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@dect1608

En el Artículo 21 de la constitución política se los Estados Unidos Mexicanos, se dispone la obligatoriedad para el ministerio público en la investigación de los delitos y aparejada la función de conducir y mandar a las policías en el desempeño de funciones de investigación. Es decir, en ellos se centra la impunidad o efectividad en la impartición de justicia.

Una vez precisado lo anterior y estando en el mimo tenor, nos permite analizar la realidad que en el tema de «segura» inseguridad le toca padecer a la zona costa de Tamaulipas.

Hemos sido tristes testigos de que la política de seguridad implementada en el sexenio de Egidio Torre Cantú y en la naciente administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, resulta recurrente la frase de «nos faltan policías» y así de fácil se justifica el porqué la población de Tamaulipas se siente insegura y más aún en su mayoría han sido víctimas de la comisión de un delito.  De igual manera entre dato y dato, el problema de los delitos del fuero común, repuntan porque el trabajo del Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) ha reducido los delitos de alto impacto. Lo anterior nos remite al artículo citado constitucional y al cual gracias a los expertos en derechos, se apunta  que dispone en su párrafo 9° «La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva….» dejando claro que no distingue de delitos de fueros, sino más bien, ordena garantizar a los entes públicos la seguridad de la población, una población  a quien  día a día ve más lejano el cumplimiento de esa promesa de regresar a Tamaulipas la seguridad que merecen.

Es común leer y escuchar que los delitos son  realizados por actores políticos, institucionales,  y sociales, al abordar el tema de los problemas de Prevención, recurrentemente se brindan recomendaciones para poder obtener el número «ideal» de policías según el número de habitantes,  peeeeroo, se omite analizar el otro aspecto de la encomienda constitucional, la investigación y persecución de los delitos, tema específico de competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en donde nunca se ha expresado que falten ministerios públicos. Así es cómo llegamos al punto de analizar la siguiente información que se genera en la PGJE delegación zona Costa a cargo de Juan Antonio Jara Benavides, en la que se determina un desempeño bajo de los Agentes del Ministerio Público», según refirió Oscar Alberto Lara Sosa, hasta ayer martes Director General de Operaciones del Procedimiento Penal Acusatorio Laboral  y Oral de la PGJE.

Fue a través del oficio marcado PGJ/MPS/168/2016 emitido a Jara Benavides y fechado al 19 de septiembre, donde se le notificó al Delegado de la zona Costa que de las 2070 carpetas -antes averiguaciones previas- que ha iniciado la Unidad de Atención Inmediata (UAI), se ha remitido 643 a las Unidades de Investigación, «lo que indica un bajo porcentaje en la aplicación de salidas alternas», le señalaron a Jara Benavides en la página 2 de 4 que comprende el informe.

La información estadística que evalúa a Juan Antonio Jara Benavides y sus agentes investigadores, comprende del periodo Febrero- Agosto de 2016, es información obtenida a partir del seguimiento de supervisión que se realiza de manera constante y periódica a cargo de Oscar Alberto Lara Sosa.

Por otra parte, de las 2 mil 944 carpetas de investigación registradas  en las unidades generales de investigación (UGI) y evaluadas por Lara Sosa a través del Sistema Integral Informático Procesal de Procedimientos Penales en Tamaulipas (SIIPPPTAM) en la Delegación que comprende los municipios de Altamira, Madero, Tampico, González y Aldama,  se determina que  dicha unidad no está cumpliendo con el objetivo para el cuál fue creada, que es de dar una solución inmediata a los casos (denuncias y/o querellas)» .

De acuerdo con los indicadores sobre carpetas iniciadas, en Efectividad de Criterios de Oportunidad, se tiene cero por ciento de productividad, mientras que los números son más crudos en los indicadores sobre carpetas judicializadas es decir asuntos turnados ante la autoridad jurisdiccional que arroja un numero de 17. La evaluación termina con resultados de  cero por ciento en Efectividad de Procedimientos Abreviados; cero en Efectividad de Sentencias Condenatorias; cero en Efectividad de Juicios y cero en Efectividad de Sentencias Condenatorias en proceso de juicio

Las cifras anteriores nos permiten concluir que la falta de un trabajo que debiera realizarse tal como se dispone en el ya señalado artículo federal , bajo  los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, condicionan la realidad que estamos padeciendo en este sur del estado.

Entonces la tarea del procurador, Irving Barrios Mojica quien apenas este martes oficializó los primeros 15 nuevos nombramientos de quienes estarán al frente de las diversas áreas de la Institución como parte del proyecto de una nueva, ética y ética Procuraduría tamaulipeca con personal destinado a servir con el fin de devolver la paz y la seguridad a la sociedad.

Los nuevos servidores públicos en la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas son y se agregan textual como lo notificó la vocería de la procuraduría del estado.

LIC. VICTOR MIGUEL GUERRA ENRIQUEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA VISITADURÍA

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, ha desempeñado en diversos cargos dentro de la Procuraduría General de la República tales como Director General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Director General de Procedimientos Penales y Amparo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y fue Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia.

LIC. ABEL RAMÍREZ GONZÁLEZ

DIRECTOR DE ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con diplomado en Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se ha desempeñado como Abogado litigante en materia Civil, Penal, Mercantil, Laboral y Familiar.

MTRO. CRAIG LÓPEZ OLGUÍN

DIRECTOR JURÍDICO

Maestro en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, se ha desempeñado como Subdirector de Prestaciones y Relaciones Laborales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Director General de Asuntos Judiciales de la Procuraduría General del Estado de Guerrero, así como Titular de la Unidad de Enlace con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero.

LIC. JESÚS VILLALOBOS RODRÍGUEZ.

COORDINADOR DE ASESORES

Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, se ha desempeñado como Secretario Técnico del Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Morelos, Asesor Técnico del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán y Asesor Técnico del Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero.

LIC. JORGE ADRIÁN GÓMEZ CARREÑO

DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha desempeñado como Subdirector de Investigación y Extensión Académica en la Dirección General de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República, Asesor Jurídico en la Comisión Federal de Competencia Económica, así como Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (PGR).

LIC. CARLOS ALBERTO PÉREZ TÉLLEZ

DIRECTOR DE CONTROL DE PROCESOS

Licenciado en Derecho por la Universidad México-Americana del Norte, se ha desempeñado como Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación de la Procuraduría General de la República en los Estados de Veracruz y Nuevo León, y como Abogado Litigante.

LIC. YADIRA ROJAS LUCIO

DIRECTOR DE LA UNIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

Licenciada en derecho por el Liceo Universidad Pedro de Gante, se ha desempeñado como Encargada de la Coordinación Valle de México, Zona Oriente del Sistema Penal Acusatorio y Asuntos en Materia Penal.

MTRA. GUADALUPE PAOLA ROMO

DIRECTOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL

Cuenta con estudios de  Maestría en el Sistema Penal Acusatorio por la Universidad Autónoma del Noreste Campus Saltillo, se ha desempeñado como Defensor Público adscrito al sistema penal acusatorio en el Instituto Estatal de la Defensoría Pública del Estado de Coahuila.

MTRA. ELIZABETH ALMANZA ÁVALOS

FISCAL ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A PERSONAS NO LOCALIZADAS O PRIVADAS DE SU LIBERTAD.

Maestra en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, se ha desempeñado como Fiscal Regional en el Municipio de La Piedad adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, Fiscal Regional en el Municipio de Texcoco de Mora adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y como Subdirectora de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

LIC. JUAN TORRES MATA

DIRECTOR DE ENLACE CON INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Licenciado en Relaciones Comerciales por la Escuela Superior de Comercio y Administración IPN, se ha desempeñado como Secretario Particular de la Fiscal Especializada en Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Subdirector Operativo de la Dirección de Prevención Social de la Delincuencia y de la Violencia en la Presidencia Municipal de Toluca y Director de Apoyo y Seguimiento Administrativo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

DRA. MINERVA CÁCERES VÁZQUEZ

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

Doctora en Derecho por la Universidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se ha desempeñado Agente del Ministerio Público Auxiliar del C. Procurador adscrita a la Primera Subprocuraduría de la Procuraduría General de Tamaulipas, además de ser Docente de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

LIC.  GUSTAVO ADRIÁN GARZA DOMÍNGUEZ

COORDINADOR DE UNIDADES DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Licenciado en Derecho por la Universidad Valle de Bravo, se ha desempeñado como Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas, en Ciudad Reynosa, Tamaulipas y como Agente del Ministerio Público Auxiliar de la Delegación Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

MTRA.  ADRIANA HERNÁNDEZ LÓPEZ

COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Cuenta con estudios de Maestría por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se ha desempeñado como  Coordinadora de Planeación y Seguimiento de la Procuraduría General del Estado de Tamaulipas, Jefa de Departamento de Desarrollo Administrativo de la Dirección de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

LIC. DANIELA ROMO CHARLE

DIRECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Noreste Campus Saltillo, se ha desempeñado como Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Procuraduría General del Estado de Coahuila. Facilitadora Penal y Mediadora Penal en la Procuraduría General del Estado de Coahuila.

M.S.I. JOSÉ MARIO MOTA VÁZQUEZ.

DIRECTOR DE INFORMÁTICA

Maestro en Sistemas de Información por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se ha desempeñado como Director de Informática en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jefe de Departamento de Planeación Tecnológica en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y como Catedrático en la Universidad La Salle Victoria y Universidad Politécnica de Cd. Victoria.

Tamaulipas es puntero en secuestros y extorsiones, una entidad donde se complica iniciar un proyecto económico porque luego- luego te caen para cobrar la cuota e incluso hay delitos impunes o desaparecidos que ni siquiera son buscados.

Por cierto… Irving, dejo acéfala la Dirección de Averiguaciones Previas, que se presumía iba a ser para el licenciado Miguel Leopoldo Ramírez Treviño, pero su reputación, no terminó de convencer al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por lo que aplazo o definitivamente, canceló su nombramiento.

pgr

davidcastellanost@hotmail.com

Opinión

¿Ocurrencias o de realidades?

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Qué fácil es perderse en la pirotecnia de la grilla barata, esa que tanto le gusta al sistema para distraer el ojo ciudadano. Mientras en la zona metropolitana de Tampico, la alcaldesa Mónica Zacil Villarreal Anaya tiene que estirar la liga del debate turístico y empresarial frente a un grupúsculo de pseudoambientalistas —esos que descubren el amor por la naturaleza sólo cuando hay presupuesto o reflectores de por medio—, en la acera de enfrente, Erasmo González Robledo implora al cielo que cierren las llaves de la lluvia. Sí, el edil clama por un cese al agua para no ahogar su ambicioso proyecto de obra pública, demostrando que la planeación urbana en estos tiempos a veces depende más de la fe meteorológica que de la ingeniería, eso si, trae más de 200 millones de pesos para celebrar sus logros en este rubro del puro 2026.

Y si de la frontera sur viajamos al norte tamaulipeco; los tejedores de intrigas andan desatados. Intentan sembrar la discordia, amarrar navajas y armar un ring mediático entre Carmen Lilia Canturosas Villarreal y Ninfa Cantú Deándar. Pero se toparon con pared.

Con la firmeza que la caracteriza, y sin un ápice de temor, la secretaria dejó las cosas claras, pulcras y contundentes: ella y su familia nuclear aprecian, respetan y avalan el empeño, ahínco y entrega que los Canturosas le meten a su tierra. Al que quería ver sangre, le dieron una lección de madurez política.

Así, mientras Tamaulipas comienza a desbordarse en pasiones, celos y berrinches climáticos, en el piso más alto de la política social no se hace caso a los chismes de lavadero. Las baterías están puestas en lo que verdaderamente importa: el tejido social.

La doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, demostró una vez más que el verdadero poder radica en servir y no en el ruido. Sin hacer caso a rumores, el DIF Estatal acaba de asestar un golpe de autoridad humanista al entregar 1 millón 200 mil pesos en apoyos económicos y reconocimientos a seis organizaciones de la sociedad civil, ganadoras de la convocatoria Lazos del Bienestar 2026.

Esto no es discurso hueco de campaña; son datos duros. La directora general del organismo, Patricia Lara Ayala, lo puso sobre la mesa con claridad: bajo el liderazgo del gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, el ser humano vuelve a estar en el centro de la política pública. Este programa no es una ocurrencia de escritorio; ya ha beneficiado a 247 mil personas mediante un acompañamiento real en 12 polígonos de 10 municipios tamaulipecos.

Cuando el gobierno y la sociedad civil caminan juntos, las costuras del estado se fortalecen. Las seis asociaciones que hoy reciben 200 mil pesos cada una no van a simular; van a transformar vidas:El Asilo de Nuestra Señora de Lourdes, Cáritas de Tampico y la Posada del Peregrino en la zona sur.

Nuestra Casita en Altamira.

Un Espacio Digno para Aprender y el proyecto de Fortalecimiento de Espacios Dignos en Matamoros.

En la intimidad..: Al final del día, la grilla puede nacer en Altamira, pero, se extingue y las obras quedan. Mientras los sospechosos de siempre siguen buscando la fractura y el aplauso fácil, la justicia social en Tamaulipas se construye con billetazo limpio a las causas nobles y con las manos limpias de quienes sí trabajan por la comunidad.

La invitación del DIF está abierta para las asociaciones que quieran sumarse. A los demás… que sigan amarrando navajas, que el presupuesto del bienestar ya tiene rumbo claro.

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Opinión

La tropa del… Nuevo Laredo

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“Todo, todo es diferente: todo, todo es diferente”, decia Juan Gabriel. La frontera tamaulipeca siempre ha tenido la peculiaridad de vivir en un ecosistema de realidades paralelas. Mientras de un lado del río Bravo el eco de las agencias de seguridad estadounidenses retumba como granadazo, acá en territorio mexicano el verbo gringo hace lo que el viento a Juárez.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos asestó un golpe sobre la mesa al imponer sanciones financieras a cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste. Para Washington, el CDN es un grupo terrorista extranjero con un fuerte y peligroso arraigo en Nuevo Laredo, Tamaulipas ¿neta?

Ante el estruendo del bombazo acusatorio qué lástima como esquirla al sector empresarial, el Gobierno de Tamaulipas reaccionó con el predecible “operativo del pronunciamiento”, pero, marcó una sana distancia, desvinculándose de cualquier negociación con las firmas señaladas. Sin embargo, la autoridad estatal no logró desmarcar a los neolaredenses, y mucho menos a sus representantes populares, del supuesto e histórico arraigo que el grupo criminal mantiene en la región.

El silencio en esa delgada línea a veces la convierte en una filosa e infalible guillotina en pleno proceso electoral 2026-2027.

Pero aún así, mientras el Departamento del Tesoro dibuja un mapa de vínculos financieros y redes criminales, el eje del poder transformador en Nuevo Laredo: la agenda pública, las sonrisas y los abrazos deben continuar al ritmo que marca el gobernador, por eso, Américo Villarreal Anaya y el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezaron una comitiva de alta diplomacia institucional en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales.

Ahí, se inauguró una plazoleta y se develó la escultura “La huella de COVECO. Un legado para las nuevas generaciones”. En ese auditorio, ante más de 3,000 estudiantes que buscan abrirse paso en una de las fronteras más complejas del mundo, el mandatario estatal habló de los cuatro pilares de la formación moderna: acceso a la información, investigación, acción social y, paradójicamente, el escrutinio para identificar datos veraces.

El rector encomió la alianza estratégica con el Ejecutivo y aplaudió el respaldo empresarial a través de la Fundación UAT, presidida por Eduardo Garza Robles —donante de la obra artística que fusiona al coyote, el venado y el correcaminos—. «Audacia, sensibilidad y determinación», fueron las cualidades universitarias que se ensalzaron bajo el sol neolaredense.

La paradoja es brutal. Por un lado, la UAT y el Gobierno del Estado intentan sembrar un «ancla de identidad, pertenencia y vocación de servicio» para rescatar el tejido social de una juventud que exige oportunidades. Por el otro, el aparato financiero de la superpotencia vecina nos recuerda que las estructuras delictivas siguen operando e infiltrándose en las venas económicas de la misma ciudad.

Fortalecer la identidad universitaria con obras de vanguardia es un paso trascendental y necesario; negar la importancia de la educación sería un error. Pero el verdadero reto para el gobernador Villarreal Anaya y para las autoridades locales no está en el corte del listón de unas oficinas de vinculación, sino en garantizar que esos 3,000 estudiantes de Comercio no terminen atrapados entre las trampas que lanza el dinero malo y la ley  del plomo.

En la intimidad… La rehabilitación del parque Valladolid, en la colonia Insurgentes, abre una oportunidad para mirar más allá de la inauguración encabezada por Mónica Villarreal Anaya. El Ayuntamiento reporta 51 parques intervenidos de un total de 117 registrados en Tampico. Es decir, la administración ha avanzado en casi la mitad de estos espacios, una cifra que empieza a dibujar una política pública con alcance municipal.

En el Valladolid se rehabilitaron mil 200 metros cuadrados, se repararon accesos, instalaron bancas y mesas de picnic, colocaron juegos infantiles y recuperaron áreas verdes. Son acciones concretas, necesarias, aunque su verdadero será cuando las familias verdaderamente le den vida a ese  lugar, los niños lo hagan suyo y la comunidad encuentre motivos para cuidarlo.

La recuperación de parques también tiene una dimensión social. No resuelve por sí solo los problemas de seguridad ni recompone automáticamente el tejido comunitario, pero ofrece condiciones para que la convivencia vuelva a ocurrir.

El reto para Mónica Villarreal consiste ahora en sostener lo rehabilitado. Pintar, instalar juegos y recuperar jardines es apenas una parte del trabajo. La otra, menos vistosa y más exigente, es garantizar mantenimiento, iluminación, limpieza y vigilancia, sin permitir que los espacios recién recuperados regresen al deterioro por falta de atención.

Cincuenta y un parques representan un avance; los 66 restantes, una tarea pendiente. La diferencia entre una obra de gobierno y una transformación duradera estará en la continuidad.

Al final, el éxito del parque Valladolid no dependerá de cuántas autoridades acudieron a su reinauguración, sino de cuántas familias regresen mañana. Y pasado mañana. Ahí, lejos del discurso oficial, comenzará la verdadera evaluación.

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608

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Opinión

¿De qué tienen miedo los aspirantes de Morena en el sur de Tamaulipas?

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José Luis García Castillo / #Opinión

Tanto se anunció el proceso para elegir coordinadores estatales, distritales y municipales de Morena, que ahora llama la atención el silencio de quienes antes parecían muy animados a participar.

Los registros para las coordinaciones distritales, relacionadas con las diputaciones federales, ya concluyeron y, al menos públicamente, no se han conocido anuncios de figuras políticas de Tamaulipas que hayan formalizado su participación.

Con las coordinaciones municipales, vinculadas al proceso para definir perfiles rumbo a las diputaciones locales y alcaldías, ocurre algo similar: hasta ahora no hay nombres que se hayan hecho públicos en el sur del estado.

¿Qué estará pasando al interior del partido que no pueden hablar de su registro o no quieren adelantarse? ¿Qué estarán esperando? ¿Alguna autorización? ¿El visto bueno?

A nivel nacional han trascendido inconformidades por algunas decisiones internas, pero falta saber si existe una situación similar en Tamaulipas.

El próximo año estarán en juego 36 diputaciones locales, ocho federales y las 43 presidencias municipales.

Hay mucho en juego y el silencio también genera preguntas.

Al final, serán los ciudadanos quienes decidan con su voto libre, razonado y secreto.

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Opinión

¿De veras estamos como Dinamarca?

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Por.- Alberto Dávila / #Opinión

En México, la salud pública se ha convertido en una de las grandes contradicciones del discurso político. Mientras desde los escritorios se presume la transformación del sistema sanitario, en los hospitales del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, PEMEX y los centros de salud de todo el país, pacientes y trabajadores enfrentan una realidad que no se resuelve con conferencias ni declaraciones: faltan medicamentos, escasean los insumos y, en demasiadas ocasiones, no existen las condiciones mínimas para brindar una atención digna. La pregunta es inevitable: ¿de veras estamos como Dinamarca o solamente nos quieren vender esa imagen?

El problema no termina en una receta que el paciente debe surtir por su cuenta. También están los médicos, enfermeras, camilleros y demás trabajadores que, ante la falta de herramientas, materiales y equipo básico, terminan poniendo dinero de su bolsillo para sacar adelante sus jornadas. Es decir, el Estado no garantiza plenamente los recursos para trabajar, pero el personal de salud hace lo posible por no dejar desprotegida a la población. Eso no es eficiencia administrativa; es trasladar las deficiencias institucionales a quienes menos deberían cargar con ellas.

En el IMSS y el ISSSTE, instituciones que durante décadas han sido fundamentales para millones de familias, las quejas por la atención y el abasto siguen golpeando la confianza de los derechohabientes. En IMSS-Bienestar, el reto de ofrecer servicios a quienes no cuentan con seguridad social exige presupuesto suficiente, organización y capacidad operativa. Y en PEMEX, donde la atención médica forma parte de las prestaciones de sus trabajadores y sus familias, también existe una enorme responsabilidad institucional. Cambiar nombres, estructuras o logotipos no sirve de mucho si el paciente sigue saliendo con una receta sin surtir.

Aquí es donde la discusión deja de ser administrativa y se vuelve política. Porque cada medicamento que no llega, cada insumo que falta y cada equipo que no funciona obliga a preguntar quién planeó, quién compró, quién distribuyó y quién supervisó. No basta con culpar al pasado ni con señalar a los gobiernos anteriores como explicación permanente. Quien gobierna tiene la obligación de responder por el presente. Y si los recursos públicos son limitados, corresponde explicar con claridad cómo se utilizan, dónde están las prioridades y por qué las necesidades más elementales siguen sin resolverse.

Lo más grave es que el costo de estas fallas no se mide únicamente en presupuestos o estadísticas, sino en la angustia de una madre que busca un medicamento para su hijo, en el paciente que debe comprar material que esperaba encontrar en el hospital y en el trabajador que enfrenta una jornada complicada sin contar con todo lo necesario. La salud no puede depender de la capacidad económica de cada familia ni de la buena voluntad de quienes trabajan en los hospitales. Tampoco puede sostenerse indefinidamente a costa del sacrificio personal del personal sanitario. La vocación ayuda, pero no sustituye al presupuesto, la planeación ni la responsabilidad pública.

Por eso, ¿de veras estamos como Dinamarca? La pregunta ya no es una provocación, sino una exigencia de resultados. Un sistema de salud digno no se construye con propaganda ni con promesas, sino con medicamentos disponibles, instalaciones funcionales, personal suficiente, salarios justos y trabajadores que no tengan que comprar de su bolsillo las herramientas para cumplir con su deber. Si el discurso oficial habla de transformación, que la transformación se note en las farmacias hospitalarias, en los consultorios y en las salas de urgencias. Porque cuando la enfermedad llega, al ciudadano no le sirven los discursos: necesita atención, necesita medicamentos y necesita respuestas. Y de eso, hasta ahora, es de lo que más se exige cuentas.

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