derecho, sino un deber histórico. “Salgan y sufraguen por los candidatos que consideren y conocen que pueden hacer un buen desempeño”, sentenció el mandatario antes de ingresar a emitir su voto.

Quienes conocen a Américo Villarreal saben que no es hombre de estridencias. Su llamado fue sobrio, sin estridencias protagónicas, y con un claro mensaje: “Que esa sea la expresión de su deseo democrático”. Sin duda, palabras que invitan a reflexionar sobre el peso del sufragio en tiempos donde se intenta resquebrajar la legitimidad de las instituciones desde la desinformación y el desinterés.

Por su parte, otro actor clave del movimiento de regeneración democrática en el estado, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Humberto Prieto Herrera, también se sumó al proceso electoral. Acompañado por su esposa Verónica Garza y sus hijos, Prieto Herrera ejerció su voto en la casilla 2160 de Reynosa. “Hoy elegimos al Nuevo Poder Judicial… sé parte de la Historia de la Democracia Moderna”, pronunció el legislador.

Y es que, más allá de posturas partidistas, este tipo de procesos son la esencia misma de un régimen que busca ser representativo, participativo y justo. Se votó en todos los municipios, como lo afirmó el gobernador, y eso debe celebrarse. En un país donde durante décadas la justicia era elegida entre pasillos oscuros y acuerdos de poder, hoy las y los tamaulipecos pudieron opinar con tinta indeleble quién debe impartir justicia.

La jornada electoral aún no concluye al momento de escribir estas líneas. Las casillas cierran a las seis. Pero más allá de los resultados, lo verdaderamente importante ya ocurrió: Tamaulipas eligió y lo hizo en paz. Eso es democracia. Eso es historia.

En la intimidad… Mientras la atención mediática y política se concentra en los comicios judiciales, desde el corazón científico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, una joven agrónoma está gestando una revolución silenciosa, pero igual de trascendente. Su nombre es Paola Elizabeth Hernández Meléndez, y su causa es la tierra.

Paola, egresada de la carrera de Ingeniería Agronómica y actualmente estudiante de la maestría en Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente, ha desarrollado una fórmula herbicida natural que podría marcar el inicio del fin para los dañinos químicos que amenazan la salud del campo y de quienes lo trabajan. Su tesis, titulada “Actividad herbicida de extractos polifenólicos en pre y postemergencia sobre el cultivo de frijol”, ya fue reconocida como la mejor investigación de licenciatura por la Academia Tamaulipeca de Investigación Científica y Tecnológica.

Este proyecto, nacido del amor por la naturaleza y la ciencia, busca eliminar la maleza usando compuestos naturales extraídos de plantas como la gobernadora, el eucalipto, la hoja sen y la cáscara de nuez. Lejos del laboratorio frío, las pruebas fueron realizadas en el rancho “Las Águilas” de la FIC en Padilla, Tamaulipas. ¿El resultado? Prometedor: una alternativa viable, sustentable y efectiva frente a productos como Atrazina y Faena.

Respaldada por un sólido equipo académico, Paola se perfila como una de las nuevas voces de la agroecología mexicana. En tiempos donde el campo clama por justicia, su propuesta no es solo un avance técnico, es un acto de compromiso con la vida, con el medio ambiente y con la alimentación del mañana. Mientras algunos hacen historia desde las urnas, otros la escriben con ciencia y amor por la tierra. Y eso, también, es democracia.

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Opinión

¿Votará este domingo? ¿Conoce a los candidatos?

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Este domingo 1 de junio de 2025, México vivirá un hecho histórico: las primeras elecciones judiciales donde la ciudadanía elegirá a los integrantes del nuevo Poder Judicial. Toda persona mayor de 18 años con credencial vigente del INE podrá votar por los candidatos que considere más aptos para estos cargos.

Ayer  finalizaron las campañas para cargos federales, como Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Magistrados del TEPJF, del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, así como cargos locales dependiendo el lugar de residencia de cada votante, como lo será en Tamaulipas.

Elegir entre tantas candidaturas será un reto, ya que las boletas varían según la región y la cantidad de opciones por boleta, complica que se emita un voto verdaderamente informado.

Esta Reforma Judicial en la que México está inmerso, ha generado controversia. Se ha cuestionado la idoneidad de algunos candidatos, con señalamientos sobre posibles nexos con el crimen organizado, según reportes en medios y redes sociales, su capacidad, experiencia o relación con el partido político en el poder.

Además, han circulado “acordeones” entre simpatizantes de Morena con instrucciones sobre por quién votar, lo que levanta dudas sobre la transparencia en este proceso.

Algunos grupos políticos han organizado lo que han llamado “reuniones informativas” para explicar el proceso, e incluso para sugerir por quienes votar, sobre todo los cargos nacionales, que son los que interesan a la clase política.

Pero la complejidad de marcar hasta 10 boletas con decenas de nombres desconocidos probablemente causará errores, aún y cuando algunos lleven su acordeón.

En el sur de Tamaulipas (Altamira, Tampico y Ciudad Madero), los votantes recibirán 10 boletas: 6 federales (con 15 a 81 candidaturas, según el cargo) y 4 locales (con 10 a 94 candidaturas, como las 94 para los 43 jueces de primera instancia).

Para la mayoría, estos nombres son desconocidos, por lo que será verdaderamente difícil emitir un voto razonado. Si en elecciones tradicionales los candidatos conocidos, después de votamos por ellos y ya están en el cargo a menudo nos decepcionan, resultan ser todo lo contrario a lo que pensábamos, imagine en estas elecciones, el riesgo es mayor al votar por desconocidos.

En conclusión, este proceso definirá el Poder Judicial por años (hasta 12 años para Ministros de la SCJN, 8 para jueces).

Realmente queremos que se logre lo que se pregona, el fortalecimiento de la justicia, pero el desconocimiento y las irregularidades que se han señalado nos obligan a ser vigilantes.

La justicia no puede quedar al azar; se requiere un cambio en el poder judicial pero debemos exigir un cambio positivo y transparente.

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