En la política mexicana, hubo una época muy estulta en la que los funcionarios veían los humedales como terrenos improductivos. Sí, eran bien tontos, y según esa visión miope del desarrollo para ellos, identificaba un espacio natural inservible: simples pantanos que había que rellenar, drenar o convertir en fraccionamientos, vialidades y estacionamientos. ¡PTM! Así fue durante décadas; esa ignorancia ambiental se tradujo en millones de toneladas de concreto sobre ecosistemas cuya verdadera función nunca entendieron.

Después de toda esa ignorancia e irresponsabilidad, hoy seguimos conviviendo con alcaldes y/o legisladores que prometieron drenes que no han podido construir, y por consiguiente, ciudades con riesgo de inundaciones, acuíferos cada vez más agotados, temperaturas urbanas que aumentan año con año y una biodiversidad reducida a pequeños islotes rodeados por esa feroz expansión inmobiliaria.

Sin embargo, como si fuera un milagro, la  Laguna La Escondida, en Reynosa, será intervenida por el Gobierno de Tamaulipas que encabeza Américo Villarreal Anaya, quien dirige un proyecto urbano estilo europeo.

Sí, además, el Plan Maestro Integral para la regeneración de La Escondida estará alejado de la improvisación política y de los tiempos electorales porque el jefe del ejecutivo quiere que Tamaulipas convierta este espacio en un ejemplo nacional sobre cómo recuperar un humedal urbano sin condenarlo al cemento.

La recuperación de La Escondida tampoco será exitosa por retirar 325 toneladas de residuos sólidos y lirio acuático. Ese dato demuestra voluntad operativa, pero apenas representa el inicio de una tarea mucho más compleja: devolverle al ecosistema su capacidad para regular agua, temperatura, fauna y calidad ambiental en una de las ciudades fronterizas con mayor presión demográfica del país.

Pero, para lograrlo, viene la integración de universidades, especialistas, cámaras empresariales, organizaciones civiles y dependencias estatales dentro de un mismo consejo consultivo, que, representa, quizá, la mejor noticia del proyecto. La naturaleza necesita menos discursos y más instituciones capaces de sobrevivir a los cambios de administración.

Ojalá La Escondida no termine convertida únicamente en un parque bonito para la fotografía oficial.

Ojalá termine siendo el primer caso mexicano donde la política entendió, al fin, que el agua vale mucho más que el concreto.

En la intimidad…  Un grupo de estudiantes de preparatoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas decidió hacer exactamente lo contrario: mirar hacia donde casi nadie mira.

No diseñaron una aplicación para conseguir miles de seguidores. No buscaron viralizar un video de treinta segundos. Se encerraron en un laboratorio para intentar responder una de las preguntas más difíciles de la medicina contemporánea: ¿es posible combatir el cáncer sin destruir al mismo tiempo el tejido sano?

Fernando Aguiñaga García, Leslie Flores Rodríguez y Sofía Covarrubias, asesorados por la doctora Karely Anaya Garza y el doctor Enrique Rocha Rangel, desarrollaron un nanocompuesto de apenas 32 nanómetros, cerca de mil 700 veces más delgado que un cabello humano, capaz de reconocer el microambiente de tumores de mama y pulmón para activar un mecanismo de muerte celular selectiva.

Traducido al lenguaje cotidiano: Mientras la quimioterapia convencional golpea indiscriminadamente células sanas y enfermas, estos jóvenes buscan que el tratamiento ataque únicamente al enemigo.

Hay otro detalle que vuelve extraordinaria la investigación.

El material nace del bagazo de caña de azúcar y del quitosano obtenido del exoesqueleto del camarón. Es decir, residuos agroindustriales y pesqueros convertidos en ciencia de frontera.

Eso también es economía circular.

Eso también es desarrollo sustentable.

Y eso también debería ocupar los titulares nacionales.

Obtuvieron el primer lugar estatal en la Feria de Ciencias e Ingenierías Tamaulipas 2026 y representarán al estado en la competencia nacional del próximo año.

La pregunta ya no es si tienen talento.

La pregunta es si México tendrá la inteligencia suficiente para no perderlos.

Porque el verdadero desarrollo de un país no comienza cuando inaugura una obra pública.

Comienza cuando decide cuidar a quienes algún día serán capaces de cambiar el mundo desde un laboratorio.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

La conclusión de un hospital es una gran noticia. Pero el periodismo también obliga a mirar un poco más allá del corte de listón, de las fotografías oficiales y de los discursos que suelen acompañar las grandes obras públicas.

El nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico está prácticamente terminado. El 98 por ciento de avance anunciado por el director general del instituto, Martí Batres, coloca al proyecto como el más adelantado de la estrategia nacional de infraestructura hospitalaria.

En el sur de Tamaulipas durante años miles de trabajadores al servicio del Estado y sus familias han lidiado con mapaches e instalaciones rebasadas, consultas diferidas y traslados innecesarios para estudios especializados, la construcción de este hospital representa mucho más que una obra de concreto. Representa la posibilidad de recuperar: la confianza.

Las 150 camas, los 35 consultorios, los cinco quirófanos, el resonador magnético y la contratación de más de seiscientos especialistas hablan de un proyecto ambicioso. Pero la verdadera dimensión del hospital comenzará a escribirse el día que abra sus puertas. Será entonces cuando los ciudadanos evalúen si la inversión cumplió con su propósito o si quedó atrapada en la larga lista de buenas intenciones que tantas veces han acompañado a la salud pública mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido mantener la inversión en infraestructura hospitalaria como una prioridad de su administración. La enfermedad no distingue colores, tampoco credenciales políticas.

En la capital de las huastecas no se necesitan únicamente edificios modernos. Se esperan médicos suficientes, medicamentos disponibles, equipos funcionando y citas que lleguen antes que el padecimiento avance. La infraestructura es indispensable, pero la calidad del servicio termina definiendo el éxito o el fracaso de cualquier sistema de salud.

En Tamaulipas también hay una coordinación institucional que merece mencionarse. El gobernador Américo Villarreal conoce el sistema sanitario desde antes de la política y ha insistido en fortalecer la capacidad hospitalaria del estado. La coincidencia de esfuerzos entre el gobierno estatal y la Federación explica, en buena medida, que proyectos largamente esperados hoy estén cerca de convertirse en realidad.

Sin embargo, las administraciones cambian y los hospitales permanecen. Lo verdaderamente importante no será quién aparezca en la placa inaugural, sino quién encuentre alivio detrás de esas paredes dentro de cinco, diez o veinte años.

Si este hospital logra evitar traslados, reducir tiempos de espera y ofrecer atención digna a miles de familias del sur de Tamaulipas y de la Huasteca, entonces habrá valido cada peso invertido. Si además consigue recuperar la credibilidad de quienes durante años sintieron que la salud pública caminaba siempre un paso detrás de sus necesidades, el logro será todavía mayor.

En la intimidad… La Universidad Autónoma de Tamaulipas acaba de tomar una decisión que, aunque no ocupe las primeras planas, tiene un profundo significado institucional. La ratificación del doctor José de Jesús Guzmán Morales al frente de la Defensoría de los Derechos Universitarios envía una señal de estabilidad en un tema que no admite improvisaciones.

El rector Dámaso Anaya Alvarado ha insistido en que una universidad no puede presumir únicamente edificios nuevos o programas académicos renovados. También debe garantizar que quienes estudian y trabajan en ella encuentren espacios seguros, reglas claras y mecanismos confiables para hacer valer sus derechos.

Esa visión merece destacarse.

La Defensoría no existe para generar confrontaciones; existe para evitar que los conflictos crezcan, para escuchar antes de juzgar y para recordar que la autoridad también encuentra fortaleza cuando acepta ser observada.

Las universidades forman profesionistas, pero también forman ciudadanía.

Y cuando una institución fortalece sus mecanismos de justicia interna, no solo protege a su comunidad; fortalece su propia credibilidad.

Ahí, muchas veces, comienza la verdadera autonomía.

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Romantizar a un personaje asociado con el homicidio y el suicidio resulta, definitivamente, una decisión desafortunada, y eso parece estar sucediendo en la entidad desde Nuevo Laredo hasta Palacio de Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas.

Lo sucedido el fin de semana no creo que haya sido involuntario; bueno, quisiera creer que “olvidaron” la semiótica y, por consiguiente, lo importante que puede ser el comunicar con imágenes y gestos. El equipo de asesores  de Carmen Lilia se equivocó.

Definitivamente, puede ser un error político de un día, pero, en un momento de mayor relevancia, sí, más cercano a las definiciones de candidaturas y cuando los grupos internos se confronten, le podrán restregar duro lo que hasta hoy quedó atrapado en una fotografía que, si bien no le tumba “la candidatura”, se la puede desgastar.

Eso ocurrió este fin de semana en Nuevo Laredo.

Mientras supervisaba actividades oficiales, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal apareció portando una playera con la leyenda de «La maestra de la escuela», personaje popularizado por el viejo corrido de Laurita Garza.

Laurita Garza no representa una historia de superación, ni de justicia social, ni de emancipación femenina. Su historia es la de una mujer que asesina al hombre que amaba y posteriormente decide quitarse la vida. Un crimen pasional convertido durante décadas en canción popular. 

¿Qué, no hay problema? ¡Caray! Apenas comienza.

No porque la música regional deba desaparecer. No porque los corridos deban prohibirse. Mucho menos porque una servidora pública pierda su derecho a vestir como desee fuera de su vida institucional.

El problema aparece cuando el símbolo deja de pertenecer a la esfera privada y se convierte en comunicación pública.

Toda alcaldesa habla incluso cuando guarda silencio.

Toda fotografía comunica incluso cuando nadie escribe un discurso.

Y esa imagen de Laurita Pin- Up con pistola en mano y un cigarillo encendido comunica exactamente lo contrario de lo que hoy necesita Tamaulipas.

Vivimos en uno de los estados que más ha luchado por desprenderse de la narrativa nacional que durante años lo identificó con la violencia, las desapariciones, el miedo y la presencia del crimen organizado. Allá en Nuevo Laredo, asesinaron a Benjamín Galván Gómez en 2014 y esa apología se la pueden restregar más adelante. A Tamaulipas le ha costado inversiones, turismo y generaciones enteras reconstruir una percepción distinta.

Por eso, romantizar —aunque sea involuntariamente— a un personaje asociado con un homicidio resulta, cuando menos, una decisión desafortunada.

Aquí aparece una segunda reflexión, quizá igual de delicada.

La imagen apenas provocó conversación en la mesa del café.

No hubo grandes debates.

No se convirtió en tendencia nacional.

No ocupó las primeras planas.

Eso puede parecer una buena noticia para su equipo de comunicación.

Yo creo exactamente lo contrario.

Porque quien aspira a gobernar Tamaulipas necesita estar permanentemente bajo el reflector político. Si un error de esa dimensión apenas genera discusión, quizá el problema no sea la fotografía.

Quizá el problema sea que la conversación pública de Tamaulipas todavía no gira alrededor de Carmen Lilia.

En la intimidad… Mientras algunos equipos de comunicación desperdician capital político en polémicas perfectamente evitables, el Gobierno de Tamaulipas parece haber entendido dónde se jugará realmente el desarrollo de las próximas décadas: en el agua.

Hay anuncios que no generan aplausos inmediatos porque no caben en un video de treinta segundos. Sin embargo, terminan cambiando la historia de una región.

El proyecto de El Moralillo, el PLIGÓN, la expansión del tratamiento de aguas residuales en PITAR y la reutilización industrial del agua pertenecen justamente a esa categoría.

Si esos proyectos llegan a concretarse, nadie preguntará dentro de treinta años cuántas conferencias de prensa ofreció un gobernador. Preguntarán quién garantizó que Tampico, Ciudad Madero y Altamira siguieran teniendo agua cuando el resto del país comenzaba a disputársela.

Ahí es donde debería concentrarse buena parte del capital político de esta administración.

Tamaulipas lleva décadas extrayendo riqueza de su territorio: petróleo, gas, puertos, comercio exterior, agricultura y energía. Es tiempo de que esa riqueza deje infraestructura permanente.

La costa tamaulipeca sigue esperando un sistema hidrosanitario digno de un destino internacional. Miramar necesita infraestructura que acompañe su crecimiento. Aldama continúa esperando accesos modernos hacia sus cenotes. El Bernal aún reclama caminos seguros que lo conviertan en un verdadero polo turístico.

Los reconocimientos siempre serán bienvenidos.

Pero los gobiernos no entran a la historia por las placas inaugurales.

Permanecen por las obras que siguen funcionando cuando ya nadie recuerda quién cortó el listón.

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Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en una red de huachicol fiscal ha colocado nuevamente la palabra «huachicol» en la conversación pública.

Sin embargo, el verdadero valor de este caso no radica únicamente en la relevancia política del personaje involucrado, sino en la oportunidad para entender cómo ha evolucionado una de las economías ilícitas más rentables del país.

Durante años, el término huachicol evocó una imagen muy específica: tomas clandestinas, ductos perforados y combustible robado directamente a Pemex. Ese fenómeno sigue existiendo y continúa generando pérdidas importantes para la empresa productiva del Estado.

No obstante, el crimen organizado ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Hoy, una parte del negocio ya no depende de perforar un ducto, sino de manipular documentos, aprovechar vacíos regulatorios y utilizar estructuras empresariales para evadir impuestos.

A esa modalidad se le conoce como huachicol fiscal. En términos generales, consiste en introducir combustibles al país declarándolos bajo una clasificación distinta, como aceites, lubricantes u otros derivados, para evitar el pago de impuestos, particularmente del IEPS. El combustible termina comercializándose como gasolina o diésel, pero con una ventaja de precio obtenida mediante evasión fiscal y contrabando.

La diferencia no es menor. Mientras el huachicol tradicional requiere controlar territorio y operar con violencia visible, el huachicol fiscal exige conocimientos de comercio exterior, logística, aduanas, facturación y redes empresariales. Es un delito menos espectacular, pero potencialmente más sofisticado.

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Especialistas del sector energético estiman que el combustible introducido ilegalmente puede representar entre el 30% y el 40% del mercado nacional de gasolinas y diésel, con pérdidas para el erario superiores a 150 mil millones de pesos anuales. Por su parte, el secretario de Hacienda ha señalado que el huachicol fiscal representa una amenaza que podría costar alrededor de 70 mil millones de pesos al año en recaudación, mientras que distintas autoridades reconocen que aún existe debate sobre el
monto total del daño económico.

En ese contexto debe entenderse el caso Ruffo. La investigación de la Fiscalía no gira alrededor del robo físico de combustible, sino de una presunta red de contrabando y evasión fiscal vinculada con importaciones irregulares de hidrocarburos. Entre los aseguramientos asociados a la investigación se encuentran más de 15 millones de litros de combustible y decenas de autotanques, uno de los mayores decomisos registrados en este tipo de operaciones. Como corresponde en un Estado de derecho, la responsabilidad penal de los involucrados deberá ser determinada por los tribunales y no por la opinión pública.

Más allá de este expediente, el mensaje es claro: el crimen organizado también evoluciona.

Aprende de regulación fiscal, de comercio internacional y de estructuras corporativas. En lugar de esconderse únicamente en zonas rurales o instalaciones clandestinas, puede operar entre facturas, pedimentos aduanales y cadenas logísticas aparentemente legales.

Ese cambio obliga también a transformar la respuesta del Estado. Combatir el huachicol ya no consiste únicamente en vigilar ductos o desplegar fuerzas de seguridad. Exige fortalecer las aduanas, mejorar la inteligencia financiera, compartir información entre autoridades fiscales y aduaneras, y desarrollar capacidades para seguir el rastro del dinero con el mismo rigor con el que antes se buscaban tomas clandestinas.

Quizá esa sea la principal enseñanza del caso. Los delitos de alto impacto rara vez son tan simples como parecen en los titulares. Detrás de un nombre conocido suele existir una estructura mucho más amplia que involucra incentivos económicos, fallas institucionales y redes de operación cada vez más sofisticadas.

Entender ese contexto no significa prejuzgar a nadie; significa comprender que, para enfrentar los desafíos actuales, debemos mirar más allá del personaje del momento y concentrarnos en la evolución del fenómeno que hace posible estos delitos.