Por Zaira Rosas
Las caravanas de tractores y los bloqueos de carreteras realizados recientemente en distintos estados de México son más que un simple corte a la movilidad: son un grito de alerta. Agricultores de entidades como Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Sinaloa y otros han elevado la presión sobre el Gobierno federal al exigir un sistema de precios y apoyos que por años han considerado insuficiente.

Su principal reivindicación es que el precio de garantía del maíz, y de otros productos básicos, se eleve de los aproximadamente 6 050 pesos por tonelada ofrecidos por la autoridad, hacia una meta de 7 200 pesos por tonelada, con el argumento de que los costos de producción, insumos, combustibles y fertilizantes han subido y que el mercado internacional ya presiona a la baja.

Pero no se quedan ahí: también piden la prohibición o restricción más estricta de importaciones de maíz blanco que compiten a precios bajos, mayores apoyos crediticios y seguros agropecuarios, y un diálogo directo con la presidencia para dar salida a la crisis del campo.

El sector agrícola ha sido durante décadas un pilar del desarrollo económico, social y alimentario de México: produce alimentos, genera empleo en zonas rurales, da vida a pueblos y comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Sin embargo, la dinámica de la política pública, el comercio internacional y la inversión privada no le han dado al campo la prioridad que merece.

Estos bloqueos lo evidencian: un actor estratégico que se siente ignorado, y que, de no ser escuchado, opta por llevar su reclamo a las carreteras.

Es importante también mirar hacia dónde sí se ha dado otra atención al campo.

Por ejemplo, en la Unión Europea existe la Política Agrícola Común (PAC), cuyo objetivo explícito es “ayudar a los agricultores a obtener un nivel de vida digno, garantizar la seguridad alimentaria y mantener vivas las zonas rurales”.

Aun cuando la PAC tiene sus críticas, el simple hecho de que el bloque europeo destine decenas de miles de millones de euros anuales al campo, habla de una prioridad mayor que la que en México se percibe. También hay países que aplican precios mínimos de apoyo, subsidios o mecanismos que fortalecen la renta agrícola.

No obstante, en México estos bloqueos no pueden verse sólo como actos legítimos de protesta: también son terreno fértil para el oportunismo político.

La exposición mediática de los tractores en la autopista, el manifiesto compartido en redes sociales, la foto con legisladores de la oposición apoyando “al campo hoy” contrastan con lo que se hizo o dejó de hacer en gestiones anteriores.

Es razonable preguntarse: ¿por qué ahora ese apoyo cálido de partidos y políticos cuando en otros tiempos el campo fue invisibilizado? No es que los agricultores  deban dudar de los aliados, pero conviene que la sociedad observe cuándo el respaldo se formula desde la convicción y cuándo desde la conveniencia electoral.

Que el apoyo que ahora se brinda al campo se hubiera brindado antes, sin necesidad de bloqueos ni coyunturas urgentes, podría ser un testimonio más de coherencia que de oportunidad política.

Actualmente, el diálogo entre representantes del sector agrícola y el Gobierno federal continúa, con mesas de trabajo instaladas en torno a los precios de garantía, las importaciones y los programas de apoyo.

Aun así, los productores sostienen que las propuestas oficiales resultan insuficientes para garantizar la viabilidad económica de sus cultivos. El reto, para ambas partes, es construir un acuerdo que reconozca la realidad de los costos y del mercado global, pero que también asegure la soberanía alimentaria y la estabilidad social del país.

Un entendimiento duradero requerirá más que promesas: demandará compromiso, planeación y voluntad política de largo plazo.

Lo que hoy ocurre en las carreteras debe recordarnos que el bienestar colectivo depende de que el país mire al campo no sólo como una fuente de conflicto o protesta, sino como la base indispensable para un desarrollo más justo, sostenible y verdaderamente nacional.

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI arrojó un dato que la administración de Tamaulipas celebra con entusiasmo, claro, marca un crecimiento económico anual del 3.3 por ciento en el segundo trimestre de 2025, el mayor repunte trimestral en casi tres años ¡ee-aa!

Y el resultado no es para menos, iba a ser imperdonable no atribuir este impulso al sector primario (6.8%) y al industrial (5.8%), sin destacar la política del gobernador Américo Villarreal que atrae inversión y consolida a Tamaulipas como un polo de desarrollo en el norte del país. Se mencionan 151 proyectos de inversión con una promesa de 20 mil millones de dólares. Estos números, al colocar a la entidad en el tercer lugar de crecimiento industrial, son, sin duda, un activo importante para la narrativa gubernamental.

No obstante, debemos movernos del mero registro estadístico a la evaluación política. Un crecimiento del 3.3% es valioso, pero su significado real se diluye si no permea en la calidad de vida de la raza. La gran lección económica a nivel nacional, y Tamaulipas no es la excepción, radica en que las cifras macro no garantizan la equidad. Un alto crecimiento industrial y una gran inversión pueden coexistir perfectamente con salarios estancados y ese marcado aumento en la informalidad y en la precarización de los servicios públicos.

La confianza en la inversión es esencial, pero el reto político actual no es solo atraer grandes capitales, sino diseñar mecanismos de distribución que eviten que ese crecimiento se quede encapsulado en los bolsillos de unos cuantos sectores y empresas. Los 20 mil millones de dólares de inversión deben traducirse no solo en empleos, sino en un mejor sistema de salud, una infraestructura urbana resiliente y, sobre todo, una reducción palpable de la inseguridad que sigue siendo el lastre social.

Las estadísticas del ITAEE son un buen inicio, pero la medición más importante para cualquier gobierno sigue siendo el termómetro ciudadano. El discurso de consolidación en el norte de México es ambicioso, pero para que sea creíble a nivel nacional, la administración del gobernador debe ser más enfatico en demostrar que este dinamismo económico transformadorse está convirtiendo en justicia social. Es ahí donde el gobierno estatal se juega su verdadera credibilidad.

En la intimidad… El diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, aprovechó la Sesión Itinerante en Tampico para fortalecer lazos fuera del ámbito legislativo.

La agenda en la ciudad, donde los diputados sesionan entre miércoles y jueves, comenzó con un encuentro institucional con la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya en el Palacio Municipal. El diálogo sirvió para agradecer las atenciones de la presidenta municipal y subrayar el valor político de llevar el trabajo del Congreso a las distintas regiones de la entidad.

El itinerario del diputado Prieto Herrera, sin embargo, puso un énfasis particular en el contacto con la prensa. Sostuvo amenas conversaciones con Nora Castro de La Poderosa 96.9; con Lucero Arán, de El Elefante Blanco y dedicó tiempo al equipo de Profesionales Periodistas de Tamaulipas, así como a Mariela T. Macay de El Sol de Tampico. El propósito fue agradecer el espacio y difundir de forma directa la labor legislativa que se realiza día con día.

Antes de sumergirse de lleno en la agenda de la Sesión Itinerante, Humberto Prieto sostuvo una gran charla con la Red de Mujeres Periodistas de la zona sur, que lidera Cynthia Gallardo, acompañada por su dirigente estatal, Dora Alicia de la Cruz. La reunión abordó los desafíos y retos específicos que enfrenta el gremio, reafirmando el compromiso de la Junta de Coordinación Política de Tamaulipas para seguir trabajando de cerca con el sector periodístico.

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Resulta curioso, casi tragicómico, que ahora grandes empresarios del noreste de México se sientan lastimados porque Petróleos Mexicanos les debe algunos milloncitos. César Reyes, presidente del Clúster de Energía y Gran Industria de Tamaulipas (Cegistam), levantó la voz para revelar que Pemex tiene una deuda de 9 mil millones de pesos con al menos 66 empresas locales.

Ah, pero qué sensibles nos salieron los industriales. Hoy lloran por los ceros que no han visto reflejados en sus cuentas, mientras la sociedad llora —esa sí de verdad— por esa latente  inseguridad, la falta de servicios, infinidad de necesidades y los abusos de poder. Esos temas que nunca incomodan al empresariado porque prefieren mantenerse al margen, ocupados en sus asambleas con café importado y discursos de “compromiso social” que apenas alcanzan para llenar los minutos en un foro, foros que por cierto no impactan en la región por que son buenos para los números, pero, malísimos para comunicar.

En fin… el señor Reyes no es vocero de la Mesa de Seguridad, ni secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Tamaulipas, pero, bien que podría ser un actor con más influencia que cualquiera regidor, diputado o jefe policiaco. Nadie más que los empresarios tienen la capacidad financiera para presionar a quienes gobiernan; sin embargo, cuando se trata de señalar las fallas que duelen al pueblo, optan por la discreción.

Hoy reclaman pagos, pero últimamente han callado ante la violencia y esa corrupción que “se barrió de arriba hacia abajo”, y si siguen mudos, mañana serán hombres en bancarrota, no sólo económica, sino moral.

Mientras tanto, el que sí trabaja, y lo hace con resultados tangibles, es el director general de Pemex, el doctor Víctor Rodríguez Padilla. En su comparecencia más reciente ante los diputados federales, no fue un encuentro de cortesías, sino un ejercicio firme y técnico en el que defendió con datos el rumbo de la empresa productiva del Estado. Explicó cómo, tras la reconfiguración para consolidar un solo Pemex, se lograron ahorros por 20 mil millones de pesos mediante la simplificación orgánica y el reordenamiento estructural.

Los resultados del tercer trimestre de 2025 son prueba de ese compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad. Al 30 de septiembre, el saldo contable de la cuenta “proveedores” se situó en 517 mil millones de pesos, apenas 2.2% más que en diciembre de 2024, una variación mínima frente al volumen operativo de la empresa más grande del país. En los primeros nueve meses del año, Pemex ha desembolsado 299 mil millones de pesos en pagos a contratistas y proveedores, y gracias al Programa de Financiamiento de Inversión 2025, coordinado por Banobras, ya se liquidaron 2 mil 912 millones en septiembre y 26 mil 285 millones en octubre. Además, se proyecta el pago de otros 220 mil millones de pesos en los próximos meses.

Eso se llama responsabilidad institucional. Pemex no está de brazos cruzados, está ordenando la casa. Quizá no a la velocidad que algunos quisieran, pero sí con una disciplina financiera que pocas empresas privadas pueden presumir.

No quisiera pensar que estos empresarios del sur de Tamaulipas integran esas agrupaciones de adinerados que gustaban de disfrutar las épocas de bonanza sin rendición de cuentas. Si quieren recuperar lo que se les debe, que también asuman su parte en el compromiso de construir una sociedad más exigente, no sólo en las facturas, también con su fuerza y su voz.

En la intimidad… Mientras tanto, en los pasillos del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, la conversación gira en torno al futuro energético. La Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER) y el propio Tec Madero inauguraron el foro “Petrolíferos en México: Seguridad y Transición Energética”, un espacio donde estudiantes, académicos y especialistas debaten sobre los nuevos lineamientos que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario Walter Julián Ángel Jiménez destacó que estos foros, promovidos por el gobernador Américo Villarreal Anaya, forman parte de un proyecto integral para construir propuestas que serán presentadas en el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025, en la Expo Tampico.

Ahí estuvieron también el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Saldívar Lartigue; y el subsecretario de Hidrocarburos, Gobirish Mireles. Todos coincidieron en que Tamaulipas sigue siendo una tierra de talento, sostenibilidad y colaboración entre gobierno, industria y academia.

Entre discursos y apretones de manos, los jóvenes escuchaban atentos, imaginando el futuro, un futuro donde las decisiones energéticas se toman con visión.

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En medio del ruido político y la polarización que a veces empañan los avances del estado, hay gestos institucionales que merecen más reflectores. La firma del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero es uno de ellos. No se trata de un acto protocolario más, sino de un punto de inflexión en la relación entre dos de las casas formadoras más importantes del estado.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y el director del Tecnológico, Juan Dionisio Cruz Guerrero, estrecharon manos y compromisos en un documento que promete abrir nuevas rutas de movilidad académica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico. En el papel, puede parecer un acuerdo más; en los hechos, representa la posibilidad de reactivar una agenda científica y educativa que llevaba años sin sincronizarse entre instituciones.

Juan Dionisio Cruz Guerrero lo resumió con claridad: este convenio “marca un antes y un después en la vinculación académica, científica y tecnológica”. Y tiene razón. Tanto la UAT como el Tec Madero han sido pilares en la formación de generaciones que sostienen el entramado productivo de Tamaulipas. Que hoy unan esfuerzos no sólo es simbólico, es estratégico: habla de madurez institucional y de una visión compartida sobre hacia dónde debe caminar la educación superior.

El acuerdo incluye el desarrollo de cursos de especialización, diplomados y posgrados, con el fin de actualizar a los profesionales que hoy enfrentan mercados laborales cada vez más exigentes. Pero lo más relevante quizá no está en los programas académicos, sino en el mensaje político-académico que envía: el sur de Tamaulipas también puede generar conocimiento, innovación y tecnología de primer nivel.

Con la presencia de representantes de la ANUIES, legisladores locales y autoridades universitarias, el acto no sólo celebró la firma de un documento, sino el inicio de una etapa de colaboración que, si se ejecuta con seriedad, podría convertirse en un modelo de cooperación interinstitucional para todo el país.

El futuro académico de la región depende, en buena medida, de que los acuerdos como éste trasciendan las fotografías oficiales y se traduzcan en proyectos concretos: investigación aplicada, transferencia tecnológica y movilidad estudiantil real.

En la intimidad… La restauración de la emblemática Casa Gándara avanza a paso firme. El inmueble, una joya arquitectónica que durante décadas formó parte del paisaje cultural tampiqueño, será convertido en un museo temático que rescate la memoria histórica del puerto y del país.

La museógrafa Angelini Vega, responsable del proyecto, detalló que los trabajos se realizan en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dada la relevancia patrimonial del edificio. El objetivo: rescatar la identidad de un espacio que, más allá de su valor arquitectónico, representa una parte esencial del relato urbano de Tampico.

La Casa Gándara se suma a una línea de proyectos que apuestan por la recuperación y transformación de espacios históricos. Ahí están el Museo de la Ciudad, instalado en la antigua Casa Fernández, y el Barco Museo del Niño, ejemplos claros de cómo la cultura también puede ser motor económico y social.

Si todo avanza conforme al plan, el 2026 verá renacer un pedazo del Tampico antiguo. Un espacio que no sólo contará su historia, sino que la volverá a poner en movimiento.

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