El dato es contundente y, en cualquier escritorio de comunicación social, suficiente para construir un titular: Tamaulipas no registra casos de sarampión en lo que va del año y presume una cobertura de vacunación del 98.5 por ciento. Lo dijo el gobernador Américo Villarreal Anaya frente a personal de salud al que, además, se le entregaron medallas por décadas de servicio.

¡Magnánimo! ¡Colosal! ¡Imperial! ¡Jerárquico! Un gobierno que presume resultados y un sector que recibe reconocimiento público. Pero…

¿Dónde están los reportes técnicos que respalden ese 98.5 por ciento? ¿Cuál es la base poblacional utilizada? ¿Se trata de cobertura real o de dosis distribuidas? ¿Qué municipios concentran los rezagos y cuáles sostienen el promedio estatal? ¿Cómo se está midiendo la eficacia en campo en comunidades donde históricamente el acceso a servicios de salud es irregular?

Qué importa todo lo demás, estamos ante  un logro sanitario sólido, histórico como el mismo ingreso de la 4T a nuestra entidad.

Y bueno, era de esperarse; la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, habló de confianza construida con la ciudadanía, sin embargo, su simple llegada no válida el logro, pero, a ella le toca sostener el optimismo oficial sin reservas.

Porque mientras se reparten medallas —legítimas, necesarias— también persisten los reportes de hospitales con carencias, pregúntenle al Dr Juárez Durán -a quien enviamos un fuerte abrazo y deseamos que pronto ya se encuentre al 2 mil por ciento- ese hombre es el director del “Dr. Carlos Canseco”, de Tampico, un gigantesco cascarón hospitalario, y aquí como en el resto de los nosocomio a del sector público con tiempos de espera prolongados y personal que opera al límite. El contraste es inevitable: reconocimiento simbólico por un lado, desgaste operativo por el otro.

Marggid Rodríguez Avendaño, bueno, caray, el asunto del IMSS Bienestar sigue en fase de ajuste. Y ahí es donde el esfuerzo, humanismo y entrega del gobernador Américo Villarreal Anaya, encuentra personajes endebles que provocan fragilidades estructurales en la infraestructura gubernamental, no basta con afirmar que el sistema se fortalece; hay que demostrarlo en cada consulta, en cada abasto, en cada turno cubierto.

El dato del sarampión puede ser un logro. Pero sin información abierta, también puede ser apenas un enunciado.

En la intimidad… Mientras en el templete se habla de un sistema sólido, en la base laboral se discute otra cosa: cuánto tiempo puede un trabajador enfermo sostenerse antes de quedar desprotegido.

El diputado Armando Zertuche Zuani y el SUTSPET empujan una reforma que, en los hechos, desnuda una contradicción. Si el sistema de salud funciona, ¿por qué sus propios trabajadores tienen solo 60 días de licencia para enfrentar enfermedades graves?

El delegado sindical Alejandro Reyes lo plantea sin matices: no alcanza. Y cualquiera que haya pasado por un tratamiento oncológico o una recuperación neurológica lo sabe.

La iniciativa ya está en la antesala de la Comisión de Salud, presidida por Víctor Manuel García Fuentes. Ahí se va a definir si el discurso de bienestar también aplica hacia adentro del aparato estatal o si se queda, como tantas veces, en la superficie.

Porque al final, la política pública se mide en eso: en lo que resuelve cuando el reflector se apaga.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Gisèle Pelicot tenía 67 años cuando supo que más de 50 hombres la habían
violado en la última década. Ni siquiera podía reconocerse a sí misma en las
imágenes que la policía le mostraba: parecía una muñeca, inerte, sin vida y, sobre
todo, inconsciente de lo que estaba ocurriendo con su cuerpo. La historia
estremeció al mundo; sin embargo, la justicia no parecía suficiente para el calvario
experimentado.
¿Cómo fue posible tal horror? Algunos hombres declararon no saber que cometían
una violación. Sin embargo, hoy sabemos que al menos 62 millones de personas
han accedido a espacios digitales donde este tipo de violencia no solo se
comparte, sino que se enseña. Investigaciones periodísticas han documentado la
existencia de plataformas como Motherless, donde usuarios difundían contenido
de mujeres inconscientes y compartían consejos para abusar de ellas, incluso
dentro de relaciones de pareja.
El dato resulta estremecedor: decenas de millones de visitas a este tipo de sitios.
Una cifra que equivale, en términos simbólicos, a la población masculina de un
país entero. No se trata únicamente de agresores directos, sino de una audiencia
que consume, valida y normaliza la violencia. Son millones de potenciales
perpetradores o cómplices que encuentran en estos espacios una guía para
convertir el abuso en práctica.
La dimensión más perturbadora de este fenómeno es que rompe con una idea
profundamente arraigada: que el peligro está afuera. Muchas de estas agresiones
ocurren dentro del hogar, en relaciones de confianza, donde las mujeres son
drogadas o violentadas por sus propias parejas o familiares cercanos. El lugar que
debería ser refugio se transforma en el escenario del delito.
En México, este contexto no es ajeno, sino parte de una crisis más amplia. De
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el
66.1% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y
menos del 10% denuncia. La cifra refleja no solo la magnitud del problema, sino la
falta de confianza en las instituciones encargadas de proteger.
El feminicidio, la forma más extrema de esta violencia, sigue marcando al país.
Casos como el de Edith Guadalupe —que se suman a una lista interminable—
evidencian no solo la brutalidad de los crímenes, sino la negligencia institucional.
En muchos casos, las familias enfrentan procesos lentos, revictimizantes y, en
ocasiones, condicionados por prácticas de corrupción. La ayuda no llega de
inmediato; la justicia, cuando llega, suele ser tardía.

El caso de Edith es un recordatorio latente de por qué México es un país
feminicida, pues lejos de encontrar apoyo en las autoridades, nos topamos con
solicitudes absurdas de pagos para poder cumplir una labor urgente,
desgraciadamente las omisiones de justicia derivaron en el hallazgo del cuerpo
inerte de una joven cuya familia pidió apoyo para su búsqueda, pero la atención
fue omisa hasta que el caso se volvió mediático.
Esta realidad configura un escenario alarmante: la violencia contra las mujeres no
es un hecho aislado, sino un sistema que se reproduce en múltiples niveles.
Desde espacios digitales donde se normaliza el abuso, hasta estructuras sociales
e institucionales que fallan en prevenirlo y sancionarlo.
Estos casos y la existencia de comunidades que promueven la violencia sexual
obligan a replantear una pregunta incómoda: ¿qué tan normalizada está la
violencia en nuestra sociedad? Porque no basta con señalar a los agresores
directos; también es necesario cuestionar a quienes consumen, toleran o
minimizan estas prácticas.
Si esto sigue ocurriendo, no es solo por quienes ejercen la violencia, sino porque
aún no somos plenamente conscientes de su impacto. Mientras existan personas
que crean tener derecho sobre el cuerpo y la vida de otras, y mientras la omisión
siga siendo una constante, el problema persistirá.Seguiremos viviendo un terror
que supera cualquier ficción, uno que no se proyecta en una pantalla, sino que se
habita todos los días.

Desde que asumió la candidatura a la alcaldía por Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya optó por una estrategía que pocos entienden a primera vista, incluso, existimos los incrédulos por su característica política pasiva -respetuosa, muy respetuosa y educada para este mundo de bajos escrúpulos-, pero, fiel a su perfil sin aspavientos, fue precisa y logró ganar la elección.

Ya como alcaldesa, por cierto, la segunda mujer en la historia de  tan importante ciudad del noreste de México; en octubre pasado dio el primer aviso “elegante”. Reacomodó piezas, retiró a Ricardo Mora de zonas sensibles y colocó a Edmundo Malagón Infante donde los tampiqueños, ya acostumbrados a lo bueno no admiten margen de error: Servicios Públicos. Mora a cuidar otro frentes, y “Mundo”, firme allí donde no hay discurso que alcance si la operación falla.

Lo demás vino después, pero no es lo mismo. Los ajustes en áreas como Deportes o la Secretaría Técnica son movimientos naturales en cualquier administración. Donde realmente se mide la temperatura política es en Bienestar y en la Delegación Norte. Ahí no se administra, ahí se construye territorio o se derrumba todo proyecto.

Entonces, Mónica, la alcaldesa destapó a  Alejandro Rubio de la Portilla. Para nada un perfil improvisado ni una ocurrencia de última hora. Lo conoce de años, sabe que tiene una formación política larga, de esas que no siempre se ven, pero que sobresalen cuando llega el momento de operar. Ha estado donde se aprende lo que no se presume: en el contacto directo, en la gestión, en el desgaste cotidiano. Dejó incluso otras facetas de su vida para quedarse en esto, y así, Villarreal Anaya, lo estrenó como Delegado de la Zona Norte, en la primera etapa de su administración municipal.

Sí, ella lo conoce desde antes del cargo. No desde la formalidad institucional, sino desde el terreno donde se mide la lealtad. Por eso, ahora que le entregó la responsabilidad de la Secretaría de Bienestar, no está probando suerte. Está cerrando filas, y aquí podría terminar el texto, pero quienes no le entienden inventarán historias de terror y no les quedará claro qué es cerrar filas.

El relevo de Omar Fabbri Flores también tiene lectura. No hay ruptura, ni mil 800 pretextos, tampoco hay escándalo. Es la salida en el momento justo. De esas que se negocian con tiempo, que se procesan sin ruido y que permiten que la estructura no se fracture. No todos los políticos asumen y gustan de esos cambios, no cualquiera lo sabe hacer; se ocupa de temple.

Entonces ya comenzó todo. La depuración; ya no hay segundas oportunidades, cada secretaría debe dar resultados concretos. La curva de aprendizaje se acabó y quien no entienda el ritmo tendrá que encontrar otra trinchera. Llegó el tiempo de ver un nuevo período en el presente con miras a futuro.

La alcaldesa decidió concentrar el control en las áreas que realmente pesan, entiéndanlo, no es un premio personal, el movimiento VA más allá, y si todo se dio sin sobresaltos, con respaldo y sin fisuras visibles, lo que hay detrás no una alcaldesa empoderada alistandose para hacerle frente al que venga.

Es cálculo… no tibieza… es orden… no fragilidad; ¿quién dijo reelección?

En la intimidad… En la mesa del Consejo Consultivo de Turismo no hubo estridencias, pero sí señales. El mensaje que bajó el equipo del gobernador Américo Villarreal Anaya, a través del secretario Benjamín Hernández Rodríguez, fue claro: la estrategia estatal empieza a sostenerse en resultados medibles.

Ahí, Mónica Zacil Villarreal Anaya volvió a colocar a Tampico en el centro de la conversación turística, no desde la promesa, sino desde cifras y flujo constante de visitantes.

La propuesta de llevar la Cuera Tamaulipeca a un Récord Guinness, impulsada por René Lara Cisneros, puede parecer anecdótica, pero refleja algo más: la intención de posicionar identidad en el escaparate internacional.

Mientras tanto, voces como la de Karl Heinz Becker Hernández reforzaron un punto que ya no pasa desapercibido: la coordinación en seguridad y entorno urbano está impactando directamente en la percepción del estado.

En política, cuando los datos empiezan a acompañar al discurso, la conversación cambia. Y en Tamaulipas, esa transición ya está en marcha.

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Por momentos, la relación entre el poder público y la autonomía universitaria en Tamaulipas ha sido vista con suspicacia, y para variar, la historia reciente del estado obliga a cuestionar cualquier cercanía entre gobierno y academia. Pero hay hechos que obligan a matizar, a reconocer y, cuando es necesario, a decirlo con claridad: hoy la Universidad Autónoma de Tamaulipas está entregando resultados.

Y desde Tampico, la noticia resonó en todo el estado. Bajo la conducción de Dámaso Anaya Alvarado, la UAT ha alcanzado el 100% de sus programas educativos acreditados y el 100% de su matrícula inscrita en programas de calidad. Dicho en términos simples: no hay un solo estudiante fuera de estándares académicos evaluados, ninguno. Sin rodeos, un hito histórico.

Y lo es porque en el ecosistema universitario mexicano, donde las acreditaciones suelen ser parciales, dispersas o, en el peor de los casos, abandonadas, lograr la cobertura total implica disciplina institucional, inversión sostenida y, sobre todo, una comunidad académica alineada en objetivos comunes. No se trata de una medalla burocrática; es una estructura completa funcionando.

El propio rector lo dijo con precisión: “Alcanzar el 100% de Programas Educativos Acreditados y el 100% de estudiantes formándose en programas de calidad, representa uno de los logros más significativos en la historia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas”. No hay exageración en esa frase.

Pero el punto más relevante no está en el porcentaje, sino en lo que significa hacia afuera. La educación pública, particularmente en estados con brechas sociales profundas, no puede darse el lujo de ser mediocre. Cada programa acreditado es una garantía —no absoluta, pero sí verificable— de que un estudiante tendrá herramientas reales para competir, para insertarse en el mercado laboral y, en el mejor de los casos, para transformar su entorno.

Ahí es donde el discurso institucional encuentra sentido: cuando la calidad académica se traduce en movilidad social.

En ese contexto, también es inevitable reconocer el entorno político que ha acompañado este proceso. El propio rector hizo referencia al respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya. Y aquí es donde conviene ser puntuales: la cercanía entre gobierno y universidad solo es válida cuando produce resultados tangibles y respeta la vida académica. Hoy, al menos en este indicador, la ecuación parece estar funcionando.

La UAT no solo se posiciona en el ámbito estatal, sino que se coloca entre las cinco universidades del país con el 100% de sus programas acreditados. No es propaganda; es un dato verificable que la ubica en un nivel competitivo nacional.

Porque la acreditación no puede convertirse en un techo. Debe ser el piso mínimo. La exigencia siguiente es que esa calidad se refleje en innovación, investigación aplicada, vinculación efectiva con el sector productivo y, sobre todo, en egresados que no solo encuentren empleo, sino que incidan en el desarrollo regional.

La universidad ya cumplió con la forma. Ahora tiene que demostrar fondo.

La intimidad… Mientras en Tamaulipas se consolidan avances en educación, en el centro del país se mueven las piezas del bienestar social. El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador de Programas de Bienestar.

El mensaje posterior fue directo: “De la mano vamos a seguir impulsando acciones que benefician directamente a las y los tamaulipecos, porque el bienestar de nuestra gente es nuestra prioridad”.

No es una reunión menor. Este año, los 18 Programas de Bienestar del Gobierno Federal proyectan una inversión superior a los 24 mil 500 millones de pesos en Tamaulipas, con impacto en uno de cada cuatro habitantes del estado.

Educación de calidad y política social alineada. Dos ejes que, si logran sostenerse en el tiempo, podrían comenzar a modificar inercias históricas en la entidad.

El desafío, como siempre, no está en anunciarlo. Está en cumplirlo.

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