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Dictan auto de formal prisión contra un agente del MP en Ciudad Madero

Dictan auto de formal prisión contra un agente del MP en Ciudad Madero

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informa que fue dictado auto de formal prisión en contra de un agente del Ministerio Público por su probable responsabilidad en la comisión de delito en el desempeño de Funciones Judiciales o Administrativas.

El agente del Ministerio Público de la Coordinación de Asuntos Internos, consignó y logró que la autoridad judicial otorgara una orden de aprehensión en contra del servidor público, al lograr establecer que en el mes de enero de 2016, el probable responsable en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito al municipio de Ciudad Madero, dentro de una Averiguación Previa que tenía a su cargo, por el delito de lesiones calificadas, se abstuvo injustificadamente de ejercer la acción penal en contra del probable responsable, aún y cuando contaba con elementos suficientes para la comprobación del cuerpo del delito de lesiones calificadas, previsto en los Artículos 319 y 321; y sancionado en los Artículos 342, Fracción II, 343 y 344 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, vigente en la época de los hechos, así como la probable responsabilidad del inculpado.

El inculpado dentro de la Averiguación Previa que tenía a su cargo emitió un acuerdo ordenando la libertad, bajo reserve de ley, argumentando “no se reúnen los elementos necesarios para acreditar su probable responsabilidad en los hechos que le son imputados”, transgrediendo con ellos su obligación como Representante Social prevista en los Artículos 3, Fracción VIII, 158 y 168 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, así como el Artículo 7, Fracción I, apartado A), numeral 23 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, consistente en ejercitar acción penal al tener reunidos los elementos del cuerpo de delito y la probable responsabilidad.

Es de mencionar que de encontrarse penalmente responsable, el servidor público podría hacerse acreedor a una pena de hasta 8 años de prisión.

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