CIUDAD DE MÉXICO.– La diputada federal por Altamira, Blanca Araceli Narro Panameño, respaldó la política educativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y planteó la desaparición de la USICAMM, con participación del magisterio y reglas transparentes para el desarrollo profesional docente.

Durante la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, ante la Cámara de Diputados, la legisladora de Morena sostuvo que los cambios al sistema de carrera deben considerar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y respetar la representación sindical.

Narro también exigió reforzar la seguridad en los planteles para proteger a estudiantes, maestros y familias. Además, propuso incorporar psicólogos y trabajadores sociales a las escuelas y regular el uso de dispositivos electrónicos en las aulas.

En su intervención, destacó los recursos federales destinados a becas e infraestructura educativa, así como la distribución de libros de texto gratuitos.

El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 89 votos a favor, reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para reconocer expresamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, iniciativa que fue destacada por la senadora tamaulipeca Olga Patricia Sosa Ruiz.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Agricultura, calificó la medida como un acto de justicia social y subrayó la importancia de reconocer la contribución histórica, productiva y cultural de estas comunidades al desarrollo de México.

Olga Sosa señaló que el desarrollo rural debe garantizar oportunidades para las mujeres y jóvenes, así como condiciones dignas para quienes producen alimentos. El dictamen reconoce a estos pueblos como sujetos de derecho público y fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.

En otra actividad, la senadora participó en la Comisión de Infraestructura Portuaria, donde se aprobaron su informe de actividades y programa de trabajo, relevantes para fortalecer la conectividad y competitividad comercial, especialmente en entidades portuarias como Tamaulipas.

La senadora por Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruiz, defendió el Paquete Económico 2027 durante la discusión en el Senado de la República, al destacar que busca fortalecer las finanzas públicas sin incrementar las tasas generales de impuestos y con prioridad en el bienestar social.

A nombre de Morena, la legisladora señaló que los ingresos proyectados por 10.6 billones de pesos deben traducirse en mejores servicios, infraestructura y oportunidades para las familias mexicanas.

Sosa Ruiz sostuvo que la política fiscal debe combinar la responsabilidad financiera con inversiones en salud, educación y programas de bienestar, además de reforzar la fiscalización y combatir la evasión.

Ante los cuestionamientos sobre la deuda pública, llamó a mantener disciplina presupuestal, transparencia y vigilancia en el uso de los recursos.

La senadora respaldó los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación 2027, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley Federal de Derechos, al considerar que la estabilidad económica debe contribuir al desarrollo nacional y a la prosperidad compartida.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma a la Ley de Inversión Extranjera que permitirá revisar operaciones de capital foráneo en empresas mexicanas de sectores estratégicos, cuando representen posibles riesgos para la seguridad nacional.

La diputada federal por Tamaulipas, Blanca Narro Panameño, destacó que los cambios fortalecen las facultades de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para evaluar adquisiciones y establecer medidas preventivas.

La reforma contempla que las operaciones en las que inversionistas extranjeros busquen adquirir más del 49 por ciento del capital de una empresa mexicana requerirán autorización de la CNIE, cuando se cumplan los criterios de actividad estratégica y activos establecidos.

El organismo tendrá 45 días hábiles para resolver y podrá autorizar, condicionar o impedir operaciones por razones de seguridad nacional.

Energía, transporte, telecomunicaciones, minería e infraestructura digital figuran entre los sectores considerados. El dictamen fue aprobado el 27 de octubre con 314 votos a favor y 117 en contra.