Por: Zaira Rosas
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Las imágenes de las favelas de Río de Janeiro tomadas desde el aire son tan potentes como dolorosas: techos de lámina, calles estrechas, humo, y el eco de los disparos que dejaron más de sesenta personas muertas en una sola jornada.
Una nueva masacre, una más en el largo historial de “operativos” que prometen devolver la seguridad, pero terminan repitiendo el mismo guion: cuerpos caídos en los márgenes, comunidades heridas y una justicia que nunca llega.
La reciente incursión en los complejos del Alemão y da Penha involucró a más de dos mil quinientos agentes. El objetivo oficial era desmantelar redes del narcotráfico, pero los resultados recuerdan más a una guerra interna que a una acción de seguridad pública. En Brasil, estas operaciones han sido justificadas por años como “necesarias”, aunque en la práctica se convierten en castigos colectivos sobre los más pobres. Y esa tendencia no es ajena a la región.
En gran parte de América Latina, la promesa de “recuperar la seguridad” se ha convertido en una excusa para normalizar la violencia institucional. Desde las favelas de Río hasta los barrios populares de San Salvador, el patrón se repite: políticas que priorizan el control y el miedo, mientras relegan la inversión social, la educación y las oportunidades. Lo que se presenta como una estrategia de orden, muchas veces encubre la renuncia del Estado a garantizar derechos de manera integral.
Cuando la policía entra disparando a zonas donde el Estado nunca llegó con escuelas o centros de salud, el mensaje es claro: para algunos, la presencia del Estado solo se manifiesta a través del uso de la fuerza. El problema no es la búsqueda de seguridad, sino el tipo de seguridad que estamos construyendo. Una seguridad entendida como eliminación del otro, no como construcción de comunidad.
Esta construcción ya se vio antes en las comunas de Colombia y hoy décadas después los estragos aún son palpables, recordando que la violencia nunca será el camino y la construcción de paz es una urgencia necesaria pero de nada sirve si esta se obtiene mediante la violencia y el uso constante de armas.
Las consecuencias en derechos humanos son profundas. Las familias viven bajo un miedo permanente; los jóvenes crecen estigmatizados por el solo hecho de nacer donde nacieron; y las mujeres, que cargan con la reconstrucción cotidiana tras cada operativo, quedan invisibles en las estadísticas.
Cada muerte sin investigación, cada detención arbitraria, cada allanamiento sin orden judicial erosiona no sólo la ley, sino la confianza colectiva.
El Salvador es el otro espejo. Su régimen de excepción ha sido presentado como un “modelo de éxito” por la reducción de homicidios, pero detrás de las cifras hay más de ochenta mil detenciones, miles de denuncias por tortura, muertes bajo custodia y un retroceso preocupante en libertades básicas. No hay democracia que pueda sostenerse si la paz se construye sobre el miedo.
México debería mirar con atención estos ejemplos antes de repetirlos. La tentación de militarizar la seguridad o de asumir que el fin justifica los medios siempre aparece en contextos de desesperación. Pero una política que sacrifica derechos en nombre de la paz, termina tarde o temprano, sacrificando también la paz misma.
El país necesita estrategias integrales que vayan más allá de la fuerza: inversión en comunidades, fortalecimiento policial civil, programas de reinserción que contemplen también la justicia restaurativa, transparencia judicial y, sobre todo, una visión de seguridad centrada en las personas, no en los territorios
conquistados.
La verdadera seguridad se mide no por el número de arrestos o de operativos exitosos, sino por la cantidad de vidas que logra preservar.
Mirar a las favelas brasileñas no debería servir para señalar con distancia, sino para anticipar lo que puede ocurrir cuando la desigualdad se combina con la impunidad y la política renuncia al diálogo. Que esa masacre nos recuerde que cada operativo que olvida los derechos humanos no es una victoria contra el crimen, sino una derrota del Estado.

A tres años del gobierno de Américo Villarreal Anaya, los tamaulipecos esperaban que el compromiso de “servir con honor, lealtad e irrestricta conducta” se reflejara en los 43 municipios. Pero la realidad es otra. La podredumbre burocrática se extiende como humedad en paredes viejas, sin distinción de siglas ni colores, desde los despachos estatales hasta las oficinas municipales. En Tamaulipas, al servicio público todavía hay quien lo ve como sinónimo de conveniencia personal y desdén ciudadano.  

En Ciudad Madero, el ejemplo es claro y bochornoso. Erasmo González Robledo, quien podría presumir -sin duda- el currículum más sólido entre los alcaldes en funciones, carga ya con una reputación tambaleante. Su gobierno es un escenario donde la autoridad se evapora, la investidura se pisotea y la disciplina institucional parece un recuerdo remoto.  

El caso de la directora de Deportes, Jade Yáñez Rodríguez, expone sin matices el verdadero rostro de la administración maderense; para ella, es más importante acudir al foro: “Diálogos sobre la Reforma Electoral», que seguir atendiendo las necesidades de la sociedad deportiva maderense, ya que este jueves simplemente abandonó su encomienda como funcionaria municipal   

La joven Jade, volvió a dejar claro que la dirección que encabeza le sirve como título, no como responsabilidad. Mientras los espacios deportivos agonizan en abandono y la juventud maderense espera resultados, así, Yáñez busca reflectores en foros de alcance federal, moviéndose bajo una agenda que nada tiene que ver con el gobierno local.  

El mensaje es evidente: en el Ayuntamiento de Madero, las ausencias no se sancionan, se aplauden. Lo grave no es solo su protagonismo fuera del marco institucional, sino la impunidad con que actúa, como si el proyecto municipal fuese accesorio, prescindible. Cada aparición pública suya, ajena a la investidura que debiera representar, es una bofetada a la autoridad del “alcalde”, pero que digo al alcalde, a los maderneses.

Erasmo González Robledo vuelve a quedar en calidad de figura decorativa. Sus colaboradores no solo se ausentan, sino que lo hacen públicamente, exhibiendo con quién están y a quién obedecen. Lo de Jade Yáñez no es un error, es una elección. Su compromiso no está en el gobierno municipal, sino en los intereses de un andamiaje político vinculado al poderoso sindicato petrolero.  

Así se entienden los proyectos truncos, las obras que no aterrizan y la desconfianza creciente de los ciudadanos. Un alcalde que soñó con trascender, que fue capaz de reunir en la campaña a Dios con el diablo para llegar a la presidencia, hoy observa cómo su gobierno se diluye entre neófitos y oportunistas.  

En la intimidad… Mientras en Madero la investidura se degrada, hay servidores públicos que aún entienden el valor de la institucionalidad. Tania Gisela Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, ofreció una lección de altura política y de madurez democrática.  

Durante su participación en el foro convocado en el Gimnasio Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Tampico, mostró respeto por la pluralidad y el equilibrio entre poderes. En un gesto que muchos pasaron por alto, distinguió a la bancada opositora en el Congreso del Estado, representada por el diputado tampiqueño Pepe Schekaiban, y dio su lugar al sector empresarial, reconociendo su importancia en el desarrollo sostenido de Tamaulipas, pese a que en los últimos años ese sector ha sido representado por figuras ciegas, mudas y sordas.  

Tania tuvo una convocatoria plural e inédita. Reunió a líderes sindicales, estudiantiles y académicos, entre ellos a la doctora Elda Ruth De Los Reyes Villarreal, una de las figuras universitarias más queridas del sur de Tamaulipas.  

En sus propias palabras: “Fue un espacio plural para compartir ideas y construir juntos una democracia más participativa y cercana a la gente. Coincidimos en que el diálogo siempre es el camino para avanzar”.  

Una frase sencilla, pero cargada de contenido. Una lección para quienes creen que gobernar se trata de figurar, y no de servir. Porque mientras unos se fugan detrás de los reflectores, otros, desde la sobriedad institucional, siguen recordando que la política —cuando se hace bien— aún puede dignificar.

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Al fin la educación pública ha vuelto a ocupar el centro de la conversación nacional. En la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior para la Transformación de México. Un encuentro que, más allá de la foto protocolaria, busca cimentar una nueva ruta para el sistema educativo del país.

Entre los asistentes destacó la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, quien, en sintonía con el proyecto educativo nacional, refrendó el compromiso institucional con la formación de profesionistas críticos, conscientes y solidarios… críticos. La reunión congregó a los principales líderes académicos del país y a figuras clave del gabinete federal, como la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz.

La propuesta de Sheinbaum Pardo no es menor: construir una política educativa basada en la equidad, el acceso universal y la justicia social. La creación de la plataforma Saberes MX representa un paso hacia la democratización del conocimiento, abriendo la posibilidad de un aprendizaje continuo y accesible para todos.

El reto, sin embargo, está en transformar esa visión en resultados tangibles dentro de las aulas y los campus universitarios. La educación pública mexicana ha sobrevivido a décadas de abandono, burocracia y desigualdad, pero, los años más graves  han sido irónicamente los primeros seis años de la 4T, por eso, hoy se requiere más que discursos y buenas intenciones; se necesita voluntad política y una administración eficiente que garantice recursos, infraestructura y acompañamiento pedagógico; rubros que no se han dejado ver del todo.

En Tamaulipas, la UAT carga con el peso de ser la institución más representativa del estado. Su papel dentro de esta nueva etapa educativa será clave para traducir los lineamientos federales en estrategias regionales que beneficien realmente a los estudiantes. El respaldo del rector Dámaso Anaya al proyecto nacional es un mensaje claro de alineamiento institucional, pero también una oportunidad para fortalecer la autonomía universitaria con sentido social.

El camino de la transformación educativa pasa necesariamente por las universidades públicas. En ellas descansa la esperanza de un país más justo y preparado para enfrentar los desafíos de la modernidad.

En la intimidad… Mientras el rector Dámaso Anaya representaba a la UAT en la capital del país, en Ciudad Victoria, el gobernador Américo Villarreal presidía la sesión del Consejo Consultivo de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, donde reiteró su compromiso con el desarrollo del Puerto del Norte en Matamoros.

Acompañado por la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, y el director general de la API Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández, el mandatario destacó el valor estratégico de este proyecto que busca convertir a Tamaulipas en la principal frontera marítima de México.

Durante la reunión, consejeros y empresarios coincidieron en que el puerto vive su momento más prometedor. Eduardo Garza Robles subrayó que Tamaulipas está en condiciones de convertirse en el gran eje logístico del país, gracias a la conjunción de su infraestructura terrestre y marítima.

Teodoro Zamudio Moreno recordó que, después de más de dos décadas de abandono, el puerto volvió a recibir embarcaciones en agosto, logro que atribuyó al liderazgo de Villarreal Anaya. Luz Alicia Iturbe De Garay celebró que por fin se haya reactivado una infraestructura que llevaba más de 20 años sin operar.

El gobernador cerró la sesión con una frase que resume su visión: “Tamaulipas tiene todo y es momento de que también progrese”. En la intimidad del Salón Independencia, el mensaje resonó con fuerza entre los presentes: el desarrollo marítimo del estado ya no es un anhelo, sino una tarea en marcha.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

México se acostumbró a la muerte. La celebra, la baila, la pinta y la convierte en altar. Pero la normalizó tanto, que ya no la distingue. Lo mismo se honra a los muertos del panteón que a los caídos por la violencia; lo mismo se aplaude la tradición que se justifica el crimen.

Mexicanos hemos aprendido a convivir con el escurrimiento de sangre como si fuera parte del paisaje nacional, como si fuera parte de nuestra ilustración urbana, pero, cuidado, que detrás de ese folclor que exportamos al mundo, hay una sociedad que también se volvió sorda y muda ante los nacimientos sin control, ante los hijos que llegan al mundo sin planeación, sin cuidado, sin Estado. Niños “criados” entre el abandono, la precariedad y la indiferencia institucional que un día nacen, se reproducen y crecen para convertirse en el reflejo más cruel de lo que somos —-asesinos-—.

Lo dijo con una claridad brutal Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo Rodríguez, el alcalde de Uruapan asesinado este primero de noviembre: “Ayer no solo murió él, murieron dos… otra madre hoy está llorando en su casa, quizá si a tiempo hubiera educado a su hijo, le hubiera dado amor, cariño, lo hubiera guiado, ese hijo no hubiera atentado contra la vida de mi Carlos.”

Ahí está el espejo. No lo sostiene un académico ni un político. Lo sostiene una mujer que perdió a su esposo en manos de un país que fabrica asesinos desde la cuna.

Pero la tragedia de Uruapan no es una historia aislada, allá van décadas de asesinatos, es más, pareciera que desde antes de que conociéramos la absurda guerra de Calderón, sin embargo, esos tiempos ya pasaron y no hay pretextos para el presente régimen centralista. Lo de Manzo es la décima marca en una lista que debería avergonzar al gobierno federal y, en particular, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que carga ya con diez presidentes municipales asesinados en poco más de un año de mandato:

Alejandro Arcos Catalán (Chilpancingo, Guerrero) – 6 oct 2024

Román Ruiz Bohórquez (Candelaria Loxicha, Oaxaca) – 15 oct 2024

Jesús Franco Lárraga (Tancanhuitz, San Luis Potosí) – 15 dic 2024

Mario Hernández García (Santiago Amoltepec, Oaxaca) – 15 may 2025

Isaías Rojas Ramírez (Metlatónoc, Guerrero) – 2 jun 2025

Yolanda Sánchez Figueroa (Cotija, Michoacán) – 3 jun 2025

Salvador Bastida García (Tacámbaro, Michoacán) – 5 jun 2025

Acasio Flores Guerrero (Malinaltepec, Guerrero) – 21 jun 2025

Miguel Bahena Solórzano (Pisaflores, Hidalgo) – 20 oct 2025

Carlos Manzo Rodríguez (Uruapan, Michoacán) – 1 nov 2025

Diez alcaldes muertos bajo la misma estrategia, bajo la misma narrativa de seguridad encabezada por Omar García Harfuch, el mismo discurso reciclado que presume coordinación mientras el país se desangra, cero impunidad, “iremos hasta las ultimas consecuencias” #ptm

Durante años, la izquierda mexicana se alimentó del conteo de muertos. Lo usó como bandera moral, como argumento de campaña, como símbolo del cambio que prometían. Hoy, en el poder, los números se les devolvieron como espejo y como juicio. Gobernar es más difícil que denunciar, y sus resultados son la prueba más amarga de su fracaso sentenciado.

El Estado mexicano no solo es incapaz de impedir los asesinatos de sus presidentes municipales; también es responsable de producir las condiciones sociales que los hacen inevitables. La delincuencia no se improvisa: se gesta en los márgenes, en la pobreza, en la impunidad, en la ausencia de justicia, y en la complicidad política que sigue midiendo los homicidios como si fueran cifras presupuestales.

En la intimidad… Me habría gustado escribir de la fiesta, de los altares y del olor a copal. Me habría gustado describir el colorido del Día de Muertos, la alegría que se cuela entre las tumbas. Pero no se puede. No cuando el país convierte a sus muertos en estadística, ni cuando un alcalde cae a tiros en plena celebración pública.

Lo que le ocurrió a Carlos Manzo no es una anécdota de violencia: es una sentencia. Y su esposa, con la entereza que solo da el dolor, nos recordó que la tragedia no empieza con la bala, sino con el abandono. Que los criminales también fueron niños, hijos de alguien, olvidados de todos.

Su llamado no fue político. Fue humano.

“Más vale ir a la cárcel a ver a nuestros hijos que ir a llorarlos al panteón.”

Ese es el epitafio que debería escribirse en cada oficina del poder. No por Carlos, sino por lo que ya perdimos como país.

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