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En el Artículo 21 de la constitución política se los Estados Unidos Mexicanos, se dispone la obligatoriedad para el ministerio público en la investigación de los delitos y aparejada la función de conducir y mandar a las policías en el desempeño de funciones de investigación. Es decir, en ellos se centra la impunidad o efectividad en la impartición de justicia.

Una vez precisado lo anterior y estando en el mimo tenor, nos permite analizar la realidad que en el tema de «segura» inseguridad le toca padecer a la zona costa de Tamaulipas.

Hemos sido tristes testigos de que la política de seguridad implementada en el sexenio de Egidio Torre Cantú y en la naciente administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, resulta recurrente la frase de «nos faltan policías» y así de fácil se justifica el porqué la población de Tamaulipas se siente insegura y más aún en su mayoría han sido víctimas de la comisión de un delito.  De igual manera entre dato y dato, el problema de los delitos del fuero común, repuntan porque el trabajo del Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) ha reducido los delitos de alto impacto. Lo anterior nos remite al artículo citado constitucional y al cual gracias a los expertos en derechos, se apunta  que dispone en su párrafo 9° «La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva….» dejando claro que no distingue de delitos de fueros, sino más bien, ordena garantizar a los entes públicos la seguridad de la población, una población  a quien  día a día ve más lejano el cumplimiento de esa promesa de regresar a Tamaulipas la seguridad que merecen.

Es común leer y escuchar que los delitos son  realizados por actores políticos, institucionales,  y sociales, al abordar el tema de los problemas de Prevención, recurrentemente se brindan recomendaciones para poder obtener el número «ideal» de policías según el número de habitantes,  peeeeroo, se omite analizar el otro aspecto de la encomienda constitucional, la investigación y persecución de los delitos, tema específico de competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en donde nunca se ha expresado que falten ministerios públicos. Así es cómo llegamos al punto de analizar la siguiente información que se genera en la PGJE delegación zona Costa a cargo de Juan Antonio Jara Benavides, en la que se determina un desempeño bajo de los Agentes del Ministerio Público», según refirió Oscar Alberto Lara Sosa, hasta ayer martes Director General de Operaciones del Procedimiento Penal Acusatorio Laboral  y Oral de la PGJE.

Fue a través del oficio marcado PGJ/MPS/168/2016 emitido a Jara Benavides y fechado al 19 de septiembre, donde se le notificó al Delegado de la zona Costa que de las 2070 carpetas -antes averiguaciones previas- que ha iniciado la Unidad de Atención Inmediata (UAI), se ha remitido 643 a las Unidades de Investigación, «lo que indica un bajo porcentaje en la aplicación de salidas alternas», le señalaron a Jara Benavides en la página 2 de 4 que comprende el informe.

La información estadística que evalúa a Juan Antonio Jara Benavides y sus agentes investigadores, comprende del periodo Febrero- Agosto de 2016, es información obtenida a partir del seguimiento de supervisión que se realiza de manera constante y periódica a cargo de Oscar Alberto Lara Sosa.

Por otra parte, de las 2 mil 944 carpetas de investigación registradas  en las unidades generales de investigación (UGI) y evaluadas por Lara Sosa a través del Sistema Integral Informático Procesal de Procedimientos Penales en Tamaulipas (SIIPPPTAM) en la Delegación que comprende los municipios de Altamira, Madero, Tampico, González y Aldama,  se determina que  dicha unidad no está cumpliendo con el objetivo para el cuál fue creada, que es de dar una solución inmediata a los casos (denuncias y/o querellas)» .

De acuerdo con los indicadores sobre carpetas iniciadas, en Efectividad de Criterios de Oportunidad, se tiene cero por ciento de productividad, mientras que los números son más crudos en los indicadores sobre carpetas judicializadas es decir asuntos turnados ante la autoridad jurisdiccional que arroja un numero de 17. La evaluación termina con resultados de  cero por ciento en Efectividad de Procedimientos Abreviados; cero en Efectividad de Sentencias Condenatorias; cero en Efectividad de Juicios y cero en Efectividad de Sentencias Condenatorias en proceso de juicio

Las cifras anteriores nos permiten concluir que la falta de un trabajo que debiera realizarse tal como se dispone en el ya señalado artículo federal , bajo  los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, condicionan la realidad que estamos padeciendo en este sur del estado.

Entonces la tarea del procurador, Irving Barrios Mojica quien apenas este martes oficializó los primeros 15 nuevos nombramientos de quienes estarán al frente de las diversas áreas de la Institución como parte del proyecto de una nueva, ética y ética Procuraduría tamaulipeca con personal destinado a servir con el fin de devolver la paz y la seguridad a la sociedad.

Los nuevos servidores públicos en la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas son y se agregan textual como lo notificó la vocería de la procuraduría del estado.

LIC. VICTOR MIGUEL GUERRA ENRIQUEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA VISITADURÍA

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, ha desempeñado en diversos cargos dentro de la Procuraduría General de la República tales como Director General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Director General de Procedimientos Penales y Amparo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y fue Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia.

LIC. ABEL RAMÍREZ GONZÁLEZ

DIRECTOR DE ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con diplomado en Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se ha desempeñado como Abogado litigante en materia Civil, Penal, Mercantil, Laboral y Familiar.

MTRO. CRAIG LÓPEZ OLGUÍN

DIRECTOR JURÍDICO

Maestro en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, se ha desempeñado como Subdirector de Prestaciones y Relaciones Laborales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Director General de Asuntos Judiciales de la Procuraduría General del Estado de Guerrero, así como Titular de la Unidad de Enlace con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero.

LIC. JESÚS VILLALOBOS RODRÍGUEZ.

COORDINADOR DE ASESORES

Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, se ha desempeñado como Secretario Técnico del Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Morelos, Asesor Técnico del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán y Asesor Técnico del Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero.

LIC. JORGE ADRIÁN GÓMEZ CARREÑO

DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha desempeñado como Subdirector de Investigación y Extensión Académica en la Dirección General de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República, Asesor Jurídico en la Comisión Federal de Competencia Económica, así como Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (PGR).

LIC. CARLOS ALBERTO PÉREZ TÉLLEZ

DIRECTOR DE CONTROL DE PROCESOS

Licenciado en Derecho por la Universidad México-Americana del Norte, se ha desempeñado como Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación de la Procuraduría General de la República en los Estados de Veracruz y Nuevo León, y como Abogado Litigante.

LIC. YADIRA ROJAS LUCIO

DIRECTOR DE LA UNIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

Licenciada en derecho por el Liceo Universidad Pedro de Gante, se ha desempeñado como Encargada de la Coordinación Valle de México, Zona Oriente del Sistema Penal Acusatorio y Asuntos en Materia Penal.

MTRA. GUADALUPE PAOLA ROMO

DIRECTOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL

Cuenta con estudios de  Maestría en el Sistema Penal Acusatorio por la Universidad Autónoma del Noreste Campus Saltillo, se ha desempeñado como Defensor Público adscrito al sistema penal acusatorio en el Instituto Estatal de la Defensoría Pública del Estado de Coahuila.

MTRA. ELIZABETH ALMANZA ÁVALOS

FISCAL ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A PERSONAS NO LOCALIZADAS O PRIVADAS DE SU LIBERTAD.

Maestra en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, se ha desempeñado como Fiscal Regional en el Municipio de La Piedad adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, Fiscal Regional en el Municipio de Texcoco de Mora adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y como Subdirectora de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

LIC. JUAN TORRES MATA

DIRECTOR DE ENLACE CON INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Licenciado en Relaciones Comerciales por la Escuela Superior de Comercio y Administración IPN, se ha desempeñado como Secretario Particular de la Fiscal Especializada en Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Subdirector Operativo de la Dirección de Prevención Social de la Delincuencia y de la Violencia en la Presidencia Municipal de Toluca y Director de Apoyo y Seguimiento Administrativo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

DRA. MINERVA CÁCERES VÁZQUEZ

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

Doctora en Derecho por la Universidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se ha desempeñado Agente del Ministerio Público Auxiliar del C. Procurador adscrita a la Primera Subprocuraduría de la Procuraduría General de Tamaulipas, además de ser Docente de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

LIC.  GUSTAVO ADRIÁN GARZA DOMÍNGUEZ

COORDINADOR DE UNIDADES DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Licenciado en Derecho por la Universidad Valle de Bravo, se ha desempeñado como Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas, en Ciudad Reynosa, Tamaulipas y como Agente del Ministerio Público Auxiliar de la Delegación Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

MTRA.  ADRIANA HERNÁNDEZ LÓPEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Cuenta con estudios de Maestría por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se ha desempeñado como  Coordinadora de Planeación y Seguimiento de la Procuraduría General del Estado de Tamaulipas, Jefa de Departamento de Desarrollo Administrativo de la Dirección de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

LIC. DANIELA ROMO CHARLE

DIRECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Noreste Campus Saltillo, se ha desempeñado como Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General del Estado de Coahuila. Facilitadora Penal y Mediadora Penal en la Procuraduría General del Estado de Coahuila.

M.S.I. JOSÉ MARIO MOTA VÁZQUEZ.

DIRECTOR DE INFORMÁTICA

Maestro en Sistemas de Información por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se ha desempeñado como Director de Informática en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jefe de Departamento de Planeación Tecnológica en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y como Catedrático en la Universidad La Salle Victoria y Universidad Politécnica de Cd. Victoria.

Tamaulipas es puntero en secuestros y extorsiones, una entidad donde se complica iniciar un proyecto económico porque luego- luego te caen para cobrar la cuota e incluso hay delitos impunes o desaparecidos que ni siquiera son buscados.

Por cierto… Irving, dejo acéfala la Dirección de Averiguaciones Previas, que se presumía iba a ser para el licenciado Miguel Leopoldo Ramírez Treviño, pero su reputación, no terminó de convencer al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por lo que aplazo o definitivamente, canceló su nombramiento.

pgr

davidcastellanost@hotmail.com

Opinión

Gran noticia

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La conclusión de un hospital es una gran noticia. Pero el periodismo también obliga a mirar un poco más allá del corte de listón, de las fotografías oficiales y de los discursos que suelen acompañar las grandes obras públicas.

El nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico está prácticamente terminado. El 98 por ciento de avance anunciado por el director general del instituto, Martí Batres, coloca al proyecto como el más adelantado de la estrategia nacional de infraestructura hospitalaria.

En el sur de Tamaulipas durante años miles de trabajadores al servicio del Estado y sus familias han lidiado con mapaches e instalaciones rebasadas, consultas diferidas y traslados innecesarios para estudios especializados, la construcción de este hospital representa mucho más que una obra de concreto. Representa la posibilidad de recuperar: la confianza.

Las 150 camas, los 35 consultorios, los cinco quirófanos, el resonador magnético y la contratación de más de seiscientos especialistas hablan de un proyecto ambicioso. Pero la verdadera dimensión del hospital comenzará a escribirse el día que abra sus puertas. Será entonces cuando los ciudadanos evalúen si la inversión cumplió con su propósito o si quedó atrapada en la larga lista de buenas intenciones que tantas veces han acompañado a la salud pública mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido mantener la inversión en infraestructura hospitalaria como una prioridad de su administración. La enfermedad no distingue colores, tampoco credenciales políticas.

En la capital de las huastecas no se necesitan únicamente edificios modernos. Se esperan médicos suficientes, medicamentos disponibles, equipos funcionando y citas que lleguen antes que el padecimiento avance. La infraestructura es indispensable, pero la calidad del servicio termina definiendo el éxito o el fracaso de cualquier sistema de salud.

En Tamaulipas también hay una coordinación institucional que merece mencionarse. El gobernador Américo Villarreal conoce el sistema sanitario desde antes de la política y ha insistido en fortalecer la capacidad hospitalaria del estado. La coincidencia de esfuerzos entre el gobierno estatal y la Federación explica, en buena medida, que proyectos largamente esperados hoy estén cerca de convertirse en realidad.

Sin embargo, las administraciones cambian y los hospitales permanecen. Lo verdaderamente importante no será quién aparezca en la placa inaugural, sino quién encuentre alivio detrás de esas paredes dentro de cinco, diez o veinte años.

Si este hospital logra evitar traslados, reducir tiempos de espera y ofrecer atención digna a miles de familias del sur de Tamaulipas y de la Huasteca, entonces habrá valido cada peso invertido. Si además consigue recuperar la credibilidad de quienes durante años sintieron que la salud pública caminaba siempre un paso detrás de sus necesidades, el logro será todavía mayor.

En la intimidad… La Universidad Autónoma de Tamaulipas acaba de tomar una decisión que, aunque no ocupe las primeras planas, tiene un profundo significado institucional. La ratificación del doctor José de Jesús Guzmán Morales al frente de la Defensoría de los Derechos Universitarios envía una señal de estabilidad en un tema que no admite improvisaciones.

El rector Dámaso Anaya Alvarado ha insistido en que una universidad no puede presumir únicamente edificios nuevos o programas académicos renovados. También debe garantizar que quienes estudian y trabajan en ella encuentren espacios seguros, reglas claras y mecanismos confiables para hacer valer sus derechos.

Esa visión merece destacarse.

La Defensoría no existe para generar confrontaciones; existe para evitar que los conflictos crezcan, para escuchar antes de juzgar y para recordar que la autoridad también encuentra fortaleza cuando acepta ser observada.

Las universidades forman profesionistas, pero también forman ciudadanía.

Y cuando una institución fortalece sus mecanismos de justicia interna, no solo protege a su comunidad; fortalece su propia credibilidad.

Ahí, muchas veces, comienza la verdadera autonomía.

davidcastellanost@hotmail.com
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Opinión

La semiótica de la alcaldesa

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Romantizar a un personaje asociado con el homicidio y el suicidio resulta, definitivamente, una decisión desafortunada, y eso parece estar sucediendo en la entidad desde Nuevo Laredo hasta Palacio de Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas.

Lo sucedido el fin de semana no creo que haya sido involuntario; bueno, quisiera creer que “olvidaron” la semiótica y, por consiguiente, lo importante que puede ser el comunicar con imágenes y gestos. El equipo de asesores  de Carmen Lilia se equivocó.

Definitivamente, puede ser un error político de un día, pero, en un momento de mayor relevancia, sí, más cercano a las definiciones de candidaturas y cuando los grupos internos se confronten, le podrán restregar duro lo que hasta hoy quedó atrapado en una fotografía que, si bien no le tumba “la candidatura”, se la puede desgastar.

Eso ocurrió este fin de semana en Nuevo Laredo.

Mientras supervisaba actividades oficiales, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal apareció portando una playera con la leyenda de «La maestra de la escuela», personaje popularizado por el viejo corrido de Laurita Garza.

Laurita Garza no representa una historia de superación, ni de justicia social, ni de emancipación femenina. Su historia es la de una mujer que asesina al hombre que amaba y posteriormente decide quitarse la vida. Un crimen pasional convertido durante décadas en canción popular. 

¿Qué, no hay problema? ¡Caray! Apenas comienza.

No porque la música regional deba desaparecer. No porque los corridos deban prohibirse. Mucho menos porque una servidora pública pierda su derecho a vestir como desee fuera de su vida institucional.

El problema aparece cuando el símbolo deja de pertenecer a la esfera privada y se convierte en comunicación pública.

Toda alcaldesa habla incluso cuando guarda silencio.

Toda fotografía comunica incluso cuando nadie escribe un discurso.

Y esa imagen de Laurita Pin- Up con pistola en mano y un cigarillo encendido comunica exactamente lo contrario de lo que hoy necesita Tamaulipas.

Vivimos en uno de los estados que más ha luchado por desprenderse de la narrativa nacional que durante años lo identificó con la violencia, las desapariciones, el miedo y la presencia del crimen organizado. Allá en Nuevo Laredo, asesinaron a Benjamín Galván Gómez en 2014 y esa apología se la pueden restregar más adelante. A Tamaulipas le ha costado inversiones, turismo y generaciones enteras reconstruir una percepción distinta.

Por eso, romantizar —aunque sea involuntariamente— a un personaje asociado con un homicidio resulta, cuando menos, una decisión desafortunada.

Aquí aparece una segunda reflexión, quizá igual de delicada.

La imagen apenas provocó conversación en la mesa del café.

No hubo grandes debates.

No se convirtió en tendencia nacional.

No ocupó las primeras planas.

Eso puede parecer una buena noticia para su equipo de comunicación.

Yo creo exactamente lo contrario.

Porque quien aspira a gobernar Tamaulipas necesita estar permanentemente bajo el reflector político. Si un error de esa dimensión apenas genera discusión, quizá el problema no sea la fotografía.

Quizá el problema sea que la conversación pública de Tamaulipas todavía no gira alrededor de Carmen Lilia.

En la intimidad… Mientras algunos equipos de comunicación desperdician capital político en polémicas perfectamente evitables, el Gobierno de Tamaulipas parece haber entendido dónde se jugará realmente el desarrollo de las próximas décadas: en el agua.

Hay anuncios que no generan aplausos inmediatos porque no caben en un video de treinta segundos. Sin embargo, terminan cambiando la historia de una región.

El proyecto de El Moralillo, el PLIGÓN, la expansión del tratamiento de aguas residuales en PITAR y la reutilización industrial del agua pertenecen justamente a esa categoría.

Si esos proyectos llegan a concretarse, nadie preguntará dentro de treinta años cuántas conferencias de prensa ofreció un gobernador. Preguntarán quién garantizó que Tampico, Ciudad Madero y Altamira siguieran teniendo agua cuando el resto del país comenzaba a disputársela.

Ahí es donde debería concentrarse buena parte del capital político de esta administración.

Tamaulipas lleva décadas extrayendo riqueza de su territorio: petróleo, gas, puertos, comercio exterior, agricultura y energía. Es tiempo de que esa riqueza deje infraestructura permanente.

La costa tamaulipeca sigue esperando un sistema hidrosanitario digno de un destino internacional. Miramar necesita infraestructura que acompañe su crecimiento. Aldama continúa esperando accesos modernos hacia sus cenotes. El Bernal aún reclama caminos seguros que lo conviertan en un verdadero polo turístico.

Los reconocimientos siempre serán bienvenidos.

Pero los gobiernos no entran a la historia por las placas inaugurales.

Permanecen por las obras que siguen funcionando cuando ya nadie recuerda quién cortó el listón.

davidcastellanost@hotmail.com

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Opinión

Huachicol fiscal, la evolución del crimen

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en una red de huachicol fiscal ha colocado nuevamente la palabra «huachicol» en la conversación pública.

Sin embargo, el verdadero valor de este caso no radica únicamente en la relevancia política del personaje involucrado, sino en la oportunidad para entender cómo ha evolucionado una de las economías ilícitas más rentables del país.

Durante años, el término huachicol evocó una imagen muy específica: tomas clandestinas, ductos perforados y combustible robado directamente a Pemex. Ese fenómeno sigue existiendo y continúa generando pérdidas importantes para la empresa productiva del Estado.

No obstante, el crimen organizado ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Hoy, una parte del negocio ya no depende de perforar un ducto, sino de manipular documentos, aprovechar vacíos regulatorios y utilizar estructuras empresariales para evadir impuestos.

A esa modalidad se le conoce como huachicol fiscal. En términos generales, consiste en introducir combustibles al país declarándolos bajo una clasificación distinta, como aceites, lubricantes u otros derivados, para evitar el pago de impuestos, particularmente del IEPS. El combustible termina comercializándose como gasolina o diésel, pero con una ventaja de precio obtenida mediante evasión fiscal y contrabando.

La diferencia no es menor. Mientras el huachicol tradicional requiere controlar territorio y operar con violencia visible, el huachicol fiscal exige conocimientos de comercio exterior, logística, aduanas, facturación y redes empresariales. Es un delito menos espectacular, pero potencialmente más sofisticado.

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Especialistas del sector energético estiman que el combustible introducido ilegalmente puede representar entre el 30% y el 40% del mercado nacional de gasolinas y diésel, con pérdidas para el erario superiores a 150 mil millones de pesos anuales. Por su parte, el secretario de Hacienda ha señalado que el huachicol fiscal representa una amenaza que podría costar alrededor de 70 mil millones de pesos al año en recaudación, mientras que distintas autoridades reconocen que aún existe debate sobre el
monto total del daño económico.

En ese contexto debe entenderse el caso Ruffo. La investigación de la Fiscalía no gira alrededor del robo físico de combustible, sino de una presunta red de contrabando y evasión fiscal vinculada con importaciones irregulares de hidrocarburos. Entre los aseguramientos asociados a la investigación se encuentran más de 15 millones de litros de combustible y decenas de autotanques, uno de los mayores decomisos registrados en este tipo de operaciones. Como corresponde en un Estado de derecho, la responsabilidad penal de los involucrados deberá ser determinada por los tribunales y no por la opinión pública.

Más allá de este expediente, el mensaje es claro: el crimen organizado también evoluciona.

Aprende de regulación fiscal, de comercio internacional y de estructuras corporativas. En lugar de esconderse únicamente en zonas rurales o instalaciones clandestinas, puede operar entre facturas, pedimentos aduanales y cadenas logísticas aparentemente legales.

Ese cambio obliga también a transformar la respuesta del Estado. Combatir el huachicol ya no consiste únicamente en vigilar ductos o desplegar fuerzas de seguridad. Exige fortalecer las aduanas, mejorar la inteligencia financiera, compartir información entre autoridades fiscales y aduaneras, y desarrollar capacidades para seguir el rastro del dinero con el mismo rigor con el que antes se buscaban tomas clandestinas.

Quizá esa sea la principal enseñanza del caso. Los delitos de alto impacto rara vez son tan simples como parecen en los titulares. Detrás de un nombre conocido suele existir una estructura mucho más amplia que involucra incentivos económicos, fallas institucionales y redes de operación cada vez más sofisticadas.

Entender ese contexto no significa prejuzgar a nadie; significa comprender que, para enfrentar los desafíos actuales, debemos mirar más allá del personaje del momento y concentrarnos en la evolución del fenómeno que hace posible estos delitos.

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Opinión

Un aplauso por cada kilómetro ampliado o construido

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La industria sin chimeneas tiene esa gran virtud que pocos sectores económicos poseen: Tiene la “V” de vuelta que todos quisieran para recuperar con rapidez lo que se invierte correctamente.

El turismo regresa con cada peso destinado a infraestructura, promoción o conectividad, y suele hacerlo multiplicado en empleo, consumo y desarrollo regional. Por eso, muchas gracias a la CONCANACO SERVYTUR por reconocer el trabajo realizado en Tamaulipas; por supuesto que sería absurdo minimizarlo.

Que el Estado haya generado casi mil millones de pesos durante una sola campaña comercial habla de un mercado turístico vivo, competitivo y con capacidad de crecer, y que empresarios nacionales reconozcan el liderazgo institucional, también está chido.

Pero me recuerda aquellos regaños que me ganaba de mi mamá cuando llegaba muy contento a presumirle que había sacado un 10 en Civismo y que no me habían suspendido ni ganado un citatorio por mala conducta en todo el bimestre. Y hoy en la adultez —por cierto, igual de inmadura que en mi infancia— medito y reconozco cómo no se iba a enojar doña Maricel si estudiar era lo único a lo que me dedicaba. Ir a la escuela, para obtener una calificación aprobatoria, es lo menos que podría darle a mi señora madre.

Así precisamente al Gobierno de Tamaulipas, no porque las cifras sean alentadoras significa que ya aprobaron el semestre, no, por el contrario, para eso están y por eso hoy existe la obligación de elevar la conversación.

Perfecto, allí está el reconocimiento, pero, al paso de los meses, va a terminar convertido en un recuerdo más en fotografías o PDF, sin embargo, la infraestructura permanece durante generaciones.

¿Qué legado turístico dejará esta administración cuando concluya su mandato?

Tampico presume una de las playas urbanas más visitadas del golfo de México. Miramar rompe récords prácticamente cada temporada vacacional. Sin embargo, conforme aumenta el flujo de visitantes, también crecen las exigencias que la infraestructura todavía no alcanza a resolver, y la hediondez impregna las fosas nasales.

La zona costera necesita un sistema hidrosanitario moderno que acompañe ese crecimiento. No basta con mantener limpia la playa. No, el turismo sostenible no se construye con campañas publicitarias.

Se construye debajo de la tierra, en tuberías, plantas de tratamiento, colectores pluviales, vialidades y servicios públicos capaces de soportar una economía turística permanente.

Pero el sur no es exclusivo; lo mismo ocurre en el resto del estado.

Todos hablan de Aldama como el nuevo paraíso de los cenotes. Las imágenes recorren redes sociales y las recomendaciones se multiplican. Pero llegar sigue representando una travesía que poco corresponde al potencial del destino.

El Cerro del Bernal continúa siendo una de las postales naturales más impresionantes del noreste mexicano, aunque los accesos carreteros todavía no reflejan la importancia turística que podría alcanzar.

La Biosfera El Cielo posee reconocimiento internacional por su biodiversidad. Sin embargo, el reto continúa siendo el mismo desde hace décadas: facilitar el acceso sin comprometer la conservación ambiental.

Tula conserva el prestigio de Pueblo Mágico; Mier trabaja para consolidarse; Gómez Farías, Hidalgo y González aspiran legítimamente a incorporarse a esa lista, pero…. ¡va!

Ahí es donde Tamaulipas necesita pensar menos en el siguiente periodo gubernamental y más en los siguientes cincuenta años.

Porque Cancún no nació de una campaña de promoción.

Nació de un proyecto integral donde primero llegaron carreteras, aeropuertos, agua potable, drenaje sanitario, electricidad y planeación urbana.

Después llegaron los turistas.

Tamaulipas posee playas, naturaleza, gastronomía, historia, reservas ecológicas, pesca deportiva, turismo religioso y aventura.

Lo tiene prácticamente todo.

Lo que falta es convertir ese potencial en infraestructura permanente.

Los 929 millones de pesos generados durante La Gran Escapada demuestran que existe mercado.

Ahora corresponde construir las condiciones para que esa derrama deje de depender exclusivamente de temporadas vacacionales y se convierta en una actividad económica constante durante los doce meses del año.

Los gobiernos suelen celebrar ocupaciones hoteleras.

Los estadistas construyen destinos.

Esa es la diferencia… aquí todavía está al alcance de Tamaulipas.

En la intimidad… Los resultados de la estrategia de seguridad también merecen una lectura sin consignas. Entre enero de 2025 y junio de 2026 fueron asegurados más de 1.5 toneladas de metanfetamina, 1.05 toneladas de fentanilo, además de cocaína, cristal, marihuana, 1,090 armas de fuego, más de 166 mil cartuchos, 71 vehículos blindados artesanales y se concretó la detención de 1,805 personas.

Tampoco son decomisos dirigidos únicamente al consumo local. El volumen de metanfetamina y fentanilo revela una estrategia enfocada sobre las rutas del narcotráfico que alimentan el mercado estadounidense, justamente el principal punto de presión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Detrás de esos números existe un cambio evidente en la coordinación entre el Gobierno de México y Tamaulipas. La instrucción federal de fortalecer el combate a las drogas sintéticas encontró ejecución operativa en el estado y hoy los resultados comienzan a reflejarse en decomisos que afectan directamente la estructura financiera de las organizaciones criminales.

En seguridad, como en turismo, los resultados no se defienden con discursos.

Se sostienen todos los días.

davidcastellanost@hotmail.com
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