Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

Propósitos irreales, constantes vitaminas sin un análisis previo del cuerpo, tratamientos milagrosos para regenerar el cuerpo, terapias alternativas sin sustento que prometen erradicar enfermedades terminales, así es la era wellness de la que todos queremos ser parte, es normal añorar nuestra mejor versión, pero,

¿cuánto nos informamos al respecto para no caer en estafas?

El deseo de vivir mejor nunca había sido tan visible como ahora. Redes sociales, publicidad y discursos motivacionales nos repiten a diario que el bienestar está al alcance de cualquier persona: basta con tomar cierto suplemento, someterse a una terapia novedosa o seguir el tratamiento de moda. En teoría, la era wellness promueve hábitos saludables, autocuidado y prevención. En la práctica, también ha abierto la puerta a un mercado poco regulado donde la salud puede convertirse en un negocio riesgoso.

El reciente caso de los sueros vitaminados en Hermosillo, Sonora, donde cuatro personas murieron tras recibir este tipo de tratamiento, puso en evidencia un problema que desde hace tiempo crece silenciosamente: procedimientos médicos o estéticos aplicados fuera de clínicas certificadas y, en muchos casos, por personas que no cuentan con la formación necesaria.

Aunque los sueros intravenosos se promocionan como una forma rápida de “revitalizar” el organismo, lo cierto es que introducir sustancias directamente al torrente sanguíneo implica riesgos importantes si no existe un diagnóstico previo ni supervisión médica durante el mismo tratamiento.

Lo preocupante es que este tipo de prácticas no son aisladas. En distintas ciudades proliferan spas, consultorios improvisados o centros de bienestar que ofrecen desde vitaminas intravenosas hasta terapias “detox”, hormonas antienvejecimiento o tratamientos que prometen regenerar el cuerpo en pocas sesiones. Muchos de ellos se promocionan con testimonios emotivos y una estética atractiva que transmite confianza, pero pocas veces presentan evidencia científica o certificaciones verificables.

Parte del problema es cultural. En una sociedad que premia la productividad, la juventud y la apariencia física, la promesa de soluciones rápidas resulta irresistible. Además, existe una creciente desconfianza hacia la medicina tradicional que algunos discursos aprovechan para posicionar terapias alternativas como si fueran sustitutos absolutos de la atención médica. El resultado es una mezcla peligrosa: desinformación, marketing emocional y falta de regulación.

También influye la velocidad con la que circula la información. En redes sociales, una recomendación puede volverse viral en cuestión de horas. Influencers, celebridades o creadores de contenido comparten rutinas, suplementos o procedimientos sin necesariamente comprender sus implicaciones médicas. Lo que para algunos puede parecer un simple consejo de bienestar, para otros puede convertirse en una decisión de salud tomada sin la orientación adecuada.

Esto no significa que el interés por el bienestar sea negativo. Cuidar la alimentación, hacer ejercicio, atender la salud mental o buscar terapias complementarias con respaldo profesional son prácticas valiosas. El problema surge cuando el bienestar se transforma en un producto que promete resultados milagrosos sin evidencia ni responsabilidad.

Frente a este panorama, la mejor herramienta sigue siendo la información. Antes de someterse a cualquier tratamiento, es fundamental verificar que quien lo ofrece tenga formación médica o certificaciones oficiales, investigar los posibles riesgos y evitar procedimientos que prometan resultados inmediatos o extraordinarios. La salud no debería depender de modas ni de recomendaciones virales.

Buscar sentirse mejor es legítimo y necesario. Pero el bienestar real no se construye a partir de atajos ni de promesas mágicas. Implica decisiones informadas, profesionales capacitados y un enfoque responsable del cuidado personal. En tiempos donde el wellness se vende como estilo de vida, quizá el acto más saludable sea aprender a cuestionar, investigar y elegir con criterio antes de poner el cuerpo —y la salud— en manos equivocadas.

En Tamaulipas, la seguridad se anuncia puede anunciar de mil maneras, pero, siempre, invariablemente esta a prueba.

El arranque del operativo de Semana Santa 2026, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, llega en un momento en el que la confianza pública no admite simulaciones. El mensaje oficial es claro: hay coordinación, hay fuerza operativa y hay condiciones para recibir turismo.

Los números respaldan esa narrativa. Más de dos mil elementos de la Guardia Estatal, despliegue carretero, vigilancia aérea, presencia de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. A eso se suman los cuerpos de auxilio, el sistema de salud y la operación turística con cobertura en miles de kilómetros.

El Estado, en apariencia, está en todas partes.
Pero en Tamaulipas, la presencia no siempre ha significado control.

El gobierno estatal ha insistido en que las playas se encuentran en condiciones óptimas, minimizando la presencia de hidrocarburos en el litoral. El dato no es menor. En plena temporada alta, cualquier señal de contaminación compromete no sólo la afluencia turística, sino la credibilidad institucional.

Y ahí es donde la narrativa oficial enfrenta su mayor desafío: sostenerse frente a la realidad.
Porque la seguridad no se mide en conferencias ni en cifras acumuladas. Se mide en la experiencia concreta del ciudadano: en la carretera sin sobresaltos, en la playa sin riesgos, en la capacidad de respuesta cuando algo falla.
El despliegue anunciado es, sin duda, uno de los más amplios de los últimos años. Pero también es, inevitablemente, una apuesta política. Si funciona, fortalecerá la percepción de gobernabilidad. Si falla, confirmará lo que muchos aún sospechan: que en Tamaulipas la estrategia sigue siendo reactiva, no estructural.
Hoy, el gobierno juega a ganar confianza. Y la confianza —esa sí— no se decreta.
Se construye o se pierde.

En la intimidad… Hay una forma de autoritarismo que se manifiesta con el simple hecho de cerrar una ventanilla.

En México, el derecho de petición está secuestrado. Aunque lo ampara la ley. El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a toda autoridad a recibir y responder cualquier solicitud por escrito. No es opcional. No es negociable, pero…

Sin embargo, en oficinas públicas de todos los niveles de gobierno, ese derecho se ha convertido en un trámite condicionado. El ciudadano llega con un documento y se encuentra con un filtro ilegal: funcionarios que revisan, cuestionan y, si el contenido incomoda, simplemente niegan la recepción.

Así opera la discrecionalidad.
Se argumentan errores de forma inexistentes. Se exigen requisitos que la ley no contempla. Se condiciona el acceso a derechos fundamentales bajo criterios administrativos inventados.
No es ignorancia. Es control.
Porque impedir que un documento sea recibido es impedir que exista. Y lo que no existe en el sistema, no obliga, no incomoda, no genera consecuencias.

Ese es el verdadero fondo del problema.
Cuando una autoridad decide qué peticiones acepta y cuáles bloquea, deja de ser un ente público y se convierte en un filtro político. Y cuando eso ocurre de manera sistemática, lo que está en juego no es un trámite, es el Estado de derecho.

davidcastellanost@hotmail.com
@dect1608

¿Ya está listo para salir de paseo?
Le recomiendo algo: no baje la guardia.

Hoy, el crimen ya no solo revienta la puerta o hace boquetes en las paredes. Le manda un mensaje.

Para dimensionarlo con crudeza:
7 de cada 10 fraudes en el país ya ocurren por medios digitales.
Más de 13 millones de mexicanos han sido víctimas de phishing.
Se registran miles de millones de intentos de ciberataques cada año.

Y precisamente en estas vacaciones de Semana Santa —cuando más confiado se siente, cuando más comparte, cuando más se distrae— es cuando alguien más lo está observando para convertirlo en víctima.

Así es como México está enfrentando una nueva guerra.
No se libra en las calles.
No se escucha.
No se ve. Es digital.

Es una modalidad sin fronteras, invisible, donde el crimen ya no necesita proximidad física, porque ya habita en su celular.

Debe saber que en Tamaulipas, la curva es ascendente y preocupante. Al menos 400 “quejas” mensuales por fraudes, préstamos falsos y robo de cuentas de WhatsApp.

Una dinámica delincuencial que ya no distingue entre la zona sur —Tampico, Madero, Altamira— ni la frontera —Reynosa, Matamoros— ni la capital —Ciudad Victoria—. El problema es silencioso.

Y en periodos vacacionales como Semana Santa, el ciudadano baja la guardia. Viaja. Comparte ubicaciones. Publica en tiempo real. Responde mensajes sin verificar. Confía de más.

Mientras usted sube una historia, alguien puede estar intentando entrar a su cuenta.
Mientras responde un “hola, soy yo”, alguien más está clonando su identidad digital.

Se trata de un clic.

En la intimidad… Desde el municipio General Pánfilo Natera, en Zacatecas, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, colocó sobre la mesa uno de los ejes discursivos más claros del actual gobierno: el protagonismo político y social de las mujeres en la continuidad del proyecto de nación.

En el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación, Montiel subrayó que “es tiempo de mujeres”, y puso como ejemplo la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años, como un reconocimiento institucional a décadas de trabajo no remunerado en el ámbito familiar y comunitario.

“Cuando llegó la Cuarta Transformación, también llegaron los Programas de Bienestar, los programas que han cumplido nuestro ideal que por el bien de todos, primero los pobres, esa es nuestra lucha central del proyecto de nación y en 2024 nuestro pueblo dijo que la transformación continuara, pero que la encabezara la primera mujer presidenta de México y nuestra presidenta se comprometió a que no llegaría sola, que llegaríamos todas con ella y así ha sido”, afirmó.

La funcionaria precisó que este programa fue instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de sus compromisos de campaña. Actualmente, más de 3 millones de mujeres reciben un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos, entregado de manera directa a través de la Tarjeta Bienestar.

En Zacatecas, el alcance ya es tangible: 36 mil mujeres mayores de 60 años forman parte del padrón de beneficiarias.

Montiel fue más allá del dato operativo y colocó el enfoque político: en 2026, el gobierno federal destinará un billón de pesos a los Programas de Bienestar, consolidándolos como la columna vertebral del modelo social.

“Verlas a ustedes contentas y tranquilas de recibir un apoyo que quizás nunca habían recibido por todo su esfuerzo y su trabajo, es un orgullo”, sostuvo.

En medio de un país que también enfrenta nuevas formas de violencia —como la digital—, el contraste es inevitable: mientras una parte del Estado busca contener brechas históricas, otra realidad exige atención urgente en terrenos donde la ley aún corre detrás del delito.

Dos Méxicos que conviven.
Uno que transfiere recursos.
Otro que pierde seguridad… incluso sin darse cuenta.

Por: Zaira Rosas
zairosas.22@gmail.com

México atraviesa momentos de tensión entre la guerra en Oriente Medio y los
constantes derrames de petróleo en el Golfo de México, dos fenómenos
aparentemente distantes pero que convergen en un mismo punto: la vulnerabilidad
energética, ambiental y económica del país.

En el ámbito nacional, los derrames de crudo asociados a Petróleos Mexicanos
(PEMEX) han encendido alertas sobre el estado de la infraestructura petrolera.
Tan solo en los últimos años, diversos incidentes en ductos y plataformas han
evidenciado fallas operativas y falta de mantenimiento. Desde 2023 se registran
fugas constantes en las zonas de Campeche, pasando por Tabasco, Veracruz y
hasta Tamaulipas.

El derrame más reciente evidenció también la falta de protocolos de acción
inmediata y la evasión de responsabilidad donde el tema alcanzó la agenda
pública y la conferencia presidencial solo después de que pobladores difundieran
pruebas del daño. Declaraciones de Rocío Nahle minimizaron en un inicio la
magnitud del incidente, lo que incrementó la percepción de falta de transparencia.

El impacto ambiental es profundo. Las imágenes muestran todo tipo de especies
muertas a causa de la gran mancha de chapopote que cruza los mares, incluso
aunque esta no llegue hasta las playas, deja secuelas que grupos ambientales
llevan años reportando y por si esto fuese poco, también hay consecuencias
sociales inmediatas.

El sector pesquero ha sido uno de los más golpeados. Comunidades costeras
dependen directamente de la pesca para subsistir, y cada derrame representa días
o semanas sin actividad productiva. En algunos casos recientes, pescadores han
reportado pérdidas significativas debido a la contaminación de sus zonas de
captura. A esto se suma el golpe al turismo: playas contaminadas, manchas
visibles de petróleo y malos olores ahuyentan visitantes, afectando economías
locales que dependen de esta industria.

Ante este panorama, resulta urgente que México revise a fondo la infraestructura
de PEMEX. No se trata únicamente de atender emergencias, sino de prevenirlas
mediante inversión en mantenimiento, modernización tecnológica y protocolos
más estrictos de seguridad. La transición energética también debería formar parte
de la discusión, reduciendo la dependencia de un modelo que, además de

contaminante, se muestra cada vez más frágil, sin embargo aún necesario como
se ha demostrado en el panorama con otras fronteras.

En paralelo, el contexto internacional añade otra capa de incertidumbre. El
conflicto en Oriente Medio, una de las principales zonas productoras de petróleo
del mundo, tiene repercusiones globales. Aunque México no es un actor directo en
la guerra, sí resiente sus efectos a través de la volatilidad en los precios del crudo
y los combustibles. Históricamente, tensiones en esta región han provocado
incrementos en el precio del barril, lo que impacta costos de transporte,
producción y, en última instancia, el bolsillo de los consumidores.

Por ejemplo, durante conflictos previos en la región, el precio internacional del
petróleo ha llegado a incrementarse más de un 20% en periodos cortos. Esto
repercute directamente en economías como la mexicana, donde los combustibles
siguen siendo un componente clave para múltiples sectores productivos. Así, la
combinación de problemas internos y presiones externas configura un escenario
complejo.

Frente a ello, la sociedad mexicana debe adoptar una postura de cautela
informada. No se trata de caer en pánico, sino de entender que la prolongación de
conflictos internacionales y la falta de control en la infraestructura energética
nacional pueden generar efectos acumulativos. La prevención, tanto a nivel
gubernamental como ciudadano, es clave: uso responsable de recursos y
planeación financiera, de momento el Gobierno de México ha adoptado distintas
políticas similares a las desarrolladas durante la guerra de Ucrania, que parecen
mitigar el impacto de la inflación a casi un mes de conflicto en Oriente Medio.

Como ciudadanos podemos adoptar también medidas que ayuden a la economía
nacional, disminuir el consumo de importaciones y considerar fortalecer el
consumo local, esto además ayuda a disminuir también los traslados que han
hecho que el principal apoyo a combustibles se considere en el Diésel.