La Universidad Autónoma de Tamaulipas puso en marcha un programa piloto de transporte gratuito entre Altamira y el Centro Universitario Tampico-Madero. Un camión, una ruta, 60 estudiantes. En papel, poco. En contexto, mucho más de lo que parece.

El problema nunca ha sido llegar a la universidad. El problema es todo lo que pasa antes de llegar.

Horas perdidas en traslados, rutas inseguras, costos que se acumulan como una gotera constante en economías familiares frágiles. Eso no aparece ni en los medios de comunicación más “independientes”. Tampoco se mide en indicadores académicos. Pero ahí se decide, todos los días, quién continúa y quién se queda en el camino.

Y el  rector Dámaso Anaya Alvarado decidió intervenir justo para aliviar ese mal. No en el discurso aspiracional que tanto le gusta a la burocracia universitaria. Se metió en lo incómodo: en la logística, en el desgaste, en lo que normalmente se deja al estudiante, en las tenebrosas filas del más allá. 

La ruta —35.4 kilómetros, salida a las 8:00 de la mañana desde Altamira, paradas en puntos donde la ciudad se vuelve más áspera que académica— no es solo un trayecto. Es una forma de reconocer que la educación pública no puede seguir operando como si todos los estudiantes vivieran a la vuelta del campus.

Si el programa funciona, si logra sostenerse, si se amplía, entonces la UAT no habrá puesto un camión: habrá tocado una de las variables más subestimadas de la deserción. Y eso, en términos reales, pesa más que muchos convenios firmados para la foto.

México está lleno de programas piloto que nunca dejaron de serlo. Buenas intenciones que murieron en la fase de prueba. Proyectos que sirvieron para anunciar, pero no para transformar, pero, aquí Dámaso no se juega el aplauso inmediato, se juega algo más complejo: credibilidad. La que se construye cuando una decisión se sostiene en el tiempo, incluso cuando deja de ser novedad. Una decisión simplona, pero, que nadie más que aquel que está verdaderamente involucrado la toma. 

Sin rodeos:  la UAT tomó una decisión que otras universidades han evitado por años. Meterse en la vida cotidiana del estudiante sin rodeos.

Y eso, en un sistema que suele evadir lo esencial, merece ser observado con lupa… y con respeto.

En la intimidad… Reynosa no falla: exhibe.

Dos elementos de la Guardia Estatal —Pizaña y Toledo— asesinados en una emboscada. López, herido de gravedad. Y detrás de la tragedia, una escena que no debería existir: una patrulla sola.

No es un accidente. Es una decisión.

¿Quién permitió que una unidad operara sin respaldo en una de las plazas más violentas del país? ¿Bajo qué criterio se normalizó ese nivel de exposición? ¿Dónde estaba la coordinación con fuerzas federales?

No hay forma de suavizarlo: mandar una patrulla sola en Reynosa es dejarla a su suerte.

Y cuando el Estado deja a su suerte a quienes portan el uniforme, lo que sigue no es sorpresa, es consecuencia.

La Secretaría de Seguridad Pública tiene una responsabilidad directa. No en abstracto. Directa. Porque esto no se explica con retórica ni con comunicados de ocasión. Se explica con decisiones operativas que alguien tomó —o peor, que alguien dejó de tomar.

Pizaña y Toledo ya no pueden exigir respuestas. López está peleando por su vida. Los que quedan, sí.

Y la pregunta es brutal por su sencillez: ¿cuántas veces más se va a repetir este patrón?

Porque si la respuesta es “ninguna”, entonces alguien tiene que rendir cuentas hoy. No mañana. No cuando baje la presión. Hoy.

En Reynosa no falta diagnóstico. Falta responsabilidad.

Y eso ya costó demasiado.

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608

Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Rubén Rocha Moya es probablemente uno de los nombres que más titulares han
acaparado en la semana, encabeza la lista de 10 funcionarios públicos señalados
por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. Estos
señalamientos llegan a reforzar la agenda del país vecino que se ha empeñado en
desmantelar la corrupción de otras naciones con tal de desviar la atención de
asuntos propios.
Esta narrativa ha sido constantemente rechazada por el gobierno de México,
principalmente cuando los afectados en los señalamientos pertenecen a un mismo
partido, lo cual como bien ha señalado el mismo Rocha Moya, es un ataque
directo hacia la cuarta transformación. De ahí que la Presidenta defienda por
sobre todo la Soberanía Nacional y que la Secretaría de Relaciones Exteriores
siga exigiendo pruebas de culpabilidad respecto a las investigaciones.
Sin embargo, la respuesta institucional no ha disipado las dudas. Ante la presión
mediática y política, Rocha Moya solicitó licencia a su cargo, dejando como
gobernadora interina a Yeraldine Bonilla. Esta decisión ha abierto un nuevo
debate: para algunos, es un paso necesario mientras se esclarecen los hechos;
para otros, se trata de una estrategia que permite mantener cierto grado de
protección política, evitando consecuencias inmediatas como una eventual
extradición.
El contexto tampoco ayuda. En 2024, la detención de Ismael «El Mayo» Zambada
estuvo rodeada de versiones que apuntaban a una posible participación indirecta
de actores políticos locales, incluido el propio Rocha. A ello se suman los
señalamientos sobre la intervención del Cártel de Sinaloa en las elecciones de
2021, denuncias que la oposición llevó ante la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Aunque las autoridades electorales, como el Instituto Nacional Electoral,
sostuvieron que la violencia fue focalizada y no alteró los resultados, los datos son
inquietantes: 91 políticos asesinados durante ese proceso, incluidos 36
candidatos. Más que una narrativa, se trata de una evidencia de que el crimen
organizado ha logrado influir —directa o indirectamente— en la vida democrática
del país.
A este escenario se suma otro elemento delicado: la muerte de dos agentes de la
CIA en Chihuahua, quienes realizaban labores de investigación sin conocimiento
del gobierno federal. La colaboración con autoridades locales, como la
administración de Maru Campos, abre cuestionamientos sobre los límites de la
cooperación internacional y la consistencia del discurso soberanista.

En paralelo, sectores de la derecha han aprovechado este contexto para
posicionar la idea de un “narcogobierno”, utilizando las acusaciones como
herramienta de desgaste político contra la figura más emblemática del movimiento:
Andrés Manuel López Obrador. No obstante, reducir todo a una conspiración
externa sería tan ingenuo como negar la existencia de un problema estructural.
De cara a 2027, cuando al menos 17 entidades renovarán gubernaturas, el
verdadero desafío no será únicamente contener la presión internacional o las
narrativas opositoras, sino enfrentar una realidad incómoda: la infiltración del
crimen organizado en procesos electorales y estructuras de poder no es nueva, ni
exclusiva de un partido.
México debe defender su soberanía, sí, pero no solo frente a otros países, sino
también frente a los intereses criminales que han demostrado capacidad para
influir en candidaturas, campañas y gobiernos. Negar esta realidad bajo el
argumento de la unidad nacional solo profundiza el problema. La disyuntiva no es
entre creer o no en las acusaciones, sino entre asumir con responsabilidad la
magnitud del desafío o seguir atrapados en una guerra de perspectivas y el control
de las mismas.
Si algo está en juego en este momento no es solo la imagen de un gobierno o de
un partido, sino la viabilidad misma de la democracia mexicana frente a quienes,
desde dentro y fuera, buscan moldearla a su favor.

El estado de Tamaulipas poco a poco supera la tormenta que oscureció su horizonte y futuro durante años. Hoy, gracias al esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno que se viene fortaleciendo desde el 2012 y a la fecha, ha permitido ver una luz de esperanza –y no es broma, aunque parezca una frase muy trillada–. El asunto es que la gobernanza se dio a la  tarea de construir su riqueza natural en un paradero turístico.

Pero esa acción tan arriesgada es debatir con todo, es arrebatar la conversación. Es decirle al visitante —y al propio tamaulipeco— que aquí también hay belleza, identidad, futuro y la oportunidad de ofrecer una nueva historia.

El anuncio del secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, sobre el desarrollo de nuevos paraderos turísticos no se queda en la superficie. Particularmente, el caso de Miquihuana resulta simbólico. No es el destino tradicional, no es el escaparate inmediato. Es, más bien, una invitación a mirar hacia adentro: montañas, bosques, silencio… y una posibilidad distinta de turismo.

NO politicemos, que se fortalezca la infraestructura, que se edifique. Que el turismo se extienda y sea factor de cambio, porque, hoy el visitante no busca solo hospedaje, busca experiencia. Senderismo, ciclismo de montaña, contacto real con la naturaleza. Busca autenticidad. Y en ese terreno, Tamaulipas tiene ventaja si sabe jugarla.

Los paradores turísticos, bien planteados, pueden convertirse en nodos estratégicos: conectan caminos, ordenan flujos, generan empleo local y, sobre todo, dan sentido a regiones que históricamente han estado fuera del mapa turístico nacional.

La administración de Américo Villarreal Anaya parece entenderlo. Hay una narrativa en construcción: inversión sostenida, visión de largo plazo y una apuesta por diversificar la oferta turística.

El éxito de estos proyectos no dependerá de la obra en sí, sino de su operación. De la capacidad de mantenerlos, de integrarlos a las comunidades, de evitar que se conviertan en elefantes blancos o en espacios desconectados de la realidad local.

Si logran consolidarse, estos paradores pueden cambiar el mapa turístico del estado. Si no, serán una buena intención más.

Por lo pronto, la señal está ahí: Tamaulipas quiere dejar de ser visto solo desde sus problemas y empezar a ser reconocido por su potencial.

En la intimidad… Mientras el turismo intenta abrir nuevas rutas, en otro frente igual de estratégico se está gestando una transformación silenciosa pero profunda: la ciencia.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas no solo está creciendo, está redefiniendo su papel en el desarrollo del estado. Bajo la rectoría de Dámaso Anaya Alvarado, la institución ha logrado duplicar su capacidad científica en apenas dos años, al pasar de poco más de cien proyectos a más de 200 en 2025.

No es un dato menor. Es una declaración de rumbo.

Lo relevante no es solo el número, sino el enfoque: investigación orientada a resolver problemas concretos. Desde salud pública hasta sostenibilidad ambiental, pasando por modelos productivos y cultura de paz. Es decir, una ciencia que deja el laboratorio para instalarse en la vida cotidiana.

La vinculación con los tres niveles de gobierno, en proyectos como el Puerto Seco en Ciudad Victoria o el Puerto del Norte en Matamoros, revela otra dimensión: la academia como actor estratégico en la toma de decisiones.

Más del 80 % de sus cuerpos académicos en consolidación, crecimiento sostenido en posgrados y una producción científica en expansión dibujan a una universidad que entendió algo clave: el conocimiento que no impacta, se queda corto.

Tamaulipas, entre paradores turísticos y laboratorios universitarios, parece estar apostando a algo más profundo que la coyuntura: a construir futuro.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

La historia de terror que atraviesan los 47 trabajadores federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tamaulipas es más que un simple conflicto laboral. Es una retórica fallida que evidencia el fondo de una contradicción institucional.

La dependencia encargada de vigilar que se respeten los derechos laborales… no puede garantizar los de su propio personal.

Aunque han guardado silencio por varios meses, lo de hoy es insostenible. Semanas sin pago, y no es la primera vez. Ha ocurrido antes. Han sufrido hasta tres meses sin salario, dicen. Sin retroactividad. Sin explicación clara.

Y ahora, una transición. Opaca y represora, comentaron los trabajadores federales, pues dicen que solo a través de una videollamada. Les bajaron instrucción. Un cambio de esquema, y punto. Van a pasar del orden federal al estatal. Sin reglas claras. Sin certezas. Sin garantías laborales.

El secretario Marath Baruch Bolaños López no ha dado la cara. Y ese silencio pesa más que cualquier pecado que haya cometido con anterioridad el mismo PRI en toda su historia.

No se trata de un simple ajuste administrativo. Es la estabilidad de personas que llevan décadas en el servicio público. Hay casos de más de 30 años de antigüedad. Trayectorias completas que hoy se reducen a una condición: firma o te quedas sin ingreso.

Renunciar a la antigüedad. A la compensación. A derechos adquiridos.

Aceptar un salario menor.

Firmar contratos temporales.

Trabajar, en los hechos, en condiciones de informalidad… dentro de una institución que sanciona precisamente eso.

La ironía… Los trabajadores de la STPS exigen a empresas que otorguen prestaciones, que respeten la ley, que garanticen estabilidad… mientras ellos no tienen nada de eso.

Ni siquiera porque el artículo 123 constitucional lo deja en claro: La irrenunciabilidad de derechos no es negociable. Y la progresividad laboral no va con los retrocesos.

La jurisprudencia es clara: en procesos de reestructuración, los derechos deben respetarse íntegramente.

Aquí pretenden que ocurra lo contrario.

Se reduce salario. Se eliminan prestaciones. Se borra antigüedad.

Se precariza.

Y se hace con presión.

Con la urgencia del trabajador que necesita cobrar para sostener a su familia.

Porque si el Estado puede desdibujar derechos laborales bajo el argumento de una “transición”, entonces cualquier empresa podría intentar lo mismo.

En la intimidad…. Mientras en un frente se discuten derechos laborales que se diluyen, en otro se construyen políticas públicas que, al menos en papel, buscan sostener a la población.

En Tampico, la administración de Mónica Villarreal Anaya ha apostado por un modelo concreto en materia de salud: atender la diabetes con seguimiento real, no con campañas de ocasión.

El Centro de Control de Diabetes (CECODIAT), en Morelos y Borreguera, ya tiene números que respaldan el discurso: más de 800 consultas diabetológicas, 992 de nutrición y un 56 por ciento de control metabólico en pacientes registrados.

En México la diabetes sigue siendo una de las principales causas de muerte, hablar de control —no de atención aislada— es hablar de política pública bien enfocada.

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