Las sanciones económicas dependerán de la conducta infractora que oscilan de
cinco a quinientas veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Multas que van desde 518 pesos hasta los 51 mil
870 pesos se podrán aplicar por los Ayuntamientos y los Organismos Operadores
del Agua a personas que incurran en violaciones a la Ley de Aguas del Estado de
Tamaulipas, las cuales están previstas en esta misma en sus artículos 191 y 192.
Raúl Quiroga Álvarez, director general de la CEAT, explicó que las sanciones
económicas dependerán de la conducta infractora, misma que oscila de cinco a
quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Instalar conexiones clandestinas, ejecutar derivaciones de agua potable y
conexiones al alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales,
causar desperfectos a un aparato medidor o violar los sellos del mismo, alterar el
consumo marcado por los medidores, retirar un medidor sin estar autorizado,
variar su colocación de manera transitoria o definitiva, son algunas de las acciones
que son objeto de multas.
Así mismo el deteriorar cualquier instalación destinada a la prestación de los
servicios públicos, a los propietarios o poseedores de predios dentro de los cuales
se localice alguna fuga que no haya sido atendida oportunamente, no cumplir con
los requisitos o las condiciones de uso eficiente del agua potable, utilizar el agua
potable para lavar con manguera los vehículos, banquetas o la vía pública; así
como aquellas que sin usarla lleven a cabo los actos señalados utilizando agua
potable en cantidades que, a juicio del prestador de servicios resulten excesivas,
son otras de las conductas que ameritan sanciones económicas a quienes
incurran en estas violaciones.
Explicó que derivado de la reforma de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas,
y por instrucciones precisas del gobernador Américo Villareal Anaya, se puso en
funcionamiento el Semáforo del Cuidado del Agua, el cual será el instrumento
informativo, en el que se establecerán recomendaciones periódica para el
consumo racional del vital líquido entre los usuarios de los servicios públicos,
tomando en cuenta el monitor de sequía que publica el Servicio Meteorológico
Nacional y la disponibilidad que se tenga de este suministro en las diferentes
fuentes de abastecimiento.
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